La legisladora explicó que esta solicitud forma parte de una investigación en curso sobre el proceso de conciliación entre el Estado boliviano y Pan American Energy, que se produjo tras la nacionalización de la petrolera Chaco S.A. en 2009.

El acuerdo resultó en el pago de 357 millones de dólares al grupo empresarial de Bulgheroni. Esta cifra ha sido cuestionada por diversos sectores políticos debido a la falta de transparencia en los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos que la sustentan.

Cuestionamientos a la visita de Bulgheroni

Reque también expresó su preocupación por la ausencia de registros migratorios relacionados con la reciente visita de Bulgheroni al país. Aseguró que el empresario aparentemente ingresó en una aeronave privada a la ciudad de Santa Cruz en julio, sin que su llegada esté documentada en los sistemas nacionales.

Explicaciones requeridas al exprocurador

La diputada subrayó que el exprocurador Chávez debe aclarar los términos en los que se firmaron los contratos con Pan American Energy. Además, debe proporcionar la documentación que respalde los acuerdos alcanzados con esta empresa.

Reque señaló que la falta de registros en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) y la ausencia de un informe público de la Contraloría dificultan un control social efectivo sobre estos contratos.

Comisión parlamentaria y reuniones

La comisión parlamentaria fue conformada la semana anterior. Esta investigación surge tras denuncias que indican que Bulgheroni se reunió con candidatos presidenciales, entre ellos Samuel Doria Medina, para supuestamente negociar anticipadamente la explotación del litio.

En 2010, el grupo Bulgheroni presentó una demanda internacional contra el Estado boliviano debido a la nacionalización de sus activos en la petrolera Chaco. En 2012, ambas partes llegaron a una conciliación que culminó con el pago millonario en 2014. Sin embargo, hasta la fecha no se conocen los detalles de dicha conciliación.

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El lunes, Lima sugirió un indulto para la expresidente Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el líder cívico Marco Antonio Pumari. El exministro mencionó que el Bicentenario del país es un momento histórico para mostrar voluntades políticas y buscar la reconciliación entre los bolivianos.

Según Chávez, Lima intenta posicionarse políticamente a través de afirmaciones que, en su opinión, revelan una inclinación hacia la protección de figuras como Áñez y Camacho. Durante una conferencia de prensa, Chávez indicó que Lima, en su gestión, mostró favoritismo hacia actores políticos de la oposición.

Chávez recordó que en 2021, cuando Camacho debía declarar en un caso judicial, el exministro afirmó que no sería detenido. Esto, según Chávez, evidenciaría su papel como abogado de la derecha.

Además, el abogado acusó a la exautoridad de promover juicios de privilegio para Áñez y de intentar cambiar la narrativa jurídica en relación a las masacres de Sacaba y Senkata. Estas acciones, según Chávez, forman parte de un objetivo más amplio.

Estrategia política contra el MAS

Chávez también afirmó que las declaraciones de Lima muestran un objetivo claro: desplazar al MAS como fuerza política mayoritaria y debilitar al expresidente Evo Morales. Según él, esta estrategia incluye acciones como la supuesta proscripción de Morales de las elecciones generales.

Este tema, según Chávez, parece haber sido calculado políticamente para mantener el control del Tribunal Constitucional. Además, calificó las afirmaciones de Lima como un intento de desacreditar al MAS.

Apoyo entre votantes de derecha

Chávez aseguró que esta postura está alineada con las directrices del gobierno de Luis Arce. Según él, el objetivo es buscar apoyo entre los votantes de derecha, especialmente tras no haber logrado consolidar el respaldo de la izquierda en el país.

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“Hemos presentado hoy en la mañana un memorial como documento al TSE indicando que, por razones constitucionales y legales, le pedimos inaplicar la SCP 0776/2024. En consecuencia, se abstenga de pronunciar cualquier resolución sobre la Dirección Nacional del MAS-IPSP, reconociendo únicamente la directiva del hermano Evo Morales”, señaló Chávez.

El memorial fue entregado en las instalaciones del Órgano Electoral en la ciudad de La Paz. Uno de los principales fundamentos de esta solicitud es que la Constitución Política del Estado no permite la “autoprórroga” de los magistrados del Órgano Judicial y del TCP. Por lo tanto, “todos sus actos posteriores son nulos e ilegítimos”. Otro argumento es que se debe hacer respetar la independencia de poderes, como se estipula en el artículo 12 de la CPE.

Declaraciones de Wilfredo Chávez

“El TSE no puede ponerse de rodillas y someterse ante la Sala Constitucional Cuarta del TCP”, subrayó Chávez. La semana pasada, la Sala Cuarta del TCP emitió la Sentencia Constitucional 0776/2024, en la que reconoce el congreso que se realizó el partido en la ciudad de El Alto, donde Grover García fue electo como presidente del MAS.

Reacción del TSE

La vocal del TSE, Nelly Arista, adelantó que reconocerá a García como presidente del MAS-IPSP, tal como establece la sentencia constitucional del TCP. Al respecto, Chávez informó que presentaron una recusación contra la vocal, debido a que adelantó criterio, incumpliendo así la Ley 026 de Partidos Políticos, donde se reconoce el derecho a presentar un recurso de rechazo.

“Por eso no es bueno abrir la boca antes de empaparse bien de los temas. Le pedimos, obviamente, al Tribunal que, previo a tratar cualquier tema, la recusada sea apartada. Hemos presentado esta excusa en contra de esta vocal y luego se considere recién el tema de fondo”, indicó Chávez.

Tensiones internas en el MAS

La situación actual refleja tensiones internas dentro del MAS y plantea interrogantes sobre el futuro político del partido y su liderazgo. Estas disputas internas podrían tener un impacto significativo en la dirección y la cohesión del movimiento en los próximos meses.

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En una conferencia de prensa, Siles informó sobre diez contratos que fueron firmados con estudios jurídicos, tanto nacionales como extranjeros. Estos contratos representaron un monto de Bs 11.953.800,00. De esta cantidad, se ejecutaron o pagaron Bs 5.433.603,90, a pesar de que en la Procuraduría había personal capacitado para llevar a cabo los trabajos que fueron contratados.

“En suma, en las tres gestiones 2021, 2022 y 2023, solamente para el pago de consorcios y peritos, abogados externos, nacionales y extranjeros, se han destinado 93 millones de bolivianos. Se preguntarán, ¿ese es el daño económico al Estado? Estamos en análisis, estamos en revisión, pero ya tenemos un primer resultado”, declaró Siles al referirse a los contratos que han sido remitidos a la Fiscalía.

Distribución de los montos

De acuerdo con la información proporcionada por Siles, en 2021 se destinaron Bs 54.284.602,49 para el contrato de abogados externos. En 2022, se asignaron Bs 22.244.951,71 y hasta septiembre de 2023 se han destinado Bs 17.304.392,23. Esta distribución de recursos ha generado preocupación sobre el uso de fondos públicos y la necesidad de revisar los procesos de contratación dentro de la Procuraduría.

Preocupaciones sobre el uso de recursos

La situación actual ha suscitado inquietudes sobre cómo se están utilizando los recursos públicos. Se ha señalado que algunos estudios jurídicos cobraban por hora y, en algunos casos, facturaban incluso por mensajes enviados a través de WhatsApp. Esto ha llevado a cuestionar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los contratos legales del Estado.

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El abogado Wilfredo Chávez ha rechazado las declaraciones del jefe militar y ha planteado la posibilidad de presentar denuncias a nivel internacional, así como acciones de defensa internas. Estas declaraciones se produjeron después de que Zúñiga mencionara en un medio televisivo la posibilidad de detener a Morales, lo cual ha generado preocupación entre las bases del MAS.

Violación del artículo 245 de la Constitución Política del Estado

Según Chávez, las declaraciones de Zúñiga vulneran el artículo 245 de la Constitución Política del Estado, el cual establece que las Fuerzas Armadas no deben deliberar ni llevar a cabo ninguna acción política. El abogado ha cuestionado la falta de pronunciamiento por parte de las autoridades superiores dentro de las Fuerzas Armadas y del Presidente Luis Arce en su rol de Capitán General.

Preocupación y estado de emergencia en las bases del MAS

Gerardo García, dirigente del MAS, ha expresado la preocupación y el estado de emergencia en el que se encuentran las bases del partido ante las declaraciones del jefe militar. García ha advertido que cualquier intento de detener a Morales provocaría una reacción contundente por parte de las bases, mostrando su disposición a defender el proceso de cambio y a Morales, incluso poniendo en riesgo sus vidas.

La importancia de actuar conforme al marco constitucional y buscar apoyo internacional

Chávez ha destacado que ninguna institución militar tiene la autorización constitucional para ordenar la detención de ninguna persona. Además, ha resaltado la importancia de actuar de acuerdo al marco constitucional interno y buscar apoyo internacional para enfrentar estas amenazas contra el expresidente Morales.

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El abogado “evista” Wilfredo Chávez ha expresado su desconfianza en las autoridades electorales y judiciales, advirtiendo que esta situación podría llegar hasta el Tribunal Constitucional. Chávez ha instado a mantenerse alerta ante esta situación.

Coherencia del Tribunal Supremo Electoral

Chávez ha enfatizado su deseo de conocer en su totalidad la resolución del TSE y ha afirmado que si este Tribunal actúa con coherencia, no debería aprobar ningún punto del supuesto congreso “arcista”.

Riesgo de llegar al Tribunal Constitucional

El abogado “evista” también ha advertido sobre la posibilidad de que el caso llegue al Tribunal Constitucional y ha recordado que no reconocen la vigencia de los magistrados autoprórrogados cuya gestión ha finalizado el 2 de enero. Esta postura refleja una tensión política y legal latente en torno a las decisiones electorales y constitucionales en el país.

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Kaleff formó parte del equipo del exprocurador Wilfredo Chávez, quien actualmente trabaja en el staff jurídico del expresidente Evo Morales. Según el comunicado de la Procuraduría, Chávez también será convocado en calidad de testigo en este caso.

Uso indebido de influencias para beneficiar a un familiar

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía, Clemor utilizó su cargo para obtener ventajas y favorecer a un familiar en cuatro procesos penales en los que estuvieron involucrados abogados que anteriormente trabajaron en la PGE.

La imputación establece que Clemor patrocinaba los procesos judiciales de su tío político, Luis Arturo Calzadilla Morales, a través de los abogados de su firma Clemor Vargas & Asociados y la firma Chávez & Miramendy Sociedad Civil de Abogados. Además, fungía como su apoderado legal en el proceso penal LPZ1608108, utilizando un testimonio poder que no fue revocado.

Retardación injustificada en los procesos penales

El Ministerio Público ha observado que los procesos penales para favorecer al tío político de Clemor han sufrido una demora injustificada en su tramitación, siendo el más antiguo del año 2015. La instancia ha asegurado contar con 29 pruebas y elementos de convicción en contra del imputado.

La imputación formal destaca que esta retardación se evidencia en el caso LPZ1608108, en el cual Luis Arturo Calzadilla Morales presentó una denuncia por hurto de un vehículo con placa de control 3101-CCC, siendo Clemor su apoderado. Aparentemente, el vehículo no ha sido devuelto a pesar de las solicitudes de la autoridad fiscal.

Wilfredo Chávez también será convocado como testigo

El 23 de noviembre de 2020, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, designó a Kaleff Clemor Vargas como subprocurador de Supervisión e Intervención. Sin embargo, ahora Chávez será convocado en calidad de testigo en el caso de uso indebido de influencias.

Es importante mencionar que el uso indebido de influencias es un delito que puede ser sancionado con una pena de privación de libertad de 3 a 6 años, además de la inhabilitación correspondiente, según lo establecido en el artículo 146 del Código Penal.

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Chávez denunció que esta estrategia tiene como objetivo destrozar y tomar el control del partido oficialista a cambio de impunidad. A pesar de ello, indicó que la Dirección Nacional del MAS continuará con acciones legales ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para evitar que la sigla sea controlada por el ala “arcista”.

Similitudes entre el proceso en Ecuador y lo que está ocurriendo en Bolivia

Chávez recordó cómo Moreno creó una facción denominada “morenista” en Alianza País para desmantelar lo construido por su antecesor Rafael Correa, con el objetivo de acabar con la revolución democrática en Ecuador. El exprocurador señaló similitudes entre este proceso y lo que está ocurriendo en Bolivia con los “arcistas”, quienes buscan tomar el control del MAS.

Debilitar al MAS y obtener impunidad

Según Chávez, este “libreto” tiene como fin último debilitar al MAS y obtener impunidad a cambio. El exprocurador advirtió sobre las consecuencias de permitir que este grupo se haga con el control del partido oficialista, destacando la importancia de las acciones legales emprendidas por la Dirección Nacional del MAS ante el TSE.

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Según Cuéllar, el exprocurador Chávez tenía conocimiento de la intención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de investigar al estado boliviano desde el año 2020. Esta información podría implicar al exprocurador en el ocultamiento de la denuncia, lo que podría acarrearle cargos por daño económico al Estado e incumplimiento de deberes.

Críticas al actual procurador por los mismos delitos

Cuéllar también ha criticado al actual procurador, César Siles, por los mismos delitos. El diputado lo acusa de no informar al país sobre el rechazo a la recomendación de la CIDH, que data del 28 de agosto de 2020, y de negarse a investigar a Evo Morales por las muertes ocurridas en el Hotel Las Américas.

Responsabilidad del Ministerio Público en una multa millonaria

El legislador “arcista” ha declarado que debido a la actuación del Ministerio Público y del exprocurador Wilfredo Chávez, el Estado boliviano se enfrenta a una multa millonaria por las ejecuciones ordenadas por Evo Morales. El plazo para el pago de la multa vence este jueves, generando preocupación en el país.

Apoyo de los diputados a la denuncia de la Defensoría del Pueblo

Ante esta situación, Cuéllar ha anunciado que los diputados se sumarán a la denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo, entidad que se ha pronunciado en contra del encubrimiento de información durante casi tres años. Esta acción busca garantizar la transparencia y el acceso a la verdad en el caso del Hotel Las Américas.

Opiniones divergentes sobre el tema

Por su parte, el diputado “evista” Santos Mamani ha señalado que este caso es puramente político y que las recomendaciones de la CIDH deberían haberse aplicado en 2020. Mamani acusa al Gobierno de esperar hasta ahora para perjudicar a Evo Morales en un año preelectoral. Según él, esta estrategia busca desviar la atención de otros problemas como la crisis económica, la escasez de dólares, los casos de corrupción y los contratos relacionados con el litio.

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Según el jurista, las autoridades judiciales viajaron hace semanas atrás a Estados Unidos para vacacionar y firmar un acuerdo relacionado con el caso Branko Marinkovic, por el cual esta familia se ha beneficiado con un total de 33.000 hectáreas.

Irregularidades en la titulación del terreno

Desde la titulación del terreno, se han reportado irregularidades dentro de este caso. La titulación se llevó a cabo cuando Marinkovic era ministro de Gobierno de la expresidente del país, Jeanine Añez.

El Tribunal Agroambiental anuló la concesión de Añez a favor de Marinkovic; sin embargo, los Marinkovic presentaron un amparo que derivó en una sentencia a favor de la familia, consolidándoles los dos predios de “Laguna Corazón”. Esta última resolución fue anulada por los magistrados Hurtado y Espada.

Cuestionamientos a la sentencia de los magistrados

El abogado “evista” ha cuestionado la sentencia de los magistrados, ya que anteriormente habían establecido que los Marinkovic incumplieron la Función Económica Social y el tamaño del predio era superior al permitido por la Constitución Política del Estado.

Además, también ha observado que esta última sentencia fue emitida con fecha pasada, figurando el 28 de diciembre de 2023, pero recién se ha conocido en las últimas jornadas.

Pedido de investigación en Estados Unidos

El abogado ha solicitado que Hurtado y Espada sean investigados en Estados Unidos, al igual que ocurrió con el exministro de Gobierno, Arturo Murillo.

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El abogado Wilfredo Chávez recordó que una de las preguntas para la aprobación de la Constitución vigente se refería al establecimiento del límite del latifundio, ya que en ese momento era evidente la existencia de un poder “gamonal y explotador” sobre las tierras.

Impugnaciones judiciales y determinaciones del Tribunal Agroambiental

Chávez señaló que se realizaron varias impugnaciones judiciales a una serie de territorios regentados por la familia Marinković en Santa Cruz, especialmente tierras altas del Norte y Laguna Corazón. Estos procesos finalizaron con las determinaciones del Tribunal Agroambiental.

Amparos constitucionales y anulación de determinaciones

Sin embargo, Chávez lamentó que la familia Marinković planteó amparos constitucionales prácticamente ilegales que al final dieron resultado. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), envuelto en polémica por los magistrados prorrogados, anuló las determinaciones del Tribunal Agroambiental y concedió la tutela de estas tierras a Branko Marinković.

Gravedad de la situación y límite de hectáreas

Chávez manifestó que esta situación es grave, ya que la familia Marinković tiene más de 33.000 hectáreas a su nombre, mientras que el límite establecido por la Constitución es de 5.000 hectáreas. Esto es otra muestra de las irregularidades de los magistrados prorrogados, quienes ponen fechas del año pasado a sus sentencias para evitar su anulación.

Pedido de explicaciones y llamado a la conciencia

El abogado hizo un llamado a los ministros del área, a la Procuraduría y al Presidente del Estado para que brinden explicaciones sobre este caso. Además, instó a reflexionar sobre las acciones de los magistrados prorrogados y las posibles irregularidades que podrían estar ocurriendo en esta coyuntura.

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El abogado Wilfredo Chávez ha explicado que según la Constitución, el proceso legislativo inicia con la presentación de un proyecto de ley en alguna de las cámaras, luego pasa a una comisión y a la cámara revisora, para finalmente proceder con la promulgación.

Plazos y obligaciones

Chávez ha detallado que la cámara revisora tiene 30 días para pronunciarse sobre cualquier propuesta; de lo contrario, el tratamiento se trasladará a la Asamblea Legislativa. Destacó que el 15 de febrero venció el plazo para ambos proyectos de ley sin avances, debido a la falta de acción del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari.

“La mentira es una constante en las declaraciones de Iván Lima”, afirmó el jurista, refiriéndose al ministro de Justicia, y agregó que los proyectos deben ser tratados en la Asamblea, desmintiendo la versión de Lima sobre su desecho por un informe de comisión.

Declaraciones de Huaytari

Por su parte, Israel Huaytari no ha confirmado si el tratamiento de las propuestas sobre la prórroga de magistrados es competencia de la Asamblea, pero tampoco aseguró que deban ser tratadas en la Cámara de Diputados, sugiriendo consultar a la cámara de origen.

La entrada Dirección nacional del MAS exige que proyectos de ley 073 y 075 sean tratados en Asamblea Legislativa se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Se trata de contrataciones con abogados bolivianos y extranjeros. Aunque varias de ellas cumplían con los requisitos, como trayectoria y uso de idiomas, Siles precisó que otros ya están siendo sometidos a auditorías debido a varios aspectos.

Ahorro millonario al resolver seis contratos

La autoridad explicó que no se debía contratar profesionales externos para trabajos que deberían haber estado a cargo de abogados de la Procuraduría. En ese sentido, el procurador precisó que seis contratos serán resueltos, lo cual representa un ahorro de 2 millones de dólares destinados al pago por servicios externos.

Priorizando la defensa nacional

“En esa lógica vamos a seguir revisando los otros contratos que todavía están vigentes, siempre priorizando la bolivianización de la defensa de los intereses nacionales”, aseguró Siles.

Al margen del hecho de haber contratado a profesionales externos, tres de ellos no habrían recibido ni un centavo del pago pactado. Por eso, el Procurador anticipó demandas por parte de estos profesionales. En cuanto a los pagos realizados efectivamente, precisó que ya están siendo auditados para dar con los responsables.

Investigación enfocada en contratos

Ante la pregunta sobre si se está investigando directamente a su predecesor en el cargo, Wilfredo Chávez, precisó que los actos investigativos se están aplicando a los contratos y no a las personas. Sin embargo, ratificó que fue durante la gestión anterior que se priorizó equivocadamente la contratación de profesionales externos.

La entrada Procurador General del Estado revela 18 contratos irregulares durante gestión de Wilfredo Chávez se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

En primer lugar, recordó que el recurso de revisión se presentó el 6 de noviembre y, según la Ley de Régimen Electoral, el TSE tenía como plazo máximo 48 horas para resolver las excusas, que es la primera fase del proceso.

Con más de diez días transcurridos, Chávez aseguró que esta demora es deliberada y recordó que el plazo para resolver todo el recurso es de 15 días; por tanto, pidió a esta instancia que no sea un tribunal arbitrario que establece sus propios plazos sin respetar la ley.

Además, el exprocurador del Estado también le exigió al TSE el informe legal solicitado por la dirección nacional del MAS sobre el congreso, tras conocerse su existencia en días recientes y supuestamente haber sido ocultado para perjudicar a la fuerza política.

Del mismo modo, solicitó que se certifique cómo se solicitó el informe al secretario de cámara y al Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde). El último plazo para cumplir sería el 22 de noviembre.

“Esperemos que cumplan porque para el MAS no cumplen, pero para cancelar el congreso todos estaban aquí. Entendemos que hoy debía resolverse la recusación porque a nuestro delegado político lo notificaron anteayer y hay 48 horas para resolver el recurso”, manifestó Chávez.

Sin embargo, desde el TSE anunciaron que primero se tratarían las denuncias contra los vocales Tahuichi Tahuichi y Dina Chuquimia antes del recurso presentado por el MAS, a lo que el abogado se refirió como un acto meramente dilatorio para perjudicarlos.

La entrada Abogado del MAS exige pronunciamiento inmediato del TSE sobre el congreso en Lauca Ñ se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Este lunes, representantes legales del ala “evista” del MAS formalizaron su recurso ante el TSE, argumentando que la decisión de anular el Congreso de Lauca Ñ carece de una evaluación coherente de los informes presentados.

Cuestionamiento a la valoración del TSE

Wilfredo Chávez, abogado del grupo, sostuvo que se cuestiona la valoración del TSE y se alega que la anulación es resultado de influencias políticas.

Incumplimiento de requisitos como base para anulación

La anulación del Congreso se basó en el incumplimiento de requisitos, como la ausencia de certificados de militancia para algunos miembros de la directiva, incluyendo a Evo Morales.

Presentación documental para respaldar uso pasado del sistema Yo Participo

Chávez presentó documentación para respaldar el uso pasado del sistema Yo Participo como válido para acreditar la militancia política, enfatizando que el TSE ha cambiado su posición al no reconocerlo en este caso específico.

Violaciones a las reglas por parte del TSE

Chávez afirmó que el TSE ha violado sus propias reglas al anular el Congreso de Lauca Ñ. Además, anunció la intención de solicitar al TSE mayor información para respaldar posibles acciones legales, ya sean penales o administrativas.

Recusación y solicitud de audiencia transparente

En un movimiento estratégico, Chávez recusó a dos vocales, Tahuichi Quispe y Dina Chuquimia, acusándolos de haber emitido opiniones previas sobre el caso. Además, solicitó que los vocales escuchen en audiencia los argumentos de los abogados del MAS en busca de un proceso más transparente y justo.

Tensión creciente dentro del MAS

Este episodio legal revela la creciente tensión dentro del MAS y destaca la lucha por el reconocimiento y legitimidad de sus instancias internas.

El desenlace en manos del TSE

La disputa entre las facciones continúa, dejando en manos del TSE el desenlace de este conflicto.

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El Gobierno colombiano presentó este recurso ante el organismo internacional en 2021, después de que en Bolivia se aprobara la sentencia constitucional 084/2017 que establecía la reelección indefinida como un derecho humano; sin embargo, la CIDH manifestó que esa figura no era legal.

Naturaleza y alcance de la opinión consultiva

Al respecto, Chávez precisó que la opinión consultiva tiene un carácter genérico y no se refiere específicamente a un estado, como sería Bolivia en este caso; igualmente explicó que este recurso es orientativo y no vinculante, lo que no lo hace de cumplimiento obligatorio ya que no surge de una sentencia o un juicio.

Aplicación prospectiva y progresiva

El exprocurador también señaló que la opinión consultiva es prospectiva, por lo que su aplicación sería a partir del 2021; pero además progresiva, lo cual significa que los estados pueden decidir aplicar lo establecido en ese recurso cuando consideren conveniente y no de inmediato.

Antecedente del caso de Lula da Silva

Como antecedente se refirió al caso del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue elegido en 2004 y reelegido en 2008; pero el año pasado consiguió un tercer mandato no consecutivo después de ganar las elecciones en ese país.

Aclaraciones sobre la reelección

“La opinión consultiva ya estaba disponible más de un año antes de las elecciones en Brasil, y ellos tienen una fórmula similar a la de la Constitución boliviana. Entonces, si esto se hubiera aplicado, Lula no habría sido Presidente, pero nadie alzó la voz para inhabilitarlo”, manifestó Chávez.

Evo Morales y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)

Por tanto, aclaró que la reelección se refiere únicamente a los presidentes y no a cualquier ciudadano, por lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no tendría ningún argumento para impedir que Evo Morales sea candidato, ya que en este momento no es el mandatario del país.

Aclaración tras declaraciones del presidente del TCP

Finalmente, aclaró que salió a dar estas explicaciones después de que las declaraciones del presidente del TCP, Paul Franco, respecto a la opinión consultiva generaran una serie de especulaciones sobre la candidatura del expresidente, pese a faltar dos años para las elecciones.

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En su misiva, Chávez afirma que “debe regresar a donde sus servicios son valorados y requeridos”, haciendo hincapié en su papel en el foro, la academia y las calles, recordando su compromiso durante las jornadas de noviembre de 2019. “Yo debo retornar donde mis servicios son valorados y requeridos, en el foro y la academia, pero sobre todo en las calles, así como en las jornadas de noviembre de 2019, cuando decidí salir de la comodidad del asilo a la defensa legal de mis hermanos que eran masacrados, torturados, perseguidos y encarcelados; no he cambiado”, escribió Chávez en su carta.

Deja una oficina saneada y ordenada

A pesar de su renuncia, Chávez afirmó que deja la Procuraduría con la conciencia tranquila, señalando que su gestión dejó una oficina saneada y en orden. Además, enfatizó sobre su entrada y salida por la “puerta grande”, junto con su equipo de abogados, destacando sus logros en la preservación de la personalidad jurídica del MAS-IPSP.

Continúa luchando contra la corrupción y los abusos

Chávez no se limitó solo a la carta; a través de su cuenta en X, también instó a que continúen las investigaciones sobre la pederastia eclesial y sus encubridores, así como contra lo que denominó como “cleptocracia golpista y asesina que asaltó el poder el 2019, contra los ladrones del erario público, contra quienes nos robaron en tiempo de pandemia”.

César Siles designado como sucesor

En lugar de Chávez, César Siles fue designado como su sucesor en la Procuraduría. Siles se comprometió a “cambiar el timón” en la institución, argumentando que durante la gestión de Chávez se habían descuidado mandatos constitucionales que debían cumplirse.

Acusaciones y divisiones políticas

Sin embargo, la renuncia de Chávez no solo estuvo exenta de controversia. Durante su tiempo en el cargo, fue acusado en El Alto de utilizar la Procuraduría para promover una campaña a favor de Evo Morales y de participar en acciones de desestabilización contra la alcaldesa Eva Copa y el Gobierno. Estas acusaciones dividieron a los parlamentarios, con un ala “evista” denunciando que Chávez pudo ser forzado a renunciar y expresando su rechazo a la designación de Siles, temiendo que este nuevo procurador tenga intenciones en contra de Evo Morales y sus seguidores.

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“Es un elemento sustancial para entender la magnitud de los delitos cometidos, así como el grado de participación criminal de varios jerarcas y otros ya fallecidos. Han pasado 52 días desde que se conoció el caso y se debe ir cerrando la etapa preliminar. Justicia”, manifestó.

Compañía de Jesús entrega diario del sacerdote a Fiscalía

La Compañía de Jesús en Bolivia informó a través de un comunicado que entregó a la Fiscalía el diario de Pedrajas, que recibió hace unos días el Provincial, Bernardo Mercado SJ, en un sobre cerrado que llegó desde Roma, el que fue remitido por la Curia General de la Compañía de Jesús, que a su vez lo recibió del Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano.

La organización religiosa resolvió entregar el documento este martes en la tarde en la Fiscalía ubicada en Coña Coña, Cochabamba. El sobre fue entregado a la Fiscalía sin abrir, tal como fue recibido y con autorización para que el Ministerio Público proceda a su apertura, se lee en el documento.

Denuncia penal presentada contra encubridores

Chávez presentó el 3 mayo una denuncia penal en la Fiscalía Departamental de La Paz para que se investigue el caso del sacerdote Pedrajas Moreno, quien a través de un diario registró los abusos que cometió.

La denuncia presentada fue contra quienes presuntamente encubrieron los abusos sexuales cometidos por el jesuita, además de otras personas supuestamente involucradas en este caso.

“Estamos haciendo la presentación de una denuncia pública en contra de quienes resulten con una participación de encubrimiento en el caso denunciado. Nosotros sabemos que este hecho involucra a varios exmiembros de la Iglesia Católica. Varios de ellos han fallecido y su principal involucrado también. Tenemos que recordar que estamos ante personas que todavía están en funciones en la Compañía de Jesús donde se habían dado estos hechos”, anticipó Chávez.

Compañía busca conocer contenido completo del diario

La Compañía de Jesús, como denunciante en este caso, solicitará al Ministerio Público una copia del diario de Alfonso Pedrajas (1943-2009) para conocer su contenido íntegro; ya que sólo se hicieron públicos algunos extractos en el diario “El País” de Madrid el pasado 30 abril.

Al comunicar la entrega del diario, la congregación invitó a las víctimas de abusos sexuales de Alfonso Pedrajas u otros jesuitas, a contactarse con el canal Escucha y Atención: +591 788 30458 o proteccion@jesuitas.org.bo, donde recibirán acompañamiento psicológico y asistencia legal para presentar sus denuncias ante la Fiscalía.

/R. M. P

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Además, anunció que esta semana se aprobará la Ley de Imprescriptibilidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes y se organizará una Comisión de la Verdad para investigar estos crímenes.

Chávez explicó que con estas medidas se busca aclarar lo sucedido hace muchos años a las víctimas de violencia sexual cometida por miembros de la Iglesia Católica. La lista de investigados es bastante larga, por lo que están pidiendo centralizar toda esa información.

Asimismo, el Procurador señaló que han solicitado ayuda a entidades españolas, especialmente al diario El País, que publicó el diario del sacerdote Alfonso Pedrajas donde revelaba haber abusado sexualmente a más de 85 niños mientras era maestro en escuelas bolivianas.

Sin embargo, advirtió que la cooperación internacional tiene sus tiempos y protocolos; por lo tanto, pidió paciencia hasta recibir toda la información requerida para integrarse posteriormente con las investigaciones nacionales.

El medio español reveló el caso Pedrajas el pasado 30 abril y posteriormente estallaron los escándalos en Bolivia; surgieron nombres de autoridades eclesiásticas que encubrieron las agresiones cometidas por este y otros sacerdotes. Ante esos hechos, el Gobierno boliviano inició una investigación exhaustiva para dar con los responsables y cómplices de estos hechos, además de pedir a las víctimas que se presenten para denunciar a sus agresores.

/LMPT

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Fiscalía de España y el diario El País de esa nación, son las entidades a las que se solicitará información, sobre el caso del pederasta que falleció en 2009 en Bolivia.

Chávez aseguró que por el momento, mientras no se tenga respuestas ni información, no convocará a ninguna conferencia de prensa.

“Hasta tener la información de las diferentes entidades que les he mencionado y evaluar internamente la pertinencia de los caminos legales que se va a seguir, empezando, obviamente, por una denuncia penal en contra de las personas que han encubierto el hecho y además ver si no es un hecho aislado qué tenemos en frente”, afirmó el procurador.

La Compañía de Jesús anunció la suspensión de cuatro sacerdotes provinciales de la época de la que datan los abusos de Alfonso Pedrajas Moreno.

Según la investigación del diario El País, miembros de La Compañía de Jesús de ese entonces, tenían conocimiento de estos casos, puesto que en un diario de 383 páginas, Pedrajas confiesa sus delitos y revela que lo encubrieron.

“Sería lo más difícil de poder asimilar ya que los llamados al cuidado de los menores que están a su cargo, parece que no ha sido de esa manera por parte de algunos miembros, no generalizamos”, manifestó Chávez.

Se busca reparar el daño a las víctimas, que según el diario español, se trata de unos 85 niños y adolescentes fueron víctimas del sacerdote pederasta.

La Procuraduría solicitará información a la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), a La Compañía de Jesús, a la Fiscalía de España vía Cancillería, y al diario español El País.

La autoridad también pidió información a la Fiscalía y al Órgano Judicial boliviano, sobre denuncias o casos similares en los que pudiera estar involucrado este sacerdote apodado Pica.

“La Procuraduría no va a revictimizar a ninguna de las víctimas que haya existido, vamos a respetar los testimonios que en su momento se hayan dado”, añadió.

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Este sábado, Chávez, indicó que el juicio tendrá lugar en enero de 2024 después de la finalización de las declaraciones preliminares, en un contexto de una “audiencia preparatoria”.

“La noticia es que el lunes (…) Murillo va a declarar por el juicio civil”, informó Chávez en una entrevista con el programa Identidades de ATB Radio.

Asimismo, reveló que la empresa brasileña Cóndor, que fabricó los insumos represivos para Murillo, tenia conocimientos del movimiento monetario que significo una millonaria pérdida para el Estado.

“Se ha logrado establecer que la empresa Cóndor sí conocía el sobreprecio y ha persistido, conociendo el sobreprecio en la venta de los agentes químicos, a requerimiento de Arturo Murillo”, declaró.

Explicó que el propósito principal de la demanda es recuperar los fondos públicos que fueron usurpados por Murillo cuando contactó a la intermediaria estadounidense Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) a finales de 2019.

El sobreprecio en la operación ordenada por Murillo para la adquisición de un lote de gases lacrimógenos es de más de dos millones de dólares; de los cuales, el Estado logró recuperar más de un millón de dólares, según el procurador del Estado, Wilfredo Chávez.

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“Aclaro que no tengo nada en contra de la Iglesia Católica, nada personal. Lo que queremos es que un par de personas que han participado y no tienen fuero puedan declarar como testigos”, aseveró Chávez.

Asimismo, señaló que no desea investigar a los Obispos de la Iglesia, sino conocer su declaración.

De la misma forma, aclaró que se pidió a la Fiscalía citar a diez personas como parte de las investigaciones por el caso Golpe de Estado I, y solo cuatro de ellas son miembros de la Iglesia, los demás son civiles, informó el portal digital Oxígeno.bo.

Por otro lado, Chávez justificó el pedido de investigar las reuniones que se realizaron en la UCB, ya que estas fueron mencionadas en la imputación que la Fiscalía presentó contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

El procurador aseveró que en la relación de los hechos de la imputación contra Camacho, la Fiscalía menciona que el gobernador cruceño propició un forzado vacío de poder con la finalidad de hacerse del Gobierno.

Según el procurador, Fernando Camacho, a través de su representante Jerjes Justiniano, en una reunión de la UCB había propuesto construir un Gobierno Cívico- Militar, mismo que no está contemplado en la constitución.

“Esta es la base de la investigación. Este hecho esta en investigación, por eso hemos pedido que quienes han participado de esas reuniones hablen sobre el hecho”, afirmó.

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Aseveró que se enviaron varias solicitudes para que diferentes personas puedan estar presentes en el proceso y declaren en calidad de testigos.

“Hemos solicitado también que declaren miembros de la Iglesia porque no se puede negar que las reuniones del 9 y 10 se han dado en la Universidad Católica Boliviana (UCB) de La Paz”, dijo.

Afirmó que los obispos serán convocados en calidad de testigos, y no de sindicados, ni investigados.

“Aclaramos que están convocados como testigos, que su conciencia los haga culpables es su problema”, afirmó.

Respecto a una supuesta calidad de diplomáticos, Chávez afirmó que ninguno de los miembros de la Iglesia que participó en esas reuniones tiene inmunidad porque no son jefes de delegación ni fueron nombrados diplomáticos por El Vaticano.

“Vamos a volver a presentar una solicitud de declaración antes de que se cierre esta investigación”, indicó.

Varios opositores y diversos sectores rechazaron la convocatoria a los obispos por el caso golpe I y señalan que hay persecución.

“Si no tienen nada que ocultar porque no van a declarar o cual es el impedimento que nos niegue el Ministerio Público porque vamos a volver a presentar un memorial insistiendo que declaren estas personas porque es lo correcto antes que se cierre la investigación”, manifestó la autoridad.

Asimismo, señaló que la mejor manera para cerrar el caso es presentándose a testificar.

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Ayer finalizó el plazo para que el Gobierno boliviano responda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el informe final, las recomendaciones y el resarcimiento que estipularon con relación al caso del Hotel Las Américas; pero, especialmente para procesar al autor intelectual de las ejecuciones acontecidas en ese recinto el 2009.

“Sabemos que hay un autor confeso, con nombre y apellido (…) que admite haber dado la orden directa de asesinar ciudadanos extranjeros en Santa Cruz y torturar a otros posteriormente”, recordó el asambleísta según LA PATRIA desde La Paz.

En ese sentido, el Procurador Wilfredo Chávez, declaró ayer que se trabajaría en dar compensaciones económicas y rehabilitación a parte de los afectados, tal como pidió la CIDH; no obstante, no se habló en ningún momento del juicio contra los responsables.

Ormachea reclamó que el informe del organismo internacional exige que se cumplan los cuatro puntos que establecieron, y no solamente uno o dos como pretende hacer el Gobierno, por lo que enfatizó en que la petición de informe y conminación a ambas autoridades nacionales estará enfocada especialmente en las acciones que realizará el Estado con relación a las investigaciones y el juicio por el caso del Hotel Las Américas.

No obstante, como puntos positivos recalcó que Chávez admitió que en Bolivia se cometió un crimen por los hechos de 2009; además, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar, manifestó que el Gobierno actual no pondría las manos al fuego por Evo Morales ni su gestión.

“Esta es la primera, de una batería de acciones legislativas que tomaremos mientras vaya avanzando el caso. Si Lima no le quiere decir a la opinión pública, le comento que no existe motivo legal por el que no pueda entregarle esa información al Legislativo”, sentenció Ormachea.

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Una vez que la justicia estadounidense sentenció al exministro de Gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, a 70 meses (cinco años y ocho meses) de prisión por los delitos de soborno internacional y lavado de dinero, Chávez indicó que el pueblo boliviano espera que se devuelva el dinero robado por el ex funcionario.

“Ha concluido este juicio, hay una sentencia condenatoria, es la más alta que se ha dado en este caso, por ser el cabecilla de la banda (…) lo que falta es que nos devuelvan el dinero”, manifestó el procurador.

Señaló que el Estado está conforme con la sentencia que se impuso y ahora se dará continuidad al juicio civil para recuperar el dinero sustraído mediante el millonario sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en 2019.

Aseguró que esta sentencia viabilizaría el proceso de extradición que inició Bolivia mediante la Cancillería. 

“Vamos a continuar con el juicio civil que ha iniciado la Procuraduría representando al Estado boliviano para recuperar todo el dinero que se ha llevado Arturo Murillo más el pago de los daños y perjuicios respectivos”, dijo.

El exministro de Áñez adquirió un lote de gases lacrimógenos para la Policía Boliviana de la empresa Cóndor, a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) por un precio de $us 5,6 millones y un sobreprecio de $us 2,3 millones.

Según la administración de Añez, ahora condenada a diez años por el caso Golpe de Estado II, el lote fue adquirido para enfrentar al terrorismo y el narcotráfico.

El actual ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reveló en mayo de 2021, como funcionó el denominado clan mafioso de Añez, mediante la empresa Bravo Tactical Solutions cuando empezaron a comprar con sobreprecio.

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Desde la Procuraduría del Estado confirmaron que se iniciaron las acciones después de que el Presidente del país vecino, Jair Bolsonaro, reveló que ambas exautoridades estaban asiladas bajo jurisdicción brasilera.

“El Presidente Bolsonaro confirmó que el exministro del Gobierno de facto de Jeanine Áñez y el excomandante de la Policía están refugiados en ese país. Nosotros estamos en proceso de extradición de ambos ciudadanos”, informó Chávez en radio Cepra.

López fue imputado formalmente por el denominado caso “Golpe de Estado I” y fue declarado en rebeldía por el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal después de que no se presentó a su audiencia de medidas cautelares, según informó la Agencia Boliviana de Información.

También es investigado por el supuesto sobreprecio en la adquisición de gases lacrimógenos, mismo caso por el que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, está preso en territorio estadounidense.

Por su parte, Yuri Calderón fue acusado por pedir la renuncia del entonces Presidente, Evo Morales, durante los conflictos de 2019.

Chávez informó que los respectivos memoriales se están preparando, con la finalidad de solicitar la extradición de ambos ciudadanos.

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La madrugada de este sábado se suscitó un enfrentamiento en la localidad de Arroyo Concepción del municipio de Puerto Quijarro, cuando un grupo afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) evitó que el bloqueo de los ingresos a esa región se instale.

Según los médicos, la víctima falleció a causa de un trauma cervical y edema cerebral a raíz de un golpe que habría recibido en el cuello.

“Camacho, Calvo y los gamonales del Comité Cínico se bañan con la sangre de los pobres. Asesinos. Toda la violencia dirigida y coordinada desde esa cueva de delincuentes”, escribió la autoridad en su cuenta de Twitter.

En ese mismo mensaje, Chávez pidió que Camacho y Calvo sean investigados por la justicia, por ser los responsables de la medida de protesta.

Desde esta jornada, Santa Cruz lleva a cabo un paro cívico indefinido exigiendo la abrogación del Decreto Supremo 4760, normativa que posterga el Censo de Población y Vivienda hasta el 2024. Esta medida fue asumida en el cabildo del 30 de septiembre, en el cual también se otorgó un plazo de 21 días al Gobierno para que cumpla sus demandas.

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La autoridad manifestó que molesta que se haya filtrado el documento y mucho más que se intente acusarlo o señalar a la Procuraduría General del Estado como responsable de dicha filtración.

“Quienes han dado a conocer esto son algunos medios, ayer me he brindado abiertamente a que me digan a quien habría filtrado, el procurador o alguien de la Procuraduría”, sostuvo la autoridad gubernamental.

Además, dijo estar tranquilo porque no fue la persona que difundió ningún documento internacional, es más, coherente en esa posición escribió una carta en representación del Estado a la CIDH indicando su preocupación sobre la divulgación del informe.

“Levanten la fuente, creo que es importante, vale la pena en este caso aclarar el tema y tan infamante hacia una autoridad”, sostuvo Chávez, según reportó la agencia de noticias Fides.

El fin de semana, el periódico El Deber difundió el contenido de dicho informe de fondo de la CIDH, en el que se establece que el Estado cometió ejecuciones extrajudiciales en el caso del Hotel Las Américas, donde tres ciudadanos extranjeros fueron asesinados bajo el argumento que tenían un plan terrorista.

En tanto, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz, rechazaron el planteamiento del titular de la Procuraduría.

Las organizaciones de periodistas lamentaron que la autoridad que dirige un organismo público, desconozca que el “secreto de fuente” está protegido por la Ley de Imprenta, la Constitución Política del Estado y convenios internacionales.

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Esa fue la respuesta que recibió el senador de Creemos, Henry Montero ante una petición de informe escrito gestionado desde mayo y que recientemente fue difundida por el legislador con cuatro preguntas al procurador Chávez, quien en principio confirmó que la servidora pública Evaliz fue contratada mediante Resolución Procuradurial N° 185/2020.

Montero solicitó fotocopia de la hoja de vida con documentos que respaldan la formación académica y experiencia; el Procurador respondió que no puede remitir esa información en virtud al derecho de privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, así como la garantía jurisdiccional previstos en la Constitución Política del Estado, según reporte de la red Erbol.

Con los mismos argumentos, Chávez se negó a remitir el documento que valida la aprobación del curso nativo oficial, certificado que acredita si conoce la Ley 1178-Safco emitido por la Contraloría, así como de la Responsabilidad por la Función Pública.

En torno a los informes y trabajos realizados por la servidora pública señalada, el Procurador se escuda en el Decreto Supremo 4447, afirmando que ese decreto promulgado por el Presidente, Luis Arce, estableció la confidencialidad de la información generada en las contrataciones realizadas en el marco de la normativa señalada, “por la naturaleza estratégica de la defensa legal de los intereses del Estado”.

“En este marco normativo, toda vez que la información elaborada por la Procuraduría General del Estado, tiene carácter estratégico por ser la que defiende los intereses del Estado, la información generada por los Servidores Públicos, dependientes de esta entidad, no puede ser remitida”, señala la parte final de las respuestas al acto de fiscalización.

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“El daño económico que el Estado debería pagar tiene que cobrárselo a todas aquellas personas, funcionarios públicos, autores indirectos, directos, por acción, omisión o cualquier otra circunstancia, del daño que se ha cometido. Eso significa que, detrás de la renuncia de Wilfredo Chávez, tiene que embargársele sus bienes, se le tiene que hacer una notificación respectiva”, manifestó Morales.

Asimismo, el dirigente exigió al Estado cobrar esta deuda de 105 millones de dólares a Chávez y a todos los funcionarios en la gestión actual o anterior que atendieron este caso.

La posición del Conade se respalda en el artículo 112 y en el parágrafo segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Estado (CPE), se establece que los daños económicos al Estado no admiten un régimen de inmunidad y los funcionarios públicos, por acción u omisión, deben hacerse responsables.

“Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad”, indica el artículo 112 de la CPE.

Además, el parágrafo segundo del artículo 113 indica que si el Estado es condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño.

El fin de semana reciente, se conoció que el Ciadi emitió un laudo arbitral que ordena al Estado boliviano pagar 105 millones de dólares al BBVA, como indemnización e intereses, por el proceso de nacionalización del sistema de pensiones que se inició en 2009.

Rentistas jubilados y políticos de oposición manifestaron su indignación y pidieron la renuncia del Procurador General del Estado. Sin embargo, Chávez apareció en una fotografía difundida en redes sociales el lunes junto al Presidente y Vicepresidente de Bolivia, además de otros líderes políticos del Movimiento Al Socialismo.

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Además, piden conocer el estado real en el que se encuentra esa institución, en especial las causas por las que se perdieron juicios internacionales.

El diputado de CC, Alejandro Reyes afirmó que es una tradición que la Procuraduría General del Estado pierda litigios en los que está involucrado el Estado, lo que demuestra el pésimo trabajo y la negligencia de la autoridad.

El legislador indicó que ahora más que nunca se necesita saber cuánto de dinero perdió el Estado y si la institución cuenta con profesionales competentes.

“Conminamos a la contralora interina Nora Mamani a que de una vez por todas arme la defensa y la auditoría legal de la Procuraduría General del Estado para saber el estado en el que estamos y, principalmente, si cumple sus funciones el señor Wilfredo Chávez porque se ha encargado de defender solo a Evo Morales” señaló Reyes.

El parlamentario retó a la contralora interina a demostrar cuáles son sus funciones y auditar a la Procuraduría para que también se termine de mostrar la crisis estructural del Gobierno de Luis Arce y sus instituciones dependientes.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió un laudo arbitral que ordena al Estado boliviano a pagar 105 millones de dólares al español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), como indemnización e intereses por el proceso de nacionalización del sistema de pensiones que se inició en 2009.

Asimismo, el diputado Marcelo Pedrazas señaló recientemente que, con la pérdida del litigio del BBVA ante el Ciadi, la Procuraduría lleva 11 de 11 juicios perdidos, y atribuyó la derrota a quien dirige la entidad.

Por su parte, el asambleísta de CC Alberto Astorga señaló que hay una clara evidencia de que el país perdió varios litigios internacionales; en ese sentido, dijo que Chávez es un ”estorbo“ para el pueblo boliviano y exigió su renuncia.

”Suman las voces de petición de renuncia del Procurador General del Estado, voces de las que nos hacemos eco con absoluta convicción, en particular porque vimos en su actuar una exclusiva labor de representación de los intereses del jefe del partido de gobierno, antes que una idónea defensa de los intereses del país“, manifestaron desde el Conade a través de un pronunciamiento.

Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo, Juanito Angulo pidió a la oposición no ”politizar“ el fallo del Ciadi y subrayó que el Estado boliviano tomará acciones de defensa ante instancias internacionales ya que no se tomó en cuenta los argumentos y pruebas presentadas por el país.

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“Vamos a decir públicamente: que se vaya señor (Chávez) porque usted ha incumplido sus deberes y no ha protegido la plata de los bolivianos. Y esa plata no se puede irse así nada más. Yo creo que aquí no se puede trabajar con personas negligentes”, manifestó Ayala.

Este pronunciamiento, surge después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) determinó que Bolivia no otorgó un trato justo al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y tomó medidas arbitrarias en su contra.

La empresa de España ganó un laudo arbitral y exigió desde el 2018, una indemnización e intereses por la decisión del Estado boliviano de retomar el sistema de pensiones a través de la Gestor Pública, el Gobierno habría interrumpido su continuidad en el servicio que se inició en base a un contrato firmado en 1996.

El dirigente de los jubilados indicó que el sector está declarado en emergencia y rechazó pagar la indemnización, tomando en cuenta que representa casi la mitad del total de los aportes.

“Se estaría yendo casi la mitad de lo que nosotros tenemos aportado. Son 220 millones que nosotros tenemos ahora depositados”, dijo el dirigente.

Asimismo, apuntó la responsabilidad a exprocuradores que asumieron el caso, tomando en cuenta que la denuncia de BBVA es de 2018. Dijo que se debe hacer los procesos por incumplimiento de deberes.

“Aquí tenemos que ser responsables de nuestros actos, creo que aquí tienen que también ser procesados todos aquellos que han estado manejando nuestros recursos económicos”, agregó Ayala.

Reprochó la lentitud en el sistema de software para que la Gestora asuma la responsabilidad de las AFP.

/NVY

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Chávez resaltó que tiene la información de kárdex, indicando una actualización de datos, reportó la red Erbol.

“Murillo sigue en el penal, nos han pasado hace un momento la actualización de datos, a los que acceden a nuestros compañeros que están a cargo de la defensa del Estado”, manifestó.

Asimismo, atribuyó los rumores a medios de comunicación, afirmando que supuestamente se dedican a “ensombrecer” el trabajo que realiza la entidad del Estado.
Recordó que los otros cuatro implicados en el caso ya se declararon culpables y esperan que se les dicte sentencia.

Murillo cumple detención preventiva en EE.UU. acusado de lavado de dinero y soborno, por el presunto sobreprecio en la adquisición de gases lacrimógenos, comprados la empresa Bravo Tactical Solutions.

Audiencia de Murillo

Chávez recalcó que el inicio del juicio contra Murillo con un jurado está fijado para el 23 de mayo. El juicio de la exautoridad fue suspendido en varias ocasiones.

En enero, el Procurador indicó que el exministro tiene la oportunidad de declararse culpable hasta el 2 de mayo, para no comparecer en un juicio con jurados, reportó la agencia de noticias ABI.

En aquel entonces detalló que la audiencia fue suspendida porque, según la reglamentación de EE.UU., existe un procedimiento de “discreción” del juez cuando se tiene las connotaciones de un “caso complejo”.

“(Murillo) se ha declarado no culpable el 8 de diciembre del año pasado, (…) ahora se confirma, que esta solicitud va a ser acompañada por la Fiscalía del Estado de Florida de los Estados Unidos para que se postergue el juicio durante 120 días, es decir, estamos diciendo que la audiencia de juicio de Murillo se va realizar el 23 de mayo de este año”, aseveró.

/JDLF/

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Entre los ministros que no están registrados como miembros del MAS están: Marcelo Montenegro de Economía, Iván Lima de Justicia, Rogelio Mayta de la Cancillería y Eduardo del Castillo de Gobierno. De igual manera en esa situación están los viceministros Freddy Bobaryn de Gestión y Coordinación Gubernamental y César Siles de Justicia.

Asimismo, el 8 de enero se difundió que Montenegro figuraba como militante de Unidad Nacional. Por lo cual, la autoridad pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) subsanar el “error”. Tras esa corrección ya no figura como militante de fuerza alguna, según reporte de Página Siete.

Dicho medio se contactó con las unidades de comunicación de los ministerios de Economía, Justicia, Gobierno y Relaciones Exteriores para conocer las versiones de las autoridades.

De esa manera, la Cancillería señaló que como institución no corresponde dar una respuesta sobre el tema. El resto de las dependencias gubernamentales no respondió.

De igual manera, en la Procuraduría indicaron que darán una respuesta en las próximas horas. Del Castillo, indicó que está inscrito en la sigla azul y que es un error del TSE el que no figure en el MAS. Evaliz Morales, tampoco brindó una respuesta al respecto.

En agosto, el MAS adecuó sus estatutos a la Ley 1096 y dispuso que los funcionarios públicos sean militantes del partido azul.

“No existe la figura de autoridades neutrales ni dependientes en los cargos de designación a nivel nacional, departamental, regional y municipal, todos y todas deben ser militantes del MAS-IPSP”, señala el artículo 67 del reglamento.

Finalmente, el diputado del MAS, Rolando Cuéllar cuestionó que autoridades del Ejecutivo no estén inscritas como militantes. Añadió también que existen muchas personas en cargos altos que no estuvieron “ni en las campañas políticas”.

“Deben inscribirse, caso contrario las bases y las organizaciones deben convocar a un ampliado para hacer cumplir los estatutos”, declaró el diputado.

/MDCB

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Expresó “su tristeza” sobre el manejo del tema de los buses que son patrimonio de los paceños que, según él, tuvieron supuesto sobreprecio en la adquisición.

Chávez mencionó los presuntos audios sobre la modalidad de compra donde “estarían” implicados el exalcalde y sus funcionarios que organizaron las licitaciones, reportó la red Erbol.

“Si eso ha ocurrido, hay que investigar. Yo creo que es una investigación que está en curso, la Procuraduría tiene que participar en estos casos porque están los intereses del Estado, hablamos de millones de millones de bolivianos y estamos participando en la investigación”, sostuvo.

Denuncia

El expresidente de la Fedjuve de La Paz, Jesús Vera presentó la denuncia ante la Fiscalía por un supuesto sobreprecio porque, según dijo, cada bus debía costar 60.480 dólares, pero se pagó casi 180 mil dólares, es decir, dos veces más del precio fijado por la empresa fabricante.

Vera explicó que la prueba principal son las pólizas de importación emitidas por la Aduana Nacional que ya está en poder de la Fiscalía de La Paz, lamentando que el actual alcalde Iván Arias supuestamente encubra a su antecesor “emitiendo información falsa”.

Solicitó a la Fiscalía incluir a Iván Arias por los delitos de incumplimiento deberes y encubrimiento porque según su criterio, “la investigación no puede ser entorpecida de esa manera”.

Otra de las observaciones es el pago de Bs 6.900 por cada televisor de 17 pulgadas que fue instalado en cada bus y que en el mercado local ese artefacto no tiene ese precio.

Postura de Revilla

Por su parte, Revilla aseveró que el proceso de adquisición de los buses PumaKatari fue transparente, desvirtuando un audio en el que supuestamente se le escucharía sugerir que se declare desierta la licitación para comprar los vehículos de forma directa.

“El PumaKatari ha sido producto de una licitación pública, se ha adjudicado a la empresa con el precio más bajo de todas las que se han presentado de manera absolutamente transparente, así que no puede haber sobreprecio ni nada lo que se ha dicho”, señaló

Respecto al audio filtrado en el que se escucha al exalcalde paceño y al exasesor municipal Gustavo Bejarano “planificar” la adjudicación directa de los buses Pumakatari, mediante la empresa Dicsa, el exburgomaestre aseguró que ese material se encuentra “manipulado” y no tiene ningún valor legal.

“(Ese audio) está manipulado, está claramente cortado, editado, además, legalmente, no tiene ningún tipo de valor legal”, añadió.

/JDLF/

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“Algo ha fallado en Santa Cruz y no ha sido el Gobierno Central, porque (…) ha comprado las vacunas”, dijo en un encuentro con los interculturales.

Chávez objetó que la “explosión de casos” que ocurre en Santa Cruz no sucede en otros departamentos y es motivo de su cuestionamiento, según reportó el diario El Deber.

Por otro lado, animó a los bolivianos a inmunizarse. “Respetamos lo que piensen otros que no quieren (vacunarse), pero tienen que ser responsables”, aseveró, mientras recordaba las cifras de fallecidos y la relación con quienes no han recibido dosis contra el coronavirus.

El miércoles precedente, Santa Cruz registró 4.552 casos nuevos de coronavirus mientras que el número de dosis aplicadas en el departamento ascendió a 24.505, según reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

En redes sociales, el Procurador fue duramente cuestionado por politizar la pandemia que golpea con fuerza a Santa Cruz y a otras regiones del país.

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“Hoy bloqueé a muchas personas que solo expresan odio. Para ellos; aquí estamos, incluida la cloaca de Página 7”, escribió en su cuenta de Twitter el 18 de octubre. Ante esa reacción poco propicia de un funcionario del Estado, varios usuarios respondieron con humor y sátira ante el “bloqueo en redes sociales” que comenzó Chávez.

La periodista Claudia Soruco tuiteó: “Si el Procurador no te ha bloqueado fracasaste en Twitter el 2020. Confirmen”.

Asimismo, varios internautas criticaron la posición de Chávez y le recordaron que él está en un cargo público y que no debería expresarse de la manera en que lo hace, reportó Brújula Digital.

“Para ser ministro de alto cargo tiene una manera muy vulgar de expresarse, pero qué se puede esperar de un masista si así nomás demuestran que son, cada día tirando odio a la población”, escribió uno de los detractores del Procurador.

Asimismo, otro usuario de Twitter escribió “qué orgulloso está Wilfredo Chávez, porque bloqueo usuarios, como te dolieron las críticas, tenemos un procurador que nos hace reír, tal como Abecor nos (lo) describió, el Odio reside en ti, Wilfredo Chávez, siempre lo demuestras. Campeón del Odio Wilfredo Chávez. Se la disputa con los Masis”.

De igual manera, criticaron el proceso de revisión de actas de las elecciones del 2019, que el procurador denominó, “Acta x Acta”, el cual dio como resultado que en el país, desde la versión del Movimiento Al Socialismo (MAS), “no hubo fraude electoral”.

“Me tinca que el procurador ya está recopilando actas del 2016 para demostrar que Bolivia no dijo no (…)”, escribió el internauta, Pablo Morovainchi.

Ya son varios los usuarios que manifiestan haber sido bloqueados por Wilfredo Chávez en los últimos días.

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En el dibujo se muestra a Chávez vestido de traje azul, junto a un conejo blanco y un letrero que dice “No hay fraude”. Asimismo, detrás de los personajes se encuentra un circo con el nombre de Procuraduría. La acción que realiza el procurador en la imagen es, sacar al conejo de su sombrero como una especie de truco.

La caricatura de Abecor fue publicada en la sección Opinión del periódico Página Siete. Ésta causó revuelo en las diferentes redes sociales, como ser, Twitter, Facebook y WhatssApp.

Procurador

Chávez no se quedó de brazos cruzados y mostró su respuesta a través de una imagen publicada en su Twitter, en la que convirtió la edición impresa del periódico Página Siete en un rollo de papel higiénico.

“Mi respuesta”, escribió la autoridad, junto a la imagen en la que aparece un rollo de papel sanitario y una de las portadas del medio.

Página Siete

El periódico Página Siete lamentó la intolerancia expresada por el procurador Chávez respecto a la libertad de expresión; asimismo, indicó que sólo fue un derecho que ejerció el caricaturista Abecor, en la sección de Opinión de la edición impresa del matutino.

Instó a las asociaciones de la prensa a pronunciarse sobre este nuevo ataque de los funcionarios del Gobierno a los medios de comunicación.

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El viernes concluyó el análisis a las 34.555 actas electorales de 2019, tras un estudio realizado por la Procuraduría General del Estado (PGE) y estudiantes de la UPEA durante cinco días.

“La OEA lo hizo en 21 días, nosotros en cinco”, arremetió Chávez, para quien los 33 expertos que trajo el organismo internacional hace dos años “solo tomaban café”, reportó el diario Página Siete.

“Lo hemos demostrado y quiero decir en este momento con total franqueza que no ha existido fraude en las elecciones de 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento”, aseguró Chávez acompañado por el ministro de Educación, Adrián Quelca; el embajador argentino, Ariel Basteiro; el encargado de Negocios de México, Alfredo Rangel; líder del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Martín Chacolla y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El análisis de la PGE se hizo entre el lunes 11 y viernes 15 de octubre. En 2019, la misión electoral de la OEA concluyó que existió “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” en los comicios del 20 de octubre de ese año y señaló la imposibilidad de validar los resultados, lo cual provocó la renuncia del entonces Presidente Evo Morales en medio de una convulsión social.

Validez

El 13 de octubre, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, ratificó que dicho recuento no tendrá ningún efecto legal.

“En el derecho electoral boliviano se ha introducido hace mucho tiempo un principio que es fundamental, el principio de preclusión, de modo que los actos pasados, los actos anteriores, ya no se revisan, no tiene ningún efecto”, sostuvo.

Por su parte el Procurador admitió que el análisis que impulsó no tiene validez electoral.

“Sabemos perfectamente que nuestro rol no es un rol electoral. Nuestro rol es de defensa, promoción y precautelar los derechos de la democracia”, aseveró.

No obstante, agregó que el estudio, hecho en un tiempo récord, les servirá en los “procesos judiciales que tenemos en el país, nos sirve como evidencia”, por el caso del supuesto “golpe de Estado”.

Análisis

Al explicar cómo se hizo el análisis de las actas electorales, Chávez dijo que emplazaron un software de sistema cerrado que les permitió acceder al acta electoral digitalizada y ese dato fue cotejado con el cómputo global.

La autoridad cuestionó que la OEA solo haya observado 226 actas, mientras su equipo de estudiantes analizó más de 30 mil. Reveló que en “cinco mil actas electorales, apenas siete tenían observaciones”.

Chávez no solo atacó a la OEA, también a los medios de comunicación, al mencionar que los detenidos en 2019 no “aparecían en la prensa”.

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Pedrazas mencionó que el único ente que administra los procesos electorales y el único que hace recuento de actas es el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y que al mismo tiempo existen etapas que precluyen de acuerdo a la misma Ley Electoral.

“Esto de generar espacios solamente busca otra vez la confrontación, continuar la narrativa del golpe de Estado con recursos de nosotros los bolivianos, tendrá que explicarlo”, manifestó el asambleísta opositor.

Asimismo, acusó al Procurador ya que la Constitución Política del Estado (CPE) no le otorga la facultad de contar actas.

El Procurador del Estado dio inicio el lunes 11 de octubre, al recuento de aproximadamente 35 mil actas de los comicios anulados de 2019 con el fin de demostrar que no hubo “fraude” sino un “golpe de Estado” y refutar la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Chávez argumentó que se trata de “un acto de justicia y de verdad” debido a que en 2019 la democracia habría sido “escamoteada” y fue objeto de “un golpe de Estado”.

Luego de las críticas de la oposición contra Chávez por actuar fuera de la norma, el Procurador señaló que actúa en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y mandó a quienes lo critican a leer la Carta Magna.

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Asimismo, indicó que el objetivo es determinar si existió fraude, que fue denunciando por sectores de oposición al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), y refutar la auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que encontró “manipulación dolosa” en esos comicios.

“Estamos haciendo en un acto de justicia y de verdad. La democracia es el primer valor que debemos mantener los bolivianos en libertad. La democracia ha sido escamoteada, ha sido desconocida y objeto de un golpe de Estado igual que el año 1980”, manifestó en contacto con la Agencia Boliviana de Información ABI.

También Dijo que para la verificación, se utiliza la medición y las técnicas cuantitativa y cualitativa, además de una aplicación de red cerrada que se conecta al sistema de gestión de bases de datos de actas.

En cuanto a la muestra y herramientas aplicadas, se revisarán todas las actas computadas por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), según reportó Opinión.

“Tenemos un personal técnico que ha sido capacitado, son estudiantes de último año de la carrera de Informática de la Universidad Pública de El Alto. Hemos hecho una identificación, están con chalecos en un lugar especial donde se va a poder analizar acta por acta. Tenemos la base de datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), hemos impreso las 35 mil actas y cualquier persona con su copia de acta puede venir y verificar”, añadió el procurador.

Por su parte el expresidente, Carlos Mesa, calificó este martes como una “caricatura” el recuento de votos de las elecciones anuladas del 2019, que está realizando el procurador General del Estado.

Sin embargo, aclaró que no asistirá a la invitación que supuestamente se le habría hecho para el recuento de votos de las elecciones de 2019 en la ciudad de El Alto.

Datos

Mediante Resolución del TSE-RSP-ADM N° 239/2019 del 27 de mayo de 2019, la Sala Plena del TSE convocó a elecciones para el domingo 20 de octubre de ese año. Mientras que el 25 de octubre de 2019, el TSE anunció los resultados oficiales al 100 por ciento.
En ese entonces el exmandatario Evo Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS), obtuvo el 47.08% y se impuso a Carlos Mesa, de Comunicad Ciudadana (CC), que obtuvo el 36.51% en segundo lugar. Así se descartó una segunda vuelta.

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“Hemos decidido ir a la verdad, porque tenemos gente que ha sido encarcelada, perseguida y porque en el pueblo quedó la duda si hubo fraude. Vamos a verificar si estas actas han sido producto de engaño o no, o dónde está el fraude”, señaló el procurador, Wilfredo Chávez.

El 29 de agosto, el procurador lanzó el desafío de revisar las actas electorales de 2019, pese a que esas elecciones fueron anuladas por ley.

Revisión de actas

Se inició la tarea y el TSE volvió a publicar los resultados pese a que ya no figuraban en su portal internet.

De acuerdo al procurador, al menos 40 estudiantes egresados de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), además de tres especialistas, serán los encargados de la revisión de la documentación.

Chávez detalló que la tarea tiene tres objetivos: Analizar las actas del sufragio, evaluar la labor que cumplió la Organización de los Estados Americanos y verificar el sustento del informe técnico que emitió la secretaría electoral de ese organismo.

Repercusiones de la tarea de la Procuraduría

El ex vocal del TSE, Ramiro Paredes, señaló que la Ley de Régimen Electoral (Ley 026) establece que todo proceso electoral se rige bajo el principio de preclusión, por lo cual esa elección ya feneció.

Asimismo, sostuvo que por ese principio, el resultado de la revisión “no tendrá efecto legal alguno”, resaltando que cualquier ciudadano puede pedir o realizar la revisión de actas, pero que en el caso del procurador es distinto porque es funcionario público y tiene una tarea que cumplir.

En tanto, el abogado especialista en temas electorales, Paul Antonio Coca, calificó la tarea como “un show” de parte de Chávez.

“No está en sus atribuciones y la ley de la Procuraduría no establece estas facultades. La Procuraduría tiene un ejército de abogados que tienen otras funciones, definitivamente, es un show, una aberración política, están usurpando funciones”, sostuvo Coca al diario El Deber.

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Los comicios de aquel año fueron anulados en medio de acusaciones de fraude electoral.

Durante la inauguración de dicho acto, el procurador General, Wilfredo Chávez indicó que aparentemente en el pueblo quedó una duda de si existió o no un fraude electoral. Asimismo, aseguró que se verificará si esas actas fueron resultado de engaño o no, si esas personas que firmaron las actas fueron engañadas o no.

“Estamos haciendo un acto de justicia y de verdad. (…) No están nuestros invitados especiales, los que decían que había fraude. Tienen pánico, tienen temor a la verdad”, indicó Chavez.

De esa manera, la autoridad aseguró que este va a ser un acto “técnico”, con el apoyo de estudiantes de informática de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). La dinámica consistirá en comparar “acta por acta” con el resultado computado. Un trabajo que tomará toda la semana.

Presentación de informe

En agosto, el procurador presentó un informe de la Contraloría General del Estado, el cual desconoce la auditoría realizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que advertían de una “manipulación dolosa” en el proceso electoral de 2019.

Por tal situación, se propuso revisar cada una de las 35 mil actas de las Elecciones Generales de 2019, para “desestimar las acusaciones de fraude electoral”.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Haussenteufel advirtió que si bien las actas electorales son documentos de dominio público y que se encuentran disponibles para su revisión en medios digitales, una elección pasada no puede ser revisada.

De igual manera, miembros de la oposición criticaron que Chávez pretende atribuirse facultades del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y opinaron que debe “abandonar pretensiones que no son de su competencia”.

Finalmente, Chávez afirmó este lunes que tiene una competencia “constitucional” de “precautelar y defender los intereses del Estado”.

“Y el primer interés del Estado a nivel político es la democracia”, concluyó.

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El proyecto establece analizar el cumplimiento del acuerdo suscrito entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Estado boliviano y la remisión del informe de análisis integral electoral realizado por la secretaria general de la OEA.

“La Procuraduría toma la decisión de revisar las actas electorales de 2019 en busca de la verdad histórica de los resultados. Este es el planteamiento de fondo que estamos haciendo en la revisión acta por acta y queremos que se tome en cuenta que estamos buscando la verdad histórica de esos resultados, como hayan sido”, afirmó Chávez en conferencia de prensa.

Al menos 40 personas, egresados o estudiantes de último curso de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad Pública de El Alto (UPEA) serán los encargados de llevar adelante el trabajo además de tres especialistas en la Ley de Régimen Electoral, según reporte de Erbol.

“Nosotros vamos a ir acta por acta para verificar la verdad, ese es nuestro desafío al país por la democracia, justicia, historia”, anunció el procurador.

En los próximos días señaló que enviarán invitaciones para que diferentes instituciones puedan participar de este proceso.

Chávez presentó en septiembre un informe de la Contraloría donde desestimó el trabajo de la OEA y aseguró que “no hizo una auditoría” al cómputo oficial de los comicios de 2019, por lo que incumplió el acuerdo con Bolivia.

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Se trata de Sergio Rodrigo Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld quienes aceptaron los supuestos delitos que pesan en su contra por la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio y el posterior lavado de dinero en bancos de EE.UU.

“Se ha realizado una audiencia larga, donde los señores Sergio Rodrigo Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld se han declarado culpables de los delitos que los acusaba la Fiscalía de Florida”, afirmó Chávez.

Asimismo, detalló que Luis Berkman se declaró culpable del presunto delito de conspiración para cometer lavado de dinero, soborno de funcionarios extranjeros cuya pena prevista es de tres años como mínimo y un máximo de diez años.

Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal se declaró culpable del supuesto delito de conspiración para cometer lavado de dinero y blanqueo de activos para cometer soborno de funcionarios extranjeros cuya pena prevista es el mínimo de tres años y el máximo de diez años.

Bryan Berkman se declaró culpable por presunto delito de conspiración para defraudar, cuya pena mínima es de un año y un máximo de cinco años.

Philip Lichtenfeld se declaró culpable por el supuesto delito de conspiración para defraudar cuya pena mínima es un año y un máximo de cinco años.

“En síntesis los cuatro procesados estuvieron de acuerdo en declararse culpables renunciando al juicio por jurado y, a partir de ello, no existe la posibilidad de retractación o retiro de declaratoria de culpabilidad ya que en audiencia, el juez les ha consultado y ellos expresaron que realizaban esa declaración de culpabilidad de manera voluntaria sin que medien vicios de nulidad, es decir, que estas cuatro personas son, para la justicia norteamericana culpables de los delitos que se les ha imputado”, añadió el Procurador.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la justicia norteamericana, los hechos se realizaron entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

Chávez estima que a mitad de noviembre se sabrá la condena dictada por el juez. No obstante, aún falta la audiencia de Arturo Murillo que está programada para el 8 de octubre próximo.

Esas personas participaron en Bolivia en el desvío de 2,3 millones de dólares en la compra irregular de gases lacrimógenos durante el gobierno de Jeanine Añez, pretendieron lavar esos recursos en los EE.UU. y el Departamento de Estado de ese país los halló responsables.

Chávez adelantó que Murillo quizá tome la misma decisión, asumiendo que cuatro de los cinco acusados se declararon culpables, según reportó el portal Innovapress.

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El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, informó que se envió el informe detallado a la CIDH sobre la situación de Añez y sostuvo que no se demostró la urgencia del estado de salud de la expresidente.

“Hemos pedido se declare inadmisible dicha medida considerando que el Estado boliviano, en primer lugar es un Estado, que se adecua a los estándares internacionales que tiene que ver con las medidas jurisdiccionales asumidas en el caso”, señaló la autoridad en conferencia de prensa.

Chávez indicó que la respuesta a la CIDH tiene los informes de los exámenes médicos que acreditan la situación de la exautoridad, y que tienen el aval del médico personal de la exmandataria.

“Esos informes dan cuenta, y en los que participó el abogado de confianza de la persona que requiere el beneficio (Añez) que no se encuentra en el estado que alega en la solicitud de medida cautelar y no convergen los requisitos de gravedad de la situación”, aseveró Chávez según reportó Unitel.

Los abogados de Añez pidieron a la CIDH que active medidas cautelares para salvaguardar la vida y salud de la exmandataria, luego de que ella intentó quitarse la vida en el penal de Miraflores de la ciudad de La Paz.

Por último, aclaró que no se ha solicitado un plazo adicional para remitir un informe a la CIDH. Esto después de que en la pasada jornada el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que se había extendido siete días el tiempo para entregar la respuesta.

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“No hay forma de cambiar la voluntad popular y no hay forma de ocultar lo que ha ocurrido en esa época. (…) Todos los que quieran participar en esta actividad lo harán y naturalmente acreditaremos esta gran actividad lo cual lo vamos a hacer en la ciudad de El Alto”, señaló Chávez.

Manifestó también que este recuento de la votación se hará con las actas que fueron computadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ya están digitalizadas. Estas certificaciones fueron observadas hace dos años y dieron como ganador en primera vuelta al exmandatario Evo Morales.

“Sabemos además que el conjunto de actas de las elecciones 2019, todas han sido digitalizadas, la digitalización permite bajar las actas, pero también vamos a acudir al pueblo, si tiene alguna duda alguien que vaya con su copia de acta, hay presidentes de mesa”, explicó la autoridad.

En agosto, la Contraloría emitió un informe en el cual desacreditó la autoridad de la Organización de Estado Americanos (OEA) que reveló una manipulación dolosa del proceso electoral de 2019. Además observó otras irregularidades como la falsificación de firmas en las actas y vulneraciones al sistema informático.

La Procuraduría no especificó qué técnicos y profesionales tendrá para hacer la revisión de las actas de 2019 en El Alto, además se desconoce qué institución validará los resultados de esa revisión.

El lunes 30 de agosto Chávez, reiteró el desafío a los partidos de oposición y a la población en general a revisar “acta por acta” el cómputo de las elecciones generales de 2019, para desestimar las acusaciones de fraude electoral.

“Vamos a revisar acta por acta. ¿Qué miedo le tienen? ¡Vamos! ¡Los invitamos! Si han dicho fraude, vayamos pues los bolivianos a verificar la verdad democráticamente”, expresó en ese entones.

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“El día jueves presentamos la demanda civil para recuperar los dineros por el (presunto) daño económico causado y también sobreprecio que ha existido la compra de esos enseres, mecanismos disuasivos que se adquirió de la empresa Cóndor”, señaló Chávez.

El procurador precisó que ahora se espera el trámite judicial en el Estado de Florida.

Según la investigación de EE.UU., el exministro de Gobierno, Arturo Murillo y otros exfuncionarios supuestamente recibieron sobornos a cambio de direccionar la compra de gases lacrimógenos por parte del Gobierno de Jeanine Añez a la empresa Bravo Tactical Solutions.

La empresa “Bravo” cobró al Estado boliviano 5.6 millones de dólares, pero supuestamente se compró los agentes químicos en 2.2 millones a la empresa Cóndor de Brasil, lo cual deja un supuesto sobreprecio de más de 2.3 millones de dólares.

Audiencia de Murillo

El exministro cumple detención preventiva desde finales de mayo y su audiencia judicial fue postergada hasta este 9 de agosto.

El Procurador considera que la fecha de la audiencia está confirmada porque al momento no tiene información de otra postergación. Anunció que viajará a EE.UU. para la audiencia del exministro.

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“La audiencia ha sido confirmada para el 9 de agosto, no ha tenido variación. Nosotros vamos a ver si es pertinente vamos a estar presentes allá, eso es algo que vamos a cumplir porque estamos en ese proceso”, manifestó Chávez.

El Procurador afirmó que tiene informes diarios sobre el caso y aseveró que Murillo se encuentra a un detenido en una cárcel federal de EE.UU.

Chávez indicó que la demanda civil que se presentará contra Murillo se encuentra en su última revisión.

“Faltan diez días más o menos, dos semanas y vamos a estar en la audiencia”, recalcó el procurador en contacto con la red Erbol.

Murillo fue aprehendido en EE.UU. a finales de mayo, acusado del presunto delito de lavado de dinero proveniente de la compra de gases lacrimógenos, se encuentra recluido en el Centro de Detención Federal de Florida, en Miami.

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Asimismo, manifestó que es importante que la investigación realizada por la GIEI sea conocida lo más antes posible.

“Es importante conocer este informe internacional por los alcances que tiene, y por el mandato que se acordó entre el Estado boliviano y la OEA a través de su grupo de expertos para coadyuvar con las investigaciones de los hechos de violencia, violaciones gravísimas a los derechos humanos”, manifestó.

La pasada jornada, la Cancillería informó que el equipo internacional presentó este viernes 23 de julio un informe preliminar de las investigaciones realizadas entre 2020 y 2021.

“Esto va a coadyuvar de sobremanera y orientar a la investigación que existe en el país, tenemos varios procesos que se iniciaron de manera ordinaria”, aseguró Chávez.

El 23 de noviembre del 2020 en La Paz iniciaron las investigaciones de la GIEI con respaldo del Presidente, Luis Arce Catacora.

“Seguramente, habrá un análisis del rol del Ministerio Publico, de la Policía Boliviana, de cuál ha sido la situación de las víctimas (durante los conflictos de 2019)”, dijo Chávez.

GIEI

El 12 de diciembre de 2019, nace el GIEI Bolivia, mediante un acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Este grupo tiene como objetivo coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

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Asimismo, se refirió a Mesa y dijo que “callar es lo mismo que mentir”.

“Queremos saber dónde está el fraude, seguimos esperando señor Carlos Mesa”, expresó.

Indicó que la cúpula de la Iglesia golpista tendrá que dar su razón ante el fiscal, porque son tan humanos como nosotros.

“Recordemos que estamos en un estado laico, por tanto, todos somos iguales y todos tendremos que dar testimonio ante nuestra justicia”, señaló Chávez.

El jueves 17 de junio el exjefe de Comunidad Ciudadana (CC) acudió al Ministerio Público para comparecer como testigo y se acogió a su derecho al silencio.

El procurador General del Estado detalló que de las más 50 preguntas que se le hicieron a Mesa en su declaración no contesto más que tres.

“Eso muestra cómo este señor oculta la verdad, está acostumbrado hacer lo mismo , no es la primera vez, cuando se le pidió que testifique a favor de las víctimas de octubre hizo lo mismo, callar y mentir para encubrir muertes”, manifestó.

Recalcó que Mesa tiene que decir algo, cuando se le preguntó que hizo entre el 10 y 12 de noviembre, y no ocultarse.

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La autoridad manifestó que la información se corroboró en el Juzgado Federal del caso y con el sistema carcelario de EE.UU. Añadió que consta en registro que Murillo permanece en un recinto penitenciario del país norteamericano.

“El reporte escrito que se hizo llegar a este Procurador es que en primer lugar, la justicia de los Estados Unidos no puso en libertad al señor Murillo. Él sigue detenido, sigue cumpliendo una detención antes de su juicio, en consecuencia el señor Murillo no está libre”, afirmó Chávez durante una conferencia de prensa, según reporte de la cadena estatal Bolivia Tv.

El funcionario aseguró que fueron los abogados contratados por Bolivia quienes realizaron las gestiones para corroborar la información y remitieron un informe escrito. Asimismo, declaró que no existen documentos los cuales demuestren que Murillo tenga un trato cerrado con la Fiscalía de EE.UU.

“No consta en el expediente judicial alguna actuación con relación a que (Murillo) fue puesto en libertad, tampoco se informó sobre la existencia de un trato cerrado con la Fiscalía del Distrito respectivo con relación a que él estaría haciendo beneficiado bajo la noticia que dio, que sería un testigo protegido”, afirmó Chávez.

Añadió que oficialmente la audiencia de Murillo está programada para el 9 de julio.

El procurador indicó que es posible que Murillo tenga tratativas avanzadas para un acuerdo con la Fiscalía del país norteamericano, en base a una inculpación a cambio de otorgar información con el objetivo de reducir su pena.

Arturo Murillo permanece aprehendido desde mayo, acusado de lavado de dinero y recibir soborno a cambio de direccionar una contratación para la compra de gases lacrimógenos a la empresa Bravo Tactical Solutions, la cual radica en EE.UU.

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El procurador, Wilfredo Chávez manifestó que en este proceso “podrían incluirse” a la exmandataria Añez, el exministro de Gobierno Arturo Murillo y el embajador de Ciencia y Tecnología para Bolivia, Mohammed Mostajo.

“Lo que vamos a hacer y estamos justamente en colecta de investigación, es iniciar otro proceso por las muertes ocasionadas por la ausencia de respiradores”, advirtió la autoridad en contacto con la cadena televisiva nacional Bolivia Tv.

Según Chávez, durante el Gobierno de Añez “en lugar de ocuparse” por atender la pandemia del coronavirus, supuestamente existieron “actos de corrupción” en la adquisición de los equipos e implementos de salud, indicando hubo un “robo en pandemia” como el caso de los respiradores.

“Cientos de personas se han muerto en los hospitales, en la puerta de los hospitales, en la calle, en sus casas, porque no había un respirador y ellos habían negociado los respiradores que debían ser para el pueblo”, reiteró el procurador.

Respecto al caso de Mostajo, Chávez cuestionó “el papel que jugó” en la adquisición de los respiradores, explicando que la autoridad descartó en reiteradas ocasiones su participación, pero existen diversas conjeturas.

“Esta persona (Mohammed Mostajo) debería rendir cuentas al país y luego esta persona aparece mofándose de los bolivianos a través de publicaciones en redes sociales, mofándose que ha cumplido con el país”, concluyó el procurador.

CASO RESPIRADORES

El Caso Respiradores “estalló” el año pasado durante el Gobierno de Añez y refiere al sobreprecio en la adquisición de 170 de estos aparatos, presuntamente se pagó más de 27 mil dólares por respirador a la empresa española GPA Innova cuando “su precio de mercado es de 7 mil dólares”. Otra empresa española, IME Consulting, ejerció como intermediaria.

Debido a la situación el entonces ministro de Salud Marcelo Navajas fue detenido y enviado a prisión preventiva, además de otros implicados en la gestión de la compra.

El Fiscal, Omar Mejillones explicó que en una entrevista con el dueño de GPA Innova se confirmó que los aparatos se vendieron por 6.600 euros por unidad y que Navajas presentó una factura por 28.080 dólares por cada uno de ellos. “Evidentemente existe un sobreprecio”, sostuvo.

“Todavía no hemos identificado los montos, cuánto le correspondería a cada quién porque evidentemente ellos no han señalado y no van a señalar seguramente, pero lo que sí es cierto y evidente es que el proceso de contratación de los 170 ventiladores estaba totalmente irregular”, reiteró en esa ocasión Mejillones en contacto con la red Erbol.

CASO MOSTAJO

El embajador de Ciencia y Tecnología en 2020 reiteró que fue liberado de responsabilidad por la Fiscalía, alegando que se presentó como testigo.

Mostajo se presentó ante la Fiscalía en calidad de testigo por el presunto sobreprecio en la compra de los equipos, donde respondió 12 preguntas y según el Embajador demostró no estar implicado.

“Mi trabajo no fue nunca dar recomendaciones o especificaciones técnicas. Hice la estrategia de Estado y el Ministerio de Estado debía decidir si utiliza o no”, afirmó en esa ocasión al diario Opinión.

Mostajo agregó que la responsabilidad para la adjudicación y la compra de equipos “es algo que corresponde neta y puramente al Ministerio de Salud”.

“Tengo entendido que para el caso de (los 170) respiradores se hizo una compra directa a petición del mismo Ministerio de Salud. Yo no puedo opinar si esta es o no es la empresa correcta o si estas son o no son las especificaciones correctas de los respiradores”, añadió.

Asimismo, explicó que la sala de coordinación estratégica solicitó 500 respiradores de terapia intensiva y 164 respiradores portátiles, luego el requerimiento fue enviado al Ministerio de Salud, donde supuestamente fue recibida “por una persona que arma todas las listas”, reportó la agencia de noticias ABI.

“En el caso respiradores yo no tuve ningún tipo de conocimiento de que se habían comprado 170 respiradores, para ser sincero. Yo fui vocero de los 500 respiradores (de terapia intensiva) que compró el ministro Aníbal Cruz, con fecha del 1 de abril”, reiteró.

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En un acto llevado a cabo en la Casa Grande del Pueblo, Chávez tras jurar en el cargo afirmó que la Procuraduría ha sido “vandalizada” este año y solo se utilizó como un “instrumento político de persecución”, que será desmontada de inmediato por su gestión.

“Vamos a recuperar esta institución para sus dueños que son el pueblo boliviano, vamos a darle la amnistía importante de efectivamente defender los intereses del pueblo boliviano y los intereses del estado”, señaló Chávez.

Asimismo, la nueva autoridad afirmó que seguirá con el mandato de institucionalidad y de defensa a los intereses del Estado, “ha habido grandes logros en el balance general y tenemos que mantener ese perfil técnico en esta institución que ahora necesitamos para el pueblo boliviano”.

Chávez, en su primer discurso como Procurador, sostuvo que con la victoria del Movimiento al Socialismo (MAS), en las elecciones del 18 de octubre y con la posesión de Luis Arce como Presidente del Estado el domingo, “el pueblo después de un año, ha podido salir a las calles con libertad y alegrarse en la Plaza Murillo”.

“Vamos a combatir la lucha contra la impunidad con los compañeros del equipo de nuestro Gobierno, objeto que no quede una viuda, un solo huérfano un solo herido en justicia”, agregó.

Asimismo, manifestó que habló del exprocurador, Héctor Arce Zaconeta y el expresidente Morales, con quienes conversó en los últimos días.

“Me he visto con el hermano Evo Morales, ha tenido una llegada importante, va a ser siempre un hombre del proceso, un hombre de consulta. Contento con la llegada de Evo Morales”, señaló.

Finalmente, Chávez le rindió homenaje a Manuel Morales Dávila, el abogado, quien fue encarcelado en 1996 luego de acusar al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada de traidor por la capitalización de recursos naturales y falleció en agosto de este año, rescatando su frase: “La Patria no se vende, se defiende”.

Por su parte, el jefe de Estado en su discurso sostuvo que el nombramiento de Chávez es un paso más para recuperar la Patria y la institucionalidad de la Procuraduría que fue “utilizada y manoseada confines partidarios”.

Además explicó que ahora el desafío es ponerla nuevamente al servicio de los intereses del Estado procesando con celeridad y probidad todos aquellos casos que, con sus actos negligentes o corrupción, lesionen los intereses del pueblo boliviano.

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“¿Para hablar de qué temas?, hemos pedido de manera permanente con la señora Jeanine Áñez hablar, dialogar respecto a las necesidades y las expectativas que tiene el país y nunca ha querido escuchar”, sostuvo Alfaro a radio Fides a tiempo de considerar innecesaria la reunión, sin embargo, deja en manos del nuevo Presidente si acepta o no la invitación.

Por su parte, el abogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez también consideró innecesario que Arce y Choquehuanca, se reúnan con el Gobierno saliente.

“Naturalmente al recibir esa nota van a evaluar seguramente esa posibilidad (de reunirse) y tomarán la decisión en las siguientes horas. Yo no considero personalmente que ellos tengan que asistir a una reunión de ese tipo, porque lo que pasa es que en cualquier transición son los equipos técnicos los que deberían operar”, sostuvo Chávez a Panamericana.

Este martes, el Ministerio de la Presidencia, envió una invitación a los mandatarios electos, para coordinar las tareas de transición gubernamental y transmisión de mando presidencial para el próximo 8 de noviembre.

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