En el 2024, América Latina y el Caribe alcanzó sus niveles más bajos de pobreza en su historia, sin embargo, todavía una de cada cuatro personas vive en condiciones de pobreza.  Pero el desafío va mucho más allá: un 31% adicional de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad, apenas por encima de la línea de pobreza, y en riesgo de caer en ella ante cualquier choque, sea económico, climático, social o político. En otras palabras, más de la mitad de la población total de la región carece de mecanismos para hacer frente a crisis, o adversidades en sus vidas, sin sufrir retrocesos significativos –y a menudo permanentes- en su bienestar.

Esta realidad desafía el pensamiento tradicional en materia de desarrollo que asume la movilidad social como algo lineal: que una vez las personas salen de la pobreza, continuarían en una tendencia ascendente de expansión de capacidades y oportunidades.  En otras palabras, el notable progreso de las últimas décadas en América Latina y el Caribe no fue suficiente para consolidar clases medias estables, lo que no solo compromete su trayectoria, sino que la pone en riesgo de sufrir retrocesos.

A esto, se suma otro desafío de particular importancia para la región: el aumento de la pobreza urbana. Si bien sus tasas siguen siendo inferiores a la pobreza rural, el número de personas en condición de pobreza en ciudades crece con mayor rapidez.  Esto en una región en la que el 82% de la población vive en áreas urbanas; muy por encima del promedio mundial del 58%.

En un contexto de creciente incertidumbre, en el que los riesgos tradicionales son cada vez más frecuentes e intensos, y se ven agravados por la rápida evolución tecnológica, la fragmentación social y un clima cada vez más cambiante, las políticas públicas para la reducción de la pobreza requieren de un cambio de paradigma.  Uno que les permita abordar la fragilidad de su trayectoria de desarrollo y al mismo tiempo dar resultados en medio de esta nueva complejidad.  Una cosa es clara: lo que funcionó en el pasado, ya no será suficiente.

Resiliencia como hoja de ruta

El Informe Regional de Desarrollo Humano del PNUD 2025 propone una salida a este desafío: poner la resiliencia al centro de la agenda de desarrollo en la región, como un habilitador de agencia y protector de libertades efectivas, pero también como hoja de ruta.   Se trata de dotar a las personas, a los hogares y a las comunidades de bienes y mecanismos que les permitan progresar y al mismo tiempo prevenir, mitigar y recuperarse del impacto de choques, pudiendo reconstruir sus vidas. Solo a través de un desarrollo humano resiliente las personas podrán vivir de vidas valiosas, con confianza en su futuro, sabiendo que están protegidas de impactos adversos.

En términos concretos, esto exige innovar en las estrategias de reducción de pobreza: incorporar la construcción de resiliencia como parte integral de sus objetivos.   Esto implica seguir avanzando hacia el concepto de universalidad en la provisión de servicios y en la protección social, expandiendo su cobertura y alcance para incluir también a la población en condiciones de vulnerabilidad que, por no considerarse en pobreza ni estar formalmente empleada, han sido tradicionalmente excluida de los sistemas de protección social.  Finalmente, estas estrategias deben promover la acumulación de activos y capacidades que permitan a los hogares anticiparse, resistir y recuperarse frente a eventos adversos, contribuyendo así a un desarrollo humano más resiliente e inclusivo.

Ciudades, innovación y democracia

Desde el punto de vista de focalización territorial, es fundamental considerar que, si bien las ciudades pueden ofrecer oportunidades para mejorar el bienestar, también plantean desafíos para quienes migran a ellas: dificultades de acceso a empleos dignos, altos costos de vida o segregación espacial, cuando no de exclusión social. Por otro lado, este fenómeno de urbanización también impone grandes presiones sobre los gobiernos subnacionales, con mayores demandas de suelo urbano e inversión pública, dificultades técnicas para diseñar políticas sociales eficaces ante esta realidad creciente, como pueda ser el aprovechar las oportunidades de economía de escala, la tecnología y desplegar la geolocalización de servicios o atender a las personas en situación de calle. Además, el medio urbano puede amplificar las privaciones, la vulnerabilidad y riesgo a (re)caer en situación, y condiciones de pobreza, ya sea por desempleo en tiempos de crisis, la imposibilidad de producir alimentos, o por el impacto de episodios climáticos adversos en infraestructuras críticas o asentamientos localizados en zonas de riesgo.

Poner fin a la pobreza a través de un desarrollo humano resiliente no es un tema exclusivo de política social; se trata de un imperativo para la consolidación democrática. La confianza en las instituciones y la legitimidad democrática se erosionan cuando los sistemas no responden a las expectativas, cuando no reducen las desigualdades sociales, ni garantizan el acceso efectivo a derechos, a oportunidades y condiciones de seguridad y prosperidad compartida sin restricción alguna a la agencia y libertades humanas.

En un contexto de incertidumbre y polarización creciente, la innovación para generar soluciones que respondan a las necesidades concretas de las personas es clave para construir resiliencia, cerrar brechas y acelerar la eliminación de la pobreza. La región ya ha demostrado su capacidad de innovar: fue pionera en incorporar mediciones multidimensionales de la pobreza y en desarrollar las transferencias monetarias condicionadas, luego replicadas en todo el mundo, y cuenta con innovaciones técnicas y sociales que podemos y debemos ampliar a escala. La resiliencia y lucha contra la pobreza no se da únicamente desde arriba, sino también desde los hogares, las comunidades, los territorios.

Pero para todo ello, la pobreza debe recuperar la centralidad que otrora tuvo en el debate público, incorporando ahora también la vulnerabilidad. Es necesario adoptar como prioridad política la focalización y alineación de esfuerzos, el ordenamiento de políticas públicas y el despliegue de nuevos instrumentos técnicos y de financiación que mejoren la eficacia y eficiencia de la inversión social, especialmente en contextos de restricción fiscal y dificultades de acceso a financiación al desarrollo.

Enfrentar estos desafíos exige una renovada visión del desarrollo en la región, que reconozca la pobreza como la privación de capacidades para llevar una vida plena y coloque la resiliencia en el centro de las estrategias de desarrollo. Solo desde la colaboración y la construcción colectiva podremos garantizar que las respuestas lleguen a donde deben llegar, y en la escala y forma adecuadas.

Lo que está en juego no es solo el futuro del desarrollo en la región, sino también el futuro de nuestras democracias. Avanzar hacia trayectorias de vida más dignas y seguras, menos vulnerables, y eliminar definitivamente la pobreza. Es posible, es lo justo y es impostergable.

Michelle Muschett es Subsecretaria General de las Naciones Unidas, Administradora Auxiliar y Directora de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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Concentración en el eje central y delitos más comunes

El informe destaca que la mayoría de las reclusas se concentra en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, representando el 72% del total. En cuanto a los delitos más comunes, el tráfico de sustancias controladas ocupa el primer lugar con un 41,2%, seguido por el hurto con un 12,2%, el asesinato con un 7,5% y el homicidio con un 4,1%.

Falta de atención médica y condiciones precarias

El estudio revela que el 63% de las mujeres entrevistadas no fueron examinadas médicamente antes de su ingreso a la cárcel. Además, se identificaron 160 reclusas con enfermedades crónicas, 46 portadoras del VIH y cuatro con tuberculosis. El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, también mencionó la falta de atención adecuada a mujeres embarazadas o madres, quienes muchas veces deben reintegrarse al penal después del parto sin consideración alguna.

En cuanto a las condiciones de vida, el informe destaca la asignación de los prediarios, que son las cuotas diarias para la alimentación y necesidades de las reclusas. Actualmente, se destinan 248 bolivianos (35,8 dólares) mensuales para cada interna, pero los desembolsos presentan un retraso de hasta cuatro meses. Además, se identificaron 145 niños menores de 6 años que viven con sus madres en las cárceles, sin recibir una alimentación diferenciada.

Infraestructura y celdas de aislamiento

El informe señala deficiencias en la infraestructura carcelaria, ya que solo cuatro de los 21 espacios carcelarios en Bolivia cuentan con un área exclusiva para mujeres, mientras que el resto son secciones dentro de las cárceles de hombres. También se alerta sobre las condiciones precarias e inhabitables de las celdas de aislamiento, así como el uso indiscriminado y prolongado del régimen de confinamiento solitario.

Recomendaciones para mejorar la situación

La Defensoría del Pueblo recomendó al Estado boliviano regularizar el dinero de manutención diaria de las reclusas, incorporar un enfoque de género en la política penitenciaria, realizar ampliaciones en la infraestructura carcelaria e implementar programas de formación técnico-profesional. Estas medidas buscan mejorar las condiciones de vida y garantizar los derechos de las mujeres privadas de libertad en Bolivia.

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La fiscal del caso, Gabriela Soruco Llampa, presentó durante el juicio diversas pruebas que demostraron la vulnerabilidad de la víctima, incluyendo su testimonio, informes psicológicos y sociales, declaración de un testigo y el certificado médico forense.

Tras el juicio, Ramírez fue trasladado al penal de Morros Blancos para cumplir su condena.

Detalles del caso

El lamentable suceso tuvo lugar el 24 de septiembre de 2020 en una comunidad del municipio El Puente, en el departamento de Tarija.

Según la Fiscalía, el agresor, en estado de ebriedad, ingresó a la habitación de la víctima, una mujer de 59 años, y la empujó sobre un colchón, donde cometió tocamientos indebidos.

Ante los gritos de la mujer, un hombre acudió en su ayuda, lo que provocó la huida del agresor.

Una semana después, el 30 de septiembre del mismo año, la víctima presentó una denuncia formal contra el agresor en las oficinas del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), solicitando que se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades judiciales.

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La conclusión fue dada por el Curso Nacional sobre Libertades Fundamentales, organizado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), actividad que se desarrolló entre este miércoles y viernes de esta semana en La Paz.

Fueron parte del evento, defensores miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y sus departamentales, periodistas afiliados a la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, e integrantes de colectivos de defensores departamentales; además tuvo el apoyo financiero de la Unión Europea en Bolivia, reportó la red Erbol.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Potosí, Manuel Soux, señaló que las principales vulneraciones hacia el sector periodístico provienen de autoridades que estigmatizan a los trabajadores de la prensa y a su rol de brindar información.

“Se desconoce nuestra labor de defensa e información por la sociedad. Tampoco los actores políticos analizan las consecuencias de sus actos cuando atacan a la prensa”, sostuvo.

El encuentro tuvo el propósito de capacitar a periodistas y defensores en herramientas de exigibilidad de derechos y potenciar el rol de la defensa de derechos frente a actos de agresión, acoso, persecución y otros, de acuerdo al portal Unitas.

‘’Los derechos humanos no son un concepto unívoco y simple, es un concepto poderoso. No son un tema de abogados o abogadas, no solo es de un sector de defensoras y defensores. Por su constitución, un defensor y defensora podemos serlo todos’’, realzó la responsable de formación de Unitas, Claudia Terán.

Trabajo comprometido de defensores

En tanto, la defensora de derechos de la población Lgtbiq+, Sarah Albarracín, indicó que la convicción por la defensa de los derechos es lo que motiva a continuar firmes en su rol.

“He aprendido a saber cuándo hablar y cuándo no, porque sé que me van a atacar”, relató, respecto a la repercusión social que genera defender una causa y según su criterio, más aún cuando se trata de una persona de su comunidad.

Por su parte, el representante de la Apdhb de Villazón, Potosí, Isaac Romero, sostuvo que el trabajo de un defensor de derechos lo obliga a comprometerse a “tal grado que” incluso la familia de una persona se ve comprometida por ese rol.

“Tuve que separarme de mi familia en 2003, cuando fungía como presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Villazón. Hicimos tres denuncias contra el entonces alcalde, un coronel de policía y una gendarmería, días después me hicieron una cacería, había motocicletas policiales en mi casa, me perseguían, se deshizo mi familia, llevé a una parte de mi familia a Potosí, a Santa Cruz y otra a Buenos Aires”, comentó.

Precariedad en el trabajo de defensores

Además resaltaron la vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores de derechos mencionando la precariedad de las condiciones en las que deben trabajar.

La vicepresidente de la Apdhb de Trinidad, Noelia Rea, afirmó que su organización no tiene una oficina propia, materiales u otros para desarrollar su labor.

“Tenemos una pequeña oficina que pertenece a la Iglesia, pero no contamos con material de escritorio, incluso con agua o un sanitario que es lo mínimo que se requiere para trabajar. Necesitamos ayuda en ese sentido”, subrayó.

Subrayó que pese a las circunstancias, continúa su compromiso por defender los derechos humanos.

/JDLF/

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Los casos de abandono son recurrentes, pese a que el artículo 67 y 68 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece los derechos de los adultos mayores, en el marco del derecho a una vejez digna y protección, atención de acuerdo con sus capacidades y posibilidades, así como la prohibición y sanción a toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación.

Responsable

El responsable de la DIO, Luis Martínez recordó que según la Ley 073 de deslinde Jurisdiccional, las autoridades indígenas originaria campesina no deben despojar a las personas mayores de sus tierras ni expulsarlas por incumplimiento de deberes comunales, cargos y aportes.

Sin embargo, la DIO conoció casos de despojo de tierras por los familiares de los adultos mayores quienes “reclaman” los terrenos y finalmente se apropian de los mismos dejando a sus progenitores en la vulnerabilidad.

“En un caso particular donde hemos conocido que prácticamente el adulto mayor de 85 años no tiene hijos, pero si cuenta con algunos sobrinos, son ellos quienes se hubieran prácticamente apropiado a nombre de ellos esas tierras y producto de ello hoy por hoy el adulto mayor se encuentra en situación de vulnerabilidad”, expresó Martínez.

El responsable de la DIO, informó que si bien estos hechos que se generan en provincias aledañas al municipio de Oruro salen de la jurisdicción municipal, a solicitud de autoridades originarias, estos casos son atendidos a partir de la unidad del Servicio de Atención al Adulto Mayor (SLAM).

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