Entre enero y agosto de este año se registraron un total de 107 vulneraciones a la libertad de prensa, según datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas).
La agresión a periodistas es el tipo de vulneración más común, seguida por la estigmatización a periodistas y el impedimento del acceso a la información.
Las cifras del Observatorio muestran que, de las 107 vulneraciones, las agresiones a periodistas fueron 34; las estigmatizaciones a periodistas 22; impedimentos de acceso a la información 20; amenazas 13; criminalizaciones ocho; censuras cuatro; ataques a medios de comunicación, cuatro; una violación a la reserva de fuentes de información y una asignación discriminatoria de publicidad oficial.
Según el observatorio agosto fue el mes en que más violaciones contra la libertad de prensa se han registrado, con un total de 25, que responden principalmente a las agresiones a periodistas en tres conflictos: primero, en los enfrentamientos entre la Policía y los afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz; segundo, las agresiones a dos fotoperiodistas de El Deber durante el paro cívico de Santa Cruz (08/08/22); y, tercero, a las agresiones y retención de cuatro periodistas en la ciudad de Potosí de parte de juntas vecinales del distrito 17 el pasado 16 de agosto.
Sobre los casos de estigmatización a periodistas, resaltan dos recientes que involucran al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien acusó en días precedentes a los medios de comunicación de “lapidar mediáticamente” al expresidente Evo Morales.
Otro caso tiene que ver con el diputado supraestatal del Movimiento Al Socialismo, Adolfo Mendoza, quien tildó a los medios de comunicación de “mercenarios mediáticos” porque presuntamente se prestan para mentir (15/08/22).
Con relación a los impedimentos de acceso a la información de periodistas resalta el caso de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional, que denunció que la Alcaldía de Macha en Potosí, solicitó el pago de 100 dólares a los periodistas que estaban interesados en cubrir el Tinku, para “asegurar su seguridad durante la cobertura” (02/05/2022); otro hecho en el departamento de Potosí se dio cuando el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Marcial Ayali, atacó verbalmente al periodista de radio Fides, Juan Orellana, mientras éste intentaba entrevistarlo sobre el caso de la compra de las 41 ambulancias (07/04/2022).
En los hechos de amenaza a periodistas sobresale uno ocurrido recientemente en Santa Cruz por el caso Las Londras. Nicolás Ramírez, uno de los autores del secuestro de periodistas en octubre de 2021, en conferencia de prensa junto a un grupo de la Federación Especial de Comunidades Interculturales, Productores Agrarios San Julián Norte demandó el retiro del libro “Periodismo vs Terramafia” del periodista Roberto Méndez y lo amenazó con un proceso, además lanzó otras amenazas hacia policías, jueces y fiscales (01/08/22).
En lo referido a la criminalización de periodistas. En la ciudad de Trinidad, el periodista Andrés Ignacio Titiboco denunció que enfrenta cinco procesos judiciales por difamación, injuria y calumnia, dos presentadas por el Senasag, una por el vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, Roberto Ismael Nacif Suaréz; otra por el alcalde de Trinidad, Christian Cámara, y la última por la concejal del Movimiento Tercer Sistema, Aleida Barbosa (10/08/2022).
Otro suceso de criminalización lo enfrentan los periodistas Andrés R. y Adriana G. El fiscal Eddy Junior ordenó la detención de ambos por presunto daño económico al Estado cuando fungían como gerente y jefa de informaciones de Bolivia Tv durante el Gobierno de Jeanine Áñez (12/08/2022).
Entre los casos de ataque a los medios de comunicación, se registró uno en contra de la radio Juan XXIII de San Ignacio de Velasco en Santa Cruz. Un poblador prendió fuego a sus instalaciones, porque le negaron un anuncio que pretendía difundir por la radioemisora (04/04/2022).
Sobre el caso de asignación discriminatoria de publicidad oficial, se trata del diario Los Tiempos de Cochabamba, que denunció una campaña de asfixia por parte de Gobierno, hecho que provocó preocupación a la Sociedad Interamericana de Prensa (10/08/2022).
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