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Contiocap pide al Gobierno tomar medidas para que incendios no lleguen a reservas naturales

Uno de los incendios en las áreas protegidas del parque nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró / SEMAP
La Contiocap señaló que las regiones de la Reserva de Vida Silvestre de Tucabaca, en Roboré y en la Región Amazónica, donde se encuentran las Áreas Protegidas Itenez, Ibare Mamoré, están siendo afectadas por el fuego.

Ante el aumento de los incendios en la Chiquitania, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) pidió al Gobierno asumir medidas, para evitar que el fuego llegue a las reservas naturales y alcancen magnitudes a incontrolables como en 2019.

«Exigimos que, de manera urgente, las autoridades llamadas a resguardar las Áreas Protegidas, gobiernos municipales, departamentales y nacionales, tomen medidas para evitar que estos incendios alcancen magnitudes ocurridas en la Chiquitania en 2019. Ya que como siempre son las poblaciones locales civiles que, en condiciones precarias, enfrentamos estos siniestros en nuestros territorios y Áreas Protegidas”, dice el comunicado de esa organización.

Desde el 28 de agosto se registraron los primeros incendios y desde hace un par de días que los bomberos voluntarios no logran sofocar el fuego en la Chiquitania, principalmente en los municipios de Roboré y Concepción. Hasta el momento el fuego arrasó con 854.724 hectáreas según el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

La Contiocap señaló que las regiones de la Reserva de Vida Silvestre de Tucabaca, en Roboré y en la Región Amazónica, donde se encuentran las Áreas Protegidas Itenez, Ibare Mamoré, están siendo afectadas por el fuego.

También, recordaron que estos hechos están amparados por normativas incendiarias entre el empresariado agrícola y el Gobierno nacional. A la vez, cuestionaron que no existan sanciones más graves contra aquellos que incurren en el desmonte de los bosques de forma ilegal, que solo afecta a la flora y fauna de las áreas en reserva y al hábitat de las comunidades indígenas.

“Las sanciones según el art. 6 de la Ley 337, no son proporcionales al desastre que ocasionan que van de 39 a 235 UFV’s aplicables a comunidades, pequeña, mediana y grandes empresas, constituyéndose en impulsores indirectos de los desmontes por la impunidad que representan; permitiendo que las áreas protegidas, la biodiversidad, las fuentes de agua, y medios de vida de nuestros pueblos indígenas originarios sigan siendo incinerados cada año”, señala parte de la nota.

Asimismo, pidieron a los organismos internacionales en defensa de los derechos humanos vigilar estos hechos de crisis ambiental que solo contribuye con la destrucción de los pueblos originarios.

/HNF/


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