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Gobierno elabora nuevamente proyecto de ley de estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas

Manifestantes en La Paz, Bolivia, protestan contra la Ley de 1386 el 10 de noviembre de 2021 / RR.SS.

La jornada de hoy el ministro de Justicia, Iván Lima, dio a conocer que el Gobierno nacional está elaborando nuevamente el proyecto de ley de estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas, que con anterioridad tenía el código 1386 y que fue abrogado en octubre de la gestión pasada, tras el rechazo y oposición de varios sectores sociales que consideraban que iba en contra de los derechos de las personas.

“Recuerdan la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, ahora lo hemos repuesto el proyecto en Udape (Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas) y Conape (Consejo Nacional de Política Económica), y pronto será trabajado con la Asamblea Legislativa para cumplir con este mandato”, informó el ministro Lima, durante la firma de convenio entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno nacional, como parte del seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La ley 1386 tuvo varias repercusiones en el país y fue rechazada por gremiales minoristas, profesionales, comités cívicos y hasta choferes.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmaba, el día que anunciaba la abrogación de dicha ley, que la decisión fue asumida para evitar una convulsión social, ya que las marchas y protestas se fueron masificando en el país.

“El nuevo proyecto de ley se encuentra en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas y pasará al Consejo de Política Económica y Social; luego será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, la normativa responderá a una de las recomendaciones de la GIEI”, afirmó Lima.

El diputado de Comunidad Ciudadana, Oscar Balderas, afirmó al respecto que el Movimiento al Socialismo deberá concertar con la oposición el contenido del cuerpo legal, al igual que se hizo con el reglamento para la elección del Defensor del Pueblo.

“Tiene que ser en el marco de la concertación de legalidad, de respeto a los derechos procesales y de todo ese conjunto de normas que se han pasado por encima en la estrategia, el Gobierno trabajó de manera unilateral (para la anterior ley), sin consenso, esto no va poder permitir una legitimidad de aplicabilidad de la norma”, sostuvo Balderas.

Luego de la abrogación de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas se conoció la denuncia de los ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz y el oficialismo dijo que la normativa anulada era para evitar ese tipo de actos de corrupción.

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