Desde la Defensoría del Pueblo emitieron un comunicado este viernes para condenar, principalmente, el atentado del derecho a la alimentación que promueven grupos afines al Gobierno con un cerco al departamento de Santa Cruz.
El departamento cruceño lleva su sexto día de paro indefinido, en demanda de la ejecución del Censo de Población y Vivienda para el 2023; sin embargo, el Gobierno definió la actividad censal para el primer semestre del 2024, un año antes de las elecciones generales del 2025.
“Ante la convocatoria al diálogo por parte del Gobierno Nacional a las autoridades del nivel subnacional en la ciudad de Cochabamba, para la búsqueda de soluciones al Censo de Población y Vivienda, exhortamos a los movilizados a expresar sus demandas respetando el derecho a la salud, a la alimentación y respeto a la vida humana”, señala una parte del pronunciamiento.
Asimismo, señalan que ninguna medida de protesta puede restringir o vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía por lo cual expresaron su preocupación por las medidas de presión y se pide que se depongan actitudes y acciones que impidan encontrar caminos para un diálogo sincero, efectivo y transparente.
Los sectores y organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) decidieron acatar la medida de protesta de las instituciones de Santa Cruz. Desde la jornada anterior se desarrolló un cerco al mencionado departamento para evitar que ingresen y salgan alimentos a la región.
En los recientes cinco días de protesta cruceña se registraron enfrentamientos en zonas como el Plan Tres Mil entre grupos pro y contra el Censo 2023. Similares choques se registraron en Tarija y Cochabamba.
Además, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos condenó que el Gobierno, en vez de escuchar las demandas de la población para que se efectivice el Censo de Población y Vivienda en el año 2023, organiza a funcionarios públicos y trasladan personas para generar confrontaciones violentas como las sucedidas en el departamento Beni, Santa Cruz y La Paz.
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