Edwin Almendras asume la titularidad en el Tribunal Agroambiental

El Mgdo. Edwin Almendras Vasquez fue presentado oficialmente este martes 2 de junio de 2026 como nueva autoridad del Tribunal Agroambiental. Este nombramiento se realizó en una sesión de Sala Plena Extraordinaria, donde se consideró el informe del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que estableció que Almendras obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones judiciales de 2024.

Trayectoria y formación académica

Almendras, nacido el 5 de marzo de 1983 en Cochabamba, Bolivia, se autoidentifica como originario campesino de la cultura Quechua y es hablante nativo de español y quechua. Es abogado y académico con una trayectoria especializada en áreas agrarias, forestales y de preservación de la naturaleza. Además, cuenta con un Magíster en Derecho Agroambiental y Forestal, así como Diplomados en Derecho Procesal Penal y Resolución de Conflictos y Paz Social.

Carrera docente y experiencia pública

Su carrera docente incluye la enseñanza en la Universidad Nacional del Oriente (UNO), donde imparte Derecho Agroambiental y Forestal. En el ámbito público, inició su gestión en el Gobierno Autónomo Municipal de Shinahota, donde se desempeñó como asesor legal del Órgano Ejecutivo y Legislativo.

Declaraciones sobre su nombramiento

En relación a su nombramiento, la Presidenta del Tribunal Agroambiental, Mgda. Roxana Chavez Rodas, afirmó: “Desde ayer (lunes) ya forma parte de la Sala Plena de este Tribunal. Había una acefalía en la Sala Primera y el doctor se incorpora”. Chávez también destacó que “su incorporación se realiza conforme a lo establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley N.º 025 del Órgano Judicial”, lo que permite cubrir la vacancia producida por el fallecimiento del anterior decano, Víctor Hugo Claure Hinojoza.

Compromiso y trabajo conjunto

Almendras expresó su compromiso al decir: “Trabajemos arduamente, que es lo que se requiere”. Además, advirtió sobre la importancia del trabajo conjunto para lograr que “de esta misma sala surjan nuevos magistrados”. El acto contó con la participación de otras autoridades judiciales como las magistradas Rocío Vásquez Noza y Maria Soledad Peñafiel Bravo, así como del magistrado Richard Cristhian Mendez Rosales, quienes dieron la bienvenida a Almendras.

Contexto delicado tras un crimen

Este evento ocurre en un contexto delicado tras el asesinato del anterior decano Víctor Hugo Claure el 30 de abril. Claure fue abatido con cuatro impactos de bala cuando descendía de un taxi en Santa Cruz. Actualmente hay cuatro personas detenidas preventivamente relacionadas con este caso, aunque aún no se conocen las causas detrás del crimen. La Fiscalía ha decidido llevar adelante las investigaciones bajo reserva para proteger los elementos probatorios.

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El jueves 30 de abril, parlamentarios tarijeños presentaron un memorial ante el Tribunal Agroambiental para que se detengan las actividades exploratorias hidrocarburíferas en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. Esta solicitud busca una suspensión definitiva hasta que se demuestre si habrá daño irreversible en este territorio.

Importancia de la Reserva Nacional de Tariquía

Los miembros de la Brigada Parlamentaria de Tarija afirmaron que Tariquía es una reserva natural crucial, hogar de especies críticas y el reservorio de agua más importante del Sur del país. Además, señalaron que esta área tiene connotaciones internacionales, ya que la cuenca del río Bermejo se extiende hasta el Norte argentino. Enfatizaron que estos lugares son sagrados para la vida y no deben ser tocados sin garantías extremas.

Acciones legales y solicitudes al Tribunal Agroambiental

Ante el recurso interpuesto por el Ministerio de Hidrocarburos y otras organizaciones para continuar con las actividades de exploración en el pozo Domo Oso-X3, los parlamentarios anunciaron la presentación de un memorial ante el Tribunal Agroambiental. Este documento destaca varios aspectos importantes:

• Que la sala plena del Tribunal Agroambiental resuelva este recurso respetando la vida y la legalidad según la ley constitucional.
• Que se aplique una acción ambiental directa preventiva para evitar el ingreso a la reserva hasta que se realicen estudios concluyentes sobre el impacto ambiental.

Defensa del medioambiente y movilizaciones sociales

Los parlamentarios pidieron seguir el mismo procedimiento utilizado en la defensa del jaguar, donde el Tribunal Agroambiental jugó un papel clave en la protección del medioambiente. Además, expresaron su indignación hacia el gobierno y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por su insistencia en ingresar a la reserva sin considerar su protección.

El senador José Manuel Ormachea, presidente de la Comisión de Pueblos y Naciones Indígenas, Originarios, Campesinos e Interculturalidad, manifestó que esta solicitud refleja el interés de todos los tarijeños. Ormachea declaró: “La reserva de Tariquía ha sido atacada desde el nivel central del Estado no solo en esta gestión, sino desde el pasado. El plan de manejo de suelos ha sido modificado desde 2014 por Evo Morales. Claramente hay una explotación indiscriminada, no sustentable, en el pozo Domo Oso-X3.”

Crecimiento del rechazo a la explotación petrolera

El rechazo a la explotación petrolera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía ha escalado significativamente en los primeros meses de 2026. Este aumento se ha visto marcado por movilizaciones sociales y procesos organizados por comunidades locales, cívicos y parlamentarios de Tarija, quienes sostienen la consigna “Tariquía no se toca”. Argumentan que la intervención petrolera pone en riesgo tanto la biodiversidad como las fuentes de agua de la región.

Posición del Gobierno Nacional

Por su parte, el Gobierno Nacional asegura que las actividades en Domo Oso-X3, donde participa la empresa Petrobras, cumplen con criterios técnicos y ambientales. Aseguran que la reserva “no será tocada” directamente. Sin embargo, los comuneros advierten que este proyecto impactará cabeceras de agua vitales para consumo y riego.

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Duelo institucional en Bolivia por fallecimiento de magistrado

El Órgano Judicial de Bolivia formalizó una declaratoria de nueve días de duelo institucional tras el trágico fallecimiento del Dr. Víctor Hugo Claure Hinojoza, quien ejercía como Decano del Tribunal Agroambiental. Esta medida busca honrar la memoria del magistrado, cuyo deceso generó una profunda consternación en el ámbito jurídico nacional.

Directrices del duelo institucional

A través de un Acuerdo de Sala Plena Ampliada, se instruyeron directrices de cumplimiento inmediato en todas las dependencias judiciales del país, según informó Red Uno. Entre las principales disposiciones destacan:

• Símbolos de respeto: El izado de la bandera nacional a media asta y el uso obligatorio de listones negros por parte de todos los funcionarios y autoridades.
• Capillas ardientes: La instalación de espacios de velatorio en los entes principales del Órgano Judicial para permitir el último adiós a la autoridad.
• Suspensión de actos: Quedan cancelados todos los eventos protocolares durante el periodo de duelo.

Mantenimiento de la administración de justicia

A pesar del estado de luto, la institución enfatizó que la administración de justicia no se detendrá. Con el objetivo de no perjudicar a la ciudadanía ni afectar el debido proceso, se ratificó que:

• Las actividades jurisdiccionales y administrativas se mantienen vigentes.
• Los plazos legales no se suspenden, por lo que la atención en ventanillas y despachos seguirá en sus horarios habituales.
• El trabajo operativo continuará con normalidad en todos los departamentos.

Reacciones y compromisos del Órgano Judicial

Desde Sucre, sede de sus funciones, autoridades judiciales manifestaron su pesar, calificando la pérdida como “irreparable” y asegurando que el legado del Decano permanecerá como parte fundamental de la memoria institucional. En el comunicado oficial, el Órgano Judicial no solo extendió sus condolencias a la familia y allegados del Dr. Claure, sino que también marcó una postura firme frente a las circunstancias de su muerte.

La institución reafirmó su compromiso con la independencia judicial y emitió un rechazo categórico a cualquier forma de violencia que atente contra el orden constitucional y la vida de los servidores del Estado.

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Asesinan al magistrado Víctor Hugo Claure en Bolivia

Cerca de la medianoche del jueves 30 de abril, el magistrado decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, sufrió un ataque mortal por parte de sicarios en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Este trágico suceso ocurrió cuando Claure circulaba por la avenida Busch y el barrio Costanera en su vehículo, acompañado de una mujer. En ese instante, sujetos en motocicleta lo interceptaron y le dispararon, provocando su muerte antes de escapar.

Detalles del ataque

Autoridades policiales informaron que agentes acudieron rápidamente a la zona de Equipetrol, específicamente al local Chaplin Show, donde se encontraban magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en un evento social por el Día del Trabajador. La Policía activó operativos de control en toda la ciudad, incluyendo el Comando Departamental, para garantizar la seguridad tras el ataque.

Imágenes del crimen

Cámaras de seguridad captaron el momento del asesinato. Las imágenes muestran cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta siguen el vehículo del decano. Luego, uno de ellos baja y se acerca al magistrado para dispararle con el casco aún puesto. Posteriormente, ambos individuos huyen del lugar. A pesar de que se activaron decenas de operativos minutos después, no se ha logrado dar con el paradero de los sospechosos.

El legado de Víctor Hugo Claure

Víctor Hugo Claure Hinojoza, nacido en abril de 1977 en Cochabamba, era un abogado colegiado con amplia experiencia en jurisdicciones agroambientales y civiles. Antes de su trágica muerte, trabajó en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y ocupó cargos importantes como director departamental del INRA Cochabamba.

Un quiebre crítico para la justicia boliviana

Este asesinato representa un quiebre crítico en la seguridad institucional de Bolivia. Es la primera vez que un alto miembro del Tribunal Agroambiental es ejecutado por sicariato mientras ejerce sus funciones. La brutalidad del ataque ha dejado a la justicia boliviana en un estado sin precedentes de vulnerabilidad, sugiriendo un preocupante avance del crimen organizado sobre las autoridades encargadas de regular conflictos relacionados con tierras y recursos naturales.

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Contaminación minera en ríos bolivianos

La Sala Plena del Tribunal Agroambiental (TA) tramita seis demandas directas relacionadas con el medioambiente. Una de las primeras sentencias que dictará en los próximos días se relaciona con la contaminación minera y el uso de mercurio en el río Madre de Dios, en Beni. Esta información fue adelantada por su presidenta, Roxana Chávez, el lunes.

Acciones para la protección del medioambiente

En marzo de 2025, el TA admitió por primera vez una acción directa en la protección de la biodiversidad. Además, dictó una medida cautelar para la conservación del jaguar (Panthera onca) y su hábitat. Estas acciones buscan la prevención, restauración y resarcimiento ante posibles daños al medioambiente y los recursos naturales.

Audiencia pública sobre el jaguar

Dentro del caso del jaguar, se llevó a cabo una audiencia pública el 23 de abril de 2025 en las instalaciones del TA, ubicadas en Sucre. En este evento participaron autoridades de ministerios del Ejecutivo y activistas medioambientales.

Detalles sobre las medidas cautelares

Chávez informó que en estas seis demandas, los accionantes solicitaron la aplicación de medidas cautelares mientras el TA emite una sentencia. “En este momento tenemos seis demandas, algunas están en ejecución de fallo y otras en emisión de resolución”, explicó.

Casos relevantes para el país

Los casos que se consideran de importancia incluyen la contaminación en los ríos Madre de Dios y Tuichi, incendios forestales, la protección del jaguar y otros que son relevantes a nivel nacional. También hay otras demandas presentadas en juzgados agroambientales como los de Tariquía (Tarija), Lechuguillas (Sucre) y el botadero de K’ara K’ara en Cochabamba.

Demanda contra minería ilegal

Chávez destacó que la demanda sobre el río Madre de Dios es contra la minería ilegal y el uso de mercurio. En este proceso se dictaron medidas cautelares y se prohibió la actividad minera en ese río. “El tratamiento de estos casos es de emergencia y ya en estos días vamos a emitir un fallo sobre el río Madre de Dios”, precisó.

Inspección técnica realizada

La presidenta del TA mencionó que se realizó una inspección técnica y que, con base en este informe, se emitirá la resolución correspondiente.

Atribuciones del Tribunal Agroambiental

La admisión de la demanda y la audiencia se desarrollaron dentro de las atribuciones del TA, otorgadas por la Constitución Política del Estado. Esto incluye disposiciones del bloque de constitucionalidad, la Ley Marco de la Madre Tierra y el Acuerdo de Escazú, todo ello en el marco del control de convencionalidad y aplicación directa de la CPE (Art. 109.I).

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La representante de Alas Chiquitanas, Daniela Justiniano, junto al abogado Alejandro Castillo, quien forma parte del cuerpo de Bomberos Voluntarios, hicieron estas declaraciones durante una entrevista con El Deber. Ambos destacaron el incumplimiento de las medidas cautelares que fueron emitidas por el Tribunal Agroambiental.

Fallo del Tribunal Agroambiental

Se considera que el reciente fallo del Tribunal Agroambiental, que otorgó medidas cautelares para que las autoridades nacionales y subnacionales tomen acciones para frenar los incendios forestales, apoyará su solicitud. En uno de los artículos de esta resolución se pide revisar las normas que regulan el trabajo de los bomberos.

Problemas con la Ley 449

La Ley de Bomberos 449, promulgada en 2013, es considerada “sesgada” y favorece únicamente a los Bomberos de la Policía, según afirmó el bombero y abogado Alejandro Castillo. Él está promoviendo que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe un reglamento para esta norma, con el fin de proteger a este sector de la manipulación política, administrativa y operativa.

Castillo explicó que otro aspecto importante que se busca con la reglamentación es contar con respaldo legal para poder obtener equipos e insumos que les permitan operar de manera independiente ante cualquier incendio.

Vinculación jurídica y solicitudes

“Buscamos la reglamentación para los Bomberos Voluntarios y considerando esta resolución del Tribunal Agroambiental, podemos vincularlo jurídicamente para evitar lo que ya nos acaba de ocurrir”, manifestó Castillo. Además, explicó que en varias ocasiones han solicitado ser tomados en cuenta para la elaboración de la reglamentación, pero todas sus observaciones han sido rechazadas.

“Por suerte hemos conseguido, por lo menos, paralizar esa intención de proyecto de ley”, sostuvo el abogado.

Incumplimiento de medidas cautelares

Por su parte, Justiniano subrayó que, a pesar de que el Tribunal Agroambiental ya emitió una conminatoria de 48 horas para que las autoridades subnacionales y nacionales cumplan con las medidas cautelares, hasta el momento esto no ha sido acatado. “(Por los incendios forestales) estamos solamente con declaratoria de emergencia a nivel departamental”, advirtió la activista.

Alerta roja y recursos necesarios

En este contexto, hay una alerta roja a nivel nacional y se requieren más recursos para atender esta emergencia. El viceministro Juan Carlos Calvimontes ha señalado que se han gastado 75 millones de dólares del crédito de la CAF en inundaciones.

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Este anuncio se realiza en el contexto de la alerta roja que ha declarado la Gobernación de Santa Cruz, debido a la presencia de siete incendios activos y 165 focos de calor en la región, el 8 de septiembre de 2025.

Consecuencias del incumplimiento

La resolución advierte que, en caso de no cumplir con lo establecido, se enviarán los antecedentes al Ministerio Público para iniciar procesos penales. “Se otorga un plazo improrrogable de 48 horas contados a partir de la notificación con la presente resolución para que cumplan las medidas cautelares dispuestas precedentemente bajo prevención de que ante su incumplimiento se remitan obrados al Ministerio Público a fines de iniciar el proceso penal por incumplimiento de resoluciones judiciales”, señala el punto 1 de la resolución del Tribunal Agroambiental.

Instrucciones a jueces agroambientales

La decisión fue tomada en sala plena e instruye a los jueces agroambientales, especialmente aquellos que operan en la Amazonía y el Chaco, a activar de oficio su competencia ambiental. Esto incluye la fiscalización, control y supervisión de las acciones de mitigación y respuesta a la emergencia.

Los jueces deberán elaborar informes detallados y documentados sobre los planes de respuesta a la emergencia y la mitigación de los incendios forestales, así como supervisar su cumplimiento.

Programación de inspecciones

Además, se les instruye a programar inspecciones en las zonas de mayor riesgo, con el apoyo técnico especializado del Tribunal Agroambiental. Esta medida fue anunciada por el director de Recursos Naturales, Paulo Viruez. “Con esto, procede la activación de los Comités de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) para poder disponer de los recursos y personal necesario para la atención a estos incendios forestales en sus respectivos municipios”, destacó Viruez.

Municipios en riesgo

Actualmente, hay 26 municipios que presentan niveles de riesgo alto, muy alto y extremo de ocurrencia de incendios forestales. Asimismo, se solicita la aprobación de contingencia y planes de emergencia, tal como lo establece la Ley 300 de gestión de riesgo y atención a emergencias.

/KMMN

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El espacio propició el intercambio de visiones técnicas y legales. Además, se trabajó en la construcción de propuestas conjuntas para enfrentar este desafío ambiental y productivo que afecta a la región.

Reunión con el magistrado

El magistrado Méndez Rosales mantuvo una reunión con el presidente de la CAO, Klaus Frerking, y otros representantes de diversos subsectores productivos. En esta conversación, se destacó la necesidad de garantizar condiciones de certidumbre jurídica para el sector rural, un aspecto fundamental para su desarrollo.

Fortalecimiento de la coordinación

Se resaltó la importancia de fortalecer la coordinación institucional ante fenómenos que impactan tanto al medioambiente como al desarrollo económico de la región. La CAO agradeció la presencia y apertura del Tribunal Agroambiental, así como la participación de autoridades, productores, medios de comunicación y otros actores comprometidos.

Construcción de un modelo sostenible

Este tipo de espacios contribuye a construir un modelo de desarrollo agropecuario sostenible, que prioriza la responsabilidad ambiental y la legalidad. La jornada refleja un esfuerzo por abordar de manera integral los desafíos que enfrentan los sectores productivos en relación con los incendios forestales y su impacto en el territorio rural.

/KMMN

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Esta decisión incluye la sugerencia de establecer mesas de diálogo que se enfoquen en el cierre técnico y el saneamiento ambiental del botadero, que se encuentra en Cochabamba.

La medida fue adoptada de manera excepcional y se refiere específicamente a la macrocelda M2 – 3. Además, se ha instado a la juez agroambiental de Cochabamba a que se instalen mesas de diálogo que permitan encontrar soluciones definitivas al conflicto relacionado con la clausura y el cierre técnico-sanitario del botadero.

Declaraciones del presidente del Tribunal

“Primero, se deja sin efecto la prohibición dispuesta por la jueza agroambiental porque es una medida desproporcionada. Segundo, se insta a la autoridad agroambiental a que se instalen las mesas técnicas de diálogo condicionadas a que se cumplan los acuerdos y convenios con la zona de sacrificio ambiental”, expresó Cristhian Méndez, presidente del Tribunal Agroambiental.

El plazo de siete meses comenzará a contarse desde la notificación de la resolución para utilizar el botadero de K’ara K’ara. Durante este tiempo, se deben llevar a cabo el cierre, la clausura y el saneamiento ambiental del lugar.

Compensación a la zona afectada

“La mesa de diálogo debe tratar la compensación a la zona de sacrificio ambiental porque lleva cargando la responsabilidad hace varios años”, detalló Méndez.

Una vez transcurridos los siete meses, no se permitirá la entrada de ningún residuo sólido a K’ara K’ara.

Emergencia ambiental en Cochabamba

El martes 6 de mayo de 2025, el Consejo Metropolitano Kanata declaró la región en emergencia ambiental debido a la acumulación de basura. Esto ocurrió después de que la capital cochabambina estuviera más de diez días acumulando residuos en las calles, tras la decisión judicial de cerrar K’ara K’ara.

El lunes 5 de mayo de 2025, el conflicto por la basura escaló a niveles muy violentos. Los carros recolectores de Cercado intentaron ingresar a Cotapachi, donde cinco funcionarias fueron retenidas por varias horas, sufriendo agresiones, robos y cortes de cabello. Además, una veintena de trabajadores también fue víctima de agresiones durante este incidente.

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Acuerdo alcanzado

El acuerdo fue el resultado de una reunión que tuvo lugar la noche del sábado 5 de abril de 2025. En este encuentro, las partes involucradas se comprometieron a cumplir con la resolución emitida por el Tribunal Agroambiental, que establece el cierre del botadero a partir del 21 de abril de 2025.

Decisión del tribunal

El Tribunal Agroambiental de Cochabamba aceptó el recurso presentado por los vecinos, el cual busca suspender el ingreso de basura al relleno sanitario. El tribunal ha dado un plazo máximo hasta el 20 de abril de 2025 para que se sigan ingresando los residuos sólidos en el relleno sanitario. A partir de las cero horas del 21 de abril de 2025, el municipio no podrá introducir más desechos.

Declaraciones del ministro

“¡El diálogo es el único camino! Después de un largo trabajo, firmamos un acta de compromiso con los pobladores de K’ara K’ara para solucionar el conflicto del botadero junto a dirigentes, pobladores y personeros de la Alcaldía de Cochabamba”, declaró el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. En la reunión también estuvieron presentes el comandante departamental de la Policía, Edson Claure, y el arzobispo Óscar Aparicio.

Impacto del bloqueo

Los vecinos habían bloqueado el ingreso al botadero durante 15 días, lo que provocó la acumulación de toneladas de basura en las calles, plazas, mercados y hospitales de la ciudad. Esta situación ha generado preocupación entre los habitantes de Cochabamba, quienes esperan que se cumpla el acuerdo y se resuelva el conflicto de manera efectiva.

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El presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Christian Méndez, emitió un comunicado en el que reafirma el compromiso de la jurisdicción con la protección del medioambiente.

También se enfatiza la importancia de los derechos colectivos y difusos a un medioambiente sano. La institución del Órgano Judicial subraya la obligación de las autoridades de aplicar los principios de prevención y precaución, tal como se establece en la Ley 1333 del Medioambiente y en diversos tratados internacionales.

Deber del Estado boliviano

Además, el Tribunal recordó el deber del Estado boliviano, según el Acuerdo de Escazú, de proporcionar información ambiental de manera oportuna. También debe garantizar la participación ciudadana en decisiones ambientales, según los Artículos 6 y 7 del acuerdo. Esto es fundamental para asegurar que la comunidad esté informada y pueda participar activamente en la protección del medioambiente.

Medidas cautelares

El Tribunal Agroambiental advirtió que estará atento a cualquier solicitud de medidas cautelares. Estas medidas son necesarias para evitar vulneraciones a la normativa ambiental en el manejo de residuos sólidos. La situación actual ha generado una alerta ambiental y sanitaria significativa en la región.

Conflicto en K’ara K’ara

Los comunarios de K’ara K’ara han impulsado este conflicto al rechazar la continuidad del relleno sanitario en su zona. Ante esta problemática, se requiere una supervisión adecuada por parte del Ministerio de Medioambiente y Agua. Esto es esencial para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, con el apoyo de la ciudadanía.

LDVY

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Te explicamos cómo:

El Presidente de tu mesa de sufragio te entregará dos papeletas: una para la elección de las autoridades en circunscripción nacional y una para la elección de autoridades en circunscripción departamental.

• En la papeleta para circunscripción nacional encontrarás las 13 candidaturas al Tribunal Agroambiental y 20 candidaturas al Consejo de la Magistratura. Puedes conocer a qué se dedica cada una de estas instancias aquí: https://www.oep.org.bo/democracia-representativa/elecciones-judiciales-2024/

En esta papeleta deberás marcar dos veces: un voto por la candidatura de tu preferencia al Tribunal Agroambiental y un voto por la candidatura al Consejo de la Magistratura.

• En la papeleta para circunscripción departamental encontrarás las candidaturas al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional. Puedes conocer a qué se dedica cada una de estas instancias aquí: https://www.oep.org.bo/democracia-representativa/elecciones-judiciales-2024/

En esta segunda papeleta encontrarás tres franjas: las de arriba corresponden a las candidaturas al Tribunal Supremo de Justicia; ahí deberás marcar dos veces, un voto para las candidatas mujeres y otro voto para los candidatos hombres.

En la tercera franja encontrarás las candidaturas al Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahí deberás emitir un voto por la candidatura que prefieras.

Cuando hayas decidido tu voto, dobla nuevamente las papeletas y deposítalas en las ánforas correspondientes que te indicarán los jurados electorales.

Recuerda llevar tu cédula de identidad original y vigente, que es el único requisito para emitir tu voto. Las mesas de sufragio atenderán de 8:00 a 16:00. La ubicación de tu recinto y el número de mesa en el que estás registrado los puedes encontrar en la aplicación Yo Participo. Descargarla aquí: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jvacx.oep

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El Tribunal Agroambiental es el máximo tribunal especializado de la jurisdicción agroambiental y constitucionalmente tiene cuatro atribuciones:

1. Resolver los recursos de casación y nulidad en las acciones reales agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad; demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; y demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales.
2. Conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales.
3. Conocer y resolver en única instancia los procesos contencioso administrativos que resulten de los contratos, negociaciones, autorizaciones, otorgación, distribución y redistribución de derechos de aprovechamiento de los recursos naturales renovables, y de los demás actos y resoluciones administrativas.
4. Organizar los juzgados agroambientales.

La elección de las magistradas y magistrados se realizará entre 13 candidatos y candidatas, de los cuales seis son mujeres y siete son varones, además que seis se auto identifican con una nación y pueblo indígena originario campesino.

Las candidatas y candidatos al Tribunal Agroambiental son:

A partir del 17 de octubre los méritos de las candidatas y candidatos a esta instancia estarán publicada en la página web del Tribunal Supremo Electoral www.oep.org.bo

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“Hemos realizado un trabajo transparente en la Comisión Mixta de Justicia y lo hemos cumplido. Ahora, depende de la voluntad política del presidente nato de la Asamblea Legislativa convocar de manera inmediata y garantizar este proceso selectivo para tener futuras autoridades judiciales”, afirmó Mamani.

Postulantes al Consejo de la Magistratura

De un total de 84 postulantes al Consejo de la Magistratura, 66 personas dieron su examen oral en los predios de la Asamblea, mientras que 14 aspirantes no se presentaron. Los postulantes ausentes no podrán apelar y quedaron excluidos del proceso, según el diputado Padilla.

Examen oral para el Tribunal Agroambiental

Hasta las 17:00 de este martes, se desconocía si todos los postulantes al Tribunal Agroambiental asistieron a la prueba oral. Sin embargo, el proceso se cerró con los aspirantes que se presentaron al examen. Tras finalizar esta etapa, la notaria de fe pública y algunos legisladores de esta comisión procedieron a guardar los exámenes en un ambiente de la Asamblea, que luego fue precintado.

Paridad de género y representación indígena

Mamani mencionó que hubo una amplia participación tanto en el Tribunal Agroambiental como en el Consejo de la Magistratura, lo que brinda perspectivas positivas para que las futuras autoridades judiciales representen a sectores minoritarios, incluyendo mujeres e indígenas originarios campesinos.

/APC

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El secretario municipal de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), Víctor Hugo Miranda, ha confirmado que esta acción permitirá coordinar acciones para dar cumplimiento a las dos acciones judiciales y a la medida cautelar emitida por el Tribunal Agroambiental.

Según Miranda, se espera poder reunirse con el Comando de la Policía para planificar y ejecutar la resolución del Juzgado Agroambiental. Además, se tiene previsto presentar una demanda agroambiental antes del viernes, con el objetivo de obtener una sentencia para el área protegida del cerro San Pedro.

Responsabilidad del GAMO en los gastos

El secretario municipal también ha enfatizado que, aunque la resolución agroambiental instruye a la Policía a resguardar el sitio patrimonial, el GAMO deberá hacerse cargo de los gastos de traslado, alimentación y emergencias que puedan surgir durante el cumplimiento de la medida.

El objetivo principal es que la presencia policial se haga sentir en el lugar. Miranda ha destacado que este es un tema que lleva mucho tiempo sin resolverse y que, a pesar de la posible controversia por parte de la Cooperativa, es necesario hacer cumplir las resoluciones judiciales obtenidas a través de las acciones legales emprendidas.

Notificación de la resolución agroambiental

La resolución en materia agroambiental fue emitida a mediados de junio y ayer se confirmó la notificación a todos los actores involucrados para lograr la paralización de las operaciones, tal como lo dispuso el juez agroambiental.

Acción Popular y resolución emitida en diciembre de 2022

Esta acción se suma a la Resolución 157/2022, emitida en diciembre de 2022, como resultado de una Acción Popular realizada por los concejales y el GAMO.

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Víctor Hugo Miranda, secretario municipal de Asuntos Jurídicos del GAMO, informó que a pesar de que la Resolución 157/2022 para la paralización de la explotación en el cerro San Pedro no se ha cumplido, se están tomando medidas adicionales. El Tribunal Agroambiental ordenó la paralización de las actividades de la Cooperativa Luminosa y remitió los antecedentes al Ministerio Público por delitos contra el medioambiente.

Solicitud de apoyo policial para hacer cumplir las resoluciones

Entre las acciones coordinadas, se encuentra la solicitud de apoyo de efectivos policiales, tal como lo establece el documento emitido por el Tribunal Agroambiental. Sin la presencia de la Policía, no se podrá ejecutar ninguna resolución, ya sea constitucional o agroambiental. Se espera reunirse con las autoridades policiales para explicarles la importancia de su ayuda en el cumplimiento de estas medidas.

Formalización de la demanda por daños ambientales

Tras la admisión y determinación del Tribunal Agroambiental, se planea formalizar la demanda por daños ambientales el 3 o 4 de julio. Se cuenta con toda la documentación necesaria que se ha presentado junto con la medida cautelar.

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Por otro lado, la Comisión Mixta de Constitución ha tenido dificultades para sesionar debido a la ausencia de parlamentarios “arcistas”, lo que ha impedido alcanzar el quórum necesario. El presidente de esta comisión, Miguel Rejas, ha anunciado que se realizará una reunión para intentar retomar la preselección y aseguró que persistirán en el intento hasta lograrlo.

Avance en el proceso de selección judicial

La Comisión Mixta de Justicia es responsable de la preselección de candidatos al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura. Una vez resueltos los recursos presentados por los postulantes, se procederá con las entrevistas a los candidatos para avanzar en el proceso de selección judicial.

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Según Olson Paravicini, secretario departamental de Medio Ambiente, Agua y Madre Tierra de la Gobernación, estas denuncias se han realizado en diferentes niveles, siendo el Tribunal Agroambiental el más relevante en este caso.

Proceso contra Empresa Minera Sudamericana Andina (EMSA)

El caso más conocido es el proceso contra la Empresa Minera Sudamericana Andina (EMSA), que se ha presentado en tres niveles: administrativo, ante el Tribunal Agroambiental y por la vía penal. Hasta el momento, el proceso en el Tribunal Agroambiental ha avanzado considerablemente.

En abril se llevó a cabo una inspección conjunta con técnicos del Tribunal Agroambiental en la zona afectada por el colapso del dique de colas en marzo de 2024.

Denuncia contra empresa minera en Huanuni

En el caso de la empresa minera ubicada en Huanuni, no se reveló el nombre de la instancia a la que se ha denunciado, pero se ha iniciado el proceso en el Tribunal Agroambiental debido a múltiples incumplimientos ambientales.

El secretario Paravicini enfatizó que no están en contra de la minería, ya que es la principal actividad económica de Oruro. Sin embargo, se deben tomar medidas y compromisos para mitigar o evitar la contaminación. Por ello, se han presentado denuncias contra dos empresas en diferentes niveles. La Secretaría de Medio Ambiente está trabajando en la protección del medio ambiente y tomando acciones para enfrentar los problemas heredados.

En el caso de la empresa en Huanuni, se han recibido denuncias por contaminación debido al tratamiento inadecuado de sus residuos, ya que no cuenta con un dique y ha incumplido otras normativas. Actualmente, el grado de responsabilidad está siendo investigado por el Tribunal Agroambiental.

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El abogado Wilfredo Chávez recordó que una de las preguntas para la aprobación de la Constitución vigente se refería al establecimiento del límite del latifundio, ya que en ese momento era evidente la existencia de un poder “gamonal y explotador” sobre las tierras.

Impugnaciones judiciales y determinaciones del Tribunal Agroambiental

Chávez señaló que se realizaron varias impugnaciones judiciales a una serie de territorios regentados por la familia Marinković en Santa Cruz, especialmente tierras altas del Norte y Laguna Corazón. Estos procesos finalizaron con las determinaciones del Tribunal Agroambiental.

Amparos constitucionales y anulación de determinaciones

Sin embargo, Chávez lamentó que la familia Marinković planteó amparos constitucionales prácticamente ilegales que al final dieron resultado. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), envuelto en polémica por los magistrados prorrogados, anuló las determinaciones del Tribunal Agroambiental y concedió la tutela de estas tierras a Branko Marinković.

Gravedad de la situación y límite de hectáreas

Chávez manifestó que esta situación es grave, ya que la familia Marinković tiene más de 33.000 hectáreas a su nombre, mientras que el límite establecido por la Constitución es de 5.000 hectáreas. Esto es otra muestra de las irregularidades de los magistrados prorrogados, quienes ponen fechas del año pasado a sus sentencias para evitar su anulación.

Pedido de explicaciones y llamado a la conciencia

El abogado hizo un llamado a los ministros del área, a la Procuraduría y al Presidente del Estado para que brinden explicaciones sobre este caso. Además, instó a reflexionar sobre las acciones de los magistrados prorrogados y las posibles irregularidades que podrían estar ocurriendo en esta coyuntura.

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En contacto con LA PATRIA, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, informó que revisaron un total de 53 recursos de postulantes del Consejo de la Magistratura. De estos, 10 fueron habilitados (8 hombres y 2 mujeres) y 43 fueron inhabilitados (32 hombres y 11 mujeres).

En el caso del Tribunal Agroambiental (TA), se presentaron 27 recursos de revisión. Cinco de ellos fueron habilitados (1 mujer y 4 hombres) y 22 fueron inhabilitados (12 hombres y 10 mujeres).

“Hemos concluido con la etapa de revisión del recurso. Del Consejo de la Magistratura, hemos recibido 53 recursos, de los cuales 10 fueron habilitados y 43 inhabilitados. En el Tribunal Agroambiental hay un total de 5 habilitados y 22 inhabilitados”, dijo Rejas.

Decisión revocada para un postulante

La Comisión Mixta de Constitución estaba encargada de revisar los recursos del Consejo de la Magistratura y del TA. Uno de los postulantes que estuvo inicialmente inhabilitado y cuya decisión fue revocada es el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi. Rejas indicó que esta fue una decisión tomada por la comisión.

Durante la discusión sobre el caso, los miembros de la Comisión argumentaron que Tahuichi cumplía con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Resultados de la revisión en el TSJ y TCP

Por su parte, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, comunicó que revisaron a 4 habilitados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es decir, renovaron su inhabilitación, y a 37 postulantes que confirmaron su inhabilitación. En cuanto al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), hubo 8 habilitados y 39 inhabilitados, además de alrededor de 3 observaciones.

La Comisión Mixta de Justicia Plural estaba encargada de revisar el recurso de los postulantes del TCP y TSJ. Padilla también señaló que esta fue la última oportunidad para poder ser habilitados.

Evaluación de méritos y preselección

Desde el 8 hasta el 21 de abril, ambas comisiones llevarán a cabo la evaluación de méritos de los postulantes habilitados. En esta etapa, también habrá postulantes que queden fuera de la preselección.

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El presidente de la Comisión Mixta, Roberto Padilla, ha informado que el porcentaje de habilitados para el Consejo de la Magistratura es del 30%, mientras que el de inhabilitados es del 70%. En el caso del Tribunal Agroambiental, el porcentaje de habilitados es del 37% y el de inhabilitados es del 63%. Próximamente, se presentará el informe de la Comisión a la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Requisitos y causas de inhabilitación

Uno de los requisitos que ha causado la inhabilitación de los postulantes ha sido el certificado de idiomas, ya que la convocatoria exigía el dominio de dos idiomas. Otra causa de inhabilitación ha sido la falta de ocho años de experiencia, así como la ausencia de los respaldos correspondientes. En el caso del Tribunal Agroambiental, la falta de maestrías o doctorados en materias agrarias, forestales y ambientales ha sido otra de las causas de inhabilitación. En cuanto al Consejo de la Magistratura, se requerían estudios superiores en áreas como administración, finanzas y recursos humanos.

Paridad y proceso de elección

Elena Pachacute de Comunidad Ciudadana (CC) ha indicado que las tres fuerzas políticas han acordado que no habrá privilegios para los aspirantes que lleguen a la etapa final. En relación a la paridad, el senador del Movimiento Al Socialismo, Luis Adolfo Flores, ha explicado que tanto para el Tribunal Agroambiental como para el Consejo de la Magistratura, los postulantes no se presentan por departamento, sino a nivel nacional, y la elección será por circunscripción. Además, se otorga un puntaje adicional a aquellos que se autoidentifican como indígenas originarios y la votación es por un tema genérico.

Próximas etapas

El sábado 16 de marzo se publicará la lista oficial de habilitados e inhabilitados para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Del 18 al 22 de marzo, los postulantes o ciudadanos podrán presentar impugnaciones contra algunos postulantes.

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El presidente de la Comisión, Roberto Padilla, informó que se reinstaló la revisión a partir de las 09:00 horas, sin interrupciones, para examinar las 275 carpetas de postulantes al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura.

Compromiso de cumplir plazo

Padilla destacó la importancia de avanzar sin contratiempos, asegurando que cuentan con suficientes mujeres postulantes. A pesar de la falta de recursos, la comisión continuará con su labor.

El senador Luis Adolfo Flores del MAS afirmó que el proceso de revisión será transparente, incluso con la posibilidad de transmitir en vivo por redes sociales. A pesar de intentos de retraso, la mayoría de los parlamentarios buscan avanzar hacia las elecciones judiciales sin obstáculos.

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La autoridad aclaró que esta instancia no rechaza a ningún postulante, tal como aseguró Romero, pero enfatizó en que todos deben cumplir con las formalidades requeridas.

“El postulante no presentó una nota de postulación, y ese es un requisito básico para incluso registrarlo; en consecuencia, esta persona que se acercó a este punto de recepción, posiblemente no entendió las formalidades de la convocatoria”, explicó Mercado según informó LA PATRIA en la sede de Gobierno.

Para evitar futuros contratiempos, la autoridad recordó que la convocatoria está disponible en las páginas web de la Cámara de Senadores y de Diputados, además del portal de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y medios de comunicación nacionales.

Entre lo más importante, recalcó que los postulantes deben especificar a qué cargo se están presentando, su carnet de identidad y su nombre completo.

José Romero salió de las dependencias de la Asamblea Legislativa notablemente molesto por lo sucedido, aseguró que se vulneraron sus derechos y descartó volver a presentar su documentación.

“He venido a postularme, (pero) todo está amañado, todo está digitado. Aquí está toda mi documentación sellada, pero me piden argumentos que no valen”, declaró.

/ LMPT

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Esta posición surgió luego de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) señalara que, el predio de Santagro correspondería a tierras fiscales no disponibles.

“Nadie (ni empresarios ni interculturales) termina cumpliendo la norma y esto se da porque, más que seguro, al interior del INRA hay personas que no cumplen con la ley; o sea, que les dan a los empresarios alguna posibilidad (de) que siembren”, indicó la diputada de la agrupación política Creemos, María René Álvarez a la Agencia de Noticias Fides.

El director del INRA, Eulogio Núnez explicó la mañana de este viernes que, Santagro se encuentra en tierras fiscales no disponibles debido a que el 100% de esas tierras está dentro de una reserva forestal.

Sin embargo, la empresa agrícola compró esos terrenos antes de que se declaren como reserva. Ante la resolución de la institución de tierras, los propietarios decidieron impugnar y el caso pasó al TA.

El reciente miércoles, la empresa envió a sus cosechadores a recoger la producción, pero los avasalladores comenzaron a disparar con armas de fuego. Producto de ese ataque murieron dos personas y otras tres resultaron heridas.

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Autoridades del Tribunal de Justicia de Oruro afirmaron que este jueves brindarán una conferencia de prensa para aclarar este aspecto que se hizo público a través de un documento que llegó al Servicio Departamental de Salud, donde se afirma que el funcionario con coronavirus pertenece al “Tribunal Departamental de Justicia de Oruro del municipio de Corque, del juzgado agroambiental”, por lo que fue puesto en aislamiento voluntario al igual que otros cinco trabajadores que estuvieron en contacto con esa persona.

Según la Ley 025, el Órgano Judicial está compuesto por tres entidades, el Tribunal Supremo de Justicia y sus Tribunales departamentales, el Concejo de Magistratura, y la Dirección Administrativa y Financiera.

A partir de la Nueva Constitución Política del Estado, se crearon dos instituciones más, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Agroambiental.

Siendo el Tribunal Agroambiental una entidad autónoma, al igual que el Tribunal de Justicia.

/ES/

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