Pasados tres días desde el inicio del juicio oral por el caso denominado “Golpe de Estado II”, la defensa de la expresidente Jeanine Áñez anticipó que presentará una serie de recursos para que este proceso se desarrolle de manera presencial.
“El tribunal ha optado por no dar curso a esta nuestra solicitud, nos responde aludiendo que no sería la vía correcta. Ante esta situación hemos interpuesto un incidente de actividad procesal defectuosa que debe ser resuelto, el lunes, en audiencia”, señaló Luis Guillén, abogado de la expresidente.
El jurista explicó que en este incidente de actividad procesal defectuosa se pedirá que la audiencia sea presencial, argumentó que mientras todas las actividades están retornando a la normalidad, no es posible que un juicio tan importante como este se desarrolle de manera virtual, según informó Los Tiempos.
“La virtualidad no es lo adecuado para el desarrollo de este proceso, las actividades poco a poco han ido volviendo a la normalidad y un juicio de la importancia como este no puede ser la excepción. No podemos permitir que la exmandataria sea juzgada detrás de una cámara sin escuchar lo que está sucediendo, sin tener contacto con sus abogados, esto vulnera el derecho a la defensa”, dijo Guillén.
Por otra parte, la defensa legal de Áñez cuestionó que la delegación de la Comisión Interamericanal de Derechos Humanos (CIDH) no tenga disposición para reunirse con la exmandataria, mostrándose selectivo a la hora de considerar a las personas cuyos derechos están siendo vulnerados.
En días anteriores llegó una comisión de la CIDH para analizar el avance de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos ocurridos en Bolivia en 2019.
Después de establecer la Mesa de Seguimiento Bolivia (Meseg-Bolivia), la delegación tuvo reuniones con las denominadas víctimas de Senkata, sin embargo, no se tiene previsto el encuentro con otras personas que solicitaron una cita, como es el caso de la hija de la expresidente, Carolina Rivera.
El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedraza, se pronunció al respecto: “El oficialismo no permite que se pueda generar ciertos mecanismos democráticos, sobre todo legales. La CIDH tiene una enorme responsabilidad de hacer cumplir sus observaciones que ha hecho, pero también tiene que continuar la labor efectiva de verificar que no se sigan vulnerando los derechos humanos en Bolivia”.
Al respecto, la Meseg-Bolivia anunció que se reunió con asociaciones de víctimas, con organizaciones de la sociedad civil y autoridades gubernamentales para dialogar y escuchar sobre los avances en el cumplimento de las recomendaciones del GIEI.
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