Durante la audiencia, Añez negó cualquier responsabilidad en las muertes que ocurrieron durante un operativo militar y policial el 19 de noviembre de 2019. Este operativo se llevó a cabo en medio de las protestas que se desataron en el país en ese momento.

Argumentos del tribunal

La decisión del tribunal se enmarca en un incidente de excepción de incompetencia. Añez argumentó que su caso debería ser procesado en un juicio político, el cual requiere la autorización de dos tercios de la Asamblea Legislativa, ya que los hechos que se investigan sucedieron mientras ella era presidenta. Sin embargo, tanto el Gobierno como la Fiscalía sostuvieron que Añez no fue presidenta constitucional, lo que significaría que no le corresponde un juicio de privilegio.

Los acusadores rechazaron la solicitud de Añez, argumentando que en varias ocasiones se había determinado que debía ser procesada en un juicio ordinario. El tribunal, por su parte, ratificó que los hechos investigados ocurrieron durante su mandato y que no es relevante analizar cómo asumió el cargo, sino que es suficiente que haya sido reconocida públicamente como mandataria.

Decisión del tribunal

El tribunal se declaró incompetente para juzgar a Añez, aunque dejó claro que esta decisión no implica impunidad. Se refiere únicamente al procedimiento del proceso. En este sentido, el tribunal dispuso la anulación de obrados en este juicio hasta fojas 2 y decidió devolver los obrados al juzgado cautelar de origen para que remita el caso a la Fiscalía General, donde se iniciará el proceso de juicio de responsabilidades. Además, el tribunal se inhibió de continuar el juicio contra los demás acusados.

Reacciones a la decisión

La defensa de Añez celebró la decisión del tribunal, mientras que los acusadores anunciaron su intención de apelar. Este caso investiga los hechos del 19 de noviembre de 2019, cuando al menos diez personas perdieron la vida durante un operativo militar y policial que enfrentó a manifestantes que intentaban ingresar por la fuerza a la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata.

Otros procesos judiciales

A pesar de haber logrado salir de este caso, Añez aún enfrenta otros procesos legales que le impiden recuperar su libertad en este momento. La semana pasada, su defensa informó que en total tiene nueve procesos en su contra, de los cuales seis están bajo detención preventiva y uno ya cuenta con sentencia.

/KMMN

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En este caso, se investigan los hechos que llevaron a la renuncia de Evo Morales en 2019 y las irregularidades en la asunción presidencial de Jeanine Añez en noviembre del mismo año. Se espera que las partes querellantes presenten sus acusaciones y pruebas antes de convocar a la audiencia de juicio.

Implicados en el caso Golpe I

En relación con el caso Golpe I, también se investiga a Luis Fernando Camacho por terrorismo, mientras que Jeanine Añez y Marco Pumari son señalados como cómplices. Se espera que las partes querellantes presenten sus acusaciones y pruebas antes de convocar a la audiencia de juicio.

Admisión de culpabilidad y acusados en rebeldía

Seis personas, entre exministros y militares, han admitido su culpabilidad en el caso Golpe I, mientras que otros cinco están acusados en rebeldía. Cabe destacar que estos últimos podrían encontrarse fuera del país.

Importancia del Tribunal Primero Anticorrupción

El fiscal Alave ha explicado que, en el distrito, solo existen dos tribunales anticorrupción, lo cual resalta la importancia del Tribunal Primero Anticorrupción en este caso específico. Tras el sorteo del tribunal correspondiente, se procederá a notificar a las partes querellantes para que presenten sus acusaciones particulares y pruebas antes de convocar a la audiencia de juicio.

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El abogado de la exmandataria, Luis Guillén, señaló que la respuesta del Tribunal fue notificada el pasado lunes y que la misma aclara “en parte” los puntos de los cuales se solicitaron explicación.

Guillén señaló que desde el martes corre el plazo de 15 días para que la defensa interponga la apelación restringida.

Además, recordó que, con la apelación, se solicitará revocar la sentencia contra Áñez, tomando en cuenta vicios de nulidad y que el tribunal no sería competente para enjuiciar a una exmandataria.

También hizo mención al informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cual observó aspectos que afectaron el debido proceso en el juicio.

Guillén aseveró que en el juicio no se ha cumplido las reglas del debido proceso, además de que no se llevó de manera imparcial.

Antecedentes

La expresidente Jeanine Áñez, fue condenada por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz a 10 años de cárcel por el caso denominado “Golpe II”, en el que se la acusó por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

La sentencia se dio a conocer en un contexto en el que el relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, observó el juicio ordinario contra Áñez por el caso ‘Golpe II’ y dijo que “la justicia boliviana tiene la oportunidad de hacer las correcciones que resulten necesarias ante un recurso de apelación o revisión, si se presentase”.

El relator además, afirmó que “tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”, en referencia a la exmandataria.

/HNF/

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La exautoridad fue condenada a diez años de prisión el 10 de junio por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, que habría cometido con su asunción a la presidencia del Senado y del Estado en 2019.

Punto uno
La exmandataria pidió en su memorial la explicación y complementación respecto a los principios de favorabilidad e irretroactividad. Esto debido a que se la condenó por tipos penales derogados, según informó la red Erbol.

Según el memorial Áñez fue condenada con las definiciones de delitos que ya no están vigentes, puesto que los tipos penales de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes fueron modificados por la Ley 1390 de 2021.

Punto dos
Además, instó a que se aclare cómo el tribunal aplicó el concurso de delitos, toda vez que consideran incompatibles los dos delitos que se le acusa, puesto que uno es de comisión y el otro es de omisión.

Punto tres
La expresidente transitoria de Bolivia, exigió una explicación y complementación en referencia a la inexistencia de subsunción de los supuestos hechos probados y conducentes a los delitos.

Asimismo, pidió al tribunal que explique cuáles son los hechos que constituyeron órdenes contrarias a la Constitución; por qué ingresó a la temática de sucesión si anticiparon que no lo haría; qué hechos constituyeron órdenes contrarias a la ley; y qué hecho constituyó omisión o retardación.

Punto cuatro
Solicitó también la aclaración y complementación del por qué, en las pruebas, el tribunal sólo consideró aspectos favorables esbozados por el Ministerio Público.

Punto cinco
La abogada de 55 años, pidió que el tribunal explique por qué no se consideró los alegatos en la sentencia, puesto que solo se tomó en cuenta declaraciones y exposición inicial de la defensa.

Punto seis
Finalmente Jeanine Áñez, respecto a la dosificación de la pena, instó a la autoridad judicial que se explique la fundamentación de la agravante, por la cual el tribunal se remitió simplemente a la edad.

/NVY

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“Nosotros vamos a interponer un recurso de complementación y enmienda, creo que la Procuraduría va a hacer lo propio y las otras entidades y a partir de eso, posteriormente complementada, enmendada, aclarada esta sentencia es que vamos a interponer el recurso de apelación”, señaló el jurista.

El pasado miércoles se cumplió con la lectura de la sentencia integra, sin embargo, la defensa de Añez observó varios aspectos que no habrían sido aclarados por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz dentro del proceso en cuestión.

El 10 de junio la exmandataria fue declarada culpable y se determinó una sentenciada a 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

“Hay varios extremos que no han sido claros, hay varios extremos en los que este tribunal merece explicar porque no cumplió lo que establece la ley”, manifestó Guillén.

El proceso contra la exmandataria Añez y otros exjefes militares y policiales se centró en el caso “Golpe de Estado II” por la asunción irregular a la presidencia del Senado y, posteriormente, a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019.

/HNF/

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Resaltó que designaron a los funcionarios para llevar el proceso, debido a que las fechas coinciden.

“Los dos jueces, Marco Antonio Vargas y Rocío Lupe Zabala, que estaban aplazados y no les daba para llegar a ser juez fueron posesionados el 18 de enero después de la acusación de mi madre. Fueron posesionados solamente para que lleven este proceso contra Jeanine Áñez con la instrucción de que sea condenada”, manifestó en contacto con el diario El Deber.

El Ministerio Público presentó la acusación formal contra Áñez el 30 de noviembre de 2021 y los supuestos delitos de los que se le acusan son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.

En la audiencia de la pasada jornada, la defensa de la exmandataria solicitó la suspensión del juicio hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) responda a la queja al rechazo de la acción de inconstitucionalidad concreta, pero fue denegado.

El recurso pide que se declare como inconstitucional los artículos 153 y 154 del Código Penal, referidos al incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, debido a que son “genéricos y de imposible aplicación”.

El presidente del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, Germán Ramos, fue el único disidente y argumentó que antes de retomar el juicio era pertinente que el TCP responda a la acusada en respeto del debido proceso.

Impedimento de asistir al juicio

Respecto al impedimento a la exmandataria de asistir a su juicio de forma presencial, sus familiares resaltaron que no es la primera vez que le niegan sus derechos durante el proceso.

La medida fue negada por la justicia, por lo que la audiencia se instaló esta jornada, y Añez deberá responder a las acusaciones por los presuntos delitos de los que se le acusa.

“A mi madre le han negado todos sus derechos en este proceso que es ilegal de principio a fin. Además de negarle y prohibirle estar presente en su propio juicio. Ayer lo solicitó dos veces y se lo negaron. No hay argumentos jurídicos de parte del presidente del Tribunal de por qué no puede estar en el juicio”, sostuvo Ribera.

/JDLF/

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La determinación se hizo pública por medio de un documento emitido la presente jornada por el Tribunal de Sentencia.

El juicio está en su etapa final, pues solo faltan los alegatos de las partes acusadas y acusadoras, y después se conocerá la sentencia. El juicio estaba paralizado debido a un recurso que presentaron los abogados de la exmandataria.

La audiencia que dará continuidad al juicio fue programada para las 14:00 horas del día lunes 6 de junio bajo la modalidad semipresencial, en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia, según informó Erbol.

El juicio se reanudará después de que el Tribunal Constitucional rechazó el recurso que presentó la defensa de la exmandataria con el que pidieron declarar inconstitucional los tipos penales de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, criterios por los que se desarrolla el caso “Golpe II”.

Para el lunes el Tribunal de Sentencia dispuso que la cárcel de Miraflores habilite una plataforma virtual para que Jeanine Áñez participe de la audiencia, también pidieron tomar los recaudos necesarios para que se encuentre bajo supervisión del personal médico.

Misma solicitud fue hecha al penal de San Pedro, para que Flavio Gustavo Arce San Martin y Jorge Pastor Mendieta, exjefes militares que también están acusados y tienen detención preventiva, puedan participar de manera virtual.

De manera preliminar se conoció que la defensa de Áñez se apersonará al Tribunal de Sentencia para informar que sigue pendiente la resolución de una solicitud que hizo al Tribunal Constitucional, por lo que el juicio podría no reiniciarse.

La jornada precedente, la defensa de la exmandataria presentó al Tribunal Constitucional una solicitud de complementación y explicación respecto al rechazo de la acción de inconstitucionalidad. Con esa solicitud, aseguraron que el juicio no tendría que retomarse.

/ LMPT

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“Vamos nosotros ver cuál es la directriz del Tribunal, qué tiempo se nos va a dar para que podamos hacer los alegatos. En conclusión, si es que tiene la misma línea que ha asumido al momento de los alegatos iniciales, imagino que el día 4 de mayo ya se va a emitir una sentencia”, manifestó el fiscal Omar Mejillones.

En la audiencia del martes, el Tribunal rechazó que se presenten pericias de cargo y descargos. También, se descartaron inspecciones técnico oculares que se habían pedido, por lo cual la audiencia del miércoles que comenzará a las 10:00 horas será para los alegatos finales y posiblemente la sentencia.

“Para el día miércoles a las 10 de mañana, se ha señalado ya la audiencia de alegatos donde ya las partes presentarán sus conclusiones respectivas y, posteriormente, suponemos que en el día ya el Tribunal va a emitir una sentencia ya en su parte resolutiva”, confirmó el abogado Javier Peñaloza, que defiende al general Pastor Mendieta.

El fiscal Mejillones informó que el Ministerio Público está solicitando la pena de 12 a 15 de cárcel para todos los implicados, debido a los delitos que se les acusan.

Sobre este caso se investiga la asunción de Jeanine Añez a presidente en 2019, que según criterio de la Fiscalía fue ilegal. Los militares y policía implicados están sindicados de haber colaborado con la expresidente para este cometido.

Además de Añez, fueron acusados el excomandante de las FFAA, Williams Kaliman, los exintegrantes de su Comando, Flavio Arce San Martín, Jorge Terceros, Gonzalo Jarjury, Pastor Mendieta, Jorge Fernández; además de Carlos Orellana, quien fue comandante después de Kaliman. También está acusado el excomandante de la Policía, Yuri Calderón.

En el juicio Añez había solicitado que no haya sentencia en tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie respecto a una acción de inconstitucionalidad que presentó contra los tipos penales de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Según el fiscal ya fue notificado con la acción de inconstitucionalidad, pero corresponde al Tribunal decidir el trámite que corresponde sobre este caso.

/HNF/

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El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz ordenó la aprehensión de los siguientes exjefes militares: el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman; el exinspector, Jorge Fernández; el excomandante de las Fuerzas Armadas en la gestión del gobierno interino, Sergio Orellana y para el excomandante de la Policía, Yuri Calderón, según informó ANF.

Los individuos mandados a aprehender fueron declarados en rebeldía en cuanto se inició el juicio oral del caso denominado “Golpe de Estado II”.

“Se expida mandamiento de aprehensión en contra de los declarados rebeldes. Tercero, la designación de un defensor público a cada uno de los coacusados, declarados rebeldes, para que los representen con todos los poderes y recursos reconocidos, para cuyo efecto ofíciese del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, a objeto que designe una abogada o abogado defensor público”, reseñó parte de la resolución que se emitió.

En el mismo documento se aclara que: “La declaratoria de rebeldía no interrumpe la prosecución de juicio, por consiguiente, para seguir con la sustanciación, se señala audiencia de juicio oral para 4 de abril de 2022 a horas 09.00, acto procesal que se desarrollará de manera virtual”.

Los exjefes militares y el policía aludido en este proceso no se presentaron durante la etapa investigativa, se los acusó de estar implicados en el presunto ascenso irregular de Jeanine Añez como Presidente de Bolivia, entre el 10 y 12 de noviembre de 2019.

El tribunal dispuso la publicación de datos y señas personales de los declarados en rebeldía por medio de la prensa escrita de circulación nacional.

“En caso concreto de la plataforma establecida por el Tribunal Supremo de Justicia, mediante el sistema Ermes” señaló el documento.

En la apertura del juicio oral, la exmandataria presentó una descomposición según su abogada, Norka Cuéllar; quien además denunció el riesgo de seguridad ante grupos de personas que se manifestaban afuera del penal de Miraflores, exigiendo la condena máxima para Áñez.

La expresidente y los otros acusados afrontan el proceso penal por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, además de incumplimiento de deberes.

/ LMPT

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El pleito entre ambos data del 2015, cuando Rafael Quispe en su calidad de diputado nacional formuló denuncias de supuesta corrupción contra Felipa Huanca por el caso “Fondioc”, lo que habría perjudicado su campaña electoral hasta llevarla a su derrota en las urnas.

Quispe se mostró dispuesto a ir a la cárcel, si es preciso, pero anunció que seguiría realizando su campaña política detrás de las celdas.

“Voy a hacer campaña desde la cárcel” eso es lo que dijo el “Tata” Quispe después de que se haya pospuesto por segunda vez su audiencia y denuncia, señaló que en caso que lo sentencien el continuará realizando campaña tras las rejas.

Para el ‘Tata’ Quispe, los que denuncian corrupción son procesados y los que están involucrados en irregularidades en el caso Fondo Indígena, como Felipa Huanca, resultan ser inocentes y aparecen como denunciantes.

Por su parte, Fernando Rivadeneira, abogado de Quispe, mencionó que el juicio estaría ingresando a la etapa conclusiva donde podría dictarse ya sea una sentencia absolutoria o condenatoria.

/RMMP/

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“Dios es grande, algo debió de pasar. El juez suspendió la audiencia hasta nuevo aviso. Gracias por sus mensajes y todo el apoyo queridos hermanos”, manifestó Quispe mediante sus redes sociales.

Tras su comunicado, el “Tata” Quispe difundió una fotografía en la que se lo ve rezando, arrodillado, al interior de una iglesia de la sede de Gobierno. “Diosito es grande. Sabe por qué hace las cosas. Creo es señal de seguir trabajando y no pienso defraudarles”, agregó.

RECUSA

Este martes, Quispe, presentó un memorial para recusar al presidente del Tribunal Primero Anticorrupción, Iván Perales, quien está a cargo de su juicio por supuesto acoso político, argumentando que su nuevo abogado defensor, Fernando Rivadeneira, tiene una enemistad declarada con esa autoridad.

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“En mérito al comunicado de fecha 13 de octubre de 2020 emitido por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se señala audiencia de prosecución de juicio oral, para el día 16 de noviembre de 2020 a horas 09.00, debiendo constituirse en Plataforma Virtual Blackborad”, refiere la disposición del presidente del Tribunal Primero Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer, juez Iván Perales.

El proceso fue iniciado por Huanca, bajo el argumento que Quispe la habría perjudicado en su candidatura a gobernadora por el Movimiento al Socialismo (MAS) en 2015, con denuncias en su contra.

Por su parte, el “Tata” Quispe, denunció que se dispuso la prosecución del juicio que le sigue Huanca por presunto acoso político, además considera que esta medida y otros procesos anunciados contra las actuales autoridades de Gobierno, es el inicio de la “persecución política del MAS“.

“Hoy se ha programado la prosecución del juicio oral iniciado por Felipa Huanca por acoso político y violencia contra la mujer, que está fijada para el 16 de noviembre. En esa prosecución de juicio oral solamente hay dos o tres audiencias y se dictará la sentencia en mi contra”, dijo Quispe a la red Erbol.

Asimismo, aseguró que no se irá de Bolivia y que si tiene que ir a Chonchocoro por defender la democracia y libertad, está depuesto a hacerlo.

“Lo que he hecho es denunciar la corrupción y nuevamente el Movimiento al Socialismo trata de intimidar, de perseguir a aquellas personas que pensamos diferente, por lo tanto, estoy dispuesto a someterme a la justicia y si la justicia me manda a Chonchocoro, estoy dispuesto a ir”, agregó.

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