La jornada legislativa comenzó con una derrota parcial para el oficialismo. A las 15:59 horas, la oposición logró revertir el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. Esta ley prevé un aumento de pensiones y la indexación automática de prestaciones profesionales. Se estima que el costo de esta norma oscila entre 0,22% y 0,42% del PBI. Ahora, este proyecto será enviado al Senado para su posible ratificación.

Sin embargo, el tema central del debate se centró en la discusión sobre el sistema previsional. El Gobierno advirtió que aprobar el aumento de jubilaciones podría poner en riesgo el equilibrio fiscal del país.

Cuestionamientos del oficialismo

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, criticó la maniobra de la oposición al señalar que los proyectos “carecen de dictamen de comisión y demandan recursos inexistentes”. Según su explicación, aprobar estas medidas equivaldría a forzar al Ejecutivo a recurrir nuevamente a la emisión monetaria.

En el recinto, la defensa del oficialismo estuvo a cargo del diputado libertario Álvaro Martínez, quien es originario de Mendoza. Martínez cerró el debate recordando que “no existe ninguna fuente de financiamiento propuesta” para cubrir el nuevo gasto que implicaría el aumento.

Detalles sobre el financiamiento

Martínez detalló que la ley solo contemplaba el 4% del financiamiento total requerido. “Nuestra legislación exige que cuando se propone un gasto se indique de dónde saldrá el 100% de la erogación”, enfatizó. En contraste, la oposición intentó minimizar el impacto fiscal, argumentando que una mejor administración de recursos podría ser suficiente para cubrir el aumento.

Entre los críticos más destacados del Gobierno se encontraba el diputado Miguel Ángel Pichetto, del partido Encuentro Federal. Pichetto acusó al Gobierno de haber realizado “el ajuste sobre los jubilados” y afirmó que la estrategia del oficialismo carece de diálogo institucional.

Reclamos de la oposición

Pichetto descartó la posibilidad de que el Gobierno utilice la vía judicial para frenar las leyes que están en trámite parlamentario y volvió a exigir consensos. “La agresión permanente hacia el Congreso no conduce a ningún camino razonable. El Presidente tendrá que aceptar la decisión del Congreso”, afirmó.

La medida implicaba un gasto adicional del 0,7% del PBI, pero no se especificó de dónde se obtendrían los fondos necesarios. La oposición argumentó que una mejor gestión de los recursos podría cubrir este aumento en las jubilaciones y pensiones. La discusión también incluyó críticas sobre cómo las decisiones del Gobierno afectan las inversiones en Argentina.

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El proyecto de Ley, generó bastante polémica, yaque en un principio solo planteaba garantías para Evo Morales y Álvaro García,sin embargo fue modificada; pero  a pesarde que el MAS sostiene su intención es preservar los derechos de legisladores ydirigentes sociales, existe rechazo a la normativa, bajo el argumento de que nose puede dar inmunidad a nadie y que no es necesaria una ley para ratificargarantías que ya están consagradas en la Constitución.

La aprobación en grande del proyecto de Ley se dioa las 03:00 horas de la madrugada, tras haber terminado la votación nominal.Aproximadamente a las 05:30 de hoy se terminó la aprobación en detalle conalgunas modificaciones menores. En total la sesión duró aproximadamente unas 13horas, ya que se inició a las 16:00 horas del jueves.

Por su parte el Gobierno ya anunció que aplicaráel veto a la Ley propuesta por el Movimiento Al Socialismo (MAS), pues aseguranque no había necesidad de esa norma, por haberse viabilizado aspectos delproyecto de Ley como la indemnización  alas familias de los fallecidos y la abrogación del Decreto 4078.

“No tiene ningún sentido poder aprobar estaley, la Constitución Política del Estado nos da garantías a todos losciudadanos”, dijo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez a ABI.

En una entrevista con la Red Uno, el ministro dela Presidencia, indicó  que ya seatendieron las demandas de las organizaciones sociales, y aun así la bancadadel MAS aprobó la ley que garantiza los derechos a las personas movilizadas duranteel conflicto político y social que detonó el fraude en los comicios del 20 deoctubre y prohibir aprehensiones arbitrarias.

“Todas las personas tenemos que someternos ala Justicia (…). Ya basta de utilizar rodillos, basta de utilizar los dostercios, basta de favorecer solamente a personas”, manifestó Núñez en RedUno.

Por su parte el diputado Gonzalo Barrientos, deUnidad Demócrata (UD), dijo que el MAS hizo valer sus dos tercios para aprobarel proyecto y pase a revisión del Senado

“Es una ley que lo que busca es proteger a quienes han cometido delitos de terrorismo, de organización criminal, de sedición o delitos de lesa humanidad (…). Está ley va a generar impunidad y con carácter retroactivo, porque dicen que es a partir del 21 de octubre hasta la fecha”, comentó en red ATB.

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