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Descartan anular decretos que exigen carnet de vacuna anticovid por ser política de Estado

Descartan anular decretos que exigen carnet de vacuna anticovid por ser política de Estado
La exigencia de dicho documento fue diferido por el Gobierno hasta el 26 de enero / INTERNET
Debido al rechazo que existe de organizaciones y personas a las vacunas contra el Covid-19, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó este sábado que los decretos que exigen la presentación del carnet antocovid para trámites y servicios tendrán vigencia ya que forman parte de una política de Estado.

Debido al rechazo que existe de organizaciones y personas a las vacunas contra el Covid-19, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó este sábado que los decretos que exigen la presentación del carnet antocovid para trámites y servicios tendrán vigencia ya que forman parte de una política de Estado.

Este fin de semana se informó que el sector intercultural del país, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), solicitó al Gobierno que se deje sin efecto los Decretos Supremos 4640 y 4641 que establecen que desde el 1 de enero todo ciudadano boliviano deberá presentar el carnet de vacuna contra el coronavirus para acceder a oficinas públicas y para realizar trámites o tener servicios.

Asimismo, la exigencia de dicho documento fue diferido por el Gobierno hasta el 26 de enero, debido a que, durante los primeros días del año, se registraron largas filas de personas para acceder a la vacuna.

“El tema de las vacunas contra el coronavirus responde a una política de Estado, es decir que no tiene discriminación si son grupos o no afines al Gobierno o al Movimiento Al Socialismo, es una política que tiene como horizonte proteger la salud y la vida de la población en su conjunto”, declaró Silva, según reporte del portal Brújula Digital.

El viceministro señaló que los sectores que así lo deseen, pueden estar o no de acuerdo con la determinación del Gobierno; sin embargo, ratificó que se trata de una política de Estado que se mantendrá.

En días anteriores, dirigentes cívicos de El Alto, además de maestros rurales, exigieron al Gobierno la anulación de los dos decretos, por considerar que vulneran los derechos humanos de las personas al obligarlas a adquirir la vacuna.

“Esta política de Estado responde al principio de universalidad. En ese sentido, los grupos de personas o de organizaciones que no estén de acuerdo, van a tener su espacio para poder conversar con sus sectores, explicarles cuáles son los alcances y subsanar alguna observación que ellos puedan tener, más que todo basados en una susceptibilidad que tienen respecto a la vacuna”, finalizó Silva.

/MDCB


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