Política

Procurador denuncia rechazo al proyecto de ley de imprescriptibilidad contra delitos sexuales y anuncia alternativas legales

Procurador general del Estado, César Siles. / LA PATRIA
El procurador general del Estado, César Siles, expresó su indignación por la postura alarmante de los diputados al rechazar el proyecto de ley. A pesar de esto, se están evaluando recursos alternativos para lograr la aprobación.

El procurador general del Estado, César Siles, expresó su descontento ante la decisión del Parlamento de rechazar el proyecto de ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales. Considera alarmante la postura de los diputados y busca alternativas para lograr la aprobación.

Siles manifiesta su profunda indignación y preocupación frente a la postura adoptada por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, asegura que ya está analizando las alternativas legales para poner en vigencia el proyecto de ley, considerando a los niños como una prioridad estatal.

Tres finalidades del proyecto de ley

El procurador explica que esta iniciativa tiene tres objetivos principales: declarar la imprescriptibilidad de delitos sexuales, aumentar las penas para los perpetradores y establecer una Comisión de la Verdad para esclarecer estos hechos sin importar el tiempo transcurrido desde el abuso.

Búsqueda continua para lograr aprobación

Siles recuerda que la Procuraduría tiene derecho a presentar iniciativas legislativas y seguirá trabajando en el proyecto hasta obtener su aprobación y promulgación. Considera que fue una decisión política precipitada y espera que se reflexione al respecto.

Argumentos detrás del rechazo parlamentario

El diputado Renán Cabezas, del Movimiento Al Socialismo (MAS), justifica el rechazo argumentando que ya existen dos normas vigentes para proteger a la niñez y adolescencia de los delitos sexuales. Sin embargo, reconoce que no se aplican efectivamente debido a presunta corrupción en el sistema judicial.

Proyecto de ley cuestionado

Otra razón para el rechazo es la falta de claridad y posibles ilegalidades en el proyecto de ley, como la vulneración al derecho de presunción de inocencia. Varios legisladores solicitaron enviar el documento al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su revisión.


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