Revocan detención domiciliaria de Juan Carlos Huarachi

La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó revocar la detención domiciliaria de Juan Carlos Huarachi, exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB). Esta decisión ordena su reingreso inmediato al penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

Decisión judicial y argumentos

La revocatoria supone un duro golpe a la defensa de Huarachi, ya que la justicia paceña validó los argumentos de los entes estatales. Estos consideran que la detención preventiva en un centro penitenciario es la única medida proporcional para garantizar la continuidad de las investigaciones y evitar la obstaculización del proceso, según citó BTV.

Contexto del caso

Esta resolución surge tras la audiencia de apelación incidental (audiencia para pedirle a un juez de mayor rango que revise y cambie una decisión específica del caso), interpuesta por el Ministerio Público y el Viceministerio de Transparencia. Ambas instancias impugnaron la decisión emitida a finales de abril por el Juzgado Anticorrupción Octavo, que había permitido a Huarachi abandonar la cárcel bajo medidas sustitutivas.

Investigaciones por corrupción

Huarachi es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, dentro de la trama de corrupción denominada “Coimas”, vinculada al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. El exdirigente había sido remitido originalmente a prisión en noviembre de 2025; sin embargo, su breve permanencia bajo arresto domiciliario ha sido anulada por el tribunal.

Llamado a la acción

El abogado denunciante, Abel Loma, fue contundente al solicitar la intervención inmediata de la fuerza pública: “Solicitamos de manera pública que las autoridades policiales procedan a dar con el paradero del señor Juan Carlos Huarachi. Él debe presentarse y ser recluido nuevamente en el penal”, señaló Loma. Además, advirtió sobre un inminente riesgo de fuga si no se ejecuta la orden con celeridad.

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Según el documento presentado ante la Justicia, el recurso es dirigido contra el Presidente Luis Arce Catacora y los ministros de Economía, Marcelo Montenegro, y de Salud, María Renée Castro. “Hoy pedimos a la justicia que sea la que hable. En 24 horas, debe decidirse el futuro de cientos de pacientes renales. El centralismo no puede seguir condenando a Santa Cruz al olvido”, afirmaron los cívicos.

Responsabilidad del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de pagar por cientos de tratamientos que reciben los pacientes renales en diferentes centros hospitalarios, tanto en Santa Cruz como en el resto del país. “Un paciente renal en Santa Cruz lucha contra la muerte. Hoy, el Comité pro Santa Cruz, junto a la Gobernación, la Alcaldía y la Asociación de Pacientes Renales, exigimos lo que es justo: ¡Vida y dignidad para nuestros enfermos!”, expresaron.

Vigilia y cuarto intermedio

Con esta medida y tras 12 días en vigilia, los enfermos renales decidieron entrar en un cuarto intermedio en la vigilia que habían instalado en la plaza principal. A través de cartas, invitaron a una reunión a los ministros de Salud y Economía para abordar sus demandas. Solicitaron que la reunión se realice este martes 30 de septiembre a las 9:00 horas en La Paz.

Solicitud de audiencia

“Solicitamos a su autoridad nos reciba en audiencia en su despacho el día martes, 30 de septiembre, a las 9:00. En la reunión participarán los del Comité pro Santa Cruz, Colegio Médico y representantes de los enfermos renales de La Paz, El Alto y provincias”, se lee en la carta dirigida al ministro de Economía. Se está enviando una nota similar a la ministra de Salud para que ambos ministerios atiendan esta solicitud.

Compromiso del municipio

El vocero municipal, Bernardo Montenegro, informó que el municipio hará todo lo posible por mantener el servicio de diálisis para los enfermos renales. Aseguró que durante la vigilia instalada en la plaza 24 de Septiembre se desplegaron ambulancias para atender a los manifestantes ante cualquier eventualidad.

“El municipio solicita a las diferentes partes deponer actitudes y asegurar la atención a este sector que es vulnerable. El municipio ha hecho y seguirá haciendo lo imposible para que este servicio no se corte”, explicó Montenegro. Desde la Gobernación asumieron una posición similar, asegurando que la atención está garantizada en los hospitales San Juan de Dios y Japonés.

/KMMN

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Según la legisladora, la acción fue presentada por la ciudadana Marlene María Sierra Terán ante la Sala Constitucional del Beni. En el documento, se solicita la inhabilitación de todos los candidatos que hayan ocupado cargos públicos electivos durante un periodo acumulado de 10 años. Esto afectaría a exautoridades que han tenido dos gestiones consecutivas.

Como medida cautelar, la solicitante ha pedido la suspensión temporal de las listas de candidatos al Legislativo que incluyan a personas con ese perfil, hasta que se resuelva el fondo de la demanda.

Advertencia sobre el proceso electoral

Salame ha advertido que esta acción podría ser un intento de frenar el proceso electoral y ha criticado que haya sido admitida por la sala del vocal Charles Mejía. La senadora afirmó que existe una “complicidad” con vocales “autoprorrogados”, lo que pone en riesgo el calendario democrático.

“Una inconstitucional acción popular pretende nuevamente afectar el proceso electoral. Extrañamente, la acción es admitida en el Tribunal Departamental del Beni en la Sala del vocal (Charles) Mejía; al parecer, en complicidad con los vocales ‘autoprorrogados’ pretenden un golpe a la democracia”, expresó Salame a través de sus redes sociales.

Posición de los tribunales

Tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Tribunal Constitucional Plurinacional han reiterado que ningún recurso judicial podrá paralizar la elección programada para el 17 de agosto de 2025.

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La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió una resolución en respuesta a una acción de amparo presentada por los concejales Lucía Mamani, Jorge Dulón y Oscar Sogliano, quienes pertenecen al partido del alcalde Iván Arias. Estas autoridades alegaron que durante la sesión del 29 de abril se cometieron irregularidades y se incumplió el reglamento del Concejo.

A raíz de este fallo, quedó anulada la elección de Lucio Quispe como presidente del Concejo, así como la de Josseline Pinto en la vicepresidencia y Lourdes Chambilla en la secretaría.

Defensa de la legitimidad de la sesión

Escalier aseguró que la sesión se llevó a cabo de forma legítima. En ese contexto, señaló que los concejales oficialistas participaron, aprobaron el orden del día y postularon a su propio candidato. A su criterio, no hay fundamentos para desconocer la elección.

“Perdieron y ahora intentan anular todo con apoyo de una justicia que ni siquiera conoce el reglamento. Es indignante”, reclamó.

Judicialización del trabajo del Concejo

El concejal sostuvo que existe una intención del alcalde de “judicializar” el trabajo del Concejo para revertir una derrota política. Escalier también recordó que tras la votación, los concejales oficialistas bloquearon durante semanas la Secretaría del Concejo.

Esta situación paralizó el tratamiento de leyes y frenó las tareas de fiscalización.

Obstáculos en el acceso a la información

Además, acusó al Ejecutivo municipal de obstaculizar el acceso a información clave para ejercer el control. En ese sentido, denunció que los documentos requeridos por los concejales no son entregados.

La autoridad considera que aquella actitud representa un incumplimiento de deberes y perjudica directamente la gestión del propio alcalde.

LDVY

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La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, declaró que el objetivo es asegurar el respeto a la Constitución Política del Estado. Además, rechazó las acusaciones de la oposición que sugieren una posible responsabilidad del Ejecutivo en la paralización del proceso electoral.

Objetivo de la audiencia

El recurso que se admitió tiene como finalidad mantener los comicios previstos para el 1 de diciembre. Esto se da a pesar de los fallos de las salas constitucionales de Beni y Pando, que declararon desiertos los procesos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Alcón afirmó: “Se ordena, como medida cautelar, la prosecución, sin ninguna interrupción, de este proceso de elecciones judiciales. Tenemos además que ratificar nuestra posición: la Constitución Política del Estado se tiene que cumplir y se tiene que respetar”.

Rechazo a acusaciones

La viceministra también desestimó las insinuaciones de la oposición sobre una posible responsabilidad del Ejecutivo en la paralización del proceso electoral. Por el contrario, expresó que algunos actores políticos podrían tener interés en que todo el proceso se detenga.

Alcón destacó que la responsabilidad del Gobierno es garantizar los recursos necesarios para llevar a cabo este proceso electoral.

Impacto económico de la paralización

Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), si se detiene el proceso electoral, esto generará un daño económico de 55 millones de bolivianos. Este dato resalta la importancia y la urgencia de continuar con el desarrollo del proceso electoral en curso.

Próxima audiencia en La Paz

Para el 17 de octubre se tiene programada una audiencia de acción de cumplimiento en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En esta audiencia se podría determinar la continuidad de las elecciones judiciales.

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Marcha del evismo hacia La Paz

El martes, el evismo comenzó una marcha desde Caracollo con destino a La Paz. Esta movilización busca demandar mejoras en la gestión económica, la defensa de la democracia y la protección del Movimiento Al Socialismo (MAS). Además, se está promoviendo la candidatura de Morales para las elecciones generales de 2025.

Advertencia del Tribunal

En una declaración oficial, el Tribunal advirtió que si hay incumplimiento de la resolución, se activarán todos los mecanismos legales pertinentes en coordinación con el Ministerio Público. “Se conmina a la parte accionada y a diferentes actores políticos, organizaciones civiles, sindicales y otros a cumplir con la Resolución Constitucional 040/2024 (…); y, en caso de desobedecer o incumplir la presente determinación, deben activarse todos los mecanismos legales exhortados al Ministerio de Gobierno y ser en coordinación con el Ministerio Público”, se indica en el documento emitido por la entidad.

Denuncia que originó el caso

Este caso se origina a partir de una denuncia presentada por Amílcar Bladimir Barral Cabero el 11 de septiembre. En esta denuncia, se alegaba que el evismo estaba incumpliendo la resolución constitucional mencionada.

Consecuencias del incumplimiento

La Sala Constitucional Cuarta enfatizó que cualquier acción que contravenga la resolución podría resultar en sanciones legales. La Resolución Constitucional 040/2024, emitida el 16 de febrero, exhorta a Morales y a otros a no atribuirse la representación de derechos civiles o políticos de la sociedad. También se les pide evitar afectar el ejercicio de derechos fundamentales de otros miembros de la sociedad, no promover ni incitar a realizar bloqueos de caminos y no provocar intransitabilidad de las carreteras.

Asimismo, la resolución exhorta al Ministerio de Gobierno a establecer mecanismos, ya sea a través de inteligencia u otros medios, para identificar nuevos bloqueos en las carreteras. En este contexto, el Tribunal también destacó que el Ministerio de Gobierno ya emitió un instructivo conforme a la decisión constitucional, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa.

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Por otro lado, el juicio de ese proceso, actualmente está en etapa de presentación de pruebas documentales para demostrar la veracidad del caso.

Desde la Presidencia del Tribunal de Sentencia se informó que no se puede delimitar los días y horas para que las partes presenten sus testigos, debido a que se aplicará el principio de preclusión, (se la considera como la pérdida, extinción o caducidad de una facultad o potestad procesal, por no haber sido ejercida a tiempo).

En primera instancia, el Ministerio Público debe presentar sus testigos; luego las partes acusadoras que son el Ministerio de Gobierno, Procuraduría y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Después será el turno de la defensa de Jeanine Añez, los exjefes militares y de la Policía acusados.

Previamente, el Tribunal ya dispuso que las declaraciones de los testigos sean de manera presencial, frente a los jueces. En la lista ofrecida por las partes, están políticos como la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, la exsenadora del MAS, Adriana Salvatierra; la exministra Susana Rivero, los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera entre otros.

En este caso, se investigó el ascenso de Añez como Presidente en 2019 y quiénes fueron los que colaboraron con ella, además el proceso en su contra es por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.

/ABH

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La hija de la exmandataria Carolina Ribera, advirtió en las últimas horas que de enjuiciarse a su madre en la vía ordinaria habrá ganado “la dictadura de la persecución”.

Uno de los abogados de la expresidente, informó que la audiencia fue postergada “ante la imposibilidad técnica” de uno de los vocales para participar de la misma, según el diario El Deber.

En concreto, el vocal Orlando Rojas no pudo conectarse a la sesión virtual. Ante ello, su colega, Rosmery Pabón, decidió reprogramar la audiencia para dentro de diez días.

Este caso fue activado en junio por una denuncia de EBA, que acusó a Añez de nombrar a una gerente sin título profesional, la primera denuncia presentada contra la exmandataria por la vía ordinaria.

La denuncia, en un principio, fue aceptada por la entonces juez Claudia Castro, que en la actualidad es vocal del Tribunal Departamental, reportó el diario Correo del Sur.

La defensa de Añez, no obstante, rechazó esa decisión y reclamó que la exmandataria sea procesada por medio de un juicio de responsabilidades. Por eso se programó una audiencia de apelación, la misma que debía resolverse este miércoles.

Para los abogados de Añez, este caso puede abrir las puertas para que la expresidente sea juzgada únicamente por la vía ordinaria, lo que dejaría de lado los cuatro juicios de responsabilidades que se tramitan ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), contra la exmandataria.

“De materializarse la ratificación de la injusta resolución, se estaría estableciendo un nefasto precedente y ratificación de quebrantamiento del estado de derecho. No es tema menor, pues representa que los derechos y garantías de todos los ciudadanos bolivianos quedarán en indefensión y a merced de operadores de justicia que se encuentran seriamente cuestionados de credibilidad”, señaló el equipo de la defensa de Añez en un comunicado.

Jeanine Añez se encuentra en el Centro Penitenciario Femenino Miraflores con detención preventiva.

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Aproximadamente a las 17:30 horas, varios petardos acompañados de gritos de júbilo resonaron en el centro de la Sede de Gobierno, luego que el vocal dirimidor Alfredo Jaimes votó por inhabilitar a Evo Morales en las elecciones del 18 de octubre próximo.

Varias personas a pesar de la lluvia se mantuvieron en las puertas de los juzgados, algunos de ellos pertenecientes a grupos de la denominada “resistencia” se aglomeran en puertas del Tribunal Departamental de Justicia festejando la decisión de rechazó al Amparo Constitucional presentado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), reportó la agencia APG.

También la asistencia de “ciudadanos de a pie”, marcó el contexto de la decisión, en horas precedentes cívicos y activistas advirtieron con retomar movilizaciones si el vocal dirimidor fallaba a favor del exmandatario, quien es acusado en la actualidad por varios delitos, entre ellos, estupro, trata y tráfico de personas, además de existir sobre sus espaldas denuncias ante la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad.

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Según la determinación, los actos fueron consentidos por parte del exgobernador Pizarro y conforme al artículo 53 del Código Procesal Constitucional estos actos consentidos, sean expresos o por una actitud pasiva, imposibilita el ingreso de análisis al fondo del caso por lo que el Tribunal de garantías determinó la improcedencia de la acción del Amparo Constitucional.

Hace varios días, Pizarro consideró que fue vulnerado su derecho a la función pública y presentó el Amparo Constitucional luego de que algunos asambleístas decidieran destituirlo y nombrar a Edson Oczachoque en su lugar.

La entrada Justicia le niega a Zenón Pizarro la posibilidad de volver como Gobernador de Oruro se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

“En el Órgano Judicial, el Tribunal Departamental de Justiciade Oruro, trabajamos todos los días en audiencias, en ambientes reducidos, elcontagio es inminente para nosotros si es que alguien estaría contagiado, (…)pedimos de una vez que se tomen medidas inmediatas a nivel departamental”, indicoun de los jueces”, mencionó uno de los jueces que participó de la reunión.

En esta institución al igual que en varias de la ciudad, el uso de barbijo y alcohol en gel es obligatorio por parte de los funcionarios.

VPO/DVVQ.

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Además los representantes de dicha instituciónaprovecharon para celebrar los 413 años de fundación de la Muy Noble y LealVilla de San Felipe de Austria  que hoyes Oruro.

El juez civil 1, Carlos Montoya, destacó laimportancia en este día de celebración, de la dedicada labor que desempeñantodos los miembros del TDJO a pesar del trato salarial.

“Por la dedicada labor que desempeñan cumpliendomás allá de los horarios habituales sufriendo amenazas de denuncias por partede abogados litigantes y sobre todo sobrellevando las persecucionesdisciplinarias recibiendo una remuneración magra que no condice con aquellasdelicadas funciones y que merecería un mejor trato salarial”, dijo Montoya.

Además indicó que todos deben cambiar la imagen dela justicia en el Departamento, desde donde les toca trabajar dentro del TDJO

“Todos unidos estamos en la obligación de trabajar para cambiar la imagen de la justicia desde el sitio desde el que nos toca trabajar”, afirmó el juez.

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