El Gobierno de El Salvador fue acusado de cometer «violaciones masivas de los Derechos Humanos» bajo el régimen de excepción que está vigente desde marzo, la denuncia fue hecha por Amnistía Internacional (AI), quienes registraron 18 muertes en cárceles en los últimos dos meses y advirtieron la posibilidad de «responsabilidad penal internacional».
El informe de la entidad sobre violaciones de Derechos Humanos en El Salvador se emitió cuando el Presidente Nayib Bukele comenzó su cuarto año de mandato.
De acuerdo con la ONG, se identificaron torturas y detenciones indiscriminadas desde el inicio del régimen de excepción el 26 de marzo, instaurado con la finalidad de frenar a las pandillas en El Salvador, suspendiendo garantías constitucionales de los ciudadanos.
El país centroamericano estará bajo este régimen hasta finales de junio y fue aprobado después de una “escalada” masiva de violencia que dejó un saldo de 87 personas muertas.
Hasta el 28 de mayo se reportaron al menos 18 personas muertas bajo la tutela del Estado durante el régimen de excepción; de acuerdo con AI, y dadas las precarias condiciones carcelarias, existe la posibilidad de que esta cifra se incremente en los siguientes días, según informó el portal France.24.
«Tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de Derechos Humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y líderes comunitarios, hemos concluido que aquí hay una situación de graves violaciones», manifestó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas.
Organizaciones salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recibieron más de 1.500 denuncias de atropellos, especialmente en detenciones arbitrarias. La investigación de la entidad también señaló que documentaron la muerte de 23 personas detenidas que estaban bajo custodia estatal.
Mediante su cuenta de Twitter, Guevara señaló la detención de más de 36.000 personas en un poco más de dos meses. El organismo denunció que miles de personas fueron detenidas sin que se cumplan requisitos legales como la existencia de una orden de aprehensión administrativa o judicial.
“Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de Derechos Humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza. En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia”, explicó Guevara en la presentación del informe.
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