La bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) ha emprendido acciones contundentes en su lucha por la transparencia gubernamental al anunciar una demanda legal contra los vocales de la Sala Constitucional Nº 1 Tribunal Constitucional Plurinacional de La Paz.
El enfoque de esta demanda se centra en el manejo de las interpelaciones, un mecanismo crucial para la fiscalización parlamentaria.
Violación del artículo 158 numeral 18 de la CPE
La razón detrás de esta demanda radica en la reciente acción de amparo presentada por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. Sin embargo, el MAS sostiene que este acto constituye un atropello al sistema democrático y una violación flagrante del artículo 158 numeral 18 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Facultad fiscalizadora a través de interpelaciones
Dicho artículo establece claramente el derecho de cualquier asambleísta a interpelar a los Ministros de Estado, incluso con la posibilidad de censurarlos mediante una mayoría de dos tercios en la Asamblea. En palabras precisas del MAS, «permite ejercer la facultad fiscalizadora a través de interpelaciones hacia aquellos funcionarios y autoridades, especialmente ministros, que no hayan cumplido adecuadamente con sus responsabilidades».
La bancada del MAS argumenta que si bien la Constitución otorga esta facultad fiscalizadora mediante las interpelaciones, en este caso se ha incurrido en un uso abusivo y desviado de dicho poder.
Medidas arbitrarias que prohíben las interpelaciones
Alegan que las autoridades involucradas han tomado medidas arbitrarias al conceder una tutela que contradice la Constitución y aplicar medidas cautelares que efectivamente prohíben que la asamblea continúe con las interpelaciones en curso.
Discusión sobre derogación de Ley 1350
Un punto adicional de discusión se centra en la derogación de la Ley 1350, que regula los efectos de la censura determinada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las autoridades bajo escrutinio argumentan que esta derogación crea un vacío legal que justifica su actuación. Sin embargo, el MAS insiste en que tal interpretación es errónea y contraproducente para la democracia.
Con esta demanda, la bancada del MAS busca no solo corregir una aparente desviación constitucional, sino también salvaguardar los pilares fundamentales de la democracia y la rendición de cuentas.
