El Estado boliviano está siendo vigilado por la Comunidad Andina (CAN), luego del fallo del Tribunal de Justicia de este organismo internacional que le otorga a Bolivia un plazo hasta el 19 de enero de 2024 para ajustar su normativa a las disposiciones comunitarias sobre la venta de combustible a transportistas extranjeros, especialmente aquellos provenientes de Perú.
La noticia fue anunciada por el procurador general del Estado, César Siles, quien explicó que la prórroga concedida por la CAN, inicialmente de 90 días, brinda al Estado Plurinacional la oportunidad única de coordinar interinstitucionalmente el cumplimiento de la sentencia, la cual implica modificaciones a la normativa boliviana.
«Fue ayer (jueves) cuando nos notificaron con un auto dictado por el Tribunal de Justicia de la CAN que concede al Estado Plurinacional de Bolivia una prórroga excepcional y única hasta el 19 de enero de 2024 para dar cumplimiento a la sentencia notificada el 17 de julio del año pasado», declaró Siles en conferencia de prensa.
La demanda presentada por Perú ante la CAN se basó en observar que Bolivia estableció un precio subsidiado del combustible para vehículos nacionales mientras ofrecía un precio más elevado a los vehículos con placas internacionales, incluyendo los peruanos.
En julio pasado, la CAN autorizó una acción legal presentada por Perú señalando que Bolivia no se alineó con artículos clave contenidos en las Decisiones 398 y 837 emitidas por este bloque conformado también por Ecuador, Perú y Colombia.
Siles adelantó que las instituciones pertinentes se reunirán para evaluar estrategias y dar cumplimiento a la sentencia de la CAN, la cual es de carácter obligatorio.
«Una sentencia emitida en el marco de la Comunidad Andina debe ser acatada. A ese efecto, esta tarde (viernes) en la reunión vamos a plantear los diferentes escenarios que la Procuraduría ha analizado para el cumplimiento de la sentencia. Entre esos escenarios, el más importante y crucial es modificar la normativa vigente boliviana», señaló.
El procurador advirtió sobre posibles consecuencias, incluyendo sanciones anunciadas previamente por Perú, en caso de incumplimiento. «No queremos llegar a ese momento; al contrario, estamos seguros de que hoy coordinaremos en defensa de los intereses del Estado, pero también en defensa de nuestros transportistas y nuestra normativa», destacó.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la CAN subraya la necesidad de adecuar la normativa boliviana al ordenamiento jurídico comunitario sin especificar cambios en el precio subvencionado del combustible, según explicó el procurador.
Esta tarde se espera una reunión clave para definir los siguientes pasos y evitar posibles sanciones que podrían afectar a los exportadores bolivianos.
