Según la denuncia, el contrato en cuestión ha generado un daño económico de más de 600 millones de dólares e involucra a la actual presidenta de YLB, Karla Calderón, y su antecesor Carlos Ramos. La empresa contratada, llamada Carlos Caballero, habría sido seleccionada en 2022 por un monto de 344 millones de bolivianos. Las denuncias incluyen incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado.

Presuntas irregularidades en el contrato

De acuerdo con los denunciantes, el contrato debía entregarse en junio de 2023 con el objetivo de producir carbonato de litio y generar ingresos para el país. Sin embargo, se han presentado alertas previas sobre posibles irregularidades en el proceso de contratación, con una empresa brasileña denunciando direccionamiento y dudas sobre la calificación.

La denuncia apunta directamente a Karla Calderón y Carlos Ramos por los delitos mencionados anteriormente. El diputado radical del MAS, Héctor Arce, ha acusado a YLB de crear contratos modificatorios para ajustar los tiempos del proyecto y favorecer a la empresa Caballero. Además, señaló que existe manipulación en el proceso de contratación, sin descartar la posibilidad de coimas o sobornos millonarios.

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