Viceministro Paredes cuestiona medidas de presión en Bolivia

Este lunes 4 de mayo, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, afirmó en una entrevista al programa Influyentes de El Deber que los líderes sociales no están interesados en las demandas genuinas de sus bases. Según Paredes, estos representantes se enfocan en cumplir un rol político de confrontación. Esta situación se presenta en un momento crítico para la administración del presidente Rodrigo Paz, quien enfrenta diversos focos de conflicto, incluyendo el paro indefinido decretado por la Central Obrera Boliviana (COB).

Negociaciones del Gobierno

Paredes destacó que el Gobierno ha iniciado múltiples procesos de negociación con todos los sectores involucrados. El objetivo es separar lo que el Ejecutivo considera intentos conspirativos de las reivindicaciones legítimas y urgentes para la población trabajadora. Al analizar el pliego petitorio de la COB, detalló que contiene un total de 211 pedidos. De esta cifra:

• Más de 190 corresponden a reivindicaciones históricas que no han sido atendidas durante años.
• El actual gobierno pretende subsanar este acumulado de desatención.

Agendas de trabajo específicas

Para lograrlo, se están definiendo agendas de trabajo específicas con el fin de resolver las demandas progresivamente y normalizar la relación laboral y social entre el Estado y los trabajadores. Sin embargo, Paredes enfatizó que persiste una intencionalidad política en ciertos dirigentes que obstaculiza el entendimiento mutuo.

Rechazo a la Ley 1720

Los sectores movilizados, incluidos indígenas, campesinos e interculturales, rechazan la Ley 1720 (Reconversión Agraria), argumentando que esta normativa pone en riesgo la propiedad colectiva y favorece a grandes agroindustriales. También cuestionan:

• La conversión de pequeña propiedad a mediana podría derivar en la pérdida de inembargabilidad.
• La ley fue impuesta sin un proceso auténticamente participativo.

Crisis y acusaciones

En respuesta a estas acusaciones, Alex Parijahua, dirigente intercultural de Caranavi, calificó al viceministro Paredes como “prepotente” y le dio un plazo de 24 horas para abandonar la región tras el quiebre del diálogo. Por su parte, la COB activó un paro indefinido tras un cabildo en El Alto, argumentando que el Gobierno no ha respondido a su pliego petitorio.

Movilizaciones y bloqueos

Además, los sectores campesinos y del magisterio mantienen marchas y bloqueos denunciando un “combustible deficiente” que daña sus motores. En medio de esta crisis, sectores afines al expresidente Evo Morales aseguran que el Gobierno utiliza la etiqueta de “conspiración” para criminalizar las demandas legítimas y evitar debatir sobre el desarrollo rural.

Crisis de representatividad

Finalmente, se señala una crisis de representatividad donde el Gobierno intenta dividir a las organizaciones sociales mediante acuerdos parciales con grupos minoritarios para deslegitimar las marchas hacia La Paz.

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Captura de Marcelo Arce Mosqueira y su impacto en YPFB

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, informó este jueves sobre la captura de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce. Esta detención ha permitido obtener información valiosa tras la revisión de sus dispositivos electrónicos.

Revelaciones a partir de la evidencia electrónica

Según Paredes, la revisión de la computadora portátil y los teléfonos celulares de Arce Mosqueira en Santa Cruz reveló una comunicación “bastante fluida” con personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y diversas empresas privadas. Esta información ha sido crucial para consolidar y verificar las hipótesis del Gobierno sobre un “modelo de negocio delincuencial” que operaba para desestabilizar y desviar combustible en momentos críticos para el país.

Detalles sobre la captura y su contexto

Paredes calificó como una “suerte” que Arce Mosqueira decidiera ingresar a Bolivia en este contexto, lo que facilitó su captura tras una persecución en la capital cruceña. Durante esta operación, se incautaron miles de dólares en efectivo. La autoridad expresó estar “impresionado” por el nivel de manejo que el investigado ejercía sobre la estatal petrolera, actuando presuntamente como un operador que lideraba negociados a través de proyectos y empresas como Botrading S.A.

Daño económico y cargos contra Arce Mosqueira

En este marco, YPFB denunció un presunto daño económico cercano a los Bs 1.000 millones, derivado de dos contratos de biodiésel firmados por YPFB Refinación, a los cuales se vincula directamente a Arce Mosqueira. Actualmente, este es investigado por múltiples cargos asociados a ganancias ilícitas y por encabezar una red que aparentemente afectaba la distribución de gasolina en el territorio nacional.

Continuación de la investigación

Finalmente, el viceministro adelantó que la investigación sigue en curso. Bajo instrucción presidencial, se buscará llegar al fondo del asunto y se presentarán nuevas denuncias ante la Fiscalía General del Estado contra otros implicados que surjan del análisis de la información confiscada. Paredes enfatizó que tanto el Ministerio Público como la Policía Boliviana continuarán trabajando para desarticular por completo esta estructura delictiva.

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