Estados Unidos publicó su informe anual sobre Derechos Humanos, de todos los países que reciben asistencia y todos los estados miembros de las Naciones Unidas.
Respecto a Bolivia, el informe enumeró las principales vulneraciones a los derechos humanos registradas en el país durante el 2022, entre las que detalla detenciones arbitrarias, torturas, preocupación por la independencia de la justicia y restricciones a la libertad de expresión, violencia contra trabajadores de la prensa, graves problemas en la independencia judicial, entre otros.
“El Gobierno tomó medidas en algunos casos para procesar a miembros de los servicios de seguridad y otros funcionarios del Gobierno que cometieron abusos o actos de corrupción, pero la aplicación incoherente e ineficaz de la ley y un poder judicial corrupto propiciaron la impunidad”, resalta el informe en su resumen ejecutivo.
El reporte rescató el informe de la Defensoría del Pueblo, que en ese entonces estaba encabezada por Nadia Cruz, que observó que el Ministerio de Justicia no denunciaba la frecuente tortura practicada por policías.
“Las ONG informaron de que las investigaciones policiales recurrían en gran medida a la tortura para obtener información y extraer confesiones. Al parecer, la mayoría de los abusos se produjeron mientras los agentes trasladaban a los detenidos a dependencias policiales o los mantenían recluidos”, según refleja la Agencia de Noticias Fides.
Entre los casos que destaca, se menciona la denuncia que hizo la Defensoría del Pueblo el 10 de agosto pasado cuando 11 cocaleros fueron golpeados por efectivos de la Policía. Además, se prohibió tener contacto con sus abogados y se privó de alimentos durante su detención.
Sobre la exmandataria, Jeanine Añez que fue condenada el 10 de junio a 10 años de prisión por el caso “golpe de Estado II” luego de permanecer más de un año con detención preventiva. Los grupos de derechos humanos expresaron su preocupación por que las detenciones de Añez y de miembros de su gobierno tuvieran motivaciones políticas.
En junio, Human Rights Watch, que es la organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, informó que no veía pruebas que respaldaran las vagas acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración.
También señaló que a Añez no se le permitió estar físicamente presente en su juicio”, detalla en su cuenta de Twitter .
