Samuel Doria Medina cuestiona al nuevo zar anticorrupción

El empresario y líder político Samuel Doria Medina cuestionó públicamente la independencia y la efectividad del nuevo representante anticorrupción designado por el Gobierno, Yamil García. Doria Medina argumentó que la vinculación política de García con el Presidente Rodrigo Paz y la ubicación de su cargo dentro de la estructura estatal anulan la imparcialidad requerida para la función.

Críticas a la designación de Yamil García

La postura crítica del opositor se dio a conocer tras la reciente aprobación del Decreto Supremo 5706, normativa encaminada a reforzar los mecanismos de fiscalización pública, indicó Erbol. En sus declaraciones, Doria Medina expuso que un rol de fiscalización estatal exige una figura sin nexos directos con el poder de turno. “La idea detrás de un zar anticorrupción es contar con alguien con la suficiente independencia y prestigio personal como para evitar que los demás metan la mano en la lata”, afirmó, cuestionando que desde el Ejecutivo se haya optado por nombrar a un “abogado local y políticamente cercano al mandatario”.

Vínculos políticos entre García y Paz

Para respaldar sus observaciones, el político recordó que el propio García y el Presidente Paz compartieron militancia dentro del mismo bloque político en el Poder Legislativo durante la pasada gestión parlamentaria. A este antecedente sumó una objeción de índole institucional: el delegado anticorrupción ocupa un puesto de segunda línea subordinado al ministro de la Presidencia. Identificó al ministro como uno de los hombres más allegados al jefe de Estado.

Dudas sobre la efectividad del cargo

Frente a esta configuración organizativa y política, Doria Medina puso en duda la capacidad operativa del designado para ejercer un control real sobre la gestión gubernamental y objetó la utilidad misma del cargo creado por el Ejecutivo. “Para eso era mejor que no hubiera ningún zar y siguiéramos como antes”, sentenció.

Anuncio oficial sobre el Decreto Supremo 5706

Las observaciones surgen en medio del anuncio oficial realizado por García respecto a los alcances del Decreto Supremo 5706. Según la autoridad cuestionada, esta norma autoriza a las unidades de transparencia a actuar de oficio frente a posibles hechos ilícitos sin necesidad de esperar denuncias formales. Además, promueve el uso de herramientas digitales trazables y coordina directamente con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en el rastreo patrimonial.

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