Ernesto Hernández Norzagaray/Latinoamérica21
Las encuestas de intención de voto presidencial en México están centradas probablemente en un 90% en ver quién va adelante: Claudia Sheinbaum, la virtual candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, o Xóchitl Gálvez, quien enarbola las banderas de los partidos aglutinados alrededor de la coalición Frente Amplio por México. Y en esa lógica, ambas buscan todos los días ganar simpatías e instalarse en el imaginario como la virtual ganadora de una contienda que ocurrirá la próxima primavera, o sea, dentro de nueve meses, lo cual es mucho tiempo. Y la política democrática, ya sabemos, es veleidosa, especialmente en regiones capturadas por el crimen organizado. Y justamente es ese actor quien se perfila como el enemigo a vencer.
El crimen organizado, aunque no es un actor convencional de la lucha electoral, está en campaña y como solo sabe hacerlo, a través de la violencia en sus diversas manifestaciones. Y es que la captura llana de amplios segmentos del territorio nacional por parte de estas organizaciones permite constatar que podría tener un desenlace en términos electorales. Como sucedió en 2021 y muchas veces antes, esa captura podría repetirse en control de los votantes y, por lo tanto, provocar unos resultados con sus ganadores y perdedores. Hasta ahora nada lleva a suponer que no vaya a intervenir cuando los incentivos para hacerlo son cada vez mayores.
Hay que recordar que el crimen organizado va más allá de la imagen del sicariato que estamos acostumbrados a ver en televisión, y es que es algo más complejo que alcanza las economías de escala en la mayoría de los estados de la federación. Las acciones del crimen organizado están destinadas a generar mayor poder a los cárteles y resguardar la economía negra, el lavado de dinero que se filtra diariamente en la economía formal.
El problema de fondo es que la economía genera intereses políticos y es entonces cuando los personeros de los cárteles buscan infiltrarse en los procesos electorales desde la fase de definición de los candidatos hasta convertirlos en ganadores de las contiendas por los votos.
Entonces, están invirtiendo parte de su capacidad de violencia buscando obtener un mayor beneficio en la representación política y en la integración de los gabinetes de los tres niveles de gobierno. Y, así, quien controla esta economía armada tiene capacidad para influir en la política institucional.
Luego, lo que tenemos es que la disputa de Sheinbaum y Gálvez está mediada por este tercero en discordia que tiene razones poderosas (ilegítimas) para buscar influir en las elecciones federales y locales. Y en eso están.
Ese es el rasgo distintivo de las llamadas narcocracias, que tienen en los personajes del crimen organizado un actor protagónico que intenta ser decisivo en la escala política y burocrática por interés propio o por la simple prestación de servicios directos. Cuando eso ocurre en México, o en cualquier otro país, las rutinas electorales quedan a expensas de las acciones que este actor en las sombras impone a la clase política y a la sociedad civil.
En los estados de la federación, cuando los partidos políticos llevan a cabo sus procesos internos, sus campañas y la operación electoral el día de la jornada electoral, aquello que debería ser parte de la normalidad democrática, es socavado brutalmente con el asesinato, los golpes, ahuyentando o secuestrando a quienes aspiran a un cargo y no son vistos con buenos ojos por el cártel del estado o la región.
Esto, que es una anomalía en democracia, está detrás de ese espectáculo dantesco que vemos todos los días en cualquier lugar del país con mayor o menor brutalidad y que no pocos miran con la simpleza de que es “cosa de narcos”, lo que no permite ver el trasfondo de sus ramificaciones en la política.
Y, cuando vemos su dimensión, que en términos de números este sexenio alcanza ya cerca de los 170 000 homicidios dolosos y 35 000 desapariciones forzadas, hace empequeñecer la figura de las dos, o más, aspirantes a la presidencia de la República.
Estos grupos tienen mayor visibilidad y el don de la ubicuidad, ya que se les ha dejado crecer cuando en condiciones de normalidad lo racional sería que el espacio público sea escenario del juego democrático. Pero no, quienes alcanzan la mayor visibilidad, los mejores tiempos en los medios, son lamentablemente los actores de la antipolítica que transitan libremente en vehículos pertrechados militarmente por avenidas, calles y caminos ostentando todo su poder.
Por lo tanto, la atención del ciudadano se mantiene de ese lado, mientras las declaraciones de las candidatas presidenciales no llegan a tener impacto porque son absolutamente ausentes de esta realidad a la que todos ven de reojo.
En México estamos en la antesala de las elecciones presidenciales de mayor riesgo, porque no está solo en juego la presidencia de la República o el Congreso de la Unión, sino quién va a terminar ganando la contienda entre los candidatos convencionales o los del crimen organizado.
En definitiva, los aires que corren no son los del mejoramiento democrático, sino de un autoritarismo sui generis del crimen que asola ya a buena parte del país y que está provocando como nunca desplazamientos de población hacia las zonas urbanas o la frontera norte buscando resguardarse del peligro.
Que alguien avise de que lo que hoy no se haga en materia de contención terminará impactando en el resultado de las llamadas elecciones más grandes de la historia de nuestro país.
Ernesto Hernández Norzagaray es profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México
