La alcaldía de Curitiba ha emitido una advertencia para impedir que los “padres” de muñecos reborn utilicen asientos preferenciales en el transporte público. A nivel nacional, hay proyectos de ley en curso tanto en la Cámara de Diputados como en la Asamblea Legislativa de São Paulo. Estas iniciativas buscan sancionar a quienes intenten acceder a servicios del Sistema Único de Salud (SUS) utilizando un muñeco reborn como si fuera un paciente real.

Uno de los proyectos más recientes propone restringir expresamente el acceso a vacunas y otros servicios médicos públicos en estos casos. Las multas previstas van desde 5 hasta 20 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad del hecho, la situación económica del infractor y los beneficios obtenidos. En caso de reincidencia, la sanción se duplicaría.

El fenómeno de los bebés reborn

Este episodio se suma a la creciente atención mediática y social en torno a los bebés reborn. Estas muñecas, hechas de silicona o vinilo, reproducen con gran detalle cada rasgo de un recién nacido, incluyendo peso, temperatura, expresiones faciales e incluso funciones básicas como llorar, reír o simular necesidades fisiológicas. En algunos casos, la personalización de estas muñecas incluye inteligencia artificial.

El fenómeno no es exclusivo de Brasil. En España, una coleccionista conocida en redes sociales, llamada Nicole, afirma tener 600 hijos, aunque solo 5 de ellos sean humanos. Los demás son muñecos reborn. Cada uno de estos muñecos tiene su propio nombre, vestimenta y rutina. Algunos de ellos pueden llegar a costar hasta 20.000 euros. Para algunos, esto es una afición artística; para otros, representa un canal emocional o terapéutico.

Casos mediáticos y controversias

Casos como el del reborn conocido como Batmancito muestran el lado mediático de este fenómeno. Sus cuidadores lo integran en su vida diaria, llevándolo de compras, subiéndolo al transporte público e incluso llevándolo a servicios de urgencias médicas. Esta exposición pública ha generado tanto simpatías como cuestionamientos sobre el uso de estas muñecas.

El debate sobre el uso de los muñecos reborn está lejos de cerrarse. Mientras algunos defienden su uso como una herramienta emocional legítima, otros denuncian abusos que desvirtúan servicios públicos esenciales. El caso ocurrido en Itajaí ha puesto el foco sobre los límites de la empatía y el impacto de las redes sociales en decisiones cotidianas que antes parecían impensables.

Antecedentes de abuso

Además, ya existen antecedentes sobre el uso indebido de insumos públicos relacionados con estas muñecas. Sus cuidadores han sido objeto de críticas por sus acciones, que afectan la percepción sobre los servicios médicos disponibles para personas reales. Este fenómeno ha generado un amplio debate sobre la ética y la responsabilidad en el uso de recursos públicos.

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Carlos Torres, fiscal departamental de La Paz, ha señalado que se han recolectado pruebas contundentes que respaldan la acusación. Entre estas pruebas se encuentran informes institucionales que demuestran que los vehículos en cuestión pertenecen al Estado, así como historiales de carga de combustible y declaraciones de testigos.

Torres también informó que estos elementos probatorios serán presentados ante la autoridad judicial durante la audiencia de medidas cautelares. En esta audiencia, se solicitará la aplicación de medidas sustitutivas, ya que la detención preventiva no es procedente debido a que la pena por este delito oscila entre uno y cuatro años.

Uso indebido de vehículos oficiales

Jiménez Cobo, de 51 años, asumió el cargo de director ejecutivo del Sernap el 30 de agosto de 2023. Se sospecha que, durante su gestión, utilizó tres vehículos oficiales de la institución para actividades personales. Además, se le acusa de hacer un uso arbitrario de su personal.

Según la investigación, el 18 de marzo de 2024, Jiménez habría obligado a su equipo a realizar tareas fuera de su horario laboral. Les dio instrucciones para trasladar personas, bebidas alcohólicas y otros insumos desde la ciudad de La Paz hasta la comunidad de Alcoche, en el municipio de Caranavi, para una fiesta patronal en la que él era pasante.

Obligaciones indebidas al personal

Asimismo, se presume que Jiménez Cobo forzó a su personal a limpiar su domicilio particular. Estos y otros hechos están documentados en el expediente de investigación que se está llevando a cabo en su contra.

LDVY

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Carlos Torres, fiscal departamental de La Paz, ha señalado que se han recolectado pruebas contundentes que respaldan la acusación. Entre estas pruebas se encuentran informes institucionales que demuestran que los vehículos en cuestión pertenecen al Estado, así como historiales de carga de combustible y declaraciones de testigos.

Torres también informó que estos elementos probatorios serán presentados ante la autoridad judicial durante la audiencia de medidas cautelares. En esta audiencia, se solicitará la aplicación de medidas sustitutivas, ya que la detención preventiva no es procedente debido a que la pena por este delito oscila entre uno y cuatro años.

Uso indebido de vehículos oficiales

Jiménez Cobo, de 51 años, asumió el cargo de director ejecutivo del Sernap el 30 de agosto de 2023. Se sospecha que, durante su gestión, utilizó tres vehículos oficiales de la institución para actividades personales. Además, se le acusa de hacer un uso arbitrario de su personal.

Según la investigación, el 18 de marzo de 2024, Jiménez habría obligado a su equipo a realizar tareas fuera de su horario laboral. Les dio instrucciones para trasladar personas, bebidas alcohólicas y otros insumos desde la ciudad de La Paz hasta la comunidad de Alcoche, en el municipio de Caranavi, para una fiesta patronal en la que él era pasante.

Obligaciones indebidas al personal

Asimismo, se presume que Jiménez Cobo forzó a su personal a limpiar su domicilio particular. Estos y otros hechos están documentados en el expediente de investigación que se está llevando a cabo en su contra.

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La acusación fue presentada el 20 de enero de 2025 ante la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos. El denunciante ha solicitado que su identidad se mantenga en reserva.

En la denuncia se solicita que se realice una intervención en las oficinas de Veliz para evitar la posible desaparición de información o evidencias. Se hace hincapié en que no se deben lavar documentos ni retirar discos duros, memorias USB, grabaciones y filmaciones del Ministerio de Educación.

Familiares en el ministerio

El documento de denuncia detalla que Veliz tendría cinco familiares trabajando en el Ministerio de Educación, quienes ingresaron después de su nombramiento como ministro. Esto se considera un claro caso de nepotismo.

Además, se menciona que favoreció a su ahijada con un cargo y un aumento salarial sin que se realizara una evaluación previa. Esta persona es amiga de la jefa de Recursos Humanos, lo que genera más sospechas sobre la gestión de Veliz.

Uso indebido de bienes públicos

La denuncia también incluye el uso indebido de bienes públicos. Se indica que Veliz y su asesor utilizan las instalaciones del Ministerio como si fueran una vivienda particular, lo que es inapropiado para un funcionario público.

Recursos económicos mal utilizados

En cuanto al uso indebido de recursos económicos, se señala que Veliz habría adquirido canastones para organizaciones sociales que son afines a su gestión. Este gasto se habría realizado con dinero que estaba destinado a un supuesto taller de evaluación.

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Choque ha indicado que hay mucho que investigar y ha mencionado que se ha recibido información sobre alcaldías, como la de Sacaba, así como de municipios del Trópico, que han estado utilizando no solo vehículos, sino también personal para llevar a cabo los bloqueos. “Ellos han estado utilizando bienes estatales para bloquear y perjudicar a las poblaciones”, afirmó Choque.

Uso indebido de recursos públicos

La diputada ha subrayado que es inaceptable utilizar bienes del Estado para dañar la economía de la población. “Alcaldes, alcaldesas, concejales, hombres y mujeres que se han prestado para dañar la economía de la población durante 24 días deben ser investigados y procesados”, agregó.

Frentes de investigación

Una vez que la Fiscalía haya conformado la comisión, es fundamental entender que existen tres frentes de investigación: el Ministerio Público, la Contraloría y Transparencia. “Cuando se trata de un bien estatal, los alcaldes, concejales, diputados, senadores y todos quienes trabajamos en la función pública deben saber que cuando hay un daño al Estado, eso no prescribe”, concluyó Choque.

Información sobre funcionarios

La diputada también ha destacado que algunos funcionarios creen que sus acciones no son conocidas; sin embargo, aseguró tener información e imágenes sobre el uso indebido de recursos públicos. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de una investigación exhaustiva para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de bienes del Estado.

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Choque ha indicado que hay mucho que investigar y ha mencionado que se ha recibido información sobre alcaldías, como la de Sacaba, así como de municipios del Trópico, que han estado utilizando no solo vehículos, sino también personal para llevar a cabo los bloqueos. “Ellos han estado utilizando bienes estatales para bloquear y perjudicar a las poblaciones”, afirmó Choque.

Uso indebido de recursos públicos

La diputada ha subrayado que es inaceptable utilizar bienes del Estado para dañar la economía de la población. “Alcaldes, alcaldesas, concejales, hombres y mujeres que se han prestado para dañar la economía de la población durante 24 días deben ser investigados y procesados”, agregó.

Frentes de investigación

Una vez que la Fiscalía haya conformado la comisión, es fundamental entender que existen tres frentes de investigación: el Ministerio Público, la Contraloría y Transparencia. “Cuando se trata de un bien estatal, los alcaldes, concejales, diputados, senadores y todos quienes trabajamos en la función pública deben saber que cuando hay un daño al Estado, eso no prescribe”, concluyó Choque.

Información sobre funcionarios

La diputada también ha destacado que algunos funcionarios creen que sus acciones no son conocidas; sin embargo, aseguró tener información e imágenes sobre el uso indebido de recursos públicos. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de una investigación exhaustiva para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de bienes del Estado.

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Ante las denuncias recibidas, los agentes policiales se dirigieron al lugar y lograron interceptar el vehículo en cuestión. Se trata de una camioneta con placa oficial 6330-NPR, que aparentemente pertenece al alcalde de El Choro, identificado como Casto C.C., de 58 años de edad. El comandante departamental de la Policía de Oruro, coronel Edson Claure, informó que el conductor fue sometido a un control de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 1,9 miligramos de alcohol por litro en sangre.

Uso indebido de bienes y servicios públicos

Además de constatar el estado de embriaguez del alcalde, las autoridades encontraron dentro del vehículo su credencial oficial. Ante esta situación, se dio aviso al Ministerio Público y se realizó una verificación exhaustiva del automóvil en presencia del fiscal de materia, doctor Richard Gutierrez. Según confirmó el coronel Claure, la camioneta en cuestión es de uso oficial de la Alcaldía de El Choro. Como resultado, el alcalde fue aprehendido e investigado por el presunto delito de uso indebido de bienes y servicios públicos.

/ APC /

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