La fiscal del caso presentó diversas pruebas que se encuentran en el Ecosistema ROMA del Ministerio Público. Entre estas evidencias se incluyen la denuncia verbal, el informe y dictamen pericial psicológico, el certificado médico forense, así como el informe del registro del lugar donde ocurrieron los hechos. Todas estas pruebas fueron valoradas por el Tribunal, lo que llevó a la emisión de la sentencia en contra del acusado.

El hecho delictivo

El incidente ocurrió el 13 de septiembre de 2022, en la provincia Itenez, específicamente en el municipio de Magdalena. En ese momento, la menor de 12 años salió a vender gelatinas acompañada de su hermanito de 5 años. Fue en este contexto que el sujeto brasileño la interceptó.

Relato de la madre

La madre de la víctima relató que, al llegar al Comando de la Policía, le pidió a su hija que le contara qué había sucedido con el hombre. Al principio, la niña no quería hablar, pero tras insistir, comenzó a llorar y finalmente le contó lo que había sucedido. La menor explicó que estuvo con Savio dando vueltas en su vehículo.

Según el testimonio de la madre, el acusado llevó a la niña a su casa y la metió en su cuarto, dejando al niño durmiendo en el vehículo. Savio cerró la puerta con llave y le dijo a la menor que, si quería que la llevara a su casa, primero debía estar con él, momento en el que procedió a cometer la agresión sexual.

Consecuencias del ataque

Horas después de la agresión, el hombre llevó a la víctima a la esquina del Puesto Militar, que se encuentra a una cuadra de su casa. Antes de dejarla, le advirtió que no debía contar nada a su madre. Sin embargo, ante la insistencia de la madre, la pequeña finalmente se atrevió a relatar lo que había ocurrido.

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El hecho ocurrió en abril de 2022 , y la denuncia fue presentada por la madre de la víctima ante la Defensoría de la Niñez y Adolescente. La sentencia fue dictada por el Tribunal de Sentencia N°1 de Pando.

El fiscal asignado al caso, Rolando Michel, indicó que el funcionario policial agredió sexualmente a la adolescente mediante el uso de la fuerza, en dependencias del módulo policial.

Por su parte, el fiscal departamental de Pando, Freddy Durán Montero, informó que “En la audiencia, el Ministerio Público presentó todos los elementos probatorios, como la denuncia realizada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, certificado médico que demuestra la agresión sexual, informe social y psicológico de la víctima”.

La condena se dictó tras un juicio oral donde se consideraron las pruebas presentadas por el Ministerio Público. El efectivo deberá cumplir su pena en el penal de Villa Busch.

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El investigado fue detenido en España y se encontraba en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Madrid II. El Tribunal Tercero de Sentencia en lo Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia declaró a Sebastián D. como rebelde. Este individuo enfrenta una imputación por el presunto delito de violación contra un niño de 12 años, ocurrido dentro del establecimiento educativo en mayo de 2023. Sin embargo, la denuncia fue presentada un mes después del hecho.

Acciones judiciales

Como parte del fallo judicial, se ordenó la publicación de los datos del acusado mediante edictos de prensa. Además, se emitió una orden de captura para que cualquier autoridad pueda proceder con su detención. También se dictó una orden de arraigo ante Migración para facilitar su aprehensión dentro del territorio boliviano. Debido a la declaración de rebeldía, el juicio oral programado fue suspendido hasta que el acusado sea extraditado al país, ya que las normas vigentes prohíben el juzgamiento en ausencia.

Investigación del caso

Las indagaciones realizadas por la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia han revelado que los padres de la víctima denunciaron el abuso que ocurrió dentro del colegio Alemán. En respuesta a esta situación, el Ministerio de Justicia, a través de su unidad de Transparencia, se adhirió a la causa. El objetivo es garantizar el debido proceso y buscar una sanción adecuada contra el imputado.

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“Este tipo de actitudes, sea de un exmandatario o de un excompañero del instrumento político por la soberanía de los pueblos, es una falta de respeto a Bolivia, a las mujeres bolivianas y a las niñas y niños a los que tenemos que proteger”, sostuvo la parlamentaria.

Investigación contra Evo Morales

El exmandatario está siendo investigado por violación de una menor y trata de personas. Según las indagaciones, Morales presuntamente tuvo relaciones y una hija con una menor de 15 años durante su presidencia. Para el 14 de enero, fue citado a declarar, pero el abogado de la exautoridad adelantó que no se presentará.

En este contexto, la legisladora Tupa afirmó que evadir su responsabilidad solo agrava la situación de Morales y constituye un desacato que podría tener implicaciones legales. “No ir a rendir cuentas sobre sus actos personales no solamente es un desacato; está agravando su situación”, afirmó.

Movilizaciones y manipulación política

Tupa también rechazó las movilizaciones anunciadas por los seguidores de Morales en el trópico de Cochabamba, argumentando que estas son “una manipulación política” para encubrir un problema personal del exmandatario.

Además, la diputada indicó que los parlamentarios afines a Morales, e incluso el propio expresidente, son una vergüenza, ya que solo amenazan a las personas y a las fuerzas del orden. “Así como Evo Morales, hay otros parlamentarios que nos dan vergüenza, que solamente manifiestan mediante la violencia y amenazas, diciendo que las personas que van a cumplir su función como los policías vayan dispuestas a morir”, dijo.

Respeto a la ley

En respuesta a las acusaciones de persecución política por parte de sectores afines al expresidente, Tupa enfatizó que ningún líder político, incluyendo a Morales, está por encima de la ley.

Recientemente, la presunta víctima de Evo, Cindy Sarai Vargas, declaró que en el caso están involucrados el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez.

Exigencia de justicia

En ese marco, Tupa pidió a la Justicia y a las autoridades del orden investigar y sancionar a todas las personas implicadas, sin importar su posición o afiliación política.

La autoridad expresó su confianza en la Policía para hacer cumplir los mandamientos judiciales y aseguró que las instituciones deben actuar con profesionalismo para garantizar el respeto a la Constitución y el procedimiento penal.

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Los aprehendidos son el presunto autor principal de la violación Cirilo M. V., su hijo Miguel M. B., quien aparentemente también agredió a la víctima; Jesús M. B. y Mari M, supuestos cómplices del hecho.

“Todas estas que estarían involucrados en este hecho violación que lamentablemente habría motivado el hecho el suicidio de esta menor de 13 años”, manifestó el director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Rolando Rojas.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) investiga la violación de la menor, mientras que la Felcc por homicidio seguido de suicidio, reportó la red Erbol.

Detalles del caso

La madre de la menor, relata que la víctima fue vejada desde hace cinco años; sin embargo, hace un par de semanas decidió revelar a sus padres lo que atravesaba, por lo que se efectuó una denuncia que derivó en la aprehensión de Cirilo M. V., pero luego fue liberado de manera irregular.

El responsable del Servicio Plurinacional de Asistencia de la Víctima (Sepdavi), Luis Fernando Atanasio, señaló que existe una segunda víctima de violación, también menor de edad.

“Nosotros al momento de realizar la atención correspondiente como parte del servicio psicológico, hemos logrado establecer que existe otra víctima, sin embargo, aún no está siendo materializado este caso”, aseveró.

Atanasio resaltó que el Sepdavi y los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional (Sijplu) brindan apoyo a la familia de la víctima con atención jurídica, social y psicológica.

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La autoridad afirmó que “no es posible” que terceras personas, ajenas al entorno familiar de la víctima, hayan vulnerado “muchos derechos” al ingresar al Hospital de la Mujer Dr. Percy Boland y otras instancias competentes al área de la salud, para hacer una “especie de reflexión” de la menor con contenido “altamente religioso” y de regalos como rosarios y vírgenes.

“No es posible que estos grupos romanticen una violación saliendo con carteles, llamando está pequeña como la niña madre; no es una madre, ella es una niña que ha sido violada y que, por supuesto, como sociedad, como Estado, como familias, tenemos la absoluta responsabilidad y el deber de proteger”, expresó Prada.

La violación fue denunciada en el municipio de Yapacaní, ubicado en el departamento de Santa Cruz, donde vivía la menor junto a su abuelastro, de 61 años, quien es acusado del vejamen, mientras los padres se encontraban de viaje por motivos de trabajo.

Prada anunció que se solicitó también la sanción a servidores públicos, y terceros, por acciones y omisiones que vulneraron los derechos de la menor de 11 años y que no cumplieron con la protección integral, conforme al interés mayor de la víctima, permitiendo el ingreso de personas ajenas al entorno de la niña al centro médico para que continúe con el embarazo, reportó la red Érbol.

En días precedentes, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia consideró que someter a una menor a un embarazo forzado está calificado como “una tortura” e hizo un llamado “urgente” a intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual.

La ministra recordó que Bolivia es un Estado laico que respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones y es independiente de la religión de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE).

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“Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público ofreció suficientes pruebas que demostraron la probabilidad de autoría del imputado, entre ellas la denuncia de la madre ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, informe de la entrevista psicológica a la menor en la que señala a su agresor como su abuelastro, desde que ella tenía nueve años, certificando médico que evidencia el embarazo de la menor”, señaló Nava.

El hecho se registró en el municipio de Monteagudo del departamento de Chuquisaca, se presume que cuando la niña tenía nueve años fue violada por su abuelastro quien vivía en una cabaña cerca de la casa de la menor, y la agresión ocurrió en reiteradas ocasiones.

Según la investigación preliminar, en el mes de octubre de 2020 fue la última vez que la menor sufrió una agresión sexual por el sujeto, en esa ocasión la niña recogía fruta de una huerta.

Los padres de la menor interpusieron la denuncia el 30 de marzo de 2021, ante el Ministerio Público, cuando la madre notó cambios en el cuerpo de la niña y verificó que estaba en estado de gestación con una prueba de embarazo.

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