La Brigada Parlamentaria de La Paz, liderada en esta ocación por la senadora Elena Pachacute, se pronunció en apoyo a la diputada Claudia Bilbao. Esto ocurrió después de la difusión de un video viral en redes sociales que, según denunciaron, afecta su dignidad.

Las fuerzas políticas calificaron el incidente como violencia mediática, digital y simbólica. Argumentaron que se trata de una vulneración directa a la dignidad, privacidad y derechos fundamentales de las mujeres. En este contexto, la Brigada expresó su total respaldo a Bilbao.

Contenido del video viral

Durante el fin de semana, un video de la diputada Bilbao se volvió viral. En él, se observa a Bilbao en aparente estado de ebriedad, ajustándose los pantalones después de, supuestamente, haber realizado sus necesidades fisiológicas en la vía pública.

Apoyo a las mujeres políticas

Los parlamentarios subrayaron que Bilbao es hija, madre y abuela. Por lo tanto, no se puede permitir que continúen los episodios de violencia digital, especialmente contra las mujeres en política. Además, enfatizaron que exponer y humillar a otra persona también constituye violencia.

Desde la Brigada manifestaron que la repercusión del video no sería tan significativa si un hombre estuviera en el lugar de Bilbao. Consideraron que este contenido se utiliza para desprestigiarla por motivos políticos, dado que representa a varios sectores, especialmente de El Alto.

Derechos y denuncias

Finalmente, afirmaron que la diputada tiene derecho a llevar su vida privada como desee durante los fines de semana y enfatizaron que, si se va a criticar por el respeto al ornato público, debe hacerse con equidad. En este sentido, invitaron a Bilbao a presentar una denuncia ante la Brigada Parlamentaria para sentar un precedente.

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Presentan proyecto de ley contra el acoso digital

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, junto a la diputada de Alianza Unidad, Daniela Cabrera, presentó este miércoles a la Asamblea Legislativa Plurinacional un importante proyecto de ley. Este proyecto busca la incorporación en el Código Penal de los delitos de acoso digital y violación a la intimidad sexual en entornos digitales, estableciendo penas que van de tres a diez años de cárcel.

Origen del proyecto

Cabrera explicó que esta propuesta surge tras un trabajo conjunto con diversas organizaciones. “Es el primer paso para frenar y evitar el acoso y la violencia digital en las redes sociales”, afirmó.

Paso histórico

Echeverría destacó que se trata de un paso histórico con la presentación del proyecto de ley. “Este es un proyecto para todas y todos, mujeres y varones, quienes en algún momento puedan verse en dificultad o agraviados en su vida íntima”, explicó Echeverría.

Características del proyecto

Cabrera indicó que este proyecto representa el primer paso hacia un trabajo más amplio, que incluirá un proyecto de ley integral sobre el acoso digital. La ley reconocería por primera vez el acoso y la violencia digital como delitos, con penas que oscilan entre los tres y diez años, además de agravantes si corresponde.

Definición del acoso digital

El acoso digital se tipifica como la difusión de imágenes personales en entornos digitales sin consentimiento o lucrar con las mismas. Este tipo de comportamiento ha crecido significativamente, lo que hace urgente la implementación de medidas legales efectivas.

La ley ha sido elaborada en colaboración con la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

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México firma acuerdo con plataformas para prevenir ciberacoso

El Gobierno de México anunció este miércoles 11 de marzo un primer acuerdo de colaboración con plataformas digitales como Google, Meta y TikTok para prevenir y atender la violencia digital. Este fenómeno afecta a millones de personas en el país, impactando especialmente a mujeres jóvenes.

Objetivos del acuerdo

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentó el acuerdo durante la conferencia presidencial. Ella explicó que el objetivo es fortalecer la prevención, la atención a víctimas y la cooperación con las empresas tecnológicas en casos de acoso, difusión de contenido íntimo o ataques en línea.

Datos sobre el ciberacoso en México

Hernández subrayó que el espacio digital se ha convertido en una parte central de la vida cotidiana. Según datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) de 2024, el 83,7% de los mexicanos ha utilizado internet en cualquier dispositivo, lo que equivale a cerca de 90,3 millones de personas. De acuerdo con esa encuesta, 18 millones de personas han experimentado algún tipo de ciberacoso, siendo 10 millones mujeres y ocho millones hombres.

Diferencias en la experiencia del ciberacoso según género

A pesar de que ambos géneros sufren ciberacoso, Hernández destacó que la violencia se manifiesta de forma distinta según el género. En el caso de las mujeres, ellas reportan experimentar insinuaciones y propuestas sexuales, recibir contenido sexual o sufrir suplantación de identidad. También mencionó la publicación o envío de información personal, fotos o videos y la venta de imágenes o videos de contenido sexual.

Impactos emocionales del ciberacoso

Además, las mujeres reportan impactos emocionales más severos como enojo, miedo, inseguridad, estrés, frustración y nervios debido al tipo de violencia que se vive en el espacio digital.

Acciones contempladas en el acuerdo

El acuerdo incluye nueve acciones de prevención y ocho de atención. Entre estas acciones se encuentran campañas educativas en redes sociales, mayor visibilidad de herramientas de denuncia, cooperación con autoridades y la creación de una guía para que los usuarios sepan cómo reportar contenidos violentos.

Pioneros en la lucha contra el ciberacoso

Hernández recordó que México ha sido pionero en este tema gracias a la Ley Olimpia, que tipifica como delito la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

Cambio cultural necesario

Citlalli Hernández afirmó que el acuerdo forma parte de una estrategia más amplia para combatir la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. Además, destacó la importancia de transformar las prácticas culturales que normalizan el acoso en internet. “El cambio cultural es fundamental; es decir, no normalizar la violencia, la discriminación y la exclusión”, afirmó.

Falta de participación de algunas plataformas

La funcionaria indicó que la red social X fue invitada a participar en el diálogo, pero no acudió a las reuniones. “Ellos argumentaron que no tienen una oficina en México y no se sentaron a ninguna reunión. Y es una de las redes donde vemos más expresada este odio y esta violencia”, dijo.

No censura sino protección

Finalmente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que el acuerdo no busca censurar contenidos. En cambio, su objetivo es mejorar los mecanismos de denuncia y protección para las víctimas.

* Con información de EFE

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Cada 30 de enero, cuando el mundo conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, se abre la oportunidad de reflexionar sobre el papel que cumplen las aulas en la formación de una sociedad más justa, respetuosa y libre de violencia. No se trata solo de promover valores abstractos, sino de asumir responsabilidades concretas frente a realidades que hoy afectan de manera directa a niñas, niños y adolescentes, especialmente en escenarios cada vez más complejos como los entornos digitales. En este contexto, la correcta aplicación de la Ley Nº 1636, Para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, particularmente de su Capítulo IV, se convierte en un eje fundamental de prevención, protección y reparación.

Hoy en día, la violencia contra niñas, niños y adolescentes no se limita únicamente a espacios físicos, gran parte de las agresiones, amenazas, acoso y vulneraciones de derechos se producen en redes sociales, plataformas digitales y entornos virtuales que forman parte cotidiana de la vida escolar. La violencia psicológica, la exposición a contenidos dañinos y la captación con fines delictivos son riesgos reales que demandan una respuesta estatal articulada, oportuna y especializada.

Frente a ello, la Ley N° 1636 no debe entenderse solo como un instrumento sancionador, sino como una herramienta preventiva y formativa. El Capítulo IV de la Ley N° 1636 establece obligaciones claras para el sistema educativo en materia de prevención de la violencia, promoción de una convivencia pacífica y detección temprana de situaciones de riesgo. Aplicar correctamente esta normativa implica asumir que la prevención comienza en el aula, con información, con orientación y con una comunidad educativa preparada para identificar y actuar frente a señales de violencia.

La experiencia institucional nos demuestra que los mayores avances se logran cuando existe articulación efectiva entre todos los niveles del Estado. La lucha contra la violencia requiere un trabajo coordinado, donde directores, maestras y maestros, orientadores y operadores de justicia compartan criterios, protocolos y objetivos comunes, con el único objetivo de precautelar la integridad de las niñas, niños y adolescentes.

Desde el Ministerio Público, sabemos que investigar y sancionar es necesario, pero insuficiente si no se actúa antes del daño. La correcta aplicación de la Ley N° 1636, permite intervenir de manera temprana todo hecho que atente contra la niñez y adolescencia, evitar la escalada de la violencia y proteger de forma integral a las y los estudiantes, por eso, es importante educar oportunamente sobre el uso responsable de las tecnologías, sobre los riesgos del entorno digital y sobre los mecanismos de denuncia. Esta tarea no es opcional, es una obligación establecida en el Capítulo IV de la Ley 1636, que reconoce el rol estratégico de la educación y exige que las unidades educativas incorporen acciones preventivas, contenidos formativos y mecanismos de protección dentro de su dinámica cotidiana.

La articulación entre ambos sistemas también fortalece la confianza de la comunidad educativa cuando maestras, maestros y estudiantes saben que existen rutas claras de actuación, que las denuncias serán tratadas con la debida diligencia, que la protección de derechos es una prioridad, se rompe el silencio que muchas veces rodea a la violencia.

En un mundo cada vez más digitalizado, donde los límites entre lo público y lo privado se desdibujan, la prevención desde las aulas cobra una relevancia aún mayor. No podemos exigir a niñas, niños y adolescentes que se protejan solos en entornos digitales complejos y muchas veces hostiles, es el Estado el que debe brindar orientación, acompañamiento y protección efectiva.

Desde el Ministerio Público, seguiremos trabajando de manera coordinada con todos los niveles del Estado para fortalecer la correcta aplicación de la Ley Nº 1636 y este 30 de enero, Día Escolar de la No Violencia y la Paz, queremos reafirmar nuestra responsabilidad ética con las niñas, niños y adolescentes de Bolivia, quienes merecen crecer en entornos seguros, protegidos y libres de violencia. Creemos firmemente que prevenir es cuidar, que educar es proteger y que cada esfuerzo articulado entre el Estado, las unidades educativas y la sociedad puede cambiar el rumbo de una vida. Esta ley nos brinda el marco normativo, pero el compromiso sostenido, la cercanía con la realidad y la voluntad de actuar antes del daño, nos permitirá preservar el futuro de nuestro país, resguardar la dignidad de la niñez y construir una cultura de paz que trascienda las aulas y se arraigue en toda la sociedad boliviana.

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Marilyn Rivera, presidente de la Comisión Especial de la Mujer, Niñez y Adolescencia, resaltó que esta ley incluye un protocolo específico para su implementación en las unidades educativas. Además, se ha creado una línea de atención denominada “Amigo Digital Seguro”, que permitirá realizar denuncias y consultas sobre el uso seguro de las tecnologías.

Esta ley representa la primera normativa de su tipo en Bolivia. Contiene un protocolo que será ejecutado por la Defensoría de la Niñez, en colaboración con escuelas, familias y otras instancias de protección. Rivera explicó que “este protocolo otorgará lineamientos básicos para que los funcionarios de la Defensoría puedan identificar situaciones de riesgo en el ámbito digital que amenazan la seguridad de nuestra niñez”.

Línea de atención “Amigo Digital Seguro”

La ley también establece una línea de atención a través de “Amigo Digital Seguro”, donde estudiantes, docentes y padres podrán presentar denuncias o hacer consultas sobre el uso seguro de las tecnologías. Rivera añadió que “se ha creado una línea para que los estudiantes, profesores y padres de familia puedan realizar denuncias y todo tipo de consultas respecto al uso seguro de las nuevas tecnologías”.

Colaboración en la elaboración

La normativa fue desarrollada con el apoyo y la colaboración de instituciones acreditadas, siempre teniendo en cuenta las opiniones de los niños. Esta iniciativa busca establecer un precedente en la protección contra los riesgos que surgen en los entornos digitales.

/KMMN

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Detalles del caso

Diego N. se encuentra recluido en el penal desde octubre de 2023. Enfrenta serios cargos, incluyendo trata de personas en la modalidad de pornografía infantil. Durante la investigación, se encontró en su posesión una tableta digital que contenía fotografías íntimas reales y manipuladas de al menos 1.000 mujeres, cuyas edades oscilan entre 17 y 25 años. Además, se hallaron 166.000 imágenes modificadas con Inteligencia Artificial y 20.000 videos pornográficos que fueron distribuidos sin el consentimiento de las afectadas.

Aplazamiento del juicio

El juez decidió aplazar el juicio, donde se esperaba una sentencia, debido a que la defensa del acusado desistió de presentar más pruebas. Por esta razón, el juzgador requirió más tiempo para analizar “exhaustivamente” toda la información presentada por ambas partes durante los juicios orales.

Voces de las denunciantes

Una de las denunciantes, quien habló con EFE, expresó que esta lucha está lejos de concluir, incluso si se dicta la sentencia programada para el próximo 4 de diciembre a las 14:30 horas. “Vamos a llegar hasta el fin. Ahorita apenas están en juicio dos carpetas, la de una compañera y la mía, pero faltan todavía otras seis. Entonces igual todavía no se acaba el proceso. Si se logra la sentencia en estas, ya marca un poco más el camino para las otras, pero sigue todo este proceso”, explicó la estudiante del IPN, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato.

Impacto en otras instituciones

Otra estudiante, cuyo caso también está en juicio, añadió que “esto no acaba aquí”. Afirmó que la violencia digital es un problema real que continúa afectando a otras escuelas. “Tenemos conocimiento de casos en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), en la Anáhuac. Hace poco nos estuvieron comentando que hasta en una escuela primaria y secundaria”, expuso.

Intimidaciones denunciadas

Asimismo, la joven denunció que ha recibido intimidaciones por parte de la familia del acusado, no solo en contra de ellas, sino también de sus familias. Esta situación resalta la gravedad del problema y la necesidad de seguir luchando contra la violencia digital.

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Detalles del caso

Diego N. se encuentra recluido en el penal desde octubre de 2023. Enfrenta serios cargos, incluyendo trata de personas en la modalidad de pornografía infantil. Durante la investigación, se encontró en su posesión una tableta digital que contenía fotografías íntimas reales y manipuladas de al menos 1.000 mujeres, cuyas edades oscilan entre 17 y 25 años. Además, se hallaron 166.000 imágenes modificadas con Inteligencia Artificial y 20.000 videos pornográficos que fueron distribuidos sin el consentimiento de las afectadas.

Aplazamiento del juicio

El juez decidió aplazar el juicio, donde se esperaba una sentencia, debido a que la defensa del acusado desistió de presentar más pruebas. Por esta razón, el juzgador requirió más tiempo para analizar “exhaustivamente” toda la información presentada por ambas partes durante los juicios orales.

Voces de las denunciantes

Una de las denunciantes, quien habló con EFE, expresó que esta lucha está lejos de concluir, incluso si se dicta la sentencia programada para el próximo 4 de diciembre a las 14:30 horas. “Vamos a llegar hasta el fin. Ahorita apenas están en juicio dos carpetas, la de una compañera y la mía, pero faltan todavía otras seis. Entonces igual todavía no se acaba el proceso. Si se logra la sentencia en estas, ya marca un poco más el camino para las otras, pero sigue todo este proceso”, explicó la estudiante del IPN, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato.

Impacto en otras instituciones

Otra estudiante, cuyo caso también está en juicio, añadió que “esto no acaba aquí”. Afirmó que la violencia digital es un problema real que continúa afectando a otras escuelas. “Tenemos conocimiento de casos en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), en la Anáhuac. Hace poco nos estuvieron comentando que hasta en una escuela primaria y secundaria”, expuso.

Intimidaciones denunciadas

Asimismo, la joven denunció que ha recibido intimidaciones por parte de la familia del acusado, no solo en contra de ellas, sino también de sus familias. Esta situación resalta la gravedad del problema y la necesidad de seguir luchando contra la violencia digital.

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