El Gobierno es denunciado por “vacunación clandestina” a 63 personas que están fuera de la programación

1397
Campaña de vacunación en Bolivia / Archivo INTERNET

El secretario departamental de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación de Santa Cruz, Joaquín Monasterio, denunció este sábado que el Gobierno, al margen de “escamotear” dosis de vacunas contra el Covid-19 a esa región, promovió una “vacunación clandestina” a 63 personas que no están dentro de la programación.

“El Gobierno, por otro lado, no solamente nos escamotea las dosis de vacuna que necesitamos, sino que también realiza una vacunación clandestina, en los predios del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), a 63 personas, que, si bien tienen el derecho a ser vacunados, no están dentro de la programación que se ha establecido para este plan, además, se desconoce el origen de las vacunas utilizadas, ya que esto no se coordinó con el Sedes (cruceño)”, declaró en conferencia de prensa.

Monasterio no identificó a las personas que fueron beneficiadas con la vacunación, pues sólo hizo conocer el número de beneficiados de forma irregular.

Durante la última semana de febrero llegaron al país 500.000 dosis de vacunas Sinopharm, con las cuales se pretende completar la inmunización del personal de salud y también aplicar la vacuna a pacientes con enfermedades de base.

Sin embargo, Monasterio advirtió que las 100.000 dosis que arribaron a Santa Cruz no abastecerán a los cerca de 140.000 salubristas cruceños, por lo que exigió al Gobierno que devuelva las 47.000 dosis que fueron destinadas a La Paz.

“Aun así no nos alcanza para cubrir la vacunación de todo el personal de salud que está en este momento en actividad”, sostuvo.

La Gobernación de Santa Cruz a su vez solicitó al Gobierno habilitar la compra de vacunas contra el coronavirus a gobiernos subnacionales y a empresas privadas, ya que resulta “menos costoso”.

VACUNACIÓN IRREGULAR EN AMÉRICA DEL SUR

En los últimos días, los escándalos por la distribución y vacunación irregular a autoridades y personas salpicaron a Gobiernos de cuatro países: Perú, Argentina, Ecuador y Chile. En los tres primeros, las autoridades de Salud se vieron obligadas a renunciar por el escándalo.

/MVSG/