EE. UU. sanciona a 15 ciudadanos bolivianos

Este jueves, el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo pública una nueva nómina de 15 ciudadanos bolivianos sancionados con la restricción de visado de ingreso a su territorio.
La medida forma parte de una disposición más amplia anunciada por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, que alcanza a un total de 40 personas en el país, incluyendo a sus familiares inmediatos, bajo los lineamientos de la Ley de Inmigración y Nacionalidad adoptados el pasado 28 de septiembre.

De acuerdo con los comunicados oficiales del Departamento de Estado citados por Unitel, la determinación busca sancionar a ciudadanos extranjeros que, mediante actos de corrupción o narcotráfico, socavan gobiernos democráticamente elegidos en el hemisferio.

Las autoridades estadounidenses explicaron que con esta acción la Administración apoya de forma directa la eliminación de la influencia criminal dentro del poder legislativo, las fuerzas policiales y los tribunales de justicia en Bolivia.

Lista de ciudadanos bolivianos sancionados

La nómina incluye a autoridades en ejercicio, exautoridades y al ciudadano civil identificados públicamente por el Gobierno norteamericano. Entre ellos se encuentran:

• Rafael Darío López Mercado – Diputado nacional por Santa Cruz
• Rolando Santos Pacheco Chávez – Diputado nacional por Santa Cruz
• Juan Lanchipa Ponce – Exfiscal General del Estado
• Félix Gerardo Balderas Arteaga – Exfiscal Departamental de Beni
• Julio César Porras Velarde – Fiscal Coordinador de Santa Cruz
• Armando Rojas Toledo – Exfiscal Coordinador de La Paz
• Diego Alejandro Barboza Zeballos – Exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)

Asimismo, la lista abarca a miembros del Órgano Judicial y de las fuerzas de seguridad, entre ellos:

• Aldo Ismael Quezada Cerruti – Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz
• Julio Nelson Alba Flores – Juez del Tribunal Departamental de Justicia
• José Ayaviri Siles – Exjuez Penal
• Freddy Bismarck Pereira Molina – Comandante Departamental de la Policía de Tarija y Exdirector General de la FELCN
• Fernando Ronald Velasco Soliz – Exjefe de Seguridad Aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional Viru Viru
• Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar – Director Departamental del SEGIP en Santa Cruz
• Katherine Calderón Valle – Exdirectora General de Migración
• Rony S.M. – Ciudadano particular

En el caso del ciudadano Rony S.M., los reportes periodísticos detallan que fue aprehendido por agentes policiales el 14 de agosto de 2023 en Santa Cruz de la Sierra. La fiscalía lo investiga por presuntamente establecer empresas fachada y corporaciones fantasma dedicadas al blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico vinculado al ciudadano uruguayo Sebastián Marset.

Fundamentos detrás de las sanciones

Respecto a los fundamentos de la medida, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno estadounidense, Juan Pablo Segura, afirmó en una declaración difundida por la Embajada estadounidense y recogida por El Deber que, para proteger la estabilidad regional, resulta necesario promover la rendición de cuentas de quienes cometen actos de corrupción.

Asimismo, Segura sostuvo que la imposición de estas restricciones respalda las acciones desarrolladas en Bolivia y Colombia destinadas a erradicar la influencia ilícita en la policía, las instituciones legislativas y los tribunales.

Nueva lista en menos de un mes

Esta publicación corresponde a la segunda lista difundida por el Gobierno estadounidense en menos de un mes para restringir visados a ciudadanos bolivianos. En la primera nómina figuraban 13 personas, entre las que se encontraba el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Sanciones sin respuesta oficial en Bolivia

Hasta el momento, las autoridades del Gobierno boliviano ni los ciudadanos mencionados en la lista emitieron pronunciamientos oficiales o descargos respecto a las sanciones comunicadas por Washington.

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El Fiscal General del Estado de Bolivia, Róger Mariaca Montenegro, calificó este lunes como un acto de “injerencia” la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de revocarle la visa de ingreso a ese país.

Esta declaración se dio, debido a que el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró al fiscal Mariaca, inelegible para ingresar a su territorio. Esta decisión se basa en acusaciones de que, desde su cargo, “solicitó y aceptó sobornos para facilitar el narcotráfico” y ayudó a delincuentes violentos a evadir la justicia, según EE.UU.

Durante un mensaje difundido por la noche desde la sede de la Fiscalía General en Sucre, la autoridad afirmó que la medida estadounidense obedece a decisiones políticas motivadas por las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público contra diversos sectores, y ratificó que no detendrá el curso de los procesos judiciales bajo su gestión.

Mariaca manifestó su sorpresa por las restricciones impuestas por la administración estadounidense hacia su persona y otros ciudadanos bolivianos.

Si bien señaló que Bolivia respeta de manera soberana las normas migratorias de cada país, exigió el mismo respeto para la independencia institucional de la justicia boliviana.

En su pronunciamiento, el fiscal aseveró que no aceptará que la labor constitucional para la que fue elegido sea puesta en duda por pronunciamientos externos, ni que su trayectoria profesional y los miembros de su familia resulten afectados por decisiones provenientes del exterior.

En su intervención, la autoridad atribuyó el veto de Washington a la incomodidad causada por procesos de investigación con repercusión internacional y política.

Entre los casos específicos que citó figuran el denominado caso “Cerimedo” relacionado con presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y vínculos con el narcotráfico, las averiguaciones por presunta corrupción conocidas como “Combustible basura” y “El crudo”, el caso “Narcomaderas” en coordinación con autoridades de Chile, además de investigaciones por presunto intento de feminicidio.

Mariaca explicó que la función de la Fiscalía General consiste en investigar para buscar la verdad y no en condenar de manera anticipada. Manifestó que su gestión no trabaja para agradar a dirigentes políticos ni a grupos económicos, remarcando que la función pública no puede estar condicionada por el temor.

Asimismo, en cuanto al marco de las relaciones diplomáticas, la autoridad fijó la posición institucional bajo el principio de solicitar cooperación internacional sobre la base del respeto mutuo, rechazando cualquier tipo de interferencia o imposición en las instituciones nacionales.

Para poner en contexto la situación, el fiscal evocó antecedentes históricos en las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos donde medidas externas influyeron en la política interna.

Recordó la cancelación de la visa estadounidense al expresidente Jaime Paz Zamora el 16 de enero de 1996 por supuestos nexos con el narcotráfico, así como el deterioro diplomático de 2008 tras la expulsión del embajador de ese país. Mariaca señaló que estos precedentes demuestran la necesidad de situar la dignidad de los Estados por encima de las coyunturas políticas.

Finalmente, el fiscal general aseguró a la población boliviana que no retrocederá “ni un centímetro” en la conducción de las causas judiciales a su cargo. Concluyó señalando que asumirá la responsabilidad de enfrentar presiones o represalias en la defensa de la soberanía nacional y la independencia institucional, garantizando que todos los casos bajo investigación continuarán su curso hasta el esclarecimiento de los hechos conforme a ley.

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