Se trata de un alto funcionario de la Procuraduría General del Estado (PGE), Iberth René Renato Aguilar Mamani, quien tiene sentencia ejecutoriada y, a pesar de aquello, mantiene el cargo de Director General de Asuntos Administrativos de dicha institución del Estado.
En el Certificado de Antecedentes Penales, indica que el funcionario público tiene una sentencia ejecutoriada por el delito de ejercicio indebido de la profesión con una pena privativa de libertad de un año con seis meses.
“Sentencia condenatoria ejecutoriada en fecha 25/01/2022 dictada por el juzgado 5to de Sentencia Penal del departamento de La Paz por el delito de ejercicio indebido de profesión (…) con una pena privativa de libertad de un (1) año con seis (6) meses”, señala el certificado, según reporte de la red Erbol.
Asimismo, Iberth Aguilar fue sentenciado en 2017 por presentar un título profesional de licenciado en Economía en 2011 para trabajar en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), donde percibía un sueldo de 7.500 bolivianos.
Fue en Senapi, que se detectó dicha irregularidad y se emitió un instructivo que exigía al personal que acredite su formación académica, la cual no fue cumplida por el ahora sentenciado.
En la conclusión del proceso se logró establecer, a través de testigos, documentos y un informe de la Universidad Mayor de San Andrés, que Iberth René Renato Aguilar Mamani no es licenciado en economía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), documentó que presentó en 2011 con el que trabajó en el Senapi.
“Habiendo recibido respuesta a través de la Nota A.JUR. 1403/12 por la cual se certifica la INEXISTENCIA en los libros correspondientes a Diplomas Académicos de la gestión 2009, ya que no figura el acusado el acusado René Renato Aguilar Mamani como profesional titulado de la carrera de Economía”, establece la acusación de la Fiscalía.
Aguilar presentó al menos dos recursos legales para anular la sentencia en su contra, las cuales fueron negadas por la justicia.
En febrero de 2021 presentó una apelación restringida donde solicitaba anular la sentencia 008/2017 y disponer reenvío a otro juez, sin embargo, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró improcedente los argumentos expuestos en el Memorial de apelación restringida.
En agosto de 2021 el Tribunal Supremo de Justicia le negó recurso de casación presentada por Aguilar.
Mencionado medio se apersonó a la PGE para obtener la contraparte sobre este alto funcionario; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
En el sistema de la Contraloría, Aguilar aparece como funcionario de la Procuraduría habiendo presentado su reciente declaración jurada el 27 de enero de este año.
Según la Constitución Política del Estado en su artículo 235 numeral cuatro señala que para acceder al desempeño de funcionario público se requiere: “No tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento”.
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