Tras una reunión para analizar el funcionamiento de la Gestora Pública, el diputado de Creemos, Walthy Egüez, denunció el jueves 7 de septiembre que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, se negó a informar sobre la pérdida de al menos 226 millones de dólares debido al diseño de un software y laudos arbitrales perdidos.
Según Egüez, el servicio de diseño de software fue solicitado a una empresa panameña. Sin embargo, esta empresa incumplió con su compromiso y se le demandó mediante un laudo arbitral en La Paz.
Falta información sobre responsables
Hasta ahora no se conocen los nombres ni las acciones realizadas por los representantes de esta empresa centroamericana con respecto al dinero que recibieron como anticipo. El legislador reclamó que Montenegro no proporcionara los nombres de los funcionarios responsables directos de contratar a esta empresa. Esto priva tanto a los diputados como a la población en general del conocimiento sobre posibles responsables ante una potencial pérdida económica.
AFP Previsión inicia acciones judiciales
Además del caso mencionado anteriormente, Egüez hizo referencia a las acciones judiciales iniciadas por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Previsión contra el Estado debido a su manejo inadecuado de recursos económicos. Inicialmente solicitaron 15 millones de dólares, pero debido al intento del Gobierno por litigar terminaron obteniendo 105 millones.
Gobierno enfrenta posible pérdida millonaria
Se sabe también que AFP Futuro ha iniciado un proceso arbitral similar y es posible que obtenga una cantidad similar del Estado. Ante la pregunta sobre por qué actuó así el Gobierno, Egüez señaló que Montaño no respondió claramente.
«105 millones por un laudo perdido y otros 105 por uno en posible pérdida, suman 210 millones de dólares; a eso se le añaden los 10.9 por el software que ahora utiliza la Gestora, más los 5.1 que se llevó esa empresa. Estamos hablando de al menos 226 millones de dólares que pagará el Estado para administrar los recursos de los trabajadores», declaró el legislador.
El costo recae en los bolivianos
En ese sentido, Egüez aseguró que quedó en evidencia que el negocio del Gobierno no consistía en cobrar comisiones, sino en manejar los fondos de pensiones como una caja chica, tal como denunció la oposición desde que se conoció el proyecto de la Gestora.
«El problema es que todos estos gastos serán pagados por los bolivianos, con nuestros impuestos y con los recursos que aportamos al Estado», concluyó el diputado de oposición.
