La imputación se relaciona con un caso que ocurrió en el municipio de Yanacachi, en el departamento de La Paz. Se alega que Antezana actuó en beneficio de una cooperativa minera al anular un trámite de contrato minero que era legítimo.

Mejillones anunció, a través de la Red Gigavisión, que se solicitará la detención domiciliaria, así como medidas de arraigo y la firma en el Ministerio Público. “Al director de la AJAM se le imputa el delito de uso indebido de influencias. El Ministerio Público ha solicitado medidas sustitutivas a la detención preventiva, que incluyen detención domiciliaria, arraigo, firma periódica, presentación ante el Ministerio Público en intervalos determinados y la presentación de garantes personales”, indicó el fiscal.

Antecedentes de la investigación

Según los antecedentes y la investigación, pobladores del municipio denunciaron que Antezana, cuando era director departamental de la AJAM, presuntamente rechazó y anuló un trámite de contrato minero por extinción, debido al fallecimiento del propietario de cuatro concesiones mineras. Sin embargo, posteriormente, dio curso a la solicitud de otras personas que no eran las legítimas dueñas de esas áreas mineras.

Tras revisar los antecedentes, se evidenció que Antezana permitió un segundo proceso de extinción minera, a pesar de que ya existía una resolución ejecutoriada sobre el mismo caso. Por esta razón, se solicitará la aplicación de las medidas sustitutivas.

Posesión en la AJAM

La semana pasada, Eddy Álvaro Antezana fue posesionado como director ejecutivo nacional de la AJAM, a pesar de que enfrenta una imputación formal por el delito mencionado. La denuncia señala que el funcionario actuó en coordinación con la Cooperativa Minera Aurífera Flor de Mayo Chuñavi Ltda., con el objetivo de lograr la extinción de los derechos mineros que habían sido adjudicados anteriormente a Mario Zapata Calderón.

Además, se busca evitar la adecuación solicitada por su hija, Carla Niniska Zapata, para beneficiar a dicha cooperativa.

/KMMN

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Según la Policía, la detención de Arce está relacionada con una denuncia por presunto uso indebido de influencias. Sin embargo, el legislador denuncia que se trata de irregularidades y persecución política.

Relato del diputado

Héctor Arce relató que se presentó a declarar por una acusación de encubrimiento. Al salir, se dio cuenta de que había olvidado su cédula de identidad. Cuando regresó a recogerla, fue interceptado por particulares que, según su versión, lo aprehendieron sin una orden formal, argumentando que lo sorprendieron en flagrancia.

“Me siento secuestrado por delitos que no he cometido. Esto no es una detención, es persecución política. He recibido amenazas constantes y mi familia ha sido víctima de agresiones. Esto es una represalia por pensar diferente”, manifestó el diputado mientras era trasladado por agentes policiales.

Acusaciones de persecución

El diputado apuntó que la supuesta persecución política en su contra es encabezada por el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, y el Presidente del Estado, Luis Arce.

La acusación señala que Arce recibió asesoramiento de un abogado que, presuntamente, es funcionario de la Gobernación de Cochabamba. Sin embargo, el legislador negó estas imputaciones y calificó la aprehensión como un abuso de poder.

Intento de mostrar a los aprehensores

El diputado también intentó mostrar a los presuntos particulares que lo retuvieron, pero estos se encerraron en una oficina de la Fiscalía. Más tarde, publicó fotografías de estas personas en redes sociales.

Falta de declaraciones oficiales

Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales por parte del Gobierno sobre la aprehensión del diputado y sus acusaciones. Se aguarda un informe oficial en las próximas horas.

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Según la Policía, la detención de Arce está relacionada con una denuncia por presunto uso indebido de influencias. Sin embargo, el legislador denuncia que se trata de irregularidades y persecución política.

Relato del diputado

Héctor Arce relató que se presentó a declarar por una acusación de encubrimiento. Al salir, se dio cuenta de que había olvidado su cédula de identidad. Cuando regresó a recogerla, fue interceptado por particulares que, según su versión, lo aprehendieron sin una orden formal, argumentando que lo sorprendieron en flagrancia.

“Me siento secuestrado por delitos que no he cometido. Esto no es una detención, es persecución política. He recibido amenazas constantes y mi familia ha sido víctima de agresiones. Esto es una represalia por pensar diferente”, manifestó el diputado mientras era trasladado por agentes policiales.

Acusaciones de persecución

El diputado apuntó que la supuesta persecución política en su contra es encabezada por el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, y el Presidente del Estado, Luis Arce.

La acusación señala que Arce recibió asesoramiento de un abogado que, presuntamente, es funcionario de la Gobernación de Cochabamba. Sin embargo, el legislador negó estas imputaciones y calificó la aprehensión como un abuso de poder.

Intento de mostrar a los aprehensores

El diputado también intentó mostrar a los presuntos particulares que lo retuvieron, pero estos se encerraron en una oficina de la Fiscalía. Más tarde, publicó fotografías de estas personas en redes sociales.

Falta de declaraciones oficiales

Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales por parte del Gobierno sobre la aprehensión del diputado y sus acusaciones. Se aguarda un informe oficial en las próximas horas.

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Los concejales pertenecen a la agrupación Jallalla, pero se han convertido en disidentes de la bancada de la alcaldesa Eva Copa. Según información preliminar, ambos habrían cometido irregularidades en las contrataciones de personal.

Denuncias de persecución y amedrentamiento

La concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Fabiola Furuya, ha considerado que este hecho constituye una persecución y un intento de amedrentamiento contra aquellos que fiscalizan las acciones de la Alcaldía. En su lugar, ha pedido que se investigue a todos los concejales desde el año 2021, verificando si tienen familiares trabajando en el Concejo y quiénes abandonan su fuente laboral.

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Los concejales pertenecen a la agrupación Jallalla, pero se han convertido en disidentes de la bancada de la alcaldesa Eva Copa. Según información preliminar, ambos habrían cometido irregularidades en las contrataciones de personal.

Denuncias de persecución y amedrentamiento

La concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Fabiola Furuya, ha considerado que este hecho constituye una persecución y un intento de amedrentamiento contra aquellos que fiscalizan las acciones de la Alcaldía. En su lugar, ha pedido que se investigue a todos los concejales desde el año 2021, verificando si tienen familiares trabajando en el Concejo y quiénes abandonan su fuente laboral.

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En la resolución de imputación formal, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción solicitará, en audiencia de medidas cautelares, una fianza económica, arraigo y otras medidas correspondientes al delito investigado.

Elementos de convicción y denuncia

La Fiscalía ha recolectado más de 35 elementos de convicción, incluyendo documentos de compra y venta del terreno del Club de Unión Árabe a favor del empresario Harold L.S., que se sospecha fueron irregulares y que han dado lugar a otro proceso abierto. También se ha realizado el registro del lugar del hecho, declaraciones testificales y se ha presentado la Ordenanza Municipal 046, aprobada y posteriormente derogada por el Concejo Municipal de La Paz, entre otros.

El Fiscal Anticorrupción, Franklin Alborta, informó que el hecho fue denunciado el 21 de abril de 2023 por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a raíz de una denuncia del Fondo de Desarrollo de La Paz, en la que se advirtieron presuntas irregularidades en la aprobación de la Ordenanza Municipal 046/2022.

Presunta promoción de la ordenanza municipal

Según los elementos recopilados, se presume que el concejal Pierre Chaín habría promovido la aprobación de la ordenanza municipal con el objetivo de favorecer al empresario Harold L.S., a quien supuestamente le vendió, a través de intermediarios, un terreno del Club de Unión Árabe en la zona de Calacoto. La finalidad de esta venta sería la construcción de un edificio de más de 20 pisos. Sin embargo, la ordenanza fue derogada posteriormente debido a las irregularidades detectadas.

Otro proceso abierto contra el concejal Pierre Chaín

Además de la imputación por uso indebido de influencias, el concejal Pierre Chaín enfrenta otro proceso abierto en la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales. En este caso, se le acusa del delito de uso de instrumento falsificado, a denuncia de los socios del Club Árabe de La Paz. La acusación se basa en la presunta venta irregular del terreno en la zona de Calacoto, utilizando poderes aprobados de manera dolosa.

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