Bolivia ha puesto en funcionamiento 13 radares de última tecnología distribuidos estratégicamente en 22 sitios clave del país. Esta inversión de 196 millones de euros forma parte del Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta).
Según informó el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, siete de estos radares están destinados al uso militar, específicamente para combatir actividades ilícitas como el narcotráfico. Ya se han identificado dos «corredores» de vuelos ilegales en las regiones Norte y Sur de Bolivia, y la labor de control con los aviones K-8 estará centrada en estas zonas críticas.
Aviones K-8 para interceptar vuelos irregulares
Los aviones K-8, bajo la administración de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), jugarán un papel crucial en la interceptación de vuelos irregulares. El Ministerio de Defensa está finalizando los detalles del protocolo de actuación que será formalizado a través de un decreto. Este protocolo seguirá estándares internacionales y establecerá las condiciones bajo las cuales se permitirá el excepcional derribo de aeronaves consideradas «hostiles».
Felcn y Fiscalía coordinarán operativos terrestres
El protocolo especificará las circunstancias en las que una aeronave sospechosa o ilegal se considerará «hostil», incluyendo la negativa a obedecer órdenes de aterrizaje y la amenaza a la seguridad del avión de intercepción. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía estarán en tierra para coordinar operativos cuando una aeronave sea obligada a aterrizar.
Radares civiles para controlar tráfico aéreo comercial
Mientras tanto, los radares civiles serán utilizados por instituciones como el Servicio de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para controlar el tráfico aéreo comercial.
