Reconocimiento a la Felcc y Felcv en Oruro

En un acto significativo para la seguridad ciudadana, la Fiscalía Departamental de Oruro, liderada por el fiscal Aldo Morales, entregó reconocimientos a efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) el lunes 11 de mayo de 2026 en horas de la mañana. Este evento tuvo lugar en el salón ROMA del Ministerio Público en la ciudad de Oruro y buscó valorar el compromiso y la labor coordinada en la resolución de casos críticos de violencia sexual y trata de personas.

Unión de esfuerzos institucionales

El reconocimiento, impulsado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y Trata y Tráfico de Personas, resalta la sinergia necesaria entre los investigadores policiales y los fiscales. El fiscal Aldo Morales enfatizó que “la dedicación de los funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) es el pilar que permite brindar una atención oportuna a las víctimas”.

Puntos clave del reconocimiento

Asimismo, Patricia Landaeta, fiscal del evento, subrayó que “la unión de esfuerzos institucionales es la única vía para obtener resultados que respondan a las necesidades de la sociedad orureña”. Durante el acto se destacaron los siguientes puntos clave:

• Eficiencia Investigativa: Optimización de tiempos en la recolección de pruebas y ejecución de operativos.
• Enfoque en Víctimas: Priorización de la protección a personas vulnerables en casos de delitos sexuales.
• Compromiso Institucional: Refuerzo de la alianza estratégica entre el Ministerio Público y la Policía Boliviana.

Lucha frontal contra la criminalidad

Este acto reafirma la voluntad de ambas instituciones para mantener una lucha frontal contra la criminalidad, garantizando que los delitos que más afectan al tejido social no queden en impunidad. Las autoridades presentes incluyeron a miembros destacados del Ministerio Público y los galardonados por su labor en pro del bienestar social.

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Este miércoles 22 de abril de 2026, diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron una supuesta campaña de desinformación en contra de la denominada Ley Brisa. Estas organizaciones enfatizaron que el único objetivo de esta ley es defender a la niñez de la violencia sexual.

Declaraciones de Andrea Ballivián

La diputada Andrea Ballivián lamentó que la propuesta esté siendo “distorsionada”. Aseguró que no tiene relación con la Ley 348 y que su único propósito es proteger a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violaciones en Bolivia. “Llamamos a la gente, a quienes estén interesados en esta ley, a que la lean. La lean con el Código Penal”, declaró la legisladora.

Ballivián destacó que se está “atacando” una ley que beneficia tanto el futuro como el presente de la niñez en Bolivia. Resaltó lo difícil que es para un adolescente hablar sobre agresiones sexuales y para una familia defender a una víctima de este tipo de violencia.

Perspectiva de María Elizabeth

Por su parte, María Elizabeth, presidente de la Red Nacional de Promotoras Comunitarias de Prevención de la Violencia en Razón de Género, explicó que la ley busca la eliminación del estupro. Argumentó que bajo esta figura penal, muchos casos de violencia sexual quedan en la impunidad. Además, se especifica la figura del consentimiento, ya que, según señaló, ningún niño menor de edad puede consentir.

Obligaciones del Estado boliviano

María Elizabeth recordó que el Estado boliviano tiene la obligación jurídica de aplicar los instrumentos internacionales de derechos humanos y cumplir de buena fe las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Rechazo por parte de Lucero Justiniano

Minutos antes, la diputada Lucero Justiniano expresó su total rechazo a la propuesta. Argumentó que la Ley Brisa exagera la figura del consentimiento y fomenta las denuncias falsas.

La legisladora aseguró que las víctimas de violencia sexual siempre serán defendidas con todos los recursos disponibles; sin embargo, enfatizó que para aprobar una ley como esta es necesario seguir todos los procedimientos legislativos.

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Investigación sobre la violencia en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) desplegó un operativo de búsqueda para dar con los autores de la agresión sexual contra una menor de 16 años. La víctima fue interceptada en la zona del mercado Virgen de Luján y abandonada horas después en un descampado de la avenida G77.

Detalles del caso

La Policía Boliviana, a través de la División de Investigaciones Criminales (DIC), se encuentra en estado de alerta tras la denuncia de rapto y violación grupal ocurrida el pasado viernes en la zona este de la capital cruceña. Este hecho ha generado profunda indignación social.

El padre de la menor reportó formalmente el caso, ya que logró localizarla en estado de shock tras haber sido vejada por al menos dos sujetos que actualmente están prófugos de la justicia.

Relato de la víctima

De acuerdo con la relación de los hechos presentada ante la Felcv, la víctima concluyó su jornada escolar al mediodía en una unidad educativa cercana al mercado Virgen de Luján. Tras abordar un micro de la línea 104 y descender en las inmediaciones del barrio El Dorado, un individuo la abordó violentamente.

Este sujeto le cubrió el rostro con una tela y, bajo amenazas, la obligó a subir a un vehículo motorizado cuya placa y características están siendo rastreadas mediante cámaras de seguridad. Una vez dentro del automóvil, la menor escuchó las voces de al menos dos hombres.

Los agresores le exigieron la contraseña de su teléfono celular y le realizaron preguntas intimidantes sobre su núcleo familiar y su domicilio. Según el testimonio de la víctima, poco tiempo después perdió el conocimiento.

Abandono y búsqueda de ayuda

Al recobrar la conciencia, se encontraba con los ojos vendados y fue sometida sexualmente por ambos sujetos de manera sucesiva. La joven indicó que volvió a desvanecerse luego de que uno de los atacantes la sujetara con fuerza del cuello, según información publicada por El Deber.

Horas más tarde, abandonaron a la adolescente en un área despoblada cercana al noveno y décimo anillo de la avenida G77. En un acto de cinismo, los agresores le entregaron una botella de agua, un pañuelo y Bs 20, dándole instrucciones para caminar en línea recta antes de retirarse la venda.

Tras deambular durante aproximadamente 30 minutos, llegó a las instalaciones de una empresa privada, donde solicitó el apoyo de un guardia de seguridad para realizar una llamada telefónica a su madre.

Atención médica y acciones legales

Tras el reencuentro con su familia, la menor fue trasladada inmediatamente para formalizar la denuncia. La policía informó que ya ha sido sometida a una valoración psicológica y social, además de un examen médico forense que confirma la agresión.

El caso ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público bajo la figura penal de violación. Por su parte, los agentes de la Felcv trabajan en el levantamiento de imágenes de vigilancia en toda la ruta recorrida por el vehículo para lograr identificar y capturar a los responsables.

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Urgente eliminación del estupro en Bolivia

Legisladores e instituciones de Bolivia consideran “urgente” eliminar el delito de estupro del Código Penal. Esta figura legal permite reducir las penas por violencia sexual contra menores, en un país donde se registran entre 10 y 12 casos diarios de agresiones a niñas y adolescentes, procesados bajo este tipo penal.

Situación actual del delito de estupro

El estupro sigue vigente en el Código Penal boliviano como un delito que se castiga con entre tres y seis años de prisión a quien “mediante seducción o engaño tenga acceso carnal” con un menor de edad. Sin embargo, la normativa también establece que condenas menores a tres años ya no se sancionan con cárcel.

Proyectos de ley en discusión

Dos proyectos de Ley impulsados por la anterior legislatura proponían eliminar el estupro del Código Penal y tipificar el delito como violación sexual contra niñas y adolescentes. Esto busca quitar el supuesto “consentimiento” de la víctima y juzgarlo como un delito mayor, con penas de hasta 20 años de cárcel.

William Solíz, presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, comentó a EFE que los legisladores analizan ambos proyectos “por la urgencia” de contar con una ley concreta. “Lo peor es la naturalización de la violencia sexual contra niñas y adolescentes”, afirmó Solíz, quien lamentó que la mayoría de los delitos se cometen dentro del entorno familiar.

Recomendaciones internacionales

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió en 2022 al Estado boliviano derogar el delito de estupro “por ser una figura atenuada”. Varias instituciones y redes que defienden los derechos de las mujeres propusieron cambiar esta figura penal en la legislación, aunque aún no se ha concretado una nueva ley.

Estadísticas alarmantes

La red boliviana Coordinadora de la Mujer reporta que cada año se reciben 1.900 denuncias por estupro en el país andino. En lo que va del año 2026, ya se registran 216 casos. Tania Sánchez, directora de la Coordinadora, expresó a EFE: “La justicia a veces está de la mano de los agresores. Es urgente que las víctimas tengan un tratamiento diferenciado y que los agresores sean juzgados con el peso de la ley”.

Casos recientes que reavivan el debate

Sánchez también destacó que cada día se reportan al menos 100 casos de denuncias por violencia machista en Bolivia, de los cuales 30 son por violencia sexual hacia niños y niñas. Además, mencionó que algunos países latinoamericanos, como Colombia, Ecuador y Perú, ya han avanzado en regular el estupro dentro de sus normativas.

Uno de los casos recientes que levantó polémica es el del pastor evangélico que fue a prisión tras ser acusado por dos víctimas. Asimismo, antes de que la Fiscalía imputara al expresidente Evo Morales por trata agravada de personas, se abrió una investigación por estupro debido a su supuesta relación con una menor.

* con información de EFE

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La Justicia determinó este viernes enviar a la cárcel al pastor evangélico Marco Antonio Núñez del Arco con detención preventiva por el lapso de 180 días. El religioso enfrenta acusaciones por el delito de estupro agravado.

La investigación ha tomado fuerza en las últimas horas tras la aparición de una tercera presunta víctima, quien formaba parte de su congregación religiosa. Esta persona tiene previsto declarar ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

La medida cautelar, que deberá cumplirse en el centro de rehabilitación de Palmasola en Santa Cruz, responde a la denuncia presentada por su prima hermana. Sin embargo, el panorama legal del pastor se complica, ya que la Fiscalía Departamental decidió revocar el rechazo de un primer caso denunciado por Vanessa H. y ordenó la reapertura de las investigaciones.

Detalles sobre las denuncias

Las investigaciones revelan que las víctimas coinciden en señalar que sufrieron violencia sexual, psicológica y espiritual desde que tenían entre 14 y 16 años. Núñez del Arco, quien les aventaja con más de 20 años de edad, presuntamente utilizaba su posición de autoridad religiosa y familiar para obligarlas a mantener las relaciones en secreto bajo manipulación y promesas de amor.

Reacciones institucionales

Ante la gravedad del caso, instituciones como la Casa de la Mujer y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) han tomado parte en el proceso. Juan Vargas, representante de la APDH, recordó que bajo la normativa vigente los delitos de estupro y violencia familiar no prescriben, independientemente de si los hechos ocurrieron hace 10 o 20 años.

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Defensa del pastor y apelaciones

El abogado defensor del pastor, Víctor Cartagena, criticó duramente la resolución judicial y presentó un recurso de apelación. La defensa argumenta que se está aplicando la Ley 348 de manera retroactiva por hechos que presuntamente ocurrieron en 1999, algo que, según su interpretación, estaría prohibido por la Constitución Política del Estado.

El caso ha generado una fuerte indignación en la capital cruceña, lo que motivó que las autoridades fiscales rectificaran decisiones previas de archivo. Actualmente, existen tres víctimas identificadas: la prima hermana del agresor y dos integrantes de su iglesia. Las organizaciones sociales instan a otras posibles víctimas a romper el silencio, subrayando que la condición religiosa no exime a ninguna persona de responder ante la ley.

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Erwin N. T. ha sido condenado a 20 años de prisión, mientras que Sandro Q. A. deberá cumplir una pena de diez años. Ambos hombres han sido trasladados al Centro de Readaptación Productiva El Palmar para cumplir con sus respectivas condenas.

Pruebas presentadas por la Fiscalía

Para alcanzar este resultado, la Fiscalía de Tarija presentó un conjunto de pruebas contundentes. Estas incluyeron certificados médicos, informes psicológicos de las víctimas y peritajes informáticos. Según el Fiscal Departamental José Ernesto Mogro, estos elementos fueron cruciales para que los jueces no tuvieran dudas sobre la autoría de los crímenes durante las audiencias de juicio oral.

Detalles del primer caso

El primer caso, que resultó en la condena más severa, ocurrió en una comunidad de Yacuiba. El agresor, Erwin, aprovechó la tranquilidad de la noche para ingresar a la habitación de una mujer de 31 años que sufre de una discapacidad intelectual grave. Después de abusar sexualmente de ella, el sujeto huyó del lugar, pero fue denunciado por el hermano de la víctima, lo que dio inicio al proceso legal que hoy lo deja tras las rejas por 20 años.

Descripción del segundo hecho

El segundo incidente se registró cuando Sandro utilizó un engaño para vulnerar la intimidad de una mujer de 39 años. Este hombre simuló que su vehículo tenía problemas mecánicos y pidió ayuda a la víctima, quien caminaba junto a su pareja. Bajo la excusa de revisar los controles del auto, logró que ella se sentara en el vehículo. En ese momento, la mujer descubrió un celular oculto en la guantera que grababa sus partes íntimas con el flash encendido.

Denuncia y pruebas digitales

Gracias a la denuncia inmediata y a las investigaciones digitales, se logró probar el delito de pornografía. Este caso resalta la importancia de la denuncia y la eficacia de las pruebas digitales en la lucha contra la violencia de género.

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El 19 de noviembre, dos de los sindicados fueron citados a declarar; uno quedó libre y el otro fue aprehendido.

La denunciante, una joven de 22 años, dijo que conoció a los policías la noche de San Juan en la casa de una amiga.

Sospecha que pusieron algo en la bebida, pues perdió la conciencia y horas después se dio cuenta de que había sido víctima de violencia sexual.

Los efectivos estaban temporalmente en Cochabamba para resguardar el puente de Parotani y fueron trasladados desde Santa Cruz, según lo indicado por Opinión.

La abogada de los sindicados rechaza la denuncia, pero el caso continúa bajo investigación.

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El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que los Tribunales 1º y 4º de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer de El Alto dictaron los fallos.

El caso que generó mayor consternación fue el de Jhonny N. F. B. de 48 años, quien recibió una sentencia de 16 años de cárcel por el delito de violación.

El hecho se remonta a la mañana del 15 de marzo de 2024. Tras compartir bebidas alcohólicas en un acontecimiento social, el padre se aprovechó del estado de inconsciencia de su hija de 24 años para agredirla sexualmente.

La agresión fue presenciada por la hermana menor, de nueve años, quien corrió a dar aviso a la hermana mayor, permitiendo la denuncia inmediata y la aprehensión del agresor.

En el segundo caso, tres jóvenes: Dany T. H. H. de 33 años, Luis F. Q. H. de 24 años y Brayan C. M. de 21, fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente.

Estos sujetos, quienes se aprovecharon de la amistad que tenían con la víctima, agredieron sexualmente a una menor de 13 años en diferentes ocasiones durante febrero de 2020, en la zona Villa Ingenio de la ciudad de El Alto. La madre de la menor descubrió la situación y procedió a denunciar a la Policía.

El fiscal Torrez destacó que, en ambos juicios orales, las pruebas científicas y técnicas recolectadas en el Ecosistema ROMA (registro del lugar de los hechos, informes psicológicos y médicos forenses, y la entrevista en Cámara Gesell) fueron cruciales para que los tribunales ratificaran la culpabilidad de los agresores, quienes deberán cumplir sus penas en el penal de San Pedro de La Paz.

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Los abusos ocurrieron en 2020, específicamente en la barriada El Puente. El condenado, que es familiar cercano del padre de la víctima, aprovechó su relación con la familia para llevar a cabo los abusos cuando la menor tenía entre 14 y 15 años. En los dos primeros incidentes, que tuvieron lugar en febrero y abril, el agresor tocó el pecho y los glúteos de la menor por encima de la ropa. En el tercer episodio, que ocurrió a finales de ese año, la acorraló contra una pared y le introdujo un dedo en sus partes íntimas.

Consecuencias para la víctima

Como resultado de estos abusos, la menor desarrolló un trastorno de estrés postraumático agudo, que se manifestó en pérdida de peso, ansiedad y depresión. La víctima requirió tratamiento durante 90 días, de los cuales 60 fueron considerados impeditivos para su vida diaria. El TSJA ha destacado que el testimonio de la víctima fue “coherente, persistente y sin contradicciones”. Además, los peritos del Instituto de Medicina Legal de Málaga confirmaron la credibilidad de su relato.

Pena y medidas adicionales

Además de la pena de prisión de 9 años, el condenado deberá cumplir con 6 años de libertad vigilada una vez que salga de la cárcel. También se le prohíbe comunicarse o acercarse a la víctima durante 12 años, manteniendo una distancia mínima de 200 metros. Asimismo, se le inhabilita durante 15 años para trabajar en actividades que impliquen contacto directo con menores. Como parte de la sentencia, el agresor deberá pagar 10.000 euros a la víctima como indemnización por daños morales.

Sentencia y contexto legal

La sentencia fue dictada el 3 de abril de 2025 y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, se mantiene la protección a la menor. Esta reducción de la pena se suma a las más de 1.000 rebajas de condena a violadores que han sido consecuencia de la ley impulsada por Irene Montero y otros miembros del Gobierno de Pedro Sánchez.

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De acuerdo con el informe del fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, el sujeto fue identificado como Hilarión Q.C., de 39 años de edad, quien luego de la audiencia de medidas cautelares fue trasladado al penal de El Abra, donde cumplirá su sentencia.

Tejerina detalló que, durante el juicio oral, la Fiscalía presentó el certificado médico legal de la agresión, el acta de entrevista de la víctima y la fotocopia del certificado de nacido vivo del bebé, entre otras pruebas que confirmaron la culpabilidad de Hilarión.

El hecho ocurrió en 2018 en el municipio de Quillacollo. Según los antecedentes, el agresor llegó a su domicilio en estado de ebriedad junto a su esposa. Luego de que su pareja se durmiera, ingresó a la habitación de su hija y la atacó sexualmente, amenazándola para que no contara lo sucedido.

El hecho se repitió en otra ocasión, cuando la madre de la adolescente salió al mercado con sus otros hijos. El hombre aprovechó que estaba solo con su hija y volvió a cometer la agresión.

La víctima decidió contar lo ocurrido a su madre tras descubrir que estaba embarazada, y con quien, posteriormente, acudió al Ministerio Público para presentar la denuncia formal. Ante el reporte, las autoridades del orden aprehendieron al sujeto.

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La situación salió a la luz cuando la mujer denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de internos en un contexto donde se consumían bebidas alcohólicas. Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, mencionó que la mujer realizó la denuncia correspondiente; sin embargo, no accedió a someterse a los exámenes necesarios para confirmar la vejación que había sufrido.

Aislamiento de los reclusos

Los tres reclusos que están involucrados en el caso de violencia sexual ya han sido puestos en aislamiento. Limpias también se refirió a la fiesta que se llevó a cabo en el penal de San Pedro, indicando que existen imágenes que están siendo objeto de investigación. “Lo que nos interesa son las autorizaciones con que se ha realizado la fiesta”, afirmó Limpias.

Investigación en curso

En este momento, las autoridades están investigando cómo se desarrollaron estos hechos dentro del penal. Esta situación pone de manifiesto las irregularidades que existen en el sistema penitenciario y genera una gran preocupación sobre la seguridad y el bienestar, tanto de los internos como de las personas que ingresan al establecimiento.

Compromiso de las autoridades

El jefe nacional de seguridad penitenciaria, coronel Rodolfo Machicado, ha confirmado que las investigaciones están en curso y se espera que se esclarezcan todos los detalles relacionados con este caso. Las autoridades están comprometidas a garantizar un ambiente seguro dentro del penal y a tomar las medidas adecuadas ante cualquier irregularidad que se detecte.

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La investigación se llevó a cabo en 92 municipios de los nueve departamentos del país, enfocándose principalmente en áreas rurales. El estudio analizó los factores de riesgo y las causas que perpetúan la violencia contra esta población vulnerable.

Tipos de violencia identificados

De acuerdo con el estudio, los principales tipos de violencia que afectan a las mujeres con discapacidad en Bolivia incluyen la violencia sexual, también violencia psicológica (15%) y verbal (14%).

Además, la investigación identificó que las mujeres con discapacidad también sufren otros tipos de agresiones, como la violencia física, la discriminación, la violencia económica y la violencia intrafamiliar.

Deficiencias en la atención

El estudio también destacó las deficiencias en la atención a las víctimas. Un 55% de los servidores públicos consultados reconoció que sus unidades carecen de protocolos específicos para personas con discapacidad. Más del 82% señaló la falta de materiales accesibles, como textos en Braille, en Lengua de Señas Boliviana (LSB) y otros formatos inclusivos.

Visibilización del problema

Según los responsables del proyecto, estos hallazgos buscan visibilizar el problema y promover acciones concretas para transformar las dinámicas socioculturales existentes.

Necesidad de políticas inclusivas

La investigación, impulsada por ONU Mujeres junto a las fundaciones Educo y Machaqa Amawta, subrayó la urgente necesidad de implementar políticas inclusivas y estrategias efectivas. Estas medidas son fundamentales para garantizar los derechos y la protección de las mujeres con discapacidad en Bolivia.

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Además, el 13,5 % de las mujeres encuestadas ha declarado haber sufrido violencia física no sexual o amenazas. Estos hallazgos provienen de la encuesta sobre “La violencia basada en el género en la Unión Europea”, que se presentó hoy en Bruselas.

Datos recopilados en la encuesta

Este estudio es el primero en recopilar datos precisos sobre la violencia y las amenazas que enfrentan las mujeres en diversos entornos, como el hogar y el trabajo, en todos los países miembros. Se realizaron entrevistas a más de 114,000 mujeres para obtener esta información.

El informe fue elaborado en colaboración por la agencia de estadística Eurostat, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) y la Agencia de la UE para los Derechos Fundamentales (FRA). Los resultados fueron presentados en una rueda de prensa conjunta.

Declaraciones de expertos

Sirpa Rautio, directora de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, comentó que los datos demuestran que en 2024 “la seguridad de las mujeres aún no se puede garantizar”. Además, destacó que la “triste realidad” es que “nada ha cambiado mucho” en los últimos años.

Variaciones entre países

La situación varía significativamente entre los países. En Bulgaria, solo el 3,4 % de las mujeres ha declarado haber sufrido violencia sexual y el 8,5 % ha enfrentado amenazas. En contraste, en Suecia, el porcentaje de violencia sexual alcanza el 41 %, mientras que el 11,5 % ha sufrido violencia física no sexual.

En España, el 17,6 % de las mujeres afirma haber sido víctima de violencia sexual, y el 10,6 % ha experimentado violencia física y amenazas. La diferencia en los porcentajes, que coloca a los países escandinavos entre aquellos con más denuncias de comportamientos violentos, podría explicarse por una mayor apertura para hablar sobre estas conductas y menos “vergüenza” o miedo a denunciarlas en esos Estados miembros.

Violencia por parte de parejas íntimas

El estudio también analiza la prevalencia de la violencia física o amenazas y/o violencia sexual por parte de cualquier perpetrador. En el caso de la violencia ejercida por parejas íntimas, se revela que cerca de 1 de cada 5 mujeres en la UE (17,7 %) ha sufrido violencia física o amenazas y/o violencia sexual a lo largo de su vida. En España, este porcentaje es del 14,4 %.

Cuando se trata de violencia sexual por parte de una persona que no es una pareja íntima, la cifra en la UE es del 20,2 % (20,0 % en España). Además, el 30,8 % de las mujeres europeas ha declarado haber sufrido acoso sexual en el trabajo a lo largo de su vida, mientras que en España, el 28,2 % de las mujeres lo afirma.

Acoso sexual en el trabajo

Los porcentajes de mujeres que reportan haber sufrido acoso sexual en el entorno laboral varían considerablemente. En Suecia, el 55,4 % de las mujeres ha enfrentado este problema, seguido por el 53,7 % en Finlandia, el 53,0 % en Eslovaquia y el 52,9 % en Luxemburgo. En contraste, en Portugal, solo el 12,3 % ha reportado acoso sexual, mientras que en Bulgaria es del 12,2 % y en Letonia del 11,0 %.

Estos datos reflejan una preocupante realidad sobre la violencia de género en la Unión Europea y la necesidad urgente de abordar este problema en todos los niveles.

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Rodríguez aclaró que su papel se limitó a enviar una nota a la Cámara de Diputados. Además, destacó que la iniciativa fue presentada por la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos. Es importante mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya había instado a eliminar este delito, argumentando que minimiza la gravedad de la violencia sexual contra menores.

Detalles del proyecto de ley

La norma en cuestión se denomina “Incorporación del tipo penal de Violación Incestuosa, Eliminación del Estupro y el Reconocimiento de la falta de Consentimiento como elemento constitutivo del Delito de Violación para garantizar el acceso a la Justicia”. Este proyecto de ley fue aprobado en el Senado el 12 de abril de 2024. En esa ocasión, Andrónico calificó esta norma como “muy importante” en una publicación en su cuenta de X.

El proyecto de ley plantea la eliminación del tipo penal de estupro, lo que significaría que la comisión de ese delito se tipificaría directamente como violación.

Consecuencias de la eliminación

Actualmente, el tipo penal de estupro castiga con 3 a 6 años de cárcel a quienes tengan relaciones sexuales con adolescentes mayores de 14 años y menores de 18. Si se aprueba el proyecto de ley, la sanción por violación contra menores de 18 años ascendería a 20 a 25 años de cárcel, independientemente de que se alegue consentimiento.

La Corte IDH ha establecido que el Estado debe eliminar el tipo penal de estupro de su ordenamiento jurídico, advirtiendo que este delito disminuye la gravedad de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

Dictamen de la Corte IDH

El dictamen de la Corte se encuentra en el Caso Angulo Losada, cuya sentencia fue emitida en 2022. En su fallo, el Tribunal advierte que el delito de estupro se basa en tradiciones y estereotipos de género. Además, no identifica las condiciones de vulnerabilidad de la víctima, encubre relaciones de poder y crea una jerarquía entre delitos sexuales que minimiza, invisibiliza y naturaliza la gravedad de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

La adecuación normativa mencionada implica que el tipo penal de violación protegería los bienes jurídicos que actualmente son tutelados por el tipo penal de estupro.

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El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas ofreció un panorama sobre la situación en este país, que ha enfrentado décadas de conflictos entre las autoridades y diversos grupos armados. Türk destacó el uso extendido de la violencia sexual, con casos que su oficina ha investigado entre junio de 2023 y 2024.

“Grupos armados secuestran, mantienen en cautiverio y someten a esclavitud sexual a mujeres y niñas, que en muchos casos son asesinadas después de ser violadas. Esta es una situación espantosa”, afirmó el alto comisionado. También señaló que el número de casos reales podría ser mucho mayor al reportado.

Violaciones de derechos humanos

Durante el periodo estudiado, un 85 % de las violaciones de derechos humanos ocurrieron en las provincias más afectadas por conflictos armados en el este del país. Allí, los grupos insurgentes son responsables de más del 60 % de los abusos, que incluyen ataques a civiles e infraestructuras no militares, como hospitales y escuelas.

Türk mencionó que este año más de 940,000 personas han tenido que abandonar sus hogares en la RDC debido al conflicto. Esto eleva el total de desplazados internos a 6.4 millones, mientras que 23.4 millones de congoleños enfrentan inseguridad alimentaria, el mayor número en un solo país a nivel mundial.

Acciones de las fuerzas armadas

El jefe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también acusó a las fuerzas armadas congoleñas de cometer violaciones de derechos humanos durante sus operaciones militares contra grupos insurgentes. Además, denunció que los discursos de odio y las incitaciones a la discriminación “alimentan el conflicto y las tensiones políticas”.

Presión internacional necesaria

Türk instó a otros países con influencia en estos conflictos a ejercer presión para poner fin a ellos, incluyendo a Ruanda, que apoya al menos a uno de los grupos armados que operan en el país vecino, el M23.

El alto comisionado también se refirió a la progresiva retirada de la misión de la ONU en la RDC, conocida como MONUSCO. Subrayó que esta retirada debe llevarse a cabo “de forma responsable y puntual, garantizando que la protección de los civiles se mantenga como una prioridad”.

Preocupación por la pena de muerte

Por otro lado, Türk expresó su preocupación por la reanudación de las condenas a muerte en el país, a pesar de que existía una moratoria sobre la pena capital en la RDC. Se han registrado 128 nuevas condenas en este sentido.

“Pido a las autoridades que estas sentencias no sean ejecutadas y que se finalice el proceso legislativo ya en marcha para abolir la pena de muerte”, enfatizó Türk.

Fuente: EFE

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El pasado viernes, el Defensor del Pueblo de Cochabamba, Pedro Callisaya, lideró la “Marcha Blanca” junto a diversas instituciones y miembros de la sociedad civil con el objetivo de sensibilizar sobre el incremento de casos de violencia sexual. Esta movilización busca mostrar solidaridad y apoyo a las víctimas, así como promover la búsqueda de justicia ante las agresiones sexuales.

Importancia de proteger los derechos de niños y adolescentes

La Defensoría de Cochabamba ha resaltado la importancia fundamental de velar y proteger los derechos de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se destaca la necesidad de sensibilizar y difundir en los medios de comunicación las causas, consecuencias y políticas de prevención de la violencia sexual, tal como lo establece la Ley Nº 3773.

Aumento de casos de violencia sexual en Bolivia

Este año, el Ministerio Público ha registrado un total de 24.126 casos de violencia sexual, lo cual representa un incremento de 600 casos en comparación con el año anterior. Ante esta situación, las autoridades instan a la sociedad a romper la cultura del silencio y reconocer a los niños y adolescentes como sujetos de derechos que deben ser protegidos por el Estado, la familia y la comunidad.

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La mayoría de los casos atendidos por las duplas de género de la Defensoría involucran a mujeres que ya han sido víctimas de otras formas de violencia. Además, el 85% de los agresores son parejas o exparejas de las víctimas.

La Defensoría exhorta a tomar medidas para prevenir la violencia de género

Ante esta preocupante situación, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a los entes nacionales, departamentales y locales para emprender acciones articuladas que fortalezcan la respuesta institucional. Entre las medidas sugeridas se encuentran el fortalecimiento de la atención psicosocial, la mejora de la estabilidad económica y la generación de vivienda para las víctimas, con el objetivo de romper los ciclos de violencia.

Las dificultades en la denuncia de violencia sexual

La Defensoría también destaca las dificultades que enfrentan las víctimas de violencia sexual para denunciar, debido a las barreras y la violencia institucional que han tenido que enfrentar durante años. Es necesario eliminar estas barreras y garantizar el acceso a la justicia, la atención de salud y la protección de las víctimas.

Recursos disponibles para las víctimas

La Defensoría del Pueblo ha habilitado la App Contigo, una aplicación móvil donde se pueden reportar casos de vulneración de derechos a mujeres, adolescentes y niñas. Además, en casos de emergencia o para reportar un caso, está disponible en Colombia la línea 155, un número telefónico gratuito y disponible las 24 horas del día, donde personal especializado puede brindar información, orientación psicosocial y jurídica, y dirigir posibles denuncias a la Policía Nacional.

Fuente: EFE

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Según la Oficina de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), en los últimos años ha habido un aumento persistente en los informes de delitos sexuales en el país, especialmente contra mujeres y niñas. Estos actos violentos, a veces utilizados como armas de control, dejan cicatrices físicas y emocionales duraderas tanto en las víctimas como en las comunidades afectadas.

La importancia de tomar medidas coordinadas

Binuh destaca que el 19 de junio es una excelente oportunidad para enfatizar la importancia de tomar medidas coordinadas para brindar apoyo efectivo a las víctimas de violencia sexual. Además, se hace hincapié en la necesidad de establecer estructuras que promuevan un ambiente seguro y protector, donde cada mujer y niña pueda vivir sin temor a ser víctima de violencia sexual.

Vulnerabilidad de niñas y mujeres en Haití

Las niñas y mujeres en Haití son especialmente vulnerables a la violencia perpetrada por pandillas, las cuales el año pasado causaron la muerte o heridas a más de 8.000 personas. Estas pandillas han llegado a controlar hasta un 80% de Puerto Príncipe, la capital de Haití, así como otras zonas del país, según datos de la ONU.

Despliegue de una misión de apoyo

En respuesta a la solicitud de las autoridades haitianas para erradicar la violencia de las bandas armadas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respaldó en octubre de 2023 el envío de una misión de apoyo a la Policía Nacional de Haití. Sin embargo, el despliegue de este contingente, liderado por Kenia, aún no se ha concretado.

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La organización sin fines de lucro Ipas Bolivia ha explicado que esta campaña se enfoca en cinco temas fundamentales: educación sexual integral (ESI), prevención de violencia sexual y de género, derechos sexuales y reproductivos (DSDR), interrupción legal del embarazo (ILE) y despatriarcalización.

Promoviendo la autonomía y empoderamiento de mujeres, jóvenes y niñas

El objetivo de la campaña “¿Qué hora es?” es informar, fomentar la reflexión y desestigmatizar para promover la autonomía y empoderamiento de mujeres, jóvenes y niñas en su salud sexual y reproductiva, según ha agregado Ipas Bolivia.

Conversaciones abiertas y decisiones informadas

Adela Yapu, gerente de programas de Ipas Bolivia, ha destacado la importancia de abrir espacios de diálogo claro con los adolescentes y jóvenes sobre estos temas, con el fin de promover la prevención y la toma de decisiones informadas.

Alarmantes cifras de violencia sexual, matrimonios infantiles y embarazos adolescentes

Según datos del Ministerio Público, el Servicio de Registro Cívico (Sereci) y el Sistema Nacional de Información en Salud – Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE), se registraron 11.450 denuncias de violencia sexual contra mujeres en el año 2023. Además, entre 2015 y 2023 se produjeron 3.652 matrimonios de adolescentes de 15 a 17 años, y en el primer semestre de 2023 se contabilizaron 16.474 embarazos adolescentes, incluyendo 1.042 en menores de 15 años.

“El Diario de Lili”: un espacio para niñas, jóvenes y adolescentes

Como parte de esta campaña, se ha creado un espacio en redes sociales llamado “El Diario de Lili”, dirigido exclusivamente a niñas, jóvenes y adolescentes. En este espacio, las adolescentes pueden hablar, informarse y hacer preguntas sobre educación sexual integral, derechos sexuales y reproductivos, interrupción legal del embarazo, salud sexual y reproductiva, y autocuidado.

Haz clic aquí: https://www.ipasbolivia.org/jovenes

Activaciones en las calles de La Paz para promover la participación de los jóvenes

La estrategia de la campaña también incluye activaciones en las calles de La Paz, donde se llevará a cabo un juego interactivo llamado “El reloj de preguntas”. Esta actividad tiene como objetivo promover la participación de los jóvenes y generar conciencia sobre los temas abordados en la campaña.

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Según Unicef, América Latina y el Caribe son las regiones más violentas del mundo, después de los países en guerra. En Ecuador, se ha registrado un aumento alarmante del 700% en los homicidios contra menores entre 2019 y 2023. Solo el año pasado, se reportaron 770 homicidios de niños y adolescentes, con un incremento significativo en los casos de asesinatos de menores de cero a cuatro años y de adolescentes de 15 a 19 años.

La realidad del reclutamiento de adolescentes por grupos delincuenciales

Una encuesta realizada por U-Report, sistema de recopilación de datos desarrollado por Unicef, reveló que 1.012 de los 22.674 adolescentes encuestados en 2023 afirmaron conocer personas cercanas reclutadas por grupos delincuenciales. Es importante destacar que estos reclutamientos son forzados y constituyen una forma de victimización de los adolescentes.

No criminalizar a las infancias y adolescencias

Unicef hace un llamado a la ciudadanía y al Estado para que no se criminalice a los niños y adolescentes. Aumentar las penas o reducir la imputabilidad penal no es la solución. En su lugar, se defienden modelos de “penas alternativas” que buscan la reinserción de los jóvenes en la sociedad y evitan la reincidencia delictiva.

La importancia de datos desagregados para políticas públicas efectivas

Unicef reconoce la necesidad de recopilar datos desagregados para elaborar políticas públicas más eficientes. Es fundamental comprender en mayor profundidad las violencias que sufren los niños y niñas, especialmente en relación al género. Aunque las niñas son menos víctimas de homicidios, son las principales víctimas de violencia sexual.

Violencia sexual y embarazos adolescentes

En Ecuador, se registra que diariamente seis niñas entre 10 y 14 años dan a luz como resultado de violencia sexual. El 60% de la violencia sexual ocurre en el ámbito íntimo de los hogares y las comunidades. Esta violencia no ocurre de manera aislada, sino que se perpetúa en un círculo de vulnerabilidad que limita el acceso a la educación, servicios sociales y salud.

Un cambio de comportamiento necesario

Es fundamental promover un cambio de comportamiento en relación a la violencia física y psicológica como forma de disciplina en los hogares. La violencia siempre es violencia y no debe ser justificada. Para lograr este cambio, es importante que los padres, madres y educadores cuenten con herramientas de educación positiva.

Fuente EFE.

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La valiente mujer envió señales de auxilio con su celular o una linterna, lo cual alertó a un grupo de personas cercanas que acudieron en su ayuda. Estos valientes pobladores lograron capturar al agresor, quien fue encontrado atado a un poste.

En videos que circulan en las redes sociales, se puede observar al acusado inicialmente tranquilo, pero en otro video aparece ensangrentado y siendo increpado por las personas presentes.

Relato de los hechos

Según testimonios de residentes de San Germán, la mujer se encontraba viajando en un microbús con sus familiares cuando el vehículo sufrió desperfectos. Mientras sus familiares fueron en busca de un electricista, ella decidió quedarse a dormir en el vehículo con sus dos hijas.

Fue en ese momento que cuatro individuos aprovecharon la situación y entraron al microbús para robar dinero y documentos. Uno de ellos regresó con la intención de violar a la mujer, quien se despertó con el pantalón por las rodillas.

La intervención de los pobladores

Afortunadamente, cerca del lugar se encontraba un grupo de pobladores reunidos, quienes notaron los movimientos extraños y los gritos de auxilio de la mujer. Rápidamente se acercaron al microbús y lograron rescatarla.

Acto seguido, los pobladores capturaron al agresor y lo ataron a un poste, donde comenzaron a increparlo y agredirlo. Según testigos, estuvo a punto de ser quemado vivo, ya que le arrojaron un líquido inflamable y tenían un fósforo, pero afortunadamente no lograron encenderlo.

Intervención policial

Finalmente, la Policía llegó al lugar, aprehendió al agresor y proporcionó tres nombres que supuestamente son los cómplices del mismo.

Este incidente en San Germán, Yapacaní, pone de manifiesto la importancia de la solidaridad y la rápida intervención de los pobladores para evitar actos de violencia sexual. Asimismo, resalta la necesidad de una pronta respuesta por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de la comunidad.

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En el Cepat, se brinda atención a niños y adolescentes, y se destaca la importancia de la terapia ocupacional para abordar diversas situaciones. La directora del Sedepos, Mariela Arze, expresa su preocupación por los altos índices de agresión sexual hacia menores en sus hogares, instando a reflexionar y rescatar valores perdidos.

Compromiso en la lucha contra la violencia sexual infantil

Tatiana Herrera, directora de Género Generacional del municipio de Cochabamba, destaca la vulnerabilidad de la niñez y el aumento de estas circunstancias. Sin embargo, resalta que en Cochabamba las autoridades están demostrando su capacidad de reinventarse cada día para abordar este problema.

Capacitación en arteterapia y danzaterapia

La organización Save the Children brindará capacitación en arteterapia y danzaterapia a los servidores públicos de la Gobernación durante nueve sesiones. Claudia Escobar, representante de Save the Children, afirma que la terapia ayuda mucho y que a través de la danza y el arte, los niños y sus familias podrán tener una recuperación más integral y oportuna.

Este trabajo conjunto entre instituciones demuestra un compromiso sólido en la lucha contra la violencia sexual infantil en Cochabamba.

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El miedo y la revictimización dificultan la denuncia de los agresores

El ministro Del Castillo también destacó el gran porcentaje de víctimas que no denuncian a sus agresores por miedo y temor, así como las dificultades que enfrentan aquellas que logran revelar el crimen y sufren revictimización. Además, en algunos casos, el delito prescribió debido al tiempo transcurrido.

Imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores

En septiembre del año pasado, la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de Ley sobre la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores. Los legisladores cuestionaron la participación de un diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el tratado de la norma, ya que tenía una denuncia de acoso sexual. Ante esto, el Ejecutivo ha vuelto a presentar un proyecto normativo que busca declarar la imprescriptibilidad de los delitos de violación a niños, niñas y adolescentes, así como los delitos de infanticidio.

Exhortó a la aprobación de la Ley de Protección Reforzada para Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes

El ministro de Gobierno hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que apruebe la nueva propuesta de Ley de Protección Reforzada para Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley busca retomar el principio de imprescriptibilidad, modificar tipos penales, procedimientos de investigación y sanción de todos los delitos relacionados con la violencia extrema, como el infanticidio y la violencia sexual.

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La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, anunció la medida tras reunirse con su homólogo israelí, Israel Katz. Esta acción se da en medio de tensiones por la reanudación de la financiación a Unrwa, agencia de la ONU para refugiados palestinos.

Reanudación de Financiación a Unrwa

Canadá suspendió su apoyo a Unrwa el 26 de enero, siguiendo a EE.UU., debido a vínculos de empleados con el ataque del 7 de octubre. Tras revisar medidas tomadas por la agencia, Canadá decidió reanudar la financiación.

Evidencias de Violencia Sexual

Una misión de la ONU encontró indicios de violencia sexual en el ataque de Hamás, aunque no entrevistó a víctimas directas. Hamás ha negado las acusaciones de crímenes de violencia sexual y abusos contra mujeres durante los ataques.

Fuente EFE.

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Algunas mujeres que fueron secuestradas por Hamás en el ataque del 7 de octubre y liberadas en noviembre comparecieron hoy ante una comisión parlamentaria sobre víctimas de violencia sexual y de género. Afirmaron que parte de las rehenes en la Franja son tratadas como “muñecas” por sus guardianes.

Testimonios revelan abusos sexuales y torturas

“Los terroristas traen ropa inapropiada, ropa para muñecas, y convierten a las chicas en sus muñecas. Muñecas con una cuerda con la cual pueden hacer lo que quieran, cuando quieran”, aseguró Aviva Siegel, antigua rehén, quien agregó haberlo visto “con sus propios ojos” mientras estuvo cautiva en Gaza bajo manos de las milicias palestinas. A su vez, manifestó estar preocupada porque las mujeres rehenes aún en Gaza están siendo violadas y remarcó que hay chicos cautivos quienes también sufren abusos y son “marionetas con un hilo”, añadió Siegel.

Israel reporta 19 mujeres aún cautivas en la Franja

Según datos proporcionados por Israel, actualmente permanecen cautivas 19 mujeres en la Franja.

Más testimonios de rehenes confirman los abusos

El mes pasado, otra rehén israelí liberada junto a su hija, Chen Goldstein-Almog, dijo en una entrevista al Canal 12 de noticias que conoció a otras cautivas en Gaza “que pasaron por cosas difíciles”. “Fueron violadas, lastimadas; algunas resultaron heridas”, agregó, asegurando también que hubo hombres que sufrieron torturas y abusos.

Nuevo testimonio revela tortura a rehén israelí

Por su parte, en otra comparecencia a comienzos de enero ante la comisión parlamentaria, Aviva Siegel contó haber presenciado cómo otra rehén israelí fue torturada después de que los captores la acusaran de ser una oficial del Ejército israelí. “La torturaron a mi lado y fui testigo de ello”, dijo.

Familias exigen acciones para liberar a los rehenes

Esto ocurre mientras las familias de los rehenes aumentan la presión sobre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el Gobierno para que tomen medidas efectivas para la liberación de los cautivos. Aunque esto suponga un acuerdo con Hamás, el primer ministro instaba en las últimas semanas a lograr la liberación de rehenes mediante presión militar. Sin embargo, sus familiares no consideran esta vía posible ni eficiente.

Negociaciones en curso para alcanzar una tregua

Mientras tanto, continúan las negociaciones mediadas por Egipto y Catar para alcanzar algún tipo de pacto entre Israel y Hamás. Según información publicada ayer por el medio digital israelí Walla, el Gobierno israelí habría presentado una propuesta de tregua de dos meses a Gaza a cambio de la liberación de todos los cautivos y la puesta en libertad de un número considerable de presos palestinos.

Fuente: EFE

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Investigación en curso

El coronel Zegada resaltó que la joven dio a luz a un bebé varón producto de las agresiones sexuales. Actualmente, se está llevando a cabo una investigación para esclarecer los detalles del caso, incluyendo tomar declaraciones a los padres. Además, se enfatizó en la importancia de brindar protección y apoyo psicológico a la víctima en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Necesidad urgente de intervención

Este preocupante caso pone en evidencia la necesidad urgente de abordar la violencia sexual entre adolescentes y destaca la importancia de intervenir tempranamente para prevenir y atender situaciones abusivas dentro del ámbito familiar. Las autoridades están trabajando conjuntamente para garantizar el bienestar de la víctima y llevar adelante una exhaustiva investigación del caso.

/EHCI

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En una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos, la comisión informó que documentó ataques con armas explosivas contra edificios residenciales, un centro médico en funcionamiento, una estación de ferrocarril, un restaurante, tiendas y almacenes comerciales. En todos los casos hubo víctimas civiles y se dañaron o destruyeron instalaciones por completo.

Rusia sigue atacando a civiles protegidos

El presidente del grupo investigador expuso que Rusia sigue atacando a los civiles y lugares protegidos por el derecho humanitario internacional. Según las indagaciones realizadas por los comisionados,Rusia continúa atacando a los civiles y lugares protegidos.

Incertidumbre sobre incidente catastrófico

La comisión reconoció ante el Consejo de Derechos Humanos que no tiene certeza sobre las causas de la voladura de la presa Nova Kakovka en junio pasado. Este incidente provocó una catástrofe ecológica y humana, con miles de desplazamientos forzados y decenas de desaparecidos.

Falta de claridad en traslado de niños

Otra cuestión sobre la cual no se llegó a una conclusión es el alcance del traslado a Rusia de niños ucranianos no acompañados organizado por las autoridades rusas. La comisión señaló que existe falta de claridad y transparencia en relación al número de afectados, las circunstancias y la categoría de los niños trasladados, lo que puede amenazar su retorno a sus familias.

Tortura sistemática por parte de Rusia

Las investigaciones realizadas revelaron un uso generalizado y sistemático de la tortura por parte de las fuerzas armadas rusas, especialmente contra personas acusadas de ser informantes. La brutalidad documentada es tan extrema que en ocasiones causó la muerte. Además, se perpetró violencia sexual contra mujeres en Jersón.

Comisión seguirá investigando

Esta comisión fue creada poco después del inicio de la guerra por parte de Rusia a finales de febrero del año pasado. Hasta ahora, no hubo respuesta alguna al Gobierno ruso. Su segundo mandato anual concluirá el próximo marzo, cuando presentará un informe actualizado al Consejo de Derechos Humanos.

Fuente: EFE

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Además, se registraron 1.714 casos de desaparición forzada y 741 asociados a violencia sexual. El accionar del BCB dejó una huella devastadora en los territorios afectados por su presencia en 15 departamentos y más de 200 municipios, provocando muerte, dolor, violencias basadas en género y ruptura del tejido social.

Departamentos más afectados

Los crímenes fueron cometidos principalmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Putumayo, Quindío, Risaralda, Caldas, Nariño, Caquetá, Meta y Vichada.

Violencia sexual en Putumayo

En cuanto a los casos de violencia sexual reportados, un total de 243 ocurrieron en el departamento sureño de Putumayo. El investigador Alberto Santos detalló que hubo un aumento significativo de este tipo de violencia durante el año 2002 en los territorios donde operaba el BCB.

Liderazgo del alias ‘Macaco’

Carlos Mario Jiménez Naranjo alias “Macaco”, quien ha reconocido su responsabilidad ante la justicia por línea de mando en 162 delitos cometidos entre los años 2000 y 2004 en diferentes departamentos del país. Fue él quien lideró todos los actos violentos perpetrados por este grupo paramilitar.

Cooperación con la fuerza pública

Este informe también destaca la cooperación existente entre el BCB y la fuerza pública, desde la omisión de acciones contra el grupo hasta operaciones conjuntas. Se resalta la coordinación de acciones con el Ejército, las operaciones conjuntas entre paramilitares y las fuerzas armadas legales en contra de la guerrilla, así como la participación de agentes del Estado en asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate.

El informe del CNMH recoge un análisis exhaustivo sobre el accionar del BCB, sus vínculos con la fuerza pública y su proyecto político que implicó cooptar poderes a nivel local, regional y nacional.

Fuente: EFE

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La necesidad urgente de abordar el problema

Estas cifras alarmantes ponen en evidencia la necesidad urgente de abordar este problema. Entre los datos proporcionados por Llanos, destaca un indicador esperanzador: “12 de estos casos lograron interrumpir el embarazo” gracias a la Ley de Interrupción del Embarazo (ILE). Esta legislación se convierte en un pilar fundamental para proteger a las víctimas en situaciones extremas como esta.

Violaciones sexuales que involucran a menores

La crudeza de la situación se agrava al conocer que “59 de los casos de violación sexual involucran a menores de edad”. Estos jóvenes han experimentado una violación tanto física como emocional dentro de su propio entorno, muchas veces perpetrada por familiares o personas cercanas.

Abordando el problema desde diversas perspectivas

Esta tendencia resalta la imperiosa necesidad de abordar este problema desde diversas perspectivas, tanto legales como sociales. Marisol Llanos hizo hincapié en la falta de conocimiento sobre la Ley ILE en casos específicos dentro dela comunidad.

Promoviendo una comprensión completa sobre la ley

“Muchas familias y mujeres desconocen esta legislación, lo que retrasa la presentación de denuncias y la oportunidad para interrumpir el embarazo”, señaló Llanos. Esto subraya la urgente necesidad educativa y concienciadora para promover una comprensión completa sobre esta parte crucial de la ley.

Protocolo para interrupción legal del embarazo en casos de violación sexual

En respuesta a esto, Martha Noya, presidenta de la Red de Lucha Contra la Violencia, proporcionó una guía clara para aquellos que puedan enfrentar esta difícil situación:

Los cuatro pasos para la interrupción legal del embarazo en casos de violación sexual son los siguientes:

1. Presentar una denuncia en la Fiscalía por delitos sexuales.

2. Acudir a un centro de salud con dicha denuncia.

3. Obtener el consentimiento informado de la víctima (en el caso de menores de edad, se requiere el consentimiento de un familiar adulto).

4. Proceder con la interrupción del embarazo.

Este protocolo, delineado por Noya, busca brindar orientación y claridad a las víctimas de violación sexual que enfrentan esta angustiante y compleja situación.

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Mediante un comunicado, recordaron que la eficacia de las normativas depende de su implementación y la voluntad política. Por ello, lamentaron que no se hayan mostrado buenos resultados pese a herramientas como el Programa Integral de Lucha Contra la Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes, que funcionó desde 2015 hasta 2020.

Preocupación por falta de iniciativas y registro nacional

“Es preocupante que actualmente Bolivia no tenga una iniciativa similar y que la entidad encargada no haya diseñado un nuevo programa para abordar la violencia sexual. La falta de un registro nacional de condenados por delitos sexuales contra esta población, a cargo del Ministerio de Gobierno, empeora la situación”, estipularon.

Aumento alarmante en denuncias por violación e estupro

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público, ha habido un incremento en las denuncias por violación a infantes, niños o adolescentes y estupro: en 2021 se reportaron 2.091 casos y 1.552 casos respectivamente; en 2022 fueron 2.837 casos y 1.729 casos; durante el primer semestre de 2023 se registraron 1.212 casos y 850 casos.

Acciones de la Defensoría para combatir la violencia sexual

Además, las oficinas del Sistema del Servicio al Pueblo recibieron 270 denuncias (en el año 2021), 297 denuncias (en el año 2022) y 126 denuncias (hasta julio de 2023). La Defensoría informó que realizó una rigurosa revisión de estos casos y llevó a cabo acciones como reuniones con instituciones estatales y con la sociedad civil, con el fin de instar al Estado a fortalecer los servicios de protección, implementar programas de capacitación dirigidos a profesionales de diversas disciplinas, adaptar políticas y realizar un seguimiento riguroso de sus programas estatales para garantizar la lucha contra la violencia sexual.

Programa ‘Defensor y defensora estudiantil’ en marcha

Actualmente se está ejecutando el programa “Defensor y defensora estudiantil”, mediante el cual los representantes estudiantiles dan a conocer las denuncias sobre flagelos en sus unidades educativas; posteriormente, la Defensoría interviene para brindar acompañamiento en cada caso.

Compromiso por proteger derechos e impulsar acciones preventivas

Finalmente, la entidad defensorial reafirmó su compromiso de proteger los derechos de la niñez y adolescencia, además de impulsar acciones para defender a las víctimas de violencia sexual, mediante un enfoque preventivo, el debido cumplimiento del proceso y la reparación de daños.

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Desde principios del 2023 se registraron 1.605 casos de violencia sexual y se iniciaron 147 procesos por feminicidio. Por esta razón, el senador instó al Presidente del Estado, Luis Arce, a convocar a una reunión urgente con los nueve gobernadores del país, alcaldes municipales y autoridades campesinas para establecer un plan integral contra la violencia sexual y los feminicidios.

“Ya lo hicieron para enfrentar la ola del covid, ahora nos enfrentamos a la ola de violencia. Queremos verlos trabajar; queremos más presupuesto para desarrollar programas preventivos, y esto es algo que pueden hacer inmediatamente”

Senador de Creemos, Erick Morón

En este sentido, explicó que su proyecto no solo contempla la castración química para violadores, sino también aborda el estupro, parricidio, feminicidio y acumulación de penas. Este será revisado con la participación ciudadana y las víctimas involucradas en estos delitos.

La socialización de esta propuesta se llevará a cabo durante los próximos 15 días en varias ciudades y se habilitarán líneas para recibir sugerencias o modificaciones en su contenido. Posteriormente, será presentada ante la Cámara de Senadores.

“Es el momento oportuno para solicitar apoyo y exigir el tratamiento de un proyecto de ley que combata la violencia sexual contra menores y los asesinatos de mujeres”, concluyó el legislador.

/LPT

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El comandante departamental de la Policía, coronel Edson Claure, informó que Grech no tenía una alerta migratoria en su contra y pudo salir sin dificultades por el punto fronterizo de Bermejo.

Investigación en curso

La Fiscalía emitirá los requerimientos fiscales a medida que avance la investigación y se recurrirá a Interpol si es necesario.

En septiembre de 2022, Garvin Grech fue alejado del cargo en Tarija por una denuncia de acoso sexual. A pesar de que las autoridades eclesiásticas afirmaron que estaba en Europa, un reporte de Bolivia TV indicó que regresó a Tarija el 16 de enero de 2023.

Detención preventiva

Por otro lado, la noche del jueves 18 de mayo, la justicia determinó la detención preventiva por tres meses del primer párroco acusado por supuesto abuso sexual en la iglesia San Roque de Tarija, Milton M.O.

Vigilia frente a dependencias policiales

Su audiencia virtual duró más de cinco horas y el sacerdote permanece bajo custodia policial mientras se desarrolla el proceso judicial. Un grupo de personas instaló una vigilia frente a las dependencias policiales donde se encuentra detenido.

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El viernes reciente, se conoció una denuncia por violación de una mujer contra el gobernador paceño. El mismo día, mediante un video, el Gobernador salió a desmentir los hechos.

Según el informe, la denunciante es de una exfuncionaria de la Gobernación de La Paz y el gobernador era su expareja; el cual, en estado etílico agredió física y sexualmente a la denunciante.

Mediante una conferencia de prensa, en horas recientes el titular paceño volvió a negar que la exfuncionaria fuese su concubina, pues aseguró que tenía pareja y una familia.

Atribuyó de extorsión a la denunciante, pues la misma habría intentado negociar 300 mil bolivianos y cuatro ítems de trabajo a cambio de no hacer pública la denuncia.

“Nosotros ya estábamos conscientes que iba a pasar. La señorita llamaba para poder volver a trabajar, (…) antes de la denuncia a mi persona ha querido chantajear”, manifestó Quispe a LA PATRIA.

Asimismo, la autoridad presentó como evidencia un audio.

“Se están haciendo la burla (…) ahora se atienen a las consecuencias (…) a mí no me interesa nada (…) a las nueve quiero ver (el monto) completo”, se escucha la voz de una mujer el en audio que presentó el titular.

Además, señaló que presuntamente la denuncia sea planeada por ciertos asambleístas.

/WBMC

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La víctima tenía 16 años cuando ocurrió el delito de violencia sexual, incluidos abusos sexuales y violación, cometidos por su primo de 26 años de edad, esto en 2001. Por lo que, durante dos décadas, la víctima tuvo que relatar en diversas oportunidades lo ocurrido, además de someterse a dos exámenes ginecológicos forenses.

Según estos antecedentes, la Corte Interamericana determinó que la víctima sufrió actos de violencia institucional de índole sexual, por ello declaró a Bolivia internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, la vida privada y familiar, los derechos de la niñez, la igualdad ante la ley y la protección judicial.

La instancia internacional, determinó medidas de reparación por este caso, entre las cuales están.

Que el Estado mantenga abierto el proceso penal, seguido contra el imputado por este caso e impulse la investigación del caso si hubiere cualquier cambio de circunstancia que lo permita.

Que adopte todas las medidas necesarias para determinar las eventuales responsabilidades de los y las funcionarias que contribuyeron con su actuación a la comisión de actos de revictimización y eventuales irregularidades procesales.

Que realice las publicaciones de la Sentencia y del resumen oficial, tal como indicadas.

Que realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

Que adecúe su ordenamiento jurídico interno de tal manera que la falta de consentimiento sea central y constitutiva del delito de violación.

Que adecúe sus protocolos o adopte protocolos nuevos, implemente, supervise y fiscalice un protocolo de investigación y actuación durante el proceso penal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, un protocolo sobre abordaje integral y evaluación médico legal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y un protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Que implemente una campaña de concientización y sensibilización, dirigida a la población de Bolivia en general, orientada a enfrentar los esquemas socioculturales que normalizan o trivializan el incesto.

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La publicación se presentó en la ciudad de La Paz con el título “Matrimonios y Uniones Infantiles Tempranos y Forzados en Bolivia”.

En el evento estuvo presente la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, quien al concluir aseveró que existe una “grave afectación” a la integridad y dignidad de las mujeres.

“Lastimosamente son obligadas a uniones o a matrimonios infantiles”, subrayó.

Causales de los índices de matrimonios a temprana edad

Cruz reveló que los datos del estudio estarían ligados a la tasa de embarazos a adolescentes que hay en el país, la cual es elevada, por lo que expresó su preocupación ante la situación, temiendo que los matrimonios estarían encubriendo hechos de violencia sexual, sometimiento o de marginación de las jóvenes en poblaciones y áreas rurales que ven el matrimonio como un escape de su realidad.

Resaltó que contrario a lo esperado, estos matrimonios derivan en pobreza, marginación, la desigualdad y el sometimiento de las mujeres respecto de los hombres; además en estos casos con una mayor vulnerabilidad debido a que se trata de niñas y adolescentes.

“Ven, entre comillas, una salida en un matrimonio forzado la posibilidad de encontrar mejores condiciones”, sostuvo.

En el estudio también se mencionan que, entre los motivos para los matrimonios y uniones forzadas de niñas y adolescente, están factores socioculturales como el embarazo adolescente o unión libre, el embarazo infantil, la maternidad en solitario, las violaciones sexuales, el tema cultural y la busca de mejores condiciones para la mujer y la familia, reportó la red Erbol.

“En muchas partes de la región las familias ven como una oportunidad en el matrimonio forzado o en la unión de sus hijas la posibilidad de contar con mejores condiciones económicas tanto para la propia menor como para el entorno familiar”, indicó Cruz.

Violencia sexual

Sobre los casos de violencia sexual, manifestó que se reportan casos de niñas, adolescentes y mujeres en general que se ven forzadas en muchos casos por un dogma cultural, un dogma religioso y social para que estás puedan casarse o pueden unirse a sus agresores.

Sostuvo que la situación deriva en una afectación a los menores de edad, debido a que la determinación no es parte de su voluntad, sino de sus tutores.

De acuerdo con los datos, es en el oriente donde se registran más de estos casos.

/JDLF/

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“Se ha informado al Fiscal General de esta situación, hemos presentado hoy el correspondiente informe a efectos que se pueda sancionar a esta persona; es decir, a la funcionaria del Ministerio Público. Sin duda, vamos a actuar de manera inmediata y drásticamente como hemos actuado en los demás casos en los que los fiscales han incumplido algunos plazos o han incumplido el deber de diligenciamiento en estos casos”, sostuvo el fiscal departamental.
 
El primer sospechoso fue aprehendido junto a otras tres personas que serán investigadas.

/NVY

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“Es una niña de 13 años que fue cautiva por una red muy grande de trata y tráfico y ella ha sido prostituida y violada en esta red. La niña, después de un año, logra escapar de esta red de trata y se viene con toda la familia a la ciudad de Cochabamba (…). Ellos vivían en la ciudad de La Paz, ella ayudaba a su mamá vendiendo chicles. Es ahí donde esta red la capta y la secuestra y a la familia la tenía bajo amenaza de muerte”, aseguró el director nacional de Derechos Humanos, Hugo René Iriarte.

La familia habría llegado el 1 de abril a Cochabamba en busca de atención, pero tras no recibir respuestas por más de un mes en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Municipal de Cochabamba, en la División contra la Trata y Tráfico, dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, y en el Ministerio Público, recién ayer fue escuchada por la Defensoría del Pueblo.

Al respecto la delegada defensorial de Cochabamba, Marioly Álvarez, explicó que la menor fue víctima de violencia sexual comercial en la ciudad de El Alto, del departamento de La Paz, y tuvo que huir junto a su familia a Cochabamba porque sus vidas estaban corriendo peligro.

“Lamento la inacción de algunos servidores públicos, y que las víctimas de este tipo de delitos, tengan que sufrir las consecuencias con una mayor afectación a sus derechos”, manifestó la autoridad defensorial y anunció que iniciará una investigación formal para identificar responsables por la vulneración de derechos de la adolescente.

Por el momento la menor fue conducida a un centro de salud para una evaluación médica y se determinó, mediante una junta de profesionales, procedente la solicitud de interrupción legal del embarazo.

Asimismo el comandante departamental de la Policía en Cochabamba, coronel Rubén Darío Lobatón, informó que ya emitió un reporte a sus camaradas de La Paz para dar con la red de trata y tráfico de menores.

/ABH

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Argumentó que uno de los recientes casos denunciados en el país, ocurrió en territorio menonita.

“Lo sucedido en la comunidad menonita de Santa Cruz grafica que los casos de violencia sexual en el país son dramáticos; son 26 denuncias por día que se registran en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), sin contar a las víctimas que se quedan en silencio y no se animan a denunciar a su agresor”, explicó al canal estatal Bolivia TV.

Al igual que muchos otros espacios de la sociedad, García explicó que la comunidad menonita es absolutamente machista, ese es uno de los principales factores por lo que las víctimas deciden callar las vejaciones que sufren y no denunciar a sus agresores.

También lamentó la deficiencia en el sistema de justicia, que parece no cambiar ante las alarmante cifras no solo de violencia sexual, sino de muchas otras problemáticas que aquejan a las mujeres en el país.

“Los índices de feminicidios, de violencia sexual, de embarazo adolescente son alarmantes, pero pareciera que no pasa nada. Tenemos que mirar profundamente cuál es la situación actual del acceso a la justicia. Recordemos que, anteriormente, un menonita tuvo una sentencia ejecutoriada con culpabilidad, estuvo ocho años preso y luego es liberado (…) esto suma más víctimas ante un silencio total de las autoridades”, expresó.

García explicó que se necesita fortalecer los servicios de ayuda integral a las víctimas, en todos los departamentos del país y sus municipios; también mencionó que es necesario que los agresores sean sancionados con sentencias reales, y la necesidad de trabajar con las víctimas para reparar los daños, según la Agencia Boliviana de Información.

La encargada de la Casa de la Mujer Bolivia también se refirió a la importancia del trabajo preventivo; y recalcó la importancia de desnaturalizar la violencia en todas sus formas.

“Necesitamos trabajar en prevención y para eso necesitamos tener recursos económicos y dejar de naturalizar la violencia. Sin recursos no se puede hacer nada y encima tenemos una gran cantidad de casos”, dijo.

/ LMPT

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“Han sido 20 años de horrores, dolor e incontables lágrimas. Estoy aquí porque fui devastada por la violencia sexual, pero fui destruida aún más fuerte por las acciones del Gobierno”, expresó De Angulo Losada.

De Angulo Losada alegó que el Ministerio Público no llevó a cabo una investigación, responsable en cumplimiento a lo establecido en la norma en este caso de violencia, no se realizó debidamente el proceso penal con base en la prueba disponible y habría sido víctima de discriminación por razón de género y edad.

”Estoy aquí porque quiero que esta Corte siente estándares legales y de diligencia debida en la región, para confrontar la cultura de impunidad y actuar de forma proactiva en la prevención, curación y justicia. Represento a miles de niños que están sufriendo, que nunca conocerán sus nombres o verán sus caras. No estoy pidiendo que se castigue a Bolivia, no estoy buscando que se avergüence a Bolivia, ni siquiera estoy pidiendo dinero para mí. No quiero un centavo de Bolivia, estoy pidiendo un cambio para asegurar que los niños sean protegidos de la violencia sexual, y que tengan acceso a la curación y justicia“, sostuvo la mañana de hoy la litigante en la audiencia pública de la CIDH.

De Angulo Losada añadió que, durante el trámite del proceso penal, fue sometida a exámenes físicos innecesarios, un examen forense abusivo y vejatorio de su intimidad, practicado por profesionales de salud sin experiencia ni capacitación en la atención de víctimas menores de edad.

La defensa del Gobierno, representada por la Procuraduría General del Estado, aseguró en la audiencia que no pone en duda la existencia de la agresión sexual; sin embargo, la denunciante refutó esa aseveración con los documentos que presentó el Estado boliviano a la Corte donde se cuestionaba la existencia de la agresión sexual y se insinuaba que ella era “una persona de vida libre”.

Brisa fue violada y torturada repetidamente por un familiar adulto en el año 2002 en Cochabamba. “Cuando buscó justicia y el apoyo del Estado, el sistema judicial no sólo le falló, sino que también violó sus derechos humanos de acceso a la justicia y una reparación integral, cimentando la cultura de la impunidad”, dice parte de un comunicado de la Fundación Una Brisa de Esperanza, fundada por la joven.

La Corte levantó la sesión declarando un receso en la audiencia y fijó su reinstalación para mañana a las 10:00 horas.

/HNF/

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En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Bolivia alertó sobre al menos cinco amenazas contra la vida, la salud y el desarrollo de las niñas y adolescentes bolivianas: La violencia sexual, los embarazos en niñas y adolescentes, la maternidad temprana y forzada, los matrimonios y uniones forzadas, y la violencia digital.

Unfpa considera que es urgente que las sociedades avancen en la igualdad de género en la actualidad para garantizar un futuro sostenible, que los estados reconozcan la importancia de la participación y aporte de las mujeres, de todas las edades, más aún en situaciones de crisis como la pandemia por la Covid–19; o la adaptación, mitigación y respuesta ante el cambio climático.

Sin embargo, es impensable avanzar hacia la igualdad de género si se pone en riesgo la vida, la salud y el bienestar de las niñas y adolescentes, de las mujeres más jóvenes en el país. Por ello, el Fondo de Población de las Naciones Unidas hace un llamado para no escatimar esfuerzos en la eliminación de estas cinco amenazas que fueron identificadas como las de mayor riesgo.

Las cinco amenazas

La violencia sexual contra niñas y adolescentes es una de las violaciones de derechos humanos más recurrente. En 2021, la Fiscalía registró 2.007 casos de violación de infante, niño, niña o adolescente; es decir, 167 por mes, cinco por día. La pandemia por Covid-19 ha demostrado que las niñas y adolescentes corren riesgo en sus propios hogares, porque los perpetradores son familiares o personas cercanas al entorno familiar.

Otro dato escabroso. En la gestión 2021 se registraron en el país más de 38 mil embarazos en niñas y adolescentes, lo que equivale a un promedio de 105 por día. En menores de 15, hubo 2.329 gestaciones, un promedio de 6 por día, la mayoría de estos casos fue por violencia sexual. Un embarazo a tan temprana edad pone en riesgo la vida y la salud de la niña, con consecuencias que afectan su desarrollo a lo largo de su vida.

Ninguna niña debería ser madre. Se debe garantizar el derecho de las pequeñas y adolescentes a un desarrollo pleno, con información y sistemas de protección eficaces, con servicios municipales que cuenten con el personal y los recursos necesarios para la atención con oportunidad, calidad y calidez; incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva.  

Ninguna niña debería ser esposa. Investigaciones realizadas por UNFPA dan cuenta que muchas menores ven interrumpida su infancia por una unión forzada, generalmente con una pareja adulta; en lugar de estudiar, construir proyectos de vida, soñar en un futuro mejor para ellas. No hay nada más dramático para un país que niñas y adolescentes no tengan la posibilidad de desarrollar todo su potencial.

La violencia ejercida contra niñas y adolescentes en Internet es invisible, pero real, porque son acosadas sistemáticamente en las redes sociales y otras plataformas, son atrapadas en redes de trata y tráfico para delitos relacionados con la pornografía o la difusión no consentida de fotos y videos, cuyas consecuencias son devastadoras para ellas. En Bolivia no hay leyes que sancionen de manera específica este tipo de violencia y no hay estadísticas oficiales que la registren.

Recomendaciones necesarias

UNFPA hace un llamado a la sociedad y al Estado para desnaturalizar estas formas de violencia y prácticas nocivas contra niñas y adolescentes, involucrando en los procesos de prevención a los hombres, impulsando la construcción de nuevas masculinidades positivas, no machistas, no violentas.

La educación integral de la sexualidad, dentro y fuera de la escuela, es una de las herramientas más eficaces para la prevención. Una formación en valores de convivencia, de respeto, de autocuidado, por ejemplo, son fundamentales en la casa, en el colegio, en el ámbito público y privado.

El acceso a una justicia real y pronta es otro de los aspectos urgentes que el país demanda. Pero, es importante que esa reforma considere una perspectiva de género para que los casos de violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres sean sancionados adecuadamente; sin revictimización, ni prejuicios o estereotipos de género en la valoración de los casos.

En este tiempo en que los gobiernos municipales han visto reducidos sus presupuestos, se debe garantizar que los servicios de protección, como las defensorías de la niñez y adolescencia, funcionen con personal adecuado y suficiente.

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Las adolescentes eran llevadas después a la ciudad de Cochabamba y La Paz, el destino final era Mapiri, donde eran víctimas de violencia sexual comercial. Hay diez personas aprehendidas por este caso.

Las señoritas de 16 y 17 años fueron convencidas para dejar la capital cruceña con la promesa de un trabajo de modelaje que les fue ofrecido a través de una agencia de viajes. De esta manera es como salieron de sus hogares el 18 de noviembre.

Con el pasar de los días las menores se dieron cuenta que el trabajo que les habían ofrecido no era el que iban a desempeñar y fue por ello que se dieron modos para pedir ayuda a la Policía, según reporte de Unitel.

Hasta este jueves las menores continuaban en La Paz, estaban en un albergue. Sus familiares ya habían llegado desde Santa Cruz y sostuvieron contacto.

“Ellas buscaban ayudar a su familia porque son de bajos recursos”, explicó el responsable de la Defensoría de la Niñez, Harry Suaznabar.

Las víctimas fueron trasladadas hasta el municipio de Cercado, en Cochabamba, y luego emprendieron el viaje hasta La Paz. En la sede de Gobierno, la Policía advirtió que las llevaron de la zona de Miraflores a San Pedro para nuevamente sacarlas hasta la ciudad de El Alto.

Ministro de Gobierno

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo indicó que en La Paz las adolescentes eran trasladadas en una ambulancia de un municipio a otro.

“En esta ocasión, pudimos rescatar a las víctimas (…). No debemos caer en estos anuncios engañosos por más llamativos que sean. Así también, como padres, debemos hablar con nuestros hijos sobre este tipo de hechos”, recomendó la autoridad.

La trata y tráfico de personas son delitos penados por ley y es otra forma de violencia, indicó el Ministro de Gobierno.

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Las medidas fueron anunciadas este miércoles por la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, debido a que no se realizó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la menor.

“La Defensoría del Pueblo, en el marco de su compromiso institucional con la niñez y adolescencia, y en especial con las víctimas de violencia sexual, y considerando la ausencia de instancias de protección estatal en el caso de la menor de 11 años de edad, ha definido realizar tres acciones legales”, anunció en conferencia de prensa.

Las acciones que se están presentando y que tienen la finalidad de salvaguardar la vida, dignidad e integridad de la menor de 11 años de edad son: una acción de libertad y una solicitud de medidas cautelares.

“Estamos presentando una acción de libertad en contra de las defensorías de la niñez y adolescencia, del Hospital Percy Boland, así como contra el Arzobispado que ha intervenido, para que la instancia competente, es decir, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní, reencamine el procedimiento de Interrupción Legal del Embarazo, sin viciar el consentimiento de la menor ni por parte de sus familiares ni de cualquier instancia, grupo o sector religioso”, detalló la autoridad defensorial.

“Estamos solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se apliquen medidas cuatelares en contra del Estado boliviano, tomando en cuenta que la niña de 11 años de edad en situación de embarazo ya constituye un hecho grave, de acuerdo con lo que reconoce el mismo sistema interamericano”, expresó.

Y añadió que la suspensión de la Interrupción Legal del Embarazo está generando una afectación que puede ser irreparable a la vida, salud, integridad de la menor.

La autoridad defensorial señaló que se entregó los informes correspondientes al monitoreo que realiza la Relatora País y a la Secretaría Ejecutiva de dicha comisión.

Además, anunció la presentación de una denuncia penal para que no queden en la impunidad y no se repitan nunca más estos hechos, a fin de salvaguardar a las niñas, adolescentes y mujeres de Bolivia.

“Estamos presentando una denuncia penal en contra de las defensorías de la niñez y adolescencia de Yapacaní y Santa Cruz, del personal médico y de enfermería del Hospital Percy Boland, la ONG y el Arzobispado de Santa Cruz que ha intervenido, y también en contra de la madre, por los delitos, en lo que corresponda, de incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones constitucionales y trata de personas”, señaló Cruz.

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Asimismo, la autoridad de Gobierno demostró su desacuerdo con la Iglesia Católica e indicó que el caso será llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya que se trata de una “grave vulneración a los derechos humanos”.

“No se puede hablar de amor cuando a esta niña la han vejado sexualmente por un familiar cercano y ahora quieren darle una connotación de amor y protección, no corresponde. Estos casos a nivel mundial son conocidos como casos de tortura, las niñas no pueden ser madres”, remarcó.

Cruz hizo conocer su declaración luego de conocer que los familiares de la niña de 11 años, decidieron continuar con el embarazo, después de recibir asesoría y promesas de ayuda de la Iglesia Católica y grupos Provida.

Asimismo, reprochó que se haya decidido interrumpir el proceso de aborto de la víctima y lamentó que el centro de salud permitiera el ingreso de grupos religiosos que ejercieron presión sobre la familia.

“Lastimosamente tenemos información de que en el centro de salud ha sido permisible para que grupos de iglesias generen una suerte de presión en ella y en relación a la familia, lo que ha generado una afectación. El proceso de interrupción ya había iniciado con medicamentos (…). Es un caso que vamos llevar al sistema interamericano porque es un caso flagrante de violación de derechos humanos”, aseveró.

Del mismo modo, indicó que denunciarán el incumplimiento de funciones por parte del personal de la Defensoría de la Niñez y del personal de salud del municipio con relación al manejo de la información y al procedimiento de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en caso de violación.

“Denunciamos la desprotección y vulneración de los derechos de las víctimas de violencia sexual y de acceso a la ILE, y el incumplimiento a la Sentencia Constitucional 206/2014. Exigimos a las autoridades realizar las investigaciones de los casos de violación a menores de edad, a tomar acción frente a los hechos de revictimización, vulneración de derechos de las víctimas, así como de las sanciones respectivas por desprotección e incumplimiento de deberes del personal a cargo, en sus diferentes instancias”, indicó.

Recalcó que las niñas y adolescentes que pasen por este tipo de situaciones deben tener garantizada la posibilidad de tomar la decisión de manera oportuna e informada en un marco legal y seguro, para salvaguardar su salud, integridad física e incluso su vida.

Asimismo, indicó que el negar el acceso al aborto legal y seguro o de atención posaborto podría causar un prolongado y excesivo sufrimiento físico y psicológico, especialmente en casos de incesto o violación.

OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el riesgo de morir por causas relacionadas al embarazo, parto y posparto se duplica en niñas menores de 15 años de edad.

Las niñas o adolescentes corren mayores riesgos de padecer mortalidad y morbilidad materna, asimismo, aumenta el riesgo de aborto espontáneo, obstrucción del parto, hemorragia posparto, hipertensión relacionada con el embarazo y afecciones debilitantes durante toda la vida, como la fístula obstétrica.

Iglesia católica

En días precedentes, el arzobispado de Santa Cruz se pronunció respecto al tema, indicando que condena el delito de la violación que sufrió la niña.

“La Iglesia Católica en Santa Cruz expresa su más firme repudio por la brutal violación a una niña de 11 años de edad, acaecida en Yapacaní, y expresa su dolor, cercanía y solidaridad a la niña, a su madre y personas que la aman (…) Instamos a las autoridades correspondientes para que no quede impune tan grave y detestable delito”.

Sin embargo, declaró su rechazo a la realización del aborto, señalando que la solución pasa por salvar ambas vidas.

“La única solución es salvar, cuidar y apoyar con amor de las dos vidas, para lo que ofreció apoyo y acogida en el Centro de Madres Adolescentes, Madre María. asegurando el apoyo material, médico, psicológico y espiritual para la maternidad y el tiempo post-maternidad”, menciona el pronunciamiento.

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El jefe policial de la Felcv, coronel Jhonny Vega, informó que la denuncia fue realizada por la madre de la víctima y ahora la adolescente tiene siete meses de gestación a consecuencia de las agresiones.

Según indagó la Policía, la joven víctima sufría violencia sexual por su padrastro desde que tenía siete años. Callaba porque era amenazada por el sujeto.

Por su parte, el agresor admitió la culpa de haber agredido sexualmente a su hijastra, indicó el coronel Vega.

De acuerdo con las indagaciones de los agentes policiales, la madre se dedicaba al comercio, aprovechando el sujeto el momento de su ausencia para cometer el delito.

La autoridad policial señaló que también se investigará si la madre tenía conocimiento previo de las agresiones, pese a que su hija ya tiene siete meses de embarazo.

/GFS/

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El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Cochabamba, Richard Vargas señaló que la madre de la víctima formalizó la denuncia contra su esposo al promediar las 14:30 del 24 de agosto.

Dos horas y media después de la denuncia, personal de inteligencia y efectivos de la Felcv capturaron al sujeto en inmediaciones de la avenida Santa Cruz y Blanco Galindo, reportó

La madre obligó a la menor “romper el silencio”

Según las investigaciones, la hermana menor de la familia comentó a su madre que notó una actitud y comportamiento inapropiado de su padre hacia su hermana mayor, la noche del 23 de agosto. Le relató los pormenores de lo que había visto, “por casualidad”, los cuales apuntaban a un hecho de violencia sexual.

Más tarde, la madre habló con su hija mayor, le pidió que confiara en ella y le hizo conocer que la apoyaría.

La menor “rompió el silencio” después de cinco años y le dijo que fue víctima de violación por su padre desde que tenía seis. El agresor aprovechaba cuando su esposa y sus otros dos hijos, una niña de diez y un bebé de dos meses, salían y los dejaban “a solas”.

Un médico certificó que la niña tiene signos de violación de data antigua. El denunciado fue aprehendido y aguarda su audiencia de medidas cautelares donde un juez definirá su situación jurídica.

Violencia sexual en Cochabamba

Entre el 1 de enero y el 23 de agosto de este año, en Cochabamba se registraron 174 casos de violencia sexual contra de menores de edad, según datos del Ministerio Público.

Los agresores, en su mayoría, son cercanos a las víctimas; tíos, primos, padrastros, padres u otros parientes.

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El lunes en medio de las actividades contempladas en honor al 9 de agosto, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), la Alianza “Creciendo Alegres”, la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Psicólogos de Oruro, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro (STPO) y la Asociación de Periodistas y Productores Independientes Oruro (APPI), firmaron la suscribieron la carta de buenas intenciones.

La actividad fue organizada en su plenitud por la Alianza “Creciendo Alegres”.

Alcalde

Antes de la firma, el alcalde Adhemar Wilcarani, destacó que el Municipio debe desarrollar políticas de prevención y atención integrales dentro de la violencia sexual, niños y niñas, para que tengan acceso a la protección, asistencia y justicia.

Además, el burgomaestre no pasó por alto los estudios que arrojan que Bolivia es el segundo país de América Latina con los índices más altos de violencia sexual, aspecto que a su criterio debe cambiar trabajando para reducir estos casos y promover conciencia, sensibilización en la sociedad.

A su turno, el Delegado Defensorial de Oruro, José León, ratificó el compromiso para fortalecer todas las estrategias preventivas y la lucha contra las agresiones sexuales contra estos grupos vulnerables y su entorno familiar.

Por su parte, el secretario ejecutivo del STPO, Juan Carlos Yapari, ponderó que los espacios de solidaridad permiten ver esa cruda realidad de los datos alarmantes que llaman a reflexionar en la forma en la que se encara este problema en la sociedad.

En ese entendido, reafirmó el compromiso de los miembros de la prensa de preservar la vida, para hacer respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de la población en general.

“Este espacio nos permite hacer un compromiso institucional, pero por sobre todo como personas, para defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, indicó Yapari.

Tras la firma de la carta, varias instituciones participaron de la “Caravana de Lucha contra la Violencia Sexual”, donde se reafirmó el compromiso de lucha para prevenir la violencia sexual contra este sector.

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La “Caravana de Lucha contra la Violencia Sexual”, tuvo la participación de la Dirección de Igual de Oportunidades (DIO), la Defensoría de la Niñez, Visión Mundial, Aldeas Infantiles, el Comité Municipal de la Niñez y Adolescencia de Oruro, entre otras, recorrió las distintas calles de la ciudad promoviendo mensajes sensibilización y prevención a hechos de violencia.

DIO

El responsable de la DIO, Luis Martínez, resaltó durante la caravana el rol que desempeñan las organizaciones sociales, instituciones y los medios de comunicación, mediante la elaboración de programas, políticas y mensajes de sensibilización que coadyuven en las tareas de prevención y denuncia ante cualquier acto violencia contra niñas, niños y adolescentes.

“No vamos a esperar que lleguen las denuncias las oficinas, vamos a salir a las calles a manifestarnos y hacer conocer nuestra protesta en contra de la violencia sexual a niños, niñas adolescentes, esperemos que nos coadyuven a sensibilizar y a prevenir la violencia no esperar que un niño sufra algún tipo de agresión sexual”, manifestó.

El coordinador de la Alianza Creciendo Alegres, Adolfo del Carpio, pidió a la población adquirir más sensibilidad y mando el mensaje a cada uno de “ponernos en los zapatos de las víctimas”, para de esta manera entender la situación que atraviesan.

“Este mensaje va para quienes están en instancia que reciben los casos de violencia a la niñez, debemos trabajar por los niños, promover acciones conjuntas que promuevan este tipo de trabajo en unidad”, indicó.

Carta

Previamente a la caravana, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), junto a otras instituciones realizó la firma de la carta de buenas intenciones con el lema “Cero Tolerancia al Abuso Infantil”, comprometiéndose a asumir acciones para frenar los casos de agresión sexual en niñas, niños y adolescentes.

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El 9 de agosto en conmemoración al “Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes”, mediante un pronunciamiento público, los representantes de ambas instancias expresaron su opinión ante los altos índices de violencia registrados en el país.

Pronunciamiento

El presidente del Comité Municipal de la Niñez y Adolescencia de Oruro, Rubén Díaz Cabrera, destacó que el pronunciamiento público busca sensibilizar, informar y convocar a la sociedad civil a realizar acciones de prevención, atención y denuncia ante cualquier acto que vulnere o atente contra el derecho a la protección de los niños del país.

Junto al presidente del Comité Departamental de la Niñez y Adolescencia Fabricio Coca Arellano, dieron lectura al pronunciamiento donde destacaron la muestra de solidaridad con las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual y o toda forma de maltrato o violencia ejercido contra su integridad.

Asimismo, repudiaron las agresiones sexuales y de toda índole ejercida por los victimarios, recordándoles que pueden ser sancionados con pena privativa de hasta 30 años.

Protección

También recordaron a todos los medios de comunicación social, la responsabilidad, la obligación de informar y educar sobre políticas de protección y formas de prevención, además de denunciar casos de violencia sexual que se da contra los niños, disponiendo de sus medios para el cumplimiento de este fin.

“Instamos a todas las autoridades como responsables de hacer cumplir la ley Nº 3773 a promover, gestionar y evaluar la implementación de políticas de prevención y atención integral de la violencia sexual ejercida a niños, niñas y adolescentes con el objeto de disminuir el índice de víctimas que se reportan diariamente”, señala el pronunciamiento.

Finalmente, convocaron a la sociedad civil y al Estado a sumarse en unidad para realizar acciones conjuntas que permitan sensibilizar y concienciar a la población sobre esta temática.

DIO

Según las denuncias reportadas en la Dirección de Igualdad y Oportunidades (DIO), el responsable de la unidad Luis Martínez dio a conocer que de enero a julio de esta gestión se atendieron 20 casos de agresión sexual contra niños y adolescentes, situación que sin duda es motivo de preocupación.

“Escuchamos testimonios desgarradores que sufrieron las víctimas de violencia sexual, tanto la sociedad como las instituciones tenemos la responsabilidad de hacer algo para cambiar estos actos ilícitos, es necesario adoptar medidas urgentes para frenar los casos de violencia en nuestra sociedad, indicó Martínez.

En ese entiendo, el responsable de la DIO consideró importante la trabajar en tema de prevención a toda la población y no esperar que algún niño, niña y adolescente sufra agresión sexual.

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El padre de la víctima fue quien denunció al sujeto por ultrajarla sexualmente  y amenazarla desde hace varios meses, la niña de 12 años y su hermana de diez años viven con su abuela en el barrio Urkupiña de la zona del plan tres mil en Santa Cruz.

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Cuando su abuela viajaba a Guarayos por trabajo, vino su padre a cuidarlas, fue donde revisó su celular y encontró mensajes con el sujeto, la afectada le confesó que la violó en reiteradas ocasiones ya que era su inquilino.

La niña no contó a nadie todo lo que pasaba por temor a las amenazas del hombre, quien le dijo que si contara a alguien también iba a violar a su hermana.

La Felcv del departamento cruceño logró aprehender al agresor donde será llevado ante un juez cautelar en las siguientes horas.

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Este lunes, el viceministro de Transparencia Institucional, Guido Melgar, informó durante una conferencia de prensa que se realizó en la “Casa Grande del Pueblo”, la presentación de una nueva denuncia contra el expresidente Evo Morales por el presunto delito de estupro.

“Esta señorita, cuando tenía 15 años y cinco meses, fue objeto de violencia referida a temas sexuales”, manifestó la autoridad gubernamental, al señalar que la denuncia le llegó en un sobre cerrado.

La documentación, dijo, fue remitida a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia dependiente de la Alcaldía de La Paz, para el análisis y el proceso que corresponda.

“La documentación nos da a entender que la señorita, cuyo nombre no voy a revelar, habría tenido una relación sentimental con Evo Morales y quedó embarazada cuando tenía 15 años y cinco meses, teniendo una hija en febrero de 2016”, subrayó el viceministro Melgar.

Añadió que una vez recibida la denuncia, se constató la información con el Servicio de Registro Cívico (Serecí) y el Servicio General de Identificación Personal (Segip), comprobando que existe la niña, la madre y el padre, en este caso, Morales.

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