A iniciativa de Estados Unidos y sus aliados, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó esta resolución con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se estableció hace 16 años, en Ginebra, en toda la historia de este Organismo solo otro país fue suspendido: Libia, cuando estaba bajo el poder de Muamar El Gadafi, en respuesta a las represiones de las protestas en 2011; sin embargo, el país africano fue readmitido meses después.

En el caso de Rusia, Estados Unidos y sus aliados argumentaron que Moscú no puede seguir siendo parte de ese Consejo cuando atenta contra todos los principios básicos de la ONU, al invadir Ucrania y cometer atropellos en contra de civiles.

“Rusia no sólo está cometiendo violaciones de los Derechos Humanos, sino que está sacudiendo los cimientos de la paz y seguridad internacionales”, denunció antes de la votación el embajador de Ucrania ante las Naciones Unidas, Sergiy Kyslytsya.

El diplomático advirtió a los Estados miembro que votar en contra de esta determinación, sería como “apretar el gatillo” contra la sociedad civil ucraniana, y demostraría la misma indiferencia que caracterizó el genocidio en Ruanda en 1993.

Para suspender al país europeo se requería de dos tercios de los 193 Estados miembro votaran a favor, un número que se superó, pero que se mostró reducido en comparación con otras resoluciones críticas con Moscú desde el inicio del conflicto bélico, según informó Los Tiempos.

Además de Estados Unidos y Ucrania, la medida fue respaldada por los países de la Unión Europea (UE), naciones latinoamericanas como Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay; y otros Estados como Australia, Canadá, Turquía y Noruega.

En contra votaron 24 países, entre ellos Rusia, China, Cuba, Irán, Nicaragua, Siria y Bolivia; mientras que 58 Estados decidieron abstenerse de votar, incluidos Brasil, Egipto, El Salvador, India, México, Nigeria, Pakistán y Arabia Saudí.

Aunque la posibilidad de excluir a Rusia del Consejo de Derechos Humanos se comentaba hace días, Washington decidió dar el paso definitivo después de que se difundieran imágenes sobre la supuesta matanza en Bucha, donde las autoridades ucranianas denunciaron el hallazgo de decenas que cuerpos con las manos amarradas, quemaduras e incluso indicios de violencia sexual.

/ LMPT

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En las últimas horas la Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) advirtió al Gobierno sobre la posible existencia y operaciones de grupos “parapoliciales” y “paramilitares” en territorio nacional que “estarían” actuando en Bolivia.

“La Embajada en una carta ha expresado su preocupación sobre grupos de choque, grupos paraestatales como los motoqueros que no solamente han atacado a bolivianos sino a gente extranjera que trabaja en temas de derechos humanos y han pedido que el Gobierno de Bolivia los desarticule, estos grupos han colaborado con policías, militares, con el Gobierno de Jeanine Añez no son solo grupos de choque, son grupos paraestatales, tienen esa definición”, expresó la Embajada de EE.UU.

Se supo que la activista de derechos humanos Kathryn Ledebur y el propio Thomas Becker, ambos estadounidenses denunciaron que sufren constantes amenazas por parte de determinados grupos irregulares, reportó el portal Innovapress.

“Nosotros en la clínica (de Derechos Humanos de Harvard) y la red universitaria (de derechos humanos) hemos investigado esto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha investigado esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hay varios grupos que han dicho que son grupos paraestatales y están cometiendo violaciones de derechos humanos”, insistió Becker.

Asimismo, declaró que estos grupos lo aquejan, lo amenazan casi a diario por redes sociales y correo electrónico por su condición de activista y si lo hacen con su persona “peor ocurre con indígenas o personas de pollera” sostuvo.

“Esos grupos actúan en una postura racial, atacando a personas indígenas y me preocupa esta dinámica de violencia que no son solo contra personas que tienen perspectivas políticas, pero especialmente contra los indígenas, es demasiado fuerte”, aseveró el activista.

No descartó que esos grupos paraestatales irregulares sean la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) o la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

En un capítulo del informe del GIEI que hace meses visitó Bolivia, sobre los hechos de Senkata y Sacaba de 2019, existe un acápite que recomienda que estos grupos deben ser desarticulados y que el Estado debiera intervenir.

“El Estado tiene la obligación de hacer esto y hay mucha resistencia de grupos políticos que están aliados a los motoqueros (RJC) y estos grupos de choque que (luego) dicen que es una persecución política cuando no lo es. El Gobierno tiene la obligación legal de desarticular estos grupos porque están cometiendo violaciones de derechos humanos”, enfatizó Becker.

Ponderó que sea el propio Gobierno de los EE.UU., que diga formalmente que se trata de grupos paraestatales que están cometiendo esos abusos.

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