Bolivia se encuentra en una situación financiera complicada, con una deuda pública en aumento, reservas en descenso y un déficit fiscal arrastrado desde 2014 debido a la disminución de los ingresos del gas. Sin embargo, se mantiene gracias a las llamadas «economías en las sombras», como el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal. Así lo afirmó Carlos Arze, investigador del Cedla durante el Diálogo «Políticas públicas y desigualdades: un balance necesario».
El experto señaló que aunque hay una evidente desaceleración en los sectores productivos, aún se observa un alto gasto en actividades recreativas, viajes al extranjero, importación de vehículos y compra de inmuebles.
Narcotráfico y contrabando: cifras alarmantes
En cuanto al narcotráfico, indicó que las políticas implementadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS) aumentaron la superficie cultivada autorizada para la hoja de coca -insumo básico para la cocaína- pasando de 12.000 hectáreas a 22.000 hectáreas en 2017. Esto legalizó 10.000 nuevas hectáreas: 2.300 ha en los Yungas de La Paz y 7.700 ha en el Trópico de Cochabamba.
Producción excedente y comercio ilegal
Bajo este nuevo escenario, la producción legal de coca en 2021 fue 2,1 veces mayor a lo necesario para el consumo lícito o tradicional en Bolivia. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), entre 2006 y 2021, el 93% de la coca producida en el Chapare no se comercializó en el mercado legal, mientras que ese porcentaje fue del 19% en los Yungas.
Impacto económico del narcotráfico
De acuerdo con un informe del Cedla, se estima que en 2020 se produjeron alrededor de 140 toneladas de cocaína en Bolivia, aunque el Gobierno de Estados Unidos calcula que esa cifra asciende a 312 toneladas. Los estudios del Cedla indican que el precio total de la cocaína producida en Bolivia alcanza los $364 millones. Si se incluye también la pasta base proveniente del Perú y refinada en Bolivia, así como las operaciones de exportación hasta la frontera, este monto asciende a $2.880 millones.
Distribución desigual del dinero generado
Sin embargo, gran parte de ese dinero queda en manos de traficantes internacionales. Según estudios realizados por la Organización de Estados Americanos (OEA), aproximadamente $2.045 millones (71%) son retenidos por quienes exportan la droga; $576 millones (20%) corresponden a los productores de pasta base; y $259 millones (9%) van a parar a los productores locales.
Desafíos en la lucha contra el narcotráfico
Según el estudio, las medidas para combatir este delito, el Gobierno del MAS ha cambiado su estrategia de lucha contra el narcotráfico, incorporando la lucha contra la legitimización de ganancias ilícitas y el control social. Sin embargo, ninguna de estas medidas ha arrojado resultados alentadores, a pesar de que el presupuesto destinado a este control aumentó de Bs 140 millones en 2011 a 420 millones en 2020.
Situación judicial y detenciones
En cuanto al sistema judicial, durante el año pasado solo hubo ocho personas privadas de libertad por fabricación ilegal de sustancias controladas. Además, se registraron detenciones por transporte ilegal: fueron arrestadas 242 personas; suministro ilegal: fueron arrestadas 484 personas; tráfico ilegal tanto de gasolina como cocaína: fueron arrestadas 1.219 personas.
Influencia política y asignación de cupos
Asimismo, indican que los dirigentes encargados de asignar los cupos legales de coca y los cupos blancos han utilizado su poder para dominar a los productores y obtener cargos políticos. Estos dirigentes suelen ser militantes del oficialismo y también tienen influencia en las políticas de lucha contra el narcotráfico y en la forma en que se invierten los recursos destinados al desarrollo alternativo. Desde 1987, se han invertido más de $945,6 millones en la región del Trópico de Cochabamba.
Perspectivas y compromiso
«Las exposiciones del Cedla nos han llenado de angustia porque ahora sabemos cómo este capitalismo salvaje está afectando al país. Sin embargo, como líderes de organizaciones de base, salimos con el compromiso de transmitir esta información a nuestros compañeros para entender en qué país estamos y qué país queremos», afirmó Maria Lohman, coordinadora de Somos Sur.
