El ministro de Justicia, Iván Lima, denunció que el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, cometió imprecisiones y tergiversaciones en el informe final sobre su visita a Bolivia que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El relator de la ONU, Diego García-Sayán presentó la mañana de este martes en Ginebra su informe sobre la situación de la independencia judicial en el mundo, incluyendo las observaciones a la justicia boliviana, algo que desde el Ministerio de Justicia observan con preocupación debido a que se pueden dar malinterpretaciones.
“Muchos de los sectores pueden tergiversar o malinterpretar determinaciones y afirmaciones de García Sayán que tuvieron como fin buscar el permanente mejoramiento de la administración de justicia en el país”, sostuvo Lima.
Sayán habló ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de una injerencia en la justicia e indica que jueces, vocales y magistrados están en situación de vulnerabilidad y expuestos a diferentes formas de injerencia o presión.
Entre sus consideraciones, señaló que Áñez está en prisión preventiva desde marzo de 2021 y enfrenta a dos procesos penales por hechos ocurridos el 2019.
“Dicho caso pone de manifiesto temas estructurales de la administración justicia como la generalización de la detención preventiva. Todas las personas tienen derecho a un juicio justo y a las garantías judiciales de ley. Esto no tiene, ni debe tener, no puede tener ninguna excepción”, afirmó el Relator.
García-Sayán también se refirió a las masacres de Senkata, Sacaba y de la zona Sur producidas en la crisis de 2019 y lamentó que las víctimas hayan pasado más de dos años esperando justicia.
Observó, que siete de cada diez personas privadas de libertad están sin condena y que la tasa de hacinamiento es del 349%.
Asimismo, mencionó el actual sistema de designación de las altas autoridades judiciales. Indicó que no ha dado los resultados esperados y recibe extendida crítica, puesto que la preselección de candidatos a ser sometidos a votación popular es realizada por un órgano político: la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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