Denuncias de abuso de autoridad en San Julián

El concejal Daniel Sánchez denunció este sábado el uso excesivo de la fuerza pública durante un operativo de desbloqueo en el municipio de San Julián, Santa Cruz. La autoridad cuestionó el actuar de las fuerzas del orden y las autoridades gubernamentales ante la escalada de violencia registrada durante la jornada.

Heridos y consecuencias del operativo

Durante el operativo, se reportaron 19 personas heridas, incluyendo a dos que sufrieron impactos de bala. Sánchez, quien se trasladó a la zona para observar la intervención, calificó las acciones como un “abuso” y advirtió que las autoridades nacionales y departamentales serán responsables de las consecuencias legales y sociales de este conflicto.

Intimidación y enfrentamientos prolongados

El concejal manifestó: “No puedo permitir que los jóvenes sean maltratados”, al tiempo que denunció que ciudadanos fueron intimidados y detenidos durante los enfrentamientos. Estos comenzaron a las 06:30 horas y se extendieron por más de cuatro horas.

Impacto en la comunidad

Sánchez señaló que la situación ha superado el carácter sectorial de la protesta, involucrando ahora a la población general de San Julián. Además, reportó hechos de violencia contra vecinos, mencionando agresiones físicas y la presencia de grupos externos, a quienes acusó de atentar contra la integridad de los habitantes.

Contexto del conflicto nacional

A pesar de desestimar tener intereses electorales, el concejal enfatizó que su presencia en el lugar responde únicamente al respaldo a los ciudadanos afectados por la intervención. Los enfrentamientos en San Julián han dejado un saldo crítico, con 19 personas heridas, incluyendo un policía y un comunario con heridas de bala en el cráneo, según confirmó la Gobernación de Santa Cruz.

Crisis nacional por bloqueos

Este escenario de alta tensión se desarrolla en medio de un conflicto nacional por el bloqueo de carreteras que ya suma 24 días, dejando un saldo acumulado de 10 fallecimientos a nivel país, según datos de la Defensoría del Pueblo.

Sesión en la Asamblea Legislativa

La crisis se trasladará esta tarde a la Asamblea Legislativa, donde la Cámara de Diputados sesionará desde las 14:00 horas para tratar el proyecto de ley de Estados de excepción. Esta normativa es impulsada por el Ejecutivo como una medida para frenar los bloqueos. Sin embargo, sectores de la oposición y autoridades locales, como el concejal Sánchez, instan al Gobierno a recapacitar y retomar el diálogo para evitar una mayor escalada de violencia.

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Los policías involucrados son Delin L.B., José L.M.C. y Ovidio A.M.T., quienes tienen 40, 28 y 38 años de edad, respectivamente. Durante una audiencia de medidas cautelares, la justicia determinó que estos tres hombres son los probables responsables del delito de homicidio en contra del dirigente cocalero, quien tenía 30 años.

Decisión del juzgado

El Juzgado de Niñez y Adolescencia Penal N°1 de Ivirgarzama ha ordenado la detención preventiva de Delin en el penal de San Pablo de Quillacollo. Por su parte, Ovidio y José deberán cumplir la medida cautelar en la cárcel de San Pedro de Arani, según informó el Ministerio Público.

Detalles de la audiencia cautelar

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, explicó que durante la audiencia cautelar se presentaron “los resultados de la autopsia realizada a la víctima y las contradicciones en las declaraciones de los tres aprehendidos”. Estos elementos fueron cruciales para demostrar que “los sospechosos son, con probabilidad, autores del delito investigado”.

Continuación de las investigaciones

La autoridad judicial ha decidido mantener en detención preventiva a los tres efectivos policiales. Además, se ha indicado que las investigaciones seguirán en curso para esclarecer la verdad histórica y material de este caso.

Detalles sobre la muerte de Yonny

Yonny perdió la vida a causa de impactos de proyectil de arma de fuego. Inicialmente, se reportó que durante un operativo policial para capturar a un delincuente se produjo un cruce de disparos que resultó en una persona fallecida. Sin embargo, las investigaciones posteriores han revelado que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

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/ LMPT

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El ente internacional afirmó que el conflicto exige una acción constructiva de las autoridades, respetando derecho a protesta pacífica.

“Preocupan uso excesivo de fuerza y exhibición pública de detenidos, contrarios a obligaciones DD.HH. El diálogo respetuoso es el camino para buscar soluciones”, establece el pronunciamiento.

El pronunciamiento surge después de varias jornadas de enfrentamiento, entre la Policía y afiliados de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca); los cuales exigen el cierre del mercado paralelo del dirigente Arnold Alanez, ya que afirman que funciona de forma ilegal.

Exhibición de detenidos

La pasada jornada, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, generó controversia al presentar públicamente a 24 cocaleros; además de calificarlos como delincuentes, vulnerando el derecho a la presunción de inocencia, reportó la red Erbol.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo denunció que la Policía aparentemente intentó obstaculizar la investigación sobre la situación de los cocaleros detenidos.

La Defensoría también verificó que 11 arrestados tenían policontusiones presuntamente por los golpes de los efectivos de la institución “verde olivo”.

Por otro lado, cocaleros y organizaciones como el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) rechazaron que la Policía ingrese a viviendas privadas para la detención de cocaleros.

/JDLF/

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La autoridad defensorial advirtió que el desalojo afectó de manera violenta y con uso excesivo de la fuerza a una persona de la tercera edad, quien permanece en la calle hasta el momento.

Recordó que el hecho ocurrió el 13 de julio en la zona Villa San Antonio, donde se desplazaron la Oficial de Diligencias, Notaria de Fe Pública, el abogado de la parte demandante, 15 efectivos policiales, representantes de la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma), personal de la Plataforma del Adulto Mayor y Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Asimismo, un cerrajero y 20 estibadores se personaron para desalojar a Agustina Yujra Vda. de Aguilar de 75 años, quien por más de 50 años vivió en el inmueble.

Los efectivos policiales hicieron uso desproporcional de la fuerza, rompieron puertas y ventanas, vulneraron los derechos fundamentales de la víctima y su familia, así como la integridad psicológica de los afectados, señaló la Defensora.

Indicó que en ese intento arrestaron al hijo de Agustina, Edwin Aguilar Yujra y lo condujeron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde le iniciaron una investigación penal por el delito de incendio.

La autoridad reveló que al conocer este hecho, la institución defensorial inició una investigación, que estableció que todo este accionar fue ejecutado de manera errónea y con evidentes irregularidades.

En una reunión, el Juez Público Civil y Comercial 3ero., Fausto Calle Mamani, admitió que incurrió en un error al ejecutar el mandamiento de desapoderamiento.

Sin embargo, lo atribuyó a la mala fe del demandante, Rodrigo Arturo Meneses Mollinedo, pues su inmueble era otro y explicó que la defensa de Yujra, no presentó en la vía legal para hacer respetar su derecho propietario.

Cruz apuntó que la institución defensorial constató, luego de revisar el expediente, que Agustina Yujra activó recursos legales para resguardar su derecho propietario, pero que cada uno de ellos fue rechazado por la autoridad judicial.

Hizo mención al artículo 67 de la Constitución Política del Estado establece que todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana, y que prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, violencia y discriminación en contra de ellas.

Solicitó al Comando General de la Policía Boliviana que lleve a cabo procesos disciplinarios en contra de los efectivos que hicieron el uso de la fuerza.

Tras exigir los procesos disciplinarios en contra del Juez y Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial 3ro, indicó que solicitó al Consejo de la Magistratura que disponga el inicio de una auditoria jurídica a este proceso civil.

También cuestionó el actuar de la justicia constitucional, pues la Sala Constitucional Segunda dispuso la audiencia para resolver la Acción de Amparo en favor de Yujra para el 12 de agosto, pese que el Artículo 56 del Código Procesal Constitucional dispone que las audiencias de Amparo Constitucional deben realizarse dentro de las 48 horas de interpuesta la acción.

/NVY

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