Detención en el caso de trata de personas

El pasado viernes 29 de mayo, la dueña de un local clandestino fue aprehendida en su domicilio tras un allanamiento. Este operativo se realizó como parte de las acciones del caso de trata de personas que involucra a la menor de 15 años, Nicol, quien desapareció a mediados de abril y fue encontrada en Cochabamba un mes después.

Detalles del operativo

El Ministerio Público llevó a cabo el allanamiento en horas de la mañana. Después de la requisa correspondiente, la mujer fue trasladada a celdas policiales y luego imputada como cómplice por el delito de trata de personas. Se solicitó su detención preventiva mientras continúa la investigación.

La desaparición de Nicol

En una conferencia posterior al operativo, el fiscal departamental Aldo Morales Alconini recordó que el caso se remonta a mediados de abril. En ese momento, Nicol salió de su hogar acompañando a una pariente lejana que llegó desde Santa Cruz con el pretexto de realizar trámites en la Estación de Autobuses Oruro. Sin embargo, Nicol desapareció y sus familiares iniciaron una búsqueda intensa.

Investigaciones y hallazgos

Inicialmente, los familiares encontraron a la pariente lejana, quien fue detenida y remitida preventivamente al penal de La Merced. Posteriormente, se realizó un allanamiento en un local clandestino donde se hallaron prendas pertenecientes a Nicol.

Finalmente, tras varios días de búsqueda y allanamientos en lenocinios clandestinos, Nicol fue encontrada en Cochabamba un mes después, acompañada por dos sujetos que también fueron aprehendidos. La víctima indicó que los dueños del local clandestino la habrían vendido a otros individuos en la llajta, donde la obligaban a mantener relaciones.

Nuevas detenciones y red organizada

El fiscal Morales Alconini informó que el viernes pasado se detuvo a la esposa del dueño del local clandestino tras realizar otro allanamiento en su domicilio. En este lugar también se encontraron grandes sumas de dinero en moneda nacional y extranjera, además de registros sobre las mujeres que trabajaban en las casas de citas clandestinas. Esta persona sería la sexta implicada dentro del caso.

El fiscal no descarta más detenciones, ya que se trataría de una red organizada que opera a nivel nacional. Las autoridades continúan trabajando para desmantelar esta red y proteger a las víctimas involucradas.

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Condenas por feminicidio y trata de personas en Sucre

Recientemente, el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, anunció dos condenas significativas emitidas por los Tribunales de Sentencia en lo Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer N.º 1 y N° 2. Estas sentencias abordan delitos graves ocurridos en la ciudad de Sucre, reflejando la lucha por la justicia en Bolivia.

Feminicidio: un caso alarmante

En primer lugar, Wilfredo M. M., de 30 años, recibió una condena de 20 años de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Este hecho ocurrió el 28 de junio de 2025, cuando agredió a su madre de 53 años con una piedra, manifestando su intención de matarla. Posteriormente, ingresó a otra vivienda y también agredió a su vecina de 61 años.

Trata de personas: un delito inaceptable

Por otro lado, Juan C. E., de 60 años, fue condenado a 13 años por el delito de trata de personas. Entre los años 2023 y 2025, retuvo a una ciudadana hondureña de 38 años en su local ubicado en la avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz. La mujer sufrió maltrato físico y psicológico mientras era obligada a trabajar como dama de compañía.

Pruebas contundentes en los juicios

Durante las audiencias del juicio oral, el Fiscal Nava Morales destacó que se presentó “un sólido y contundente desfile probatorio” que acreditó la existencia de los hechos delictivos y la participación directa de los imputados. Los principales elementos probatorios incluyeron:

• Formulario único de denuncias
• Informe circunstancial policial
• Acta de registro del lugar del hecho
• Muestrario fotográfico
• Certificados médico forenses
• Informes psicológico y social
• Declaraciones testificales

Análisis psicológico y recalificación del caso

El Fiscal Daza, encargado del caso de feminicidio, mencionó que las pericias psicológicas desvirtuaron la defensa del imputado, concluyendo que no presentaba alteraciones psicológicas ni trastornos mentales. Por otro lado, Belinda Romero, Fiscal asignada al caso de trata de personas, explicó que el caso se recalificó tras recolectar suficientes elementos probatorios que evidenciaron la gravedad del delito.

Penas en el Recinto Penitenciario San Roque

Tanto Wilfredo M. M. como Juan C. E. cumplirán sus penas en el Recinto Penitenciario San Roque. Estas condenas representan un paso importante hacia la justicia para las víctimas y un mensaje claro contra la violencia hacia las mujeres y la trata de personas en Bolivia.

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Detención preventiva en caso de trata de personas en Oruro

El viernes 22 de mayo, el Juzgado Cautelar Nº 2 de la ciudad de Oruro dictó una detención preventiva de cuatro meses para el administrador del lenocinio clandestino. Este establecimiento estuvo relacionado con un grave caso de trata de personas que involucra a una menor de 15 años desaparecida desde mediados de abril. La ropa de la menor fue hallada en este lugar, y posteriormente, ella fue encontrada en Cochabamba el pasado 18 de mayo.

Desaparición y hallazgo de Nicol

La secuencia del caso comenzó cuando la menor, identificada como Nicol, salió de su domicilio con una pariente lejana y desapareció cerca de un mes. Durante la investigación, se descubrió que existía una red organizada dedicada a la trata de personas que opera entre Oruro y Cochabamba. Las indagaciones continúan para identificar a otros implicados y no se descarta que haya conexiones con otras regiones.

Aprehensión del administrador del lenocinio

El jueves anterior, las autoridades aprehendieron al administrador del lenocinio clandestino. Los familiares de Nicol encontraron inicialmente sus prendas en este lugar, lo que llevó a allanamientos en otras casas de citas clandestinas. En la audiencia del viernes por la mañana, se cumplió con el proceso judicial donde se dictó la detención preventiva que deberá cumplirse en el penal de San Pedro.

Preocupación familiar y avances en la investigación

Los familiares han expresado su preocupación por el avance del caso. Ellos señalaron que es necesario profundizar las investigaciones debido a que consideran que hay muchos más implicados. El padre de la menor mencionó que también se debe aprehender al entorno familiar del acusado, quien supuestamente tiene más locales ilegales operando en la ciudad.

La situación crítica de Nicol

Además, el padre indicó que existen otros jóvenes que podrían haber sufrido un destino similar al de su hija. Nicol fue retenida durante una semana en el lenocinio antes de ser “vendida”, lo cual culminó en su situación actual en Cochabamba, donde sufrió múltiples vejaciones.

Compromiso del fiscal y futuro del caso

El fiscal Aldo Morales Alconini afirmó que las investigaciones continuarán para dar con todos los implicados y desbaratar esta red dedicada a la trata de personas. La comunidad espera justicia y medidas efectivas para proteger a los más vulnerables.

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Cuarta captura en caso de trata de personas

El jueves 21 de mayo de 2026, el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizaron una nueva captura en la investigación por la desaparición y explotación de una menor de edad. Este hecho se registró desde mediados de abril, y con esta última acción operativa, ya son cuatro las personas plenamente identificadas y puestas a disposición de la justicia.

Detalles del caso

La fiscal asignada al caso, Patricia Landaeta, informó que este cuarto implicado corresponde al propietario de un local nocturno clandestino que operaba en Oruro. Este lugar fue el primer punto de retención de la adolescente. Landaeta detalló: “Se ha procedido a la aprehensión del ciudadano dueño del lenocinio clandestino donde habría estado la menor en una primera instancia”. La imputación formal ya fue presentada por los delitos de trata de personas y proxenetismo.

Investigaciones y testimonios

De acuerdo con las investigaciones y la declaración brindada por la propia víctima en una entrevista psicológica, la menor permaneció alrededor de una semana retenida en este lenocinio. Durante el primer allanamiento al inmueble, los peritos recolectaron prendas que pertenecían a la desaparecida, lo que reactivó el hilo conductor hacia los administradores del negocio.

Modus operandi criminal

El modus operandi criminal se consolidó cuando el aprehendido, en complicidad con otra persona en Oruro, realizó un pago económico para tramitar el traslado de la menor hacia Cochabamba. Allí, fue reclutada en otra casa de citas donde sufrió explotación sexual comercial hasta su rescate por las fuerzas policiales.

Estructura de la red detenida

Con el avance de las pesquisas, la estructura de la red involucrada va quedando bajo detención judicial:

• El propietario del lenocinio (Oruro): Cuarto detenido en el caso. Se encuentra en celdas policiales a espera de su audiencia bajo los cargos mencionados.
• La pariente lejana (Prima): Implicada principal en la captación inicial desde mediados de abril. Actualmente cumple detención preventiva en el Penal de La Merced.
• Los dos tratantes (Cochabamba): Arrestados en el lugar del rescate y recluidos temporalmente en el Penal de San Sebastián.

Próximos pasos judiciales

La fiscal Landaeta anticipó que debido a bloqueos y conflictos sociales que afectan las carreteras interdepartamentales, se ha postergado el traslado de los detenidos en Cochabamba. Sin embargo, una vez habilitadas las vías, se ejecutará la orden para que sean remitidos formalmente al Penal de San Pedro en Oruro, donde se centraliza la causa penal.

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Operativo en Oruro destapa posible tráfico de migrantes

El miércoles 20 de mayo de 2026, la Dirección General de Migración regional Oruro llevó a cabo un operativo preventivo en la zona del mercado Kantuta. Este operativo, activado por disposiciones superiores desde la sede de Gobierno, se realizó en coordinación con las fuerzas del orden y el Ministerio Público. Durante la intervención, se identificó la permanencia irregular de un numeroso grupo de ciudadanos extranjeros y la fuga de un sujeto boliviano, presunto captador y guía de estas personas.

Detalles del operativo

Las acciones operativas comenzaron a las 11:00 horas en la terminal terrestre. El objetivo era detectar posibles casos de trata de personas, tráfico de personas y sicariato, ante la notable afluencia de ciudadanos venezolanos y colombianos en el sector. A las 15:00 horas, el personal interceptó a un grupo sospechoso conformado por:

• Una mujer venezolana de 23 años.
• Un joven venezolano de 19 años.
• Un menor de tres años.
• Un ciudadano boliviano.

Jacqueline Rojas Buitrago, responsable de Migración Oruro, detalló: “En todo momento se pudo evidenciar que los ciudadanos extranjeros estaban siendo dirigidos por el ciudadano boliviano”. Durante la intervención, el guía intentó obstaculizar la entrevista policial, respondiendo evasivamente que solo compraban pasajes para retirarse. Aprovechando un descuido durante el proceso de verificación, el guía boliviano logró escapar.

Investigaciones en curso

Las investigaciones revelaron que este individuo había captado, trasladado e incluso hospedado a los extranjeros en un alojamiento local. Las autoridades siguieron las pistas hasta el Hotel Kantuta, donde constataron una gran cantidad de ciudadanos venezolanos y colombianos sin registro en el libro oficial del hotel.

La primera administradora civil que atendió a la comisión alegó desconocimiento y responsabilizó a un administrador anterior. Al revisar las cámaras de seguridad, se confirmó que el ciudadano boliviano prófugo (identificado preliminarmente como “José”) era quien manejaba el grupo y distribuía las llaves. Durante la requisa en su habitación, se halló una maleta con prendas femeninas que ahora forman parte de los indicios materiales del caso.

Caso remitido al Ministerio Público

Ante estos hechos, el caso fue remitido al Ministerio Público para continuar con las investigaciones. Actualmente, las dependencias del Hotel Kantuta han sido precintadas por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía. Se procedió al secuestro de elementos probatorios para determinar si se trata de una red organizada dedicada al tráfico ilícito de migrantes o trata de personas en la región altiplánica.

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Desaparición de Nicol Vega Chambi: un mes sin respuestas

A un mes de la desaparición de Nicol Vega Chambi, la menor sigue sin ser encontrada. La desesperación de su familia se transforma en una persistente movilización ciudadana ante la falta de resultados contundentes por parte de las autoridades. Hasta la fecha, los únicos indicios reales sobre su paradero han surgido de las indagaciones y el rastrillaje que los propios familiares realizaron por cuenta propia, desnudando una presunta red de trata de personas que opera en la clandestinidad de Oruro.

Indicios y hallazgos inquietantes

La persistencia de los abuelos y tíos de Nicol permitió guiar a las autoridades hacia diferentes lenocinios clandestinos en la ciudad. En estos lugares se hallaron prendas de vestir que pertenecían a la adolescente, confirmando los peores temores de su entorno. Los familiares denunciaron que Nicol fue captada por una tía lejana, Leticia C. Ch., bajo engaños.

Sospechas sobre el entorno de Nicol

Las sospechas apuntan ahora al propietario de estos locales nocturnos ilegales. Testigos y datos recolectados confirman que este sujeto fue visto en compañía de la tía lejana —actualmente con detención preventiva— en los días previos a la desaparición. Esto hace presumir una concertación previa para la entrega de Nicol.

Indignación familiar y falta de justicia

Asimismo, la indignación familiar se dirige hacia el administrador de dichos lenocinios clandestinos. Según denunciaron, este individuo ya fue aprehendido en dos ocasiones por la Policía durante operativos de control; sin embargo, en ambas oportunidades se benefició con un simple arresto de ocho horas, recuperando su libertad inmediatamente y entorpeciendo el avance de la justicia.

Clamor por justicia y colaboración ciudadana

“Pedimos a la población que no se olvide de Nicol”, clamaron los familiares. Visiblemente afectados pero firmes en la esperanza de encontrarla con vida, solicitaron a la ciudadanía cooperar con cualquier dato, fotografía o testimonio que ayude a dar con el paradero de la menor.

Compromiso institucional ante la crisis

Las máximas autoridades de la Fiscalía Departamental de Oruro y los jefes policiales prometieron redoblar esfuerzos. Afirmaron que ampliarán las investigaciones contra el entorno de estos locales clandestinos y no se descartan nuevos allanamientos en el departamento y conexiones interdepartamentales para romper el pacto de silencio que rodea este caso.

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Defensa de Evo Morales se niega a asistir al juicio oral

Los abogados del expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), anunciaron que su defendido no se presentará a la audiencia de juicio oral convocada por un tribunal de justicia. Este juicio, relacionado con el caso de trata agravada de personas, está programado para el lunes 11 de mayo a las 08:20 horas en la ciudad de Tarija.

Cuestionamientos legales sobre el proceso

El abogado de Morales, Nelson Cox, cuestionó la legalidad del proceso y afirmó ante los medios locales que el caso se basa en “una acusación forzada” con fines mediáticos. Por su parte, el exprocurador del Estado y abogado de Morales, Wilfredo Chávez, calificó el juicio como “ilegal”, argumentando que la causa fue abierta por segunda vez “quebrantando el principio de prohibición de doble enjuiciamiento”.

Situación actual de Evo Morales

Evo Morales permanece desde hace más de un año y medio en su bastión sindical del Trópico de Cochabamba, bajo custodia permanente de sus seguidores para evitar su captura por esta denuncia. Tras conocer la citación mediante edictos, Morales denunció ser víctima de una “brutal persecución judicial” y aseguró que las acusaciones en su contra son parte de una campaña de lawfare (guerra jurídica).

Pruebas presentadas por la Fiscalía

La Fiscalía ha presentado pruebas materiales contundentes, que incluyen:

• Un certificado de nacimiento de 2016 donde Evo Morales figura como el padre de una niña nacida de una menor de 15 años.
• Registros que detallan más de 60 viajes oficiales financiados con fondos públicos para la adolescente durante su mandato.

Consecuencias legales del caso

Este caso marca un precedente histórico al ser la primera vez que un exmandatario boliviano enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión por delitos como trata agravada y estupro. Además, ha llevado al país a un punto crítico institucional, con un mandamiento vigente para capturarlo en su bastión del Chapare.

Alegaciones sobre la vinculación con una menor

El líder cocalero está acusado por presunta vinculación con una menor en 2016. Según la investigación, él y la adolescente tuvieron una hija inscripta en un registro civil en Yacuiba, ciudad fronteriza con Argentina. Esta partida forma parte de las más de 170 pruebas recolectadas en el pliego acusatorio.

Medidas preventivas ordenadas por la justicia

En cuanto a las medidas preventivas, la justicia ha ordenado:

• Arraigo.
• Congelamiento de cuentas bancarias.

Estas medidas buscan asegurar su sometimiento al proceso judicial, aunque la defensa las cuestiona y el Estado las defiende como necesarias ante el riesgo de fuga.

Punto de vista del gobierno sobre el proceso judicial

El gobierno sostiene que este proceso es un caso ordinario y rechaza cualquier intento de impunidad. Argumentan que las más de 200 pruebas acumuladas por la Fiscalía son contundentes y deben ser juzgadas sin privilegios políticos.

Notificación mediante edictos

Finalmente, ante el argumento defensivo sobre no haber recibido notificación personal, la Fiscalía procedió a notificar mediante edictos. Este recurso se utiliza cuando no se puede ubicar al acusado para garantizar que el proceso no se detenga por su ausencia física.

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Suspendido juicio oral contra Evo Morales

El juicio oral contra Evo Morales Ayma por el presunto delito de trata de personas agravada se encuentra oficialmente suspendido. Esta decisión proviene del presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Tarija, Luis Esteban Ortiz.

Razones para la suspensión

Ortiz aclaró que, según la normativa, el proceso no puede iniciar mientras no se ejecute la orden de aprehensión contra el imputado. Esta información fue confirmada a El Deber.

Responsabilidad del Ministerio Público y la Policía Nacional

El magistrado subrayó que la responsabilidad de ejecutar dicha orden recae exclusivamente en el Ministerio Público y la Policía Nacional. Estas instituciones deben analizar las circunstancias por las cuales no se ha hecho efectivo el arresto hasta la fecha.

Contexto electoral y detenciones

La declaración surge tras una jornada electoral en la que Morales asistió a emitir su voto en Villa 14 de Septiembre (Cochabamba) sin que las autoridades procedieran a su detención.

Este hecho contrasta con otros casos registrados en el país, como en Tarija, donde ciudadanos con deudas de asistencia familiar sí fueron aprehendidos en sus centros de sufragio.

Posible dilación en el proceso

Al ser consultado sobre una posible dilación o incumplimiento de deberes por parte de las instituciones encargadas, Ortiz se excusó de emitir juicios de valor. Argumentó que, en su calidad de vocal en materia penal, cualquier opinión previa podría inhabilitarlo ante futuras apelaciones del caso.

Origen del proceso penal

El proceso penal tiene su origen en una investigación abierta en 2024 por la Fiscalía de Tarija. Esta investigación se refiere a una supuesta relación del exmandatario con una adolescente de 15 años en el año 2015.

Órdenes de aprehensión y situación actual

En 2024, se emitieron las primeras órdenes de aprehensión ante la incomparecencia de Morales para declarar. En el caso también está involucrada Idelsa Pozo Saavedra, madre de la víctima, quien actualmente cuenta con refugio diplomático en Argentina.

En abril de 2025, una jueza en Santa Cruz anuló temporalmente la orden de captura y los cargos. Sin embargo, la justicia ordinaria restituye posteriormente la orden y declara a Morales en rebeldía. A principios de 2026, la Policía Nacional ratificó que las órdenes de aprehensión continúan vigentes.

Declaración testimonial relevante

Aaron Uciel Cerles, quien se desempeñó como policía y chófer de Evo Morales durante su asilo en Argentina (2019-2020), brindó una declaración testimonial el pasado 17 de marzo ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2.

Cerles reveló que el exmandatario no tenía un domicilio fijo, sino que alternaba entre al menos tres propiedades ubicadas en zonas como Liniers y Olivos.

El testigo detalló que Morales era acompañado frecuentemente por una adolescente de entre 16 y 17 años, a quien el entorno presentaba como su “hija”.

Según la descripción del custodio, la joven era de baja estatura y cabello largo, y lo acompañaba a diversos eventos públicos. Cerles aclaró que, aunque no presenció actos irregulares, la presencia de la menor era constante durante el periodo de asilo otorgado por el gobierno de Alberto Fernández.

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Captura de Maykol Rodrigo Challapa en Argentina

Tras permanecer diez años prófugo de la justicia, Maykol Rodrigo Challapa fue capturado en territorio argentino. Este individuo deberá cumplir condena por el delito de trata de personas y reducción a la servidumbre.

Caso de trata en Oruro

Challapa es acusado de captar a una menor de 17 años en Oruro en 2014. Utilizó falsas promesas laborales para mantenerla bajo condiciones de esclavitud. Este caso, que conmocionó a la opinión pública, comenzó a esclarecerse en febrero de 2015 gracias a un desesperado pedido de auxilio.

El mensaje desesperado

La víctima logró compartir un mensaje en una red social: “Me quiero morir, no quiero estar más así”. Este mensaje permitió que la Policía argentina rastreara su ubicación, la rescatara de su cautiverio e iniciara la investigación contra Challapa y su pareja, Marleni Mamani Cussi, según informó Unitel.

Detalles del caso

La investigación determinó que en septiembre de 2014, Challapa contactó a la menor en Oruro, Bolivia. Prometió un empleo en un negocio de ropa en Córdoba, Argentina, administrado por su pareja, lo que convenció a la joven para viajar.

Cruce fronterizo

El 30 de septiembre de ese año, la víctima fue trasladada en un vehículo particular. A pesar de no contar con la documentación legal requerida, los tratantes lograron cruzar la frontera evadiendo los controles migratorios.

Condiciones inhumanas

Una vez en Argentina, la realidad fue devastadora. Según reportes judiciales, la menor era obligada a trabajar jornadas extenuantes sin recibir salario alguno. La víctima declaró que sufría violencia física y psicológica constante. Sus captores afirmaban que ella les “pertenecía” y que era considerada “su esclava”, señala un reporte de Infobae.

Consecuencias legales

Al momento del rescate en 2015, ambos acusados lograron darse a la fuga. Sin embargo, Marleni Mamani Cussi fue capturada posteriormente en Oruro y extraditada por la justicia boliviana hacia Argentina. El año pasado, ella recibió una condena de seis años de prisión y el pago de una indemnización de 4,5 millones de pesos argentinos (aproximadamente 3.224 dólares).

Cierre del círculo de impunidad

Con la reciente captura de Rodrigo Challapa, se cierra el círculo de impunidad en uno de los casos más emblemáticos de trata transfronteriza entre Bolivia y Argentina durante la última década.

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En un giro que genera suspicacias en el ámbito judicial argentino, los efectivos de la Policía Federal, Gustavo Rubén Grandolu y Marcos Javier Geier, no comparecieron ayer a la audiencia testimonial programada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2.

Ambos uniformados estaban citados para declarar en la causa que investiga al expresidente boliviano Evo Morales por los presuntos delitos de trata de personas y corrupción de menores durante su periodo de asilo político en Argentina, así lo informó El Deber.

Inasistencia sin justificación

Pese a haber sido notificados con la debida antelación, los agentes se ausentaron de la sede judicial sin presentar una justificación formal inmediata. La importancia de sus testimonios radica en que ambos formaron parte del anillo de seguridadque custodió a Morales mientras residía en territorio argentino.

Estos efectivos integran una lista de más de 20 funcionarios policiales citados por la justicia bajo un cronograma de audiencias que se extiende desde el 10 de octubre de 2023 hasta el 29 de abril de 2024.

Reacciones ante la inasistencia

El abogado de la Fundación Apolo, José Magioncalda, quien actúa como querellante en la causa, lamentó profundamente la inasistencia de los testigos. Para el jurista, este hecho no es un incidente aislado, sino un indicio de falta de voluntad política.

Magioncalda subrayó que los policías federales responden directamente a los altos mandos del Ministerio de Seguridad y, por extensión, al Poder Ejecutivo. Calificó como “extraño” que un agente ignore un llamado judicial y que el propio Ministerio no garantice su comparecencia.

Retrasos en la entrega de información

La querella también denunció una serie de obstáculos administrativos que han ralentizado el proceso. Según Magioncalda, el Ministerio de Seguridad tardó varios meses en proporcionar los datos de identificación de todos los policías que custodiaron al exmandatario boliviano. La información fue entregada en etapas y con dilaciones que, a juicio del abogado, no corresponden a un organismo público interesado en que una causa penal de esta gravedad avance con celeridad.

Intervención de la sociedad civil

Finalmente, la parte acusadora recordó que la continuidad del caso ha dependido casi exclusivamente de los esfuerzos de la sociedad civil. Cuando el juez de instrucción desestimó inicialmente las denuncias, el Ministerio de Seguridad decidió no apelar. Esta omisión, según Magioncalda, es una señal de desinterés oficial. Fue la intervención de la Fundación Apolo la que permitió que la Cámara de Apelaciones revocara dicha decisión, logrando que la investigación sobre el entorno de Evo Morales se mantenga vigente.

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Investigación concluye en el caso Evo Morales

La Fiscalía Departamental de Tarija concluyó la etapa investigativa en el caso que se sigue por trata de personas contra Evo Morales. Por lo tanto, ya se inició la carga del pliego acusatorio ante el Tribunal Primero de Sentencia.

Declaraciones del fiscal departamental

Según declaraciones recogidas por Red Uno, el fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, informó desde Sucre que el proceso continúa avanzando. Además, indicó que las autoridades judiciales deberán citar al acusado para que pueda ejercer su defensa y fijar el inicio del juicio.

Expectativas del Ministerio Público

Mogro mencionó: “El caso del señor Evo Morales continúa, el Ministerio Público ya ha realizado toda la investigación correspondiente. Estamos a la espera de que el Poder Judicial pueda realizar las citaciones correspondientes al ahora acusado para que este pueda asumir defensa, presentar su prueba de descargo y fijar día y hora para el juicio oral”, según publicación de Red Uno.

Posibles consecuencias por inasistencia

El fiscal también indicó que si Morales no se presentase a declarar, solicitarán que se lo declare en rebeldía. Esto obligaría al juez a emitir un segundo mandamiento de aprehensión.

Mandamiento de captura vigente

Actualmente, está vigente un mandamiento de captura contra el líder cocalero, que solo puede ser cumplido por la Policía Boliviana. Evo Morales se encuentra desde octubre de 2024 en la región Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba. Allí cuenta con el resguardo de seguidores y ha establecido grupos de vigilancia en la sede de las Seis Federaciones para cualquier intervención policial.

Estado de salud y polarización política

Morales volvió a aparecer en público hace cerca de dos meses debido a problemas de salud; confirmó recientemente que había contraído chikungunya. Su regreso fue en su programa radial Kawsachun Coca. El proceso judicial en su contra se relaciona con una presunta relación que mantuvo con una menor durante su periodo presidencial, lo cual ha generado una profunda polarización política y social en el país.

Enfoque del proceso judicial

La Fiscalía limita su enfoque al proceso judicial en contra de Morales, centrado en la presunta relación con una menor durante su mandato. Este caso ha generado una fuerte polarización política y social en Bolivia. El Ministerio Público aguarda que el tribunal fije día y hora para la instalación del juicio oral, una vez se concreten las citaciones.

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El rescate se llevó a cabo gracias a que la joven logró acceder a un teléfono celular por un breve momento. Recordando de memoria el número de sus familiares en Paraguay, pudo dar la alerta. Inmediatamente, la Fiscalía Internacional de Trata y Tráfico de Paraguay activó los protocolos necesarios, coordinando con sus pares en Bolivia para ejecutar el allanamiento.

Estado de la víctima

Según el cónsul de Paraguay, Oscar Benítez, la joven fue “vilmente golpeada” la mañana previa a su rescate y presenta múltiples hematomas internos y externos. “Llegó al país con la promesa de trabajar como cajera en una discoteca famosa, pero se encontró con una realidad totalmente distinta”, detalló la autoridad consular.

Logística criminal preocupante

Las investigaciones preliminares han revelado una logística criminal preocupante. El fiscal de Trata y Tráfico, Daniel Lobo, informó que la víctima fue captada por una compatriota paraguaya y trasladada a Bolivia en vehículos de transporte pesado.

“Vienen en camiones que no son verificados. La víctima manifestó que el transporte en el que fue traída nunca tuvo una parada ni control alguno hasta llegar a Santa Cruz”, señaló Benítez. Una vez en la ciudad, le fueron secuestrados su documentación y teléfono, manteniéndola en un encierro absoluto.

Para asegurar su sumisión, sus captores le realizaron un corte en el rostro como una violenta advertencia de lo que sucedería si no cedía a la explotación.

Detenciones y organización criminal

Actualmente, hay 3 personas aprehendidas que ya han sido puestas ante un juez cautelar. La Fiscalía ha solicitado su detención preventiva, bajo el cargo de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual.

No se descarta que se trate de una organización criminal de gran alcance con nexos entre ambos países. Mientras tanto, Paraguay espera la autorización para repatriar a la joven, quien deberá someterse a estrictos protocolos de asistencia médica y psicológica tras el trauma sufrido.

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Detalles del hallazgo

“Ya se han realizado los controles médicos y se encuentran en buen estado”, indicó el coronel Freddy Valda, comandante de la Policía Rural y Fronteriza. Los investigadores han encontrado inconsistencias en las versiones de las dos mujeres involucradas en la desaparición de la bebé.

En un primer momento, la madre explicó que la bebé había desaparecido después de encargarle su cuidado a una amiga mientras ella trabajaba en un bar. Según su relato, la mujer debía cuidar a la menor hasta cerca de la medianoche del lunes en un alojamiento, pero cuando la madre fue a buscarla, ya no pudo encontrarla.

Denuncia tardía

Al día siguiente de la desaparición, la madre se presentó en la Defensoría de la Niñez, donde el personal le pidió que esperara. A pesar de que la niña no era encontrada, la mujer no presentó la denuncia hasta el jueves 29 de enero. Desde ese momento, se activaron las investigaciones policiales.

Ambas mujeres mantenían una amistad cercana que se extendía por aproximadamente 11 años. “Prácticamente, tuvimos que arrestar a la mamá para que podamos obtener mayores datos”, señaló Valda. El personal policial comenzó a activar las pesquisas y coordinó operativos con el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), que mediante una “triangulación de llamadas” logró establecer la ubicación de la bebé.

Operativo policial

“Tuvimos que convencer a la madre que hiciera la coordinación con la supuesta amiga Lidia”, indicó Valda. Cuando la mujer llegó con la menor, fue aprehendida en un caso de trata y tráfico de personas. “Ella indicó que la madre estaba consumiendo bebidas alcohólicas y que se llevó a la bebé porque no tenía con quién quedarse”, agregó el jefe policial.

Valda también reveló que “existen contradicciones de parte de la señora y también de la madre”. La mujer que se llevó a la bebé espera una audiencia de medidas cautelares, mientras se analiza la situación de la madre.

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El operativo se realizó en un edificio que estaba fuertemente resguardado con cámaras de seguridad. William Calderón, jefe de la División de Trata y Tráfico de Personas, informó que la intervención fue una sorpresa. “Hemos realizado un operativo sorpresa en un lenocinio clandestino ubicado en la zona de Miraflores, donde se pudo evidenciar que el edificio estaba fuertemente resguardado con cámaras de seguridad”, explicó Calderón.

Según Calderón, para ingresar al lugar se requerían diferentes claves y solo los clientes exclusivos podían acceder tras pasar varios filtros. Esto demuestra el nivel de clandestinidad y control que tenía el establecimiento.

Detención del propietario

El dueño del local fue aprehendido por el delito de proxenetismo, ya que los investigadores encontraron a 10 mujeres que ofrecían servicios sexuales en el lugar. “Se aprehendió al propietario por el delito de proxenetismo; se encontró a 10 mujeres que prestaban servicios sexuales y entregaban un porcentaje al dueño”, añadió Calderón.

Imputaciones adicionales

Además del proxenetismo, se anticipa que se le imputará al propietario el delito de atentado contra la salud pública. Esto se debe a que el establecimiento no contaba con la licencia de funcionamiento necesaria para la venta de bebidas alcohólicas. “Estamos trabajando con el Ministerio Público para respaldar las acciones legales y garantizar los derechos tanto de las personas aprehendidas como de las víctimas”, indicó Calderón.

Investigaciones en curso

El inmueble fue precintado y se han iniciado las investigaciones para identificar a otros posibles implicados en esta actividad ilegal. También se busca determinar si existen más víctimas relacionadas con este caso.

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Según los antecedentes, ese día la madre de Yuvinca salió de su casa para realizar algunos trámites. Como no podía llevar a sus tres hijas, decidió dejar a Yuvinca al cuidado de su sobrina. “Ella se fue caminando a la casa de mi sobrina para esperar a que yo regrese”, comentó Claudia R., la madre de la menor. Sin embargo, Yuvinca nunca llegó a su destino.

Testigos y evidencia

Testigos indicaron que aparentemente Yuvinca fue subida a la fuerza a un vehículo blanco, lo que llevó a la apertura de una investigación por el delito de trata y tráfico de personas. Una niña, que parece ser compañera de la menor desaparecida, declaró ante las autoridades que presenció el momento en que se llevaron a Yuvinca. Según su relato, saludó a la pequeña y luego vio a dos sujetos enmascarados que bajaron de un auto, le taparon la boca y se la llevaron.

El fiscal departamental Alberto Zeballos informó que se ha iniciado una denuncia de oficio y que se están realizando rastrillajes en diferentes puntos del municipio. La Policía también está analizando imágenes de cámaras de seguridad que captaron un motorizado sospechoso merodeando la zona días antes del incidente.

Investigación en curso

Los padres de Yuvinca han declarado que no tienen deudas ni conflictos personales que pudieran explicar la desaparición de su hija. Por lo tanto, la Fiscalía está investigando sin un móvil claro hasta el momento.

Descripción de la niña

El comunicado de búsqueda emitido por las autoridades describe que Yuvinca vestía una polera de manga corta en colores rosado y celeste, un short blanco a rayas y sandalias negras al momento de su desaparición.

Las instituciones policiales y fiscales han reiterado que continúan con las labores de búsqueda y que cualquier información proporcionada por la ciudadanía será fundamental para avanzar en el caso. Hasta el momento, no se ha confirmado la localización de la niña ni se ha establecido responsabilidad sobre posibles autores.

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Según el fiscal encargado del caso, Daniel Lobo, el joven habría contactado a la menor a través de redes sociales. Allí, comenzó una relación de amistad y logró ganarse su confianza mediante regalos y obsequios.

Posteriormente, el conscripto citó a la adolescente en las cercanías del Zoológico y luego la llevó a comer al mercado La Ramada. Después de varias horas juntos, convenció a la menor de no regresar a su hogar. Al día siguiente, la llevó a una agencia de empleos, desde donde fue enviada a trabajar en diferentes lugares.

Agresión y rescate

Al no tener un lugar donde pasar la noche, el joven llevó a la menor a la casa de un familiar, donde ocurrió la agresión sexual. Días después, la adolescente fue encontrada trabajando en una pollería. Fue en ese momento que relató lo sucedido a las autoridades, lo que permitió su rescate y la captura del acusado.

Imputaciones y declaraciones

El fiscal informó que el joven fue imputado inicialmente por violación y por trata con fines de explotación laboral. Sin embargo, aún se investiga el grado de participación del acusado en este último delito.

“Él está imputado por trata, con fines de explotación laboral. Eso vamos a determinar, obviamente, el grado de participación. Pero lo que sí es cierto es por el delito de violación”, declaró el fiscal a Unitel.

Próximos pasos en la investigación

El conscripto fue trasladado a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) para prestar declaración. Se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez cautelar.

Además, el encargado de la agencia de empleos fue citado a declarar y será investigado por presunta explotación laboral. Las autoridades han señalado que se esperan nuevos avances en el caso a medida que continúen las diligencias.

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El eje central de la investigación se centra en el caso de Noemí M.C., quien supuestamente fue víctima de una estructura de poder que facilitó y encubrió encuentros íntimos con el líder cocalero desde que ella tenía apenas 14 años.

La denuncia no solo busca establecer la responsabilidad individual de Morales, sino que también apunta a la existencia de un entramado institucional que habría operado durante años para garantizar la impunidad y la logística de estos actos.

Organización criminal

Según el memorial presentado por Marcelo Alcázar, exdirector del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), el caso revela el funcionamiento de una “organización criminal” compuesta por exautoridades y funcionarios públicos de alto rango.

Este grupo habría tenido la misión específica de gestionar los traslados aéreos y terrestres de la joven a distintos puntos del país, asegurando que los encuentros, que suman al menos 37 registros, se mantuvieran bajo un estricto velo de confidencialidad.

Lo más alarmante para la justicia es que estos movimientos se habrían realizado vulnerando sistemáticamente las normativas vigentes sobre el viaje de menores de edad.

Implicados en el caso

La lista de implicados expone cómo diversas empresas y entidades estratégicas del Estado habrían sido utilizadas para fines personales y delictivos. Entre los nombres destacados figura Ronald Casso, exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), quien presuntamente facilitó el transporte aéreo de la víctima.

Asimismo, se señala a Rodolfo Castro, exfuncionario de la empresa estatal Mi Teleférico, y a Luis Hernán Soliz Morales, asistente personal del expresidente, quien habría funcionado como el enlace operativo y mano derecha en la coordinación de la logística diaria y el contacto con la menor.

Red de encubrimiento

La red de encubrimiento también habría permeado áreas sensibles de protección social y diplomacia. En la denuncia destaca la participación de Carla Lorena Sandy, quien en 2022 ejerció como viceministra de Igualdad de Oportunidades, una entidad cuya misión es precisamente la protección de poblaciones vulnerables.

Sandy, quien actualmente ocupa el cargo de segunda secretaria de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es señalada por haber formado parte del engranaje que garantizó el silencio y la continuidad de estas conductas, utilizando sus influencias en los ministerios de Educación y Justicia.

Alcance de la investigación

Finalmente, la investigación abarca a servidores públicos vinculados a la Gobernación de Cochabamba y a la Caja Nacional de Salud, lo que sugiere que el alcance de la red era interinstitucional.

La Fiscalía deberá ahora determinar cómo se financiaron estos operativos y si se utilizaron fondos públicos para sostener la estructura de transporte y alojamiento de la víctima.

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La acusación se centra en la compra de un boleto de avión para Noemí M. el 21 de noviembre de 2019, en la ruta Cochabamba-La Paz. Aunque en esa fecha la joven ya contaba con 18 años, la Fiscalía está considerando este hecho como parte de una “coautoría” en el delito de trata y tráfico de personas.

Se sospecha que Sandy no actuó de manera independiente, sino que formaba parte de una red de funcionarios que utilizaban sus recursos o influencias para facilitar los encuentros entre el exmandatario y la joven, incluso cuando ella era menor de edad. El trasfondo de esta acusación se basa en el historial de vuelos de Noemí M.

Historial de vuelos de Noemí M.

Según los registros de la estatal BoA, entre 2015 y 2020, la joven realizó un total de 37 viajes dentro del país. De esos vuelos, 24 ocurrieron cuando ella era menor, es decir, entre 14 y 17 años.

En Bolivia, cualquier menor que viaje en avión sin la compañía de sus padres necesita obtener un permiso de la Defensoría de la Niñez. La denuncia indica que estos trámites nunca se llevaron a cabo, lo que sugiere la existencia de un esquema para eludir los controles legales. Es aquí donde la participación de Sandy al adquirir pasajes se vuelve sospechosa para los investigadores.

Cargos ocupados por Sandy

Carla Lorena Sandy ha ocupado diversos cargos a lo largo de los años. Fue viceministra de Igualdad de Oportunidades en 2022 y ha tenido posiciones jerárquicas en el Ministerio de Educación. Actualmente, se desempeña como Segunda Secretaria de Bolivia ante la ONU.

Recientemente, Sandy fue la encargada de proponer a nivel internacional que se declare el “Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Indígenas”. Sin embargo, en Bolivia se la investiga por un caso que involucra presuntos abusos contra una joven.

Silencio de la defensa

Hasta el momento, la defensa de Carla Lorena Sandy ha optado por el silencio. Se le han enviado consultas directas para aclarar si la compra del pasaje fue un favor personal o una orden superior, pero no ha habido respuesta. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha emitido ningún comunicado sobre la continuidad de Sandy en su cargo diplomático tras conocerse la denuncia.

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La trata con fines de extracción de órganos constituye una forma extrema de explotación humana. Aunque la narrativa popular suele asociarla con secuestros violentos, en la práctica se basa en el engaño: falsas promesas laborales, manipulación económica y desinformación médica, donde el consentimiento de la víctima es inválido, según el Protocolo de Palermo y las directrices de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC.

Las redes criminales operan con estructuras complejas. Pueden disponer de instalaciones médicas clandestinas, personal sanitario cooptado y falsificación de documentos que permiten encubrir vínculos entre donantes y receptores. Este nivel de sofisticación dificulta la judicialización del delito, incluso en países con marcos regulatorios avanzados.

El trasfondo del problema es un déficit global de órganos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que se realizan alrededor de 150.000 trasplantes legales por año, cifra que representa menos del 10 % de la demanda real (OMS). En América Latina, este desajuste se agudiza por la desigualdad en el acceso a la salud y por listas de espera que alimentan el turismo de trasplantes ilegal. Según estudios internacionales, este mercado ilícito mueve entre 840 millones y 1.700 millones de dólares al año (Global Financial Integrity, 2017).

Un fenómeno global

El tráfico de órganos se inserta en una economía criminal más amplia que aprovecha vulnerabilidades sociales y vacíos regulatorios. Migrantes, refugiados y personas en situación irregular suelen ser el blanco principal. La manipulación incluye hacerles creer que el trasplante es seguro o incluso reversible.

Un ejemplo reciente se registró en Kenia, donde jóvenes en condiciones precarias vendían sus riñones por menos de 1.000 dólares, mientras intermediarios los revendían en el mercado internacional por hasta 200.000 dólares. De acuerdo con un informe de la DW, en muchos casos las víctimas firmaban documentos falsos bajo barreras idiomáticas y eran operadas en clínicas que servían como fachada de redes transnacionales.

Pero el fenómeno no es aislado. La aparición recurrente de traficantes como Robert Shpolanski —procesado en 2016 por casos en distintos países— muestra que se trata de estructuras organizadas y sostenidas en el tiempo, con un impacto doble: donantes que quedan con secuelas permanentes y receptores sometidos a procedimientos de baja calidad.

El impacto en América Latina

En América Latina, la magnitud del tráfico ilegal es difícil de precisar por la falta de registros oficiales. Sin embargo, algunos indicios revelan su existencia. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó 1.904 operaciones sospechosas vinculadas a trata de personas y presunto comercio de órganos (UIF, 2021). Estas transacciones implicaban empresas fachada y esquemas de lavado de dinero.

El déficit estructural de órganos refuerza la presión. Brasil, pese a realizar 28.700 trasplantes legales en 2023, mantiene más de 60.000 pacientes en lista de espera, como lo señala La Asociación Brasileña de Trasplante de Órganos (ABTO, 2023). En Colombia, cerca de 4.000 personas aguardan un órgano, según el Ministerio de Salud. En Perú, la donación voluntaria es mínima —un donante por cada millón de habitantes—, lo que fomenta rumores de ilegalidad no comprobada (Ministerio de Salud de Perú).

Otro elemento por considerar es el aumento de enfermedades crónicas en la región. La Federación Internacional de la Diabetes señala que en América Latina la población adulta con diabetes creció de 8,5 millones en 2000 a más de 32 millones en 2021 (IDF, 2021), una situación que eleva la demanda de riñones y otros órganos, frente a una oferta legal restringida por marcos éticos.

En paralelo, fenómenos como el “turismo de trasplantes” aprovechan los corredores migratorios y la corrupción. El toolkit de la UNODC documenta cómo las redes trasladan víctimas a países con controles más laxos y operan en clínicas aparentemente formales pero fuera de la legalidad (UNODC, 2022).

A pesar de estos indicios, es clave subrayar que no hay pruebas de que el tráfico de órganos esté extendido o normalizado en América Latina. Se trata de una problemática real, pero con alcance aún poco claro, en parte por estar invisibilizada frente a otros delitos como el narcotráfico.

Retos y respuestas necesarias

Los Estados de la región deben avanzar en tres frentes. Primero, reforzar la infraestructura sanitaria y la transparencia en el proceso de trasplantes, para reducir la tentación del mercado clandestino. Segundo, incorporar en la legislación la trata con fines de extracción de órganos como delito autónomo, lo que facilitaría la protección de las víctimas y la trazabilidad de los órganos. Y tercero, fortalecer la cooperación internacional, pues las redes actúan más allá de las fronteras nacionales.

Instrumentos como el Protocolo de Palermo o las directrices de la UNODC ofrecen un marco de acción, pero su aplicación sigue siendo desigual. Sin coordinación efectiva en justicia, salud y migración, los Estados seguirán dejando espacios de impunidad que las redes aprovechan.

A pesar de que el tráfico ilegal de órganos no sea un fenómeno masivo en América Latina, sí representa una amenaza que opera en los márgenes de sistemas de salud débiles y en contextos de vulnerabilidad social. Frente a esta problemática, se requieren estrategias integrales que combinen ética, cooperación internacional y políticas de prevención, siempre con la dignidad humana en el centro.

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El propósito principal de este viaje es fortalecer la cooperación y la estrategia conjunta de Bolivia en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

Proyecto de cooperación internacional

Este viaje se realiza en el marco del Proyecto “Apoyo a la Prevención de la Trata de Personas, el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos”, una iniciativa que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea.

Mariaca está acompañado por otras 3 autoridades del Ministerio Público y tiene una agenda de trabajo centrada en la transferencia de conocimientos y la colaboración bilateral.

Reuniones de trabajo programadas

Según una nota informativa de la Fiscalía General, la delegación boliviana llevará a cabo reuniones de trabajo con la Fiscalía Especializada en Trata de Personas y Extranjería de España, así como con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Además, realizarán una visita técnica a la Casa Barnahus de Madrid, un modelo de atención especializado en estos temas.

Importancia del viaje

El Fiscal General subrayó la relevancia estratégica de este viaje, poniendo énfasis en la mejora de la justicia en Bolivia.

“Esta visita es una oportunidad para fortalecer los lazos de cooperación con España y la Unión Europea e incorporar buenas prácticas en la investigación y persecución penal de delitos transnacionales como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”, afirmó Mariaca.

Compromiso con los derechos humanos

La autoridad reafirmó su compromiso de “seguir construyendo un ministerio público más fuerte, técnico y humano” para proteger los derechos de las víctimas y combatir con firmeza estas graves violaciones a los derechos humanos.

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Con esta acción procesal, el caso avanza a la siguiente fase, lo que significa que el juez a cargo deberá fijar una fecha para el inicio del juicio oral en contra de Morales.

Detalles de la acusación

La acusación formal fue anunciada por la ahora exfiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, justo antes de ser destituida de su cargo este mismo martes.

Gutiérrez expresó: “Vamos a estar a la espera de lo que establece el procedimiento penal para que, una vez que el juez analice todo esto, tendrá que pasarlo al tribunal correspondiente para que señale día y hora para que se lleve adelante el juicio oral”.

Relación con la destitución

Por otro lado, Gutiérrez negó que la acusación contra el expresidente esté vinculada a su salida del cargo de fiscal. Afirmó que su destitución se debe a motivos institucionales y rechazó cualquier presión externa relacionada con su actuación en este caso.

Investigación y antecedentes

La exfiscal destacó que la investigación, que comenzó a finales de septiembre del año pasado, culmina hoy con la acusación formal tras un análisis “minucioso” de todas las pruebas e informes recopilados.

Este caso se remonta a octubre de 2024, cuando la entonces fiscal Gutiérrez dictó una orden de captura contra el exmandatario. Esta orden, que fue refrendada por un juzgado de Tarija, se basó en la denuncia de que Morales supuestamente tuvo un hijo con una menor de edad mientras ejercía la Presidencia en 2016.

Declaración de rebeldía

A principios de este año, un tribunal judicial declaró a Morales en rebeldía. Esta decisión se tomó después de que el político se ausentara en dos ocasiones, alegando enfermedad, a una audiencia clave que debía resolver la acusación.

Desde octubre del año pasado, Evo Morales no ha dejado el trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical. El exmandatario se encuentra resguardado en la zona por centenares de sus aliados, quienes, en 2024, incluso bloquearon carreteras para evitar que se concretara su detención.

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Detalles del operativo

La intervención se realizó en un alojamiento ubicado en las cercanías del Mercado Antiguo La Ramada, en el departamento de Santa Cruz. Durante esta acción, las autoridades identificaron a las menores y las pusieron bajo resguardo para garantizar su protección y realizar una evaluación integral de su situación.

En el transcurso del operativo, dos personas fueron aprehendidas con fines de investigación. La Policía decidió no revelar más detalles sobre los involucrados ni sobre la naturaleza del delito, ya que el caso todavía se encuentra en etapa de investigación, según informó Correo del Sur.

Compromiso institucional

Las instituciones que participaron en esta acción reafirmaron su compromiso en la lucha contra la trata y el tráfico de personas. También recordaron que estos operativos son parte de las acciones continuas de control y protección de la niñez y adolescencia en el departamento de Santa Cruz.

Importancia de la denuncia

Las autoridades municipales y policiales subrayaron la relevancia de la denuncia ciudadana para prevenir y detectar este tipo de delitos que vulneran los derechos de los menores de edad. La colaboración de la comunidad es fundamental para combatir estas situaciones de riesgo.

/KMMN

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Durante la intervención, se revisaron los documentos de identidad de todas las personas presentes, y se descartó la presencia de menores. Karina Gutiérrez, directora de la DIO, explicó que este tipo de controles son preventivos y se llevan a cabo de manera constante.

“Estamos realizando la verificación en cuanto a su identidad, a su edad, con el propósito de verificar que no se estén vulnerando los derechos de nuestros menores”, afirmó Gutiérrez.

Acciones continuas

La directora también mencionó que estas acciones se llevarán a cabo de forma periódica en diferentes puntos de la ciudad. Además, indicó que el operativo tiene como finalidad identificar a personas que podrían ser víctimas de trata y tráfico, así como a menores que consumen alcohol en lugares clandestinos.

Coordinación con otras entidades

Patricia Landaeta, de la Fiscalía Especializada en delitos de Violencia Sexual y Trata y Tráfico de Personas, señaló que se coordinó con otras entidades para prevenir que menores de edad y otras personas sean víctimas de trata y explotación sexual.

Lamentó que, en algunos casos, al llegar a los lugares, se les cerraron las puertas, intentando evitar las acciones preventivas contra posibles delitos.

Compromiso con la prevención

Landaeta reiteró que los operativos serán continuos, con el fin de prevenir que personas en situación vulnerable sean víctimas de estos delitos.

LDVY

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Refugio en Argentina

A principios de este mes, la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) de Argentina emitió una resolución que confirma la situación favorable para las mujeres en el proceso que enfrentan en dicho país. Sin embargo, Gutiérrez ha señalado que no ha recibido ninguna notificación oficial sobre la condición actual de Cindy Saraí V. P. y su madre, quienes están bajo investigación por trata de personas.

“Sea cierto o no (el refugio), nosotros continuamos con una investigación que aquí se ha iniciado. Si ella ha obtenido o no ha obtenido, eso no influye absolutamente en nada en la investigación que está llevando el Ministerio Público aquí en la ciudad de Tarija”, afirmó Gutiérrez.

Detalles del caso

Este caso cuenta con al menos 18 cuerpos de investigaciones que tienen como principal autor a Morales, quien estaba en el cargo de presidente cuando mantuvo una relación con Cindy Saraí V. P. cuando ella era menor de edad. Posteriormente, se ha alegado que la pareja tuvo una hija.

Orden de aprehensión

En relación con este caso, existe una orden de aprehensión contra el expresidente que aún no ha sido ejecutada. Esto se debe a que Morales se encuentra protegido en Lauca Ñ, Cochabamba, por sectores sociales que lo respaldan y que impiden que la Policía pueda acceder a la zona. Para Gutiérrez, la investigación seguirá hasta que se presente la resolución conclusiva de acusación o hasta que un juez tome una decisión al respecto.

/KMMN

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La Policía ha puesto en marcha un operativo para localizar a la mujer fugada. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó: “Se ha tomado conocimiento de esta información. Lo que se está haciendo es una vigilancia a todas las personas que la hayan visitado y que pudieran haber proporcionado los medios para esta acción.”

Investigación a familiares

Aguilera también mencionó que se investigará a los familiares más cercanos de la interna, ya que esta información será crucial para su captura. “Desde el punto de vista interno, se está dilucidando quiénes habrían permitido que esto ocurriera. Ya se han iniciado las investigaciones y estoy seguro de que en las próximas horas tendremos resultados,” afirmó el viceministro.

Activación del Plan Z

Ante esta situación, Aguilera explicó que se ha activado el Plan Z, el cual tiene como objetivo identificar la forma en que la mujer logró salir del penal. Además, se realizarán entrevistas al personal de seguridad que estaba de turno en el momento de la fuga.

Delito por el que estaba detenida

El reporte indica que la mujer se encontraba detenida por el delito de trata y tráfico de personas. Las autoridades están trabajando para esclarecer este caso y asegurar que se tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.

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Además, esta conmemoración recuerda la promulgación de la Ley Palacios en Argentina en 1913, que fue la primera legislación contra la prostitución infantil.

La trata de personas

La trata de personas con fines de explotación sexual es una forma de violencia que atenta contra la libertad y dignidad de las víctimas. Se estima que en el mundo hay 1.8 millones de personas que son víctimas de delitos de trata para explotación sexual. Este delito es comparable al tráfico de drogas y armas.

Compromiso colectivo

La conmemoración del 23 de septiembre invita a los Estados, organizaciones y a la sociedad a reforzar políticas de prevención, protección y acceso a la justicia. Al mismo tiempo, busca generar conciencia ciudadana para reconocer señales y denunciar situaciones de explotación. Recordar esta fecha es un llamado a la acción, ya que la lucha contra la trata requiere un compromiso colectivo.

Conferencias mundiales

Desde su establecimiento, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas ha sido promovido por conferencias mundiales. En enero de 1999, tuvo lugar una conferencia en Dhaka, Bangladesh, donde se coordinó este esfuerzo global.

Formas de explotación

La trata consiste en la compra, venta y explotación de niños y adultos para diversos fines, como el tráfico de órganos o trabajos forzados. La explotación sexual es el destino más frecuente para niñas y mujeres. Los traficantes se aprovechan de situaciones como la pobreza, la falta de educación o desastres naturales para sustraer a las víctimas.

Crisis migratorias

Las crisis migratorias han sido aprovechadas por redes delictivas que actúan contra los más vulnerables. Se ha observado un aumento en los casos de desapariciones de niñas y mujeres nigerianas que parten desde Libia en busca de una vida mejor, y que pueden ser destinadas a la explotación sexual.

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Se sospecha que Cindy, quien ha recibido protección desde el 22 de agosto de 2025 junto a su hija y su madre, teme por su vida. Debido a las amenazas que ha recibido, ha decidido no colaborar con las autoridades bolivianas.

Yolanda Herrera, quien es vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), ha señalado que el estatus de Cindy Sarai implica que las autoridades del Ministerio Público ya no tienen acceso directo a su testimonio. Esto complica la obtención de pruebas y la continuidad del proceso judicial.

Opiniones de expertos

El abogado Alexander Kennedy también coincide con Herrera, indicando que en Argentina se le brindó protección a la joven. Ella acudió a la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) debido a su temor por su vida, ya que recibió amenazas si “abría la boca”.

Hasta el momento, la Fiscalía Departamental de Tarija no se ha pronunciado sobre este caso. Un equipo de fiscales está investigando la situación tras el refugio diplomático concedido a Cindy, quien es una pieza fundamental para la investigación y el posterior proceso judicial en contra del expresidente Morales.

Derechos de la víctima

Herrera también comentó que no se puede obligar a una persona refugiada a colaborar con la justicia de su país de origen si siente que su vida o integridad están en riesgo. La decisión de colaborar dependerá de su voluntad y de las garantías que se le ofrezcan.

Además, agregó que la investigación fiscal en este tipo de delitos se basa en gran medida en la declaración de la víctima y en la recolección de indicios y pruebas que ella pueda aportar.

Antecedentes de la investigación

La Fiscalía Departamental de Tarija ha estado indagando desde octubre de 2024 sobre una denuncia contra Evo Morales. Esta denuncia alega que el expresidente mantuvo una relación presunta con Cindy cuando ella era menor de edad en 2015, de la cual nació una niña en 2016.

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La mujer fue recluida en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, mientras que el hombre fue enviado a la cárcel de Patacamaya. Ambos enfrentan acusaciones por trata de personas.

La autoridad jurisdiccional ha dispuesto que ambos permanezcan en reclusión durante un período de cuatro meses. Esta información fue proporcionada por la fiscal Sheila Rodríguez.

Detalles del caso

En la audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía presentó una valoración psicológica del menor, así como otros elementos probatorios que están relacionados con el caso.

Según los antecedentes, la mujer llevó al menor en un radiotaxi hasta un hostal que se encuentra en la zona Llojeta, a pesar de no tener ningún grado de parentesco con él. Este hecho se realizó en complicidad con el dueño del alojamiento, quien era su pareja.

Intervención policial

Durante la intervención de la Policía y la Fiscalía en el establecimiento, se constató que la pareja estaba consumiendo bebidas alcohólicas. El menor fue encontrado durmiendo cerca de ellos, lo que generó una gran preocupación sobre su bienestar y seguridad.

Necesidad de medidas preventivas

Esta situación resalta la necesidad de fortalecer las medidas preventivas y los mecanismos legales que protegen a los menores que se encuentran en riesgo.

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Cindy e Idelsa son bolivianas, naciendo el 12 de noviembre de 1999 y el 23 de enero de 1966, respectivamente. La menor, que también tiene nacionalidad boliviana, nació el 8 de febrero de 2016. La Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) ha reconocido su condición de refugiadas bajo los términos de la Ley Nro. 26.165.

Reacción de la Cancillería

La Cancillería de Argentina ha respondido a un pedido de información realizado por la Fundación Apolo, que es parte querellante en un caso que involucra al expresidente Evo Morales por presunta trata de personas agravada.

José Lucas Magioncalda, abogado de la Fundación Apolo, comentó: “Sin duda el testimonio de Cindy ayudaría a establecer un perfil del acusado. Por otra parte, creo que es un problema político para el actual gobierno de Bolivia porque los motivos del refugio diplomático están relacionados con una persecución que sería ilegal”.

Declaraciones de la fiscal

En Tarija, la fiscal departamental Sandra Gutiérrez se excusó de hablar sobre el tema hasta que tenga documentación oficial del asilo otorgado por Argentina. Gutiérrez mencionó que se han realizado requerimientos para verificar la autenticidad de las cartas solicitadas, ya que tomó conocimiento del asunto a través de declaraciones anteriores.

Investigación en curso

A mediados de agosto de 2025, la legisladora de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, reveló las solicitudes de refugio realizadas por Cindy y su madre ante las autoridades argentinas. Actualmente, la Fiscalía Departamental está investigando a Evo Morales en relación con un caso por presunta trata de personas agravada.

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La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció esta fecha en 2013 con el propósito de visibilizar la situación de las víctimas y reforzar el compromiso global con la protección de sus derechos. De acuerdo con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, conocido como Protocolo de Palermo, “el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas” se lleva a cabo mediante coerción o engaño con fines de explotación.

Acciones en el Mercosur

Los Estados Parte del Mercosur han ratificado este protocolo y han avanzado en la implementación de normas y mecanismos conjuntos para abordar este delito transnacional. Se han promovido instrumentos orientados tanto a la prevención como al acompañamiento integral de las víctimas, además de fortalecer acciones conjuntas en la región.

La trata de personas ha sido un tema prioritario en la agenda regional. Una iniciativa destacada es la campaña “Mercosur libre de trata de mujeres”, que se promueve desde la Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer (RMAAM). Esta acción responde a la identificación de zonas de captación en áreas fronterizas y al reconocimiento de que todos los Estados Parte actúan indistintamente como origen o destino en redes de explotación.

Herramientas del IPPDH

Desde su creación, el IPPDH ha desarrollado diversas herramientas como guías prácticas, materiales informativos y capacitaciones. En 2016, se realizó una Consulta Pública que reunió a más de 120 representantes de organizaciones sociales del Mercosur. Ese mismo año, se presentó un documento que sistematiza las herramientas desarrolladas en la región para combatir este delito.

En el marco de la Escuela Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos, se dictó un curso dirigido a personal consular sobre la detección temprana y asistencia a víctimas. En 2019, el IPPDH publicó dos estudios clave sobre migración y protección infantil en contextos migratorios.

La trata como problema global

La trata sigue siendo un problema mundial que es perpetrado por la delincuencia organizada. Entre 2020 y 2023, se detectaron más de 200,000 víctimas en todo el mundo; sin embargo, se estima que el número real es significativamente mayor. Las redes delictivas utilizan flujos migratorios y plataformas digitales para facilitar esta actividad.

A pesar de algunos avances, las respuestas judiciales son insuficientes. Para poner fin a este delito, es necesario aplicar leyes estrictas y llevar a cabo investigaciones proactivas. La campaña actual resalta el papel crucial que desempeñan las fuerzas del orden en desmantelar redes organizadas, mientras se garantiza un enfoque centrado en las víctimas.

Recomendaciones de la ONU

Desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se alienta a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a desempeñar un papel activo. Esto incluye el uso de plataformas en línea y la realización de actividades presenciales en zonas transitadas, como centros de transporte.

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Las investigaciones revelaron que su padrastro, de 32 años, la mantuvo retenida durante diez meses en una habitación ubicada en la zona de Senkata, en El Alto. Debido a esto, el hombre fue enviado a detención preventiva en el penal de San Pedro, enfrentando cargos por trata de personas con fines de matrimonio servil y estupro.

Condiciones de vida de la menor

La menor fue encontrada en condiciones insalubres, en un cuarto de apenas dos metros por dos. Las autoridades no descartan la posibilidad de ampliar la investigación hacia otros familiares del acusado, quienes, según la Policía, podrían haber estado al tanto de su paradero.

Engaño y manipulación emocional

Según las investigaciones preliminares, el hombre engañó a la menor, argumentando que la protegía de “supuestos maltratos” por parte de su madre. Esto generó una relación de dependencia emocional que presenta características del síndrome de Estocolmo.

Operativo para el rescate

El acusado trasladó a la menor por diferentes zonas de La Paz y El Alto, lo que dificultó su localización. Sin embargo, gracias a un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía, se logró identificar el lugar exacto donde se encontraba la adolescente. Esto permitió su rescate y la aprehensión del sujeto.

Acciones de la justicia boliviana

En este contexto, la justicia boliviana dictó detención preventiva contra el padrastro por los delitos de trata y tráfico de personas, además de estupro. Gaby Coca, jefa Nacional de la Dirección de Trata y Tráfico de Personas de la Felcc, indicó: “Por la situación a la que ella estaba sometida, no estaba en buenas condiciones, con agresiones físicas y violencia, por lo que se está haciendo una valoración psicológica a la víctima”.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

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La autoridad policial recordó que la madre de la adolescente presentó la denuncia por desaparición poco después de que la menor huyera de su casa junto al agresor. Esa acción permitió iniciar la investigación que finalmente derivó en su rescate.

La víctima fue encontrada en un espacio reducido y en condiciones insalubres. El lugar tenía apenas dos metros por dos y era usado como cocina y dormitorio. La mayor Coca calificó esta situación como “realmente lamentable”, debido al nivel de precariedad en el que se encontraba la joven.

De acuerdo con la información preliminar, el padrastro aprovechó la vulnerabilidad de la adolescente para mantenerla retenida durante varios meses. Después de huir con ella, abandonó tanto a su propia familia como a la madre de la menor. Actualmente, el hombre se encuentra aprehendido y enfrenta cargos por trata y tráfico de personas, además de estupro.

La adolescente permanece bajo protección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Mientras tanto, se espera la audiencia de medidas cautelares para definir la situación legal del acusado y evaluar su posible detención preventiva.

LDVY

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Durante el allanamiento, se detuvo a siete personas, quienes ahora se encuentran en celdas policiales. Estas personas deberán prestar declaración informativa para ayudar a determinar su grado de participación en este caso.

Captación a través de redes sociales

El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio Mendoza, explicó que las adolescentes fueron captadas mediante redes sociales con el objetivo de ser explotadas sexualmente.

Aparicio destacó que, en el marco de la política institucional de lucha frontal contra la trata y tráfico de personas, impulsada por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, se realizó una intervención inmediata en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así como otras instancias competentes. Gracias a esta colaboración, se logró rescatar a estas menores de edad, la mayoría de las cuales proviene de la ciudad de Sucre.

Investigación tras la denuncia

Según los antecedentes del caso, una mujer reportó la desaparición de su hija ante la Policía, que posteriormente remitió el caso a la Fiscalía. Al sospechar que podría haber más víctimas, se conformó una Comisión de Fiscales para investigar y localizar a las menores desaparecidas.

Como resultado de esta investigación, se identificaron dos locales clandestinos en la avenida Costanera. Tras el allanamiento, se logró rescatar a nueve adolescentes, cuyas edades oscilan entre 14 y 16 años, que se encontraban en condiciones irregulares.

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Paralelamente, el Ministerio Público está llevando a cabo una investigación sobre un presunto caso de violación a una mujer que afirmó haber sido víctima de agresión sexual en el campamento minero.

Trabajos forzados en la mina

Un joven, que fue reportado como desaparecido por sus familiares ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), relató a LA PATRIA su experiencia de trabajos forzados, malos tratos, mala alimentación y el comportamiento de sus empleadores.

La víctima, quien solicitó mantener su identidad en reserva, explicó que hace algunas semanas, cuando intentó dejar su trabajo, comenzaron los problemas. Según su relato, al regresar al campamento para descansar, uno de los encargados lo acusó de haber robado una perforadora de la marca Bosch. Al día siguiente, el encargado se presentó con un ingeniero y un policía de la zona, exigiéndole que revelara el paradero de la maquinaria.

El joven también mencionó que el uniformado lo amenazó con usar tácticas de tortura, a pesar de que Bolivia es parte del Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. “Me dijo que me iba a pasar corriente, que tenía métodos de cómo hacerme hablar y si no, me iba a meter un balazo y que me iba a botar por ahí”, relató.

Ante estas amenazas, el joven optó por seguir trabajando para poder cancelar el costo de la maquinaria. Después de varios días de trabajo, logró reunir el monto necesario, pero luego se perdió otro aparato.

“Sospecho que es el mismo (empleador) el que sustrae las máquinas y las oculta en el campamento”, afirmó.

Además, aseguró que durante todo ese tiempo sufrió malos tratos, largas jornadas laborales y escasez de alimentos. Tenían que lavar platos, buscar leña para cocinar, ya que no contaban con luz ni gas, y las linternas que tenían estaban con baja batería.

El joven también cuestionó la legalidad de la empresa, argumentando que la carga debería salir a nombre de Chuquichambi, pero se exporta a nombre de Chacarilla de La Paz.

Respuesta de la empresa

Por su parte, el jefe de operaciones de la empresa, identificado con las iniciales J.O., negó todas las acusaciones y detalló que el joven admitió haber sustraído la maquinaria y pidió pagarla con trabajo tras haber consumido bebidas alcohólicas.

El jefe de operaciones aseguró que no existe explotación laboral y que a todos los trabajadores se les proporcionaron las comodidades necesarias para trabajar. “A él se le asignó un jornal de 180 bolivianos por día y nosotros cubríamos el campamento, desayuno, almuerzo y cena e incluso la logística”, afirmó.

Además, indicó que inicialmente tenían un contrato verbal y posteriormente se formalizó un contrato físico, negando cualquier acusación de explotación laboral. También precisó que la empresa minera está legalmente constituida bajo el nombre de Esmeralda.

Investigación en curso

Tras la denuncia, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas inició las investigaciones junto a uniformados especializados en trata y tráfico de La Paz y Oruro. Se logró identificar a los dos implicados como los captadores de jóvenes para trabajos en la mina, donde presuntamente eran explotados laboralmente.

Jhon Montaño, fiscal a cargo de la investigación, explicó que los jóvenes de entre 19 y 20 años eran captados a través de Facebook para realizar trabajos forzosos en la mina.

“El modus operandi de estos ciudadanos era captar a adolescentes para luego trasladarlos a la mina y realizar trabajos forzados; sin embargo, no les cancelaban lo que en primera instancia prometían”, señaló Montaño.

Además de las dos víctimas, se prevé tomar la declaración de otros dos trabajadores que se cree fueron víctimas del mismo modus operandi.

Denuncia de violación

El despliegue de la investigación permitió identificar que una mujer que trabajaba en el campamento fue agredida sexualmente por un individuo. Por lo tanto, se inició una causa por violación, además de la investigación por trata.

Audiencia judicial

Tras los presuntos indicios en contra de los dos implicados, un juez cautelar dispuso la detención preventiva de ambos por 60 días en el penal de San Pedro.

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La detención ocurrió después de que dos menores, quienes presentaban hematomas y golpes, fueran llevados a la Defensoría de la Niñez el 27 de junio de 2025. El incidente se conoció alrededor de las 13:45 horas, cuando los menores fueron trasladados desde su unidad educativa a la Defensoría debido a las marcas visibles en sus cuerpos.

Durante la investigación, se descubrió que los menores eran agredidos por su padre, mientras que la madre, Verónica, era mantenida en condiciones inhumanas y también sufría agresiones físicas. Se sospecha que Claudio no permitía que Verónica acudiera al hospital para dar a luz.

Detalles del caso

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, comunicó que el Ministerio Público logró demostrar la probabilidad de autoría del imputado. Los delitos fueron cometidos en contra de su concubina, Verónica H.A., de 30 años, y sus hijos de 6 y 8 años. Además, se está investigando la desaparición de una menor de 9 años.

Según informes, hace aproximadamente dos años, Claudio sacó a su hija del domicilio ubicado en el Distrito 8, y desde entonces se desconoce su paradero.

Investigación en curso

La fiscal del caso, Fabiola Pinto, explicó que dentro de este proceso, la Fiscal de turno llevó a cabo los primeros actos investigativos. Esto incluyó un informe de acción directa, un informe psicológico de los menores, la declaración de la concubina, el registro del lugar, un informe de la Unidad Educativa de los menores, un informe social y un certificado médico forense.

Todos estos documentos fueron presentados ante el juez para solicitar la detención preventiva del acusado mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

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La reclusión preventiva de los acusados se ha establecido por un período de 150 días, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. El fiscal Mijail Cavero explicó que los imputados fueron presentados en una audiencia de medidas cautelares. En esta audiencia, el juez decidió su reclusión basándose en los indicios presentados y la probabilidad de autoría.

Decisión judicial

“El juez cautelar ha dispuesto la detención preventiva por el término de 150 días. Se han considerado todos los elementos indiciarios acreditados durante esta etapa preliminar”, afirmó Cavero.

Ambos implicados optaron por ejercer su derecho al silencio. Sin embargo, las autoridades están en la búsqueda de un tercer involucrado que se encuentra prófugo. “Estamos investigando si existen otros autores o encubridores del hecho”, agregó el fiscal Cavero.

Menor involucrada

Se ha confirmado que una menor de 17 años, quien estaba vinculada sentimentalmente con uno de los acusados, también fue aprehendida. Esta adolescente captaba a compañeras de colegio, de entre 12 y 14 años, ofreciéndoles dinero para mantener relaciones sexuales con adultos.

Según la denuncia, la menor incluso ofrecía hasta 4.000 bolivianos, aunque posteriormente les pagaba menos. Este caso fue denunciado inicialmente por una madre de familia, lo que permitió a la Policía y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia activar una investigación urgente en una unidad educativa del Plan Tres Mil.

La entrada Santa Cruz: Juez ordena detención preventiva de dos ciudadanos por violación de menores se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Moreno había estado recluida en el penal de Palmasola en Santa Cruz desde principios de mayo, luego de haber anulado una orden de aprehensión contra Morales. La decisión de la justicia cruceña permite que Moreno abandone el penal y cumpla su arresto domiciliario bajo custodia policial.

Además de cumplir con el arresto domiciliario, la jueza deberá pagar una fianza económica y se le ha prohibido salir del país. Su encarcelamiento se produjo tras una decisión que le valió una imputación por parte del Ministerio Público.

Detalles del caso

Este caso se enmarca en una investigación que involucra al exmandatario por una supuesta relación con una menor de edad, con quien habría tenido una hija durante su gestión como presidente. La causa principal se está tramitando en el departamento de Tarija.

Moreno, de 46 años, tomó la decisión de anular la orden de aprehensión contra Evo Morales, quien actualmente está siendo procesado por el presunto delito de trata y tráfico de personas. Sin embargo, informes de la investigación indican que esta no es la primera vez que Moreno favorece al exmandatario.

Acciones previas de la jueza

En 2024, la jueza también intentó que el caso fuera tratado en tribunales de Villa Tunari, un bastión del expresidente. En esa ocasión, no solo emitió un fallo que contradice otro emitido en La Paz, sino que también lo hizo a favor de la supuesta víctima de Morales.

Moreno fue postulante a las elecciones judiciales para un cargo en el Consejo de la Magistratura. Entre 2012 y 2016, desempeñó funciones como jefe del Departamento Jurídico y posteriormente como Gerente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en la regional de Santa Cruz, según un reporte de ABI.

Trayectoria profesional

Además, fue jefa de la unidad jurídica de ENFE y, unos días antes de la caída de Morales en 2019, fue designada como juez de Sentencia 14 del distrito judicial de Santa Cruz de la Sierra.

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La intervención se llevó a cabo el pasado martes por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), después de que los agentes notaran el nerviosismo de las jóvenes.

Santos Patzi, jefe departamental de Trata y Tráfico de Personas, explicó que “una de las señoritas, de 18 años, que ya había cruzado varias veces a Perú, había contratado a dos mujeres de 18 y 22 años para trabajar en el país vecino”. Este incidente ocurrió cuando las tres mujeres intentaron trasladarse a la localidad de San Jorge de Putina en Perú.

Detección de la víctima

Al observar el nerviosismo de las jóvenes, la Felcc decidió intervenir y realizarles una entrevista. Durante este proceso, se determinó que una de ellas era víctima de trata de personas. Patzi advirtió que “cualquier persona puede buscar trabajo en otro país”, pero también destacó los riesgos que enfrentan al no tener un domicilio fijo o información sobre las personas con las que se relacionan.

Colaboración internacional

El jefe departamental mencionó que hay varios casos similares y que se está realizando un trabajo conjunto con las policías de Perú, Brasil y Chile para intercambiar información. Esta colaboración tiene como objetivo detectar los puntos focales de bolivianos que se trasladan a otros lugares en busca de trabajo.

Recomendaciones para migrantes

Patzi también resaltó que muchas víctimas no informan a sus familiares sobre su paradero por miedo a perder pertenencias importantes, como celulares y documentos necesarios para viajar. “La recomendación es que mantengamos un contacto directo con los padres y familiares si vamos a trasladarnos a un país vecino en busca de mejores oportunidades”, agregó.

Prevención del tráfico

Las autoridades continúan trabajando en la prevención del tráfico y trata de personas, enfatizando la importancia de mantener el contacto familiar durante estos desplazamientos. La seguridad y el bienestar de las personas que buscan oportunidades en el extranjero son prioridades en estas acciones.

La entrada Dos jóvenes detenidas en La Paz por intento de trata a Perú se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Retorno asistido de la menor

“Se ha emitido el retorno asistido de la víctima, para que la misma pueda regresar al país (…), va a ser sometida a una valoración médico forense”, afirmó la fiscal encargada del caso, Sheyla Rodríguez.

La menor fue reportada como desaparecida el 18 de marzo de 2025 por su madre, quien denunció que su hija no había regresado a casa, lo que generó una alerta en las autoridades.

Captación a través de videojuegos

Según las investigaciones, la adolescente fue captada a través del videojuego ‘Free Fire’ por un adulto de 32 años de edad, de nacionalidad peruana, que reside en el país. Sin embargo, no se brindaron mayores detalles sobre cómo logró llevarla hasta Perú.

Rodríguez añadió que el hombre, presuntamente vinculado a una red de trata y tráfico de personas, fue aprehendido. Se verificó que intentaba llevar a otra menor de edad a su país.

Aprehensión en flagrancia

“Ha intentado nuevamente captar a otra adolescente, llevársela a Perú, por lo que el Ministerio Público, juntamente con la Policía Boliviana, ha realizado los operativos correspondientes y ha logrado realizar la aprehensión del mismo cuando se encontraba en flagrancia”, informó Rodríguez.

Denuncia de la presidenta de derechos humanos

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, indicó que el hombre peruano “enamoraba” a las menores bolivianas a través de juegos en línea y redes sociales para llevarlas al país vecino.

Según Ugarte, al momento de la aprehensión, el sujeto tenía miles de fotos de menores de edad en su teléfono. Exigió celeridad en las investigaciones contra el peruano por los delitos de explotación sexual y trata y tráfico de personas.

/KMMN

La entrada Hallan a menor boliviana desaparecida en Perú tras dos meses se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

El hallazgo del cuerpo fue realizado por los propios familiares de Fisher, quienes denunciaron que las autoridades no participaron de manera activa en la búsqueda. Además, afirmaron que se ocultaron informes clave que podrían haber ayudado en la investigación. El padre del menor ha denunciado públicamente que su hijo murió y fue utilizado como parte de una ofrenda ritual. “A mi hijo lo han utilizado para ofrenda, no sé para qué. Había dos k’oas bien preparadas, una ala de gallina, cigarros fumados, un hilo blanco rodeando su falda y un aguayo”, relató entre lágrimas el padre.

Descartando un accidente

El padre de Fisher también ha descartado la posibilidad de que se tratara de un accidente. “No hay señales de que se haya quitado la vida. Su ropa estaba intacta, su cuerpo no presentaba daños”, afirmó. La familia exige una investigación seria y ha denunciado que un adolescente, que supuestamente fue el último en ver a Fisher con vida, no fue interrogado a pesar de que su relato presenta contradicciones.

Preocupaciones sobre trata de personas

Además, la familia ha expresado su preocupación por un posible caso de trata y tráfico de personas. El sábado, cuando se encontró el cuerpo, no había médico forense disponible en Villazón, y se les solicitó trasladar el cuerpo a Tupiza. La madre del menor ha anunciado que viajará a La Paz para exigir justicia. La familia clama por una investigación transparente que permita identificar a los responsables y esclarecer este trágico hecho.

/KMMN

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El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Wilson Miranda, informó que este caso estuvo bajo investigación durante varios días, en colaboración con la Fiscalía. A través de un requerimiento, se obtuvo una orden de allanamiento emitida por el juzgado correspondiente. En el operativo participaron el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y la Unidad de Trata y Tráfico de Personas de la Policía, junto con el Ministerio Público.

Investigación en curso

Gracias a las declaraciones obtenidas, se pudo identificar a las personas que estaban al mando del negocio. Tras el hallazgo de los menores, se notificó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) para que se verifique la situación de los niños involucrados.

Miranda también indicó que el caso ha sido tipificado como proxenetismo. Actualmente, se están llevando a cabo otras pericias, como la recolección de imágenes de cámaras de seguridad en la zona y la toma de declaraciones de los vecinos del lugar.

Esfuerzo contra el proxenetismo

Esta intervención refleja un esfuerzo significativo por parte de las autoridades para combatir el proxenetismo en la región. Se aborda no solo el delito principal, sino también las implicaciones sociales relacionadas con la trata y explotación sexual. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer todos los aspectos del caso y asegurar el bienestar de los menores involucrados.

Ciudadano venezolano involucrado

Por otro lado, un ciudadano venezolano también fue identificado durante el operativo. Su situación está siendo evaluada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

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Reacciones de Tuto Quiroga

Quiroga utilizó sus redes sociales para expresar su opinión sobre la situación. Dijo: “En la nueva Bolivia que construiremos no habrá impunidad para depravados ni delincuentes, nadie estará por encima de la ley y el gobierno hará cumplir órdenes de detención. Nuestro país jamás será santuario de narcos, pillos, terroristas, ni pedófilos”.

Detalles de la decisión judicial

La jueza Lilian Moreno, quien se encuentra en Santa Cruz, dejó sin efecto la imputación y la orden de aprehensión contra Morales. Esta decisión se enmarca en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Cabe recordar que esta misma jueza anuló en octubre de 2024 una orden de aprehensión contra Morales por no presentarse a declarar ante la Fiscalía Departamental de Tarija.

Inicio de la investigación

La investigación por este caso comenzó en octubre del año 2024 y fue abierta de oficio por la Fiscalía Departamental de Tarija, bajo la dirección de la fiscal departamental, Sandra Gutiérrez. Morales enfrenta acusaciones por el delito de trata de personas con agravante, en relación con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era presidente, en 2016.

Declaraciones de Evo Morales

Tras la anulación de la orden de aprehensión en su contra, Morales afirmó que se hizo justicia. Además, acusó a las autoridades judiciales de prevaricato, argumentando que no respetan la independencia de los jueces. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, mencionó que hay dos acciones de libertad relacionadas con el caso de trata de personas con agravante.

Acciones judiciales en curso

Saucedo indicó que una de las resoluciones es a favor del expresidente Evo Morales, mientras que la otra favorece a la víctima. La autoridad judicial aseguró que ambas resoluciones serán analizadas y que se tomará una posición junto a las otras instancias del Órgano Judicial para definir acciones concretas.

/KMMN

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Detalles del caso

El fiscal departamental de Pando, Freddy Durán Montero, comunicó que el Ministerio Público ha fundamentado su acusación, señalando que Juana A.C.H., de 28 años, tiene una alta probabilidad de ser la autora del delito mencionado. Durante la audiencia de medidas cautelares, se presentaron diversos elementos, incluyendo declaraciones de testigos e informes policiales, que respaldaron la probabilidad de autoría y la existencia de riesgos procesales.

Desaparición de la adolescente

Marco Antonio Salgado, el fiscal asignado al caso, explicó que los familiares de la menor denunciaron su desaparición en Gonzalo Moreno. Posteriormente, se descubrió que la víctima se encontraba en Riberalta. El 18 de abril, los policías del puesto de control de Peña Amarilla lograron interceptar a la víctima, quien estaba acompañada por Juana A.C.H., justo cuando bajaban de un transporte público.

Arresto y denuncia

Después del arresto con fines de investigación, la madre de la adolescente presentó una denuncia por trata de personas. La autoridad jurisdiccional decidió que la detención preventiva era necesaria, basándose en los elementos que se presentaron durante la audiencia.

/KMMN

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La intervención fue realizada por miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en un operativo que fue liderado por la División de Trata y Tráfico de Personas. La joven había estado desaparecida durante siete días.

El operativo se llevó a cabo después de que las autoridades recibieran un mensaje de texto que contenía la ubicación de la menor. Este mensaje fue enviado durante un momento de descuido por parte del captor. “Estamos llegando al lugar, nos vamos a informar y les vamos a dar una referencia oficial sobre el caso”, declaró a la prensa el director de la Felcc durante la intervención.

Detención del captor

El hombre que mantenía a la menor en cautiverio fue arrestado en el mismo lugar donde se llevó a cabo el rescate. Posteriormente, fue trasladado a las dependencias policiales, donde enfrentará cargos por su implicación en este caso.

Problemas de tráfico y trata

Este tipo de situaciones pone de manifiesto la grave problemática del tráfico y trata de personas en la región. Este fenómeno genera una gran preocupación tanto entre las autoridades como entre la ciudadanía.

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Según el informe preliminar emitido el 19 de abril de 2025, la aprehensión fue realizada por efectivos de la División de Trata de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Esto ocurrió tras recibir alertas de vecinos y familiares sobre la presunta situación de violencia que enfrentaba la menor.

Las investigaciones iniciales indican que la madre supuestamente concertó encuentros con hombres a quienes entregaba a su hija a cambio de dinero, según lo señalado por El Deber.

Explotación sexual organizada

Las denuncias recibidas indicaron que la mujer obtenía beneficios económicos de estas acciones, lo que configura una forma de explotación sexual organizada desde el entorno familiar.

La acusada fue presentada ante la Fiscalía, que ha abierto una investigación por el delito de violencia y comercio sexual. Las autoridades del Ministerio Público están trabajando en coordinación con la Felcc para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Atención a la víctima

Mientras tanto, la víctima, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, está recibiendo atención psicológica y social por parte de la Defensoría de la Niñez. Esta entidad también acompaña las entrevistas y participa en la elaboración de los informes técnicos necesarios para su protección.

Seriedad en la investigación

Las autoridades han señalado que el caso está siendo tratado con la debida seriedad, mientras continúan las diligencias investigativas. Se espera un informe más detallado en los próximos días.

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El Ministerio de Justicia de Bolivia ha informado que Fernando A.M. deberá permanecer en detención preventiva en una cárcel de La Paz. Esta decisión judicial se basa en el riesgo de fuga y la posibilidad de que el detenido obstaculice la investigación. Se ha indicado que el acusado solía entrar y salir de Bolivia con frecuencia para captar a adolescentes.

Captación a través de videojuegos

Según la cartera de Justicia, Fernando A.M. establecía contacto con sus víctimas a través del popular juego en línea “Free Fire”. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, explicó que el acusado se dedicaba a “enamorar a mujeres menores de edad bolivianas” y posteriormente las trasladaba a Perú con el objetivo de “explotación sexual”.

Arresto en flagrancia

El arresto de Fernando A.M. se llevó a cabo en flagrancia, cuando se encontraba con una menor de edad. Este operativo fue resultado de un trabajo de inteligencia realizado por la Policía. Sin embargo, este no es el primer caso en el que el acusado ha estado involucrado.

Víctima rescatada

Con anterioridad, Fernando A.M. logró engañar a otra joven de 17 años, a quien llevó a Perú bajo falsos pretextos. Esta joven fue rescatada por las autoridades peruanas y se encuentra actualmente bajo resguardo en un centro de acogida.

Pruebas encontradas

De acuerdo con el informe de la investigación, se confiscó el teléfono celular del hombre, en el que se hallaron al menos 2.000 fotografías de sus víctimas. Esto evidencia la influencia de las redes sociales en los jóvenes y las graves consecuencias que pueden surgir al interactuar con personas desconocidas.

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Operativo y denuncia

La aprehensión se llevó a cabo tras la denuncia de la madre de una adolescente desaparecida, quien fue localizada en Perú. Torrez indicó que el Ministerio Público y la Policía Boliviana trabajaron en conjunto para lograr la detención del acusado.

De acuerdo con el informe preliminar, el hombre captaba a las menores bolivianas y luego las trasladaba a Perú. Actualmente, enfrenta acusaciones por los delitos de trata de personas y pornografía.

Adolescente desaparecida

El fiscal también mencionó que una adolescente de 17 años estaba reportada como desaparecida. Tras la activación de la alerta amarilla, se supo que la menor se encontraba en el país vecino.

La Fiscalía General del Estado ya ha comenzado los trámites para la repatriación de la joven. “La fiscal de trata y tráfico y la misma División de la Policía hicieron el seguimiento del sujeto que captaba a las menores a través de juegos en línea para agredirlas sexualmente y luego abandonarlas”, añadió Torrez.

Elementos de la investigación

Entre los elementos que se están considerando para la investigación, se encuentra la declaración de la madre de la adolescente y el informe policial de Perú, donde se rescató a la menor. También se cuenta con la resolución fundamentada de aprehensión del acusado. “Con toda esta información, emitiremos la imputación formal y solicitaremos la detención preventiva del sospechoso en la cárcel”, afirmó Torrez.

Con la información sobre la captación de otra posible víctima, se realizó el operativo que resultó en la aprehensión del hombre, según la fiscal de trata y tráfico, Sheila Rodríguez. “El sujeto intentaba captar a otra víctima. Además, se encontró material pornográfico de menores en su dispositivo celular y se presume que lo investigan en su país por delitos similares”, indicó Rodríguez.

Contacto a través de juegos

En el caso de la adolescente desaparecida, el acusado contactó a la joven mediante un juego en línea. “El 18 de marzo, le propuso ser su enamorada y que la llevaría con él; además, le pidió que solo sacara de su casa su celular y su documento de identidad, asegurándole que la estaría esperando”, explicó Rodríguez. A partir de ese momento, la adolescente desapareció.

La madre realizó la denuncia correspondiente y, tras una investigación, se logró localizar a la víctima en Perú. Actualmente, el hombre se encuentra en celdas policiales a la espera de su audiencia sobre medidas cautelares.

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Detalles del rescate

De acuerdo con el informe chileno publicado este jueves 10 de abril, la menor fue vendida por su abuela a una pareja, también de nacionalidad boliviana, por 350.000 pesos chilenos, que equivalen a aproximadamente 350 dólares. La pequeña residía en un campamento de bolivianos, ubicado cerca del río Claro.

El fiscal jefe de Rengo, Osvaldo Yáñez, explicó que la niña debía levantarse a las 04:00 horas para comenzar su jornada de labores en el hogar donde fue retenida. Se encargaba de barrer, hacer las camas, lavar los platos y realizar otras tareas del hogar, sin acceso a educación, salud ni alimentación adecuada.

Condiciones de vida

En ocasiones, como forma de castigo, se le negaba comida o era obligada a dormir a la intemperie. La situación fue descubierta gracias a una vecina del campamento donde vivía la niña, quien alertó a las autoridades al notar señales de maltrato físico. Fue esta mujer quien la rescató y la llevó a la ciudad de Santiago para buscar ayuda.

Se ha informado que la menor no estaba inscrita legalmente ni en Chile ni en Bolivia. “Ella podía haber desaparecido y nadie se daba cuenta”, lamentó la subprefecta de la Brigada de Trata de Personas de Chile, Elena Hidalgo, quien afirmó que la niña sufrió maltrato físico y psicológico de manera constante.

Reacción de las autoridades

Durante el proceso de custodia, la abuela de la niña se presentó ante las autoridades para reclamarla, momento en el que admitió haberla vendido, tratando el asunto como algo normal dentro de la familia. Tanto la abuela como la pareja que compró a la niña se encuentran bajo custodia policial y enfrentan cargos por el delito de trata de personas con fines de servidumbre.

Varias autoridades chilenas han condenado este hecho. La diputada representante de la región de O’Higgins, Carla Morales, presentó un oficio al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a la Subsecretaría de la Niñez y al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, solicitando información urgente sobre las medidas para proteger a niños migrantes que viven en campamentos.

Reflexiones sobre la situación

Morales calificó el hecho como un reflejo de un grave vacío en la protección de los derechos de la infancia migrante. “Es inconcebible que en pleno siglo XXI sigamos enfrentando situaciones tan brutales como esta, donde una niña es vendida por su propia abuela y expuesta a violencia, explotación y abandono total”, señaló la diputada.

Además, advirtió que esta situación no es aislada y mencionó la existencia de otros casos similares, como cuando un hombre intentó cruzar la frontera con un niño que no era su hijo.

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Detalles del caso

Ronald G.F., de 32 años, se llevó a la niña como un “regalo” para su madre, Dorotea F.P., en el contexto del Día de la Madre, con la intención de que no estuviera sola en la ciudad de Tarija. La madre del acusado también fue sentenciada, recibiendo una pena de dos años y ocho meses por privación de libertad.

El condenado deberá cumplir su pena en el penal de Morros Blancos, ubicado en Tarija. “Como Fiscalía Departamental de Chuquisaca, realizamos las diligencias necesarias hasta alcanzar una sentencia condenatoria. Este caso es significativo a nivel departamental, ya que es el primero relacionado con el delito de Trata de Personas”, declaró

Desaparición de Methabel

El 26 de mayo de 2024, Methabel, quien tiene cinco años, desapareció cerca del puesto de venta de su madre en el mercado Campesino. En un principio, se informó que una pareja había llevado a la niña porque la encontraron llorando en la calle. Sin embargo, posteriormente se confirmó que fue un hombre quien se la llevó.

Tras la desaparición, la madre de Methabel y su familia iniciaron una búsqueda que se volvió viral en las redes sociales, generando gran preocupación en la comunidad.

Contacto con la Defensoría

Este hecho generó temor en Ronald G.F., quien se comunicó telefónicamente con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia desde un número privado. En esa llamada, anunció que devolvería a la niña en Sucre, aunque finalmente dejó a Methabel en Potosí. Gracias a la acción del Ministerio Público, se logró identificar el número de contacto de los captores.

Rescate de la menor

Dos días después del rapto, la Policía recibió una llamada en la que el captor indicó que tenían a la menor en la ciudad de Potosí. Ese mismo día, personal de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se trasladaron a Potosí para llevar a cabo su rescate.

La investigación penal comenzó como un caso de rapto, pero el Ministerio Público decidió recalificarlo como un caso de trata y tráfico de personas, dada la gravedad de los hechos involucrados.

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Coordinación sobre trata de menores

Jackeline Alarcón, Delegada Defensorial de Potosí, informó que se están llevando a cabo reuniones de coordinación para abordar el tema de la trata y tráfico de menores. Estos casos son considerados de alta prioridad y requieren atención inmediata.

“Hemos tomado conocimiento mediante la coordinación en Villazón de que en el último tiempo muchos adolescentes están saliendo de Bolivia por esa región hacia Argentina sin control”, destacó Alarcón.

Familiares preocupados

La delegada mencionó que familiares de 5 menores han llegado a Villazón para preguntar si sus hijos han cruzado la frontera hacia Argentina. Sin embargo, se sospecha que el número real de menores involucrados podría ser mucho mayor.

Posibles trabajos en Argentina

Alarcón fue consultada sobre el tipo de trabajo que podrían estar realizando estos menores, quienes aparentemente fueron captados a través de redes sociales. Indicó que muchos bolivianos se dirigen a trabajar en la agricultura, específicamente en la cosecha de tomate y otros productos.

No obstante, se desconoce si estos menores están siendo llevados a este tipo de trabajo o si están siendo involucrados en otras actividades más riesgosas.

Investigación necesaria

Es crucial investigar quiénes son las personas que están captando a los menores, cómo logran salir del país y a qué lugares son llevados para trabajar. Existe el riesgo de que algunos de ellos puedan estar involucrados en actividades ilegales.

En el pasado, se han registrado casos de adolescentes bolivianas que fueron encontradas en Argentina en condiciones de explotación laboral, tanto en el sector textil como en la agricultura. Algunos de estos casos también han estado relacionados con la explotación sexual.

Riesgos en redes sociales

Alarcón advirtió que actualmente niños y adolescentes están expuestos a engaños a través de las redes sociales, las cuales utilizan desde una edad muy temprana. Algunas personas contactan a estas menores y les ofrecen un panorama atractivo, prometiendo trabajos fáciles y seguros que les permitirán obtener buenos ingresos.

Ante estas promesas, muchas menores deciden cruzar la frontera hacia Argentina, donde son captadas por redes de trata y tráfico. Estas organizaciones las obligan a trabajar durante largas horas en condiciones de explotación laboral, con poca o ninguna remuneración.

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Detalles del operativo

Gustavo Astilla, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), informó que la menor había estado en este establecimiento durante dos días y que no se notificó su ingreso al lugar. Este hecho es preocupante, ya que pone de manifiesto la falta de control en estos negocios.

Además, Astilla mencionó que, como resultado de este control, se trasladó al responsable del negocio a dependencias policiales para llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Es importante destacar que no se permite el ingreso de menores de edad sin la compañía de un adulto a estos tipos de establecimientos.

Acciones contra la trata de personas

El operativo fue parte de las acciones llevadas a cabo por el personal de Trata y Tráfico, en respuesta a diversas denuncias sobre desapariciones y situaciones que involucran a menores en contextos vulnerables. La Policía continúa trabajando para garantizar la seguridad de los jóvenes y prevenir este tipo de situaciones en el futuro.

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Morales tiene en su contra una orden de aprehensión por un delito de presunta trata de personas en Tarija. Se le acusa de haber mantenido una relación con una adolescente menor de edad y de haber procreado un hijo durante su mandato como presidente del Estado. Del Castillo enfatizó que los “palitos” que han construido sus seguidores en el Trópico de Cochabamba no impedirán que las fuerzas del orden ingresen a la zona.

Fortines y provocaciones

El ministro también se refirió a la situación en la que los seguidores de Evo Morales han levantado un fortín con palos de madera para proteger a su líder de una posible detención. “Lo que está haciendo Morales es, lamentablemente lo digo con un adjetivo, una ridiculización de la región del Trópico de Cochabamba. Nadie cree que estos fortines, estos palitos que están poniendo vayan a impedir que la Policía Boliviana realice su trabajo”, manifestó Del Castillo.

Intenciones del ex presidente

Del Castillo aseguró que la intención de Morales podría ser provocar a la Policía durante un eventual operativo de captura. Esto, según el ministro, podría llevar a la muerte de algún habitante del Trópico y permitir que Morales obtenga rédito político a través de la victimización. Afirmó que el Gobierno no caerá en provocaciones y que la captura se llevará a cabo cuando existan las condiciones materiales adecuadas.

Tensiones políticas en Bolivia

La situación actual refleja tensiones políticas significativas en Bolivia. La respuesta del Gobierno a estas acciones podría tener repercusiones sociales y políticas en la región, especialmente teniendo en cuenta el apoyo popular que Morales mantiene entre ciertos sectores. La estrategia del Gobierno busca evitar cualquier escalada violenta durante un posible operativo policial.

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Detalles del allanamiento

El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, comentó que, en cuanto se tuvo conocimiento del caso, la Fiscalía inició los actos investigativos pertinentes. El allanamiento se realizó con el objetivo de recolectar pruebas que ayuden a esclarecer la situación.

Durante la operación, se descubrió que hay otros tres locales nocturnos en funcionamiento, lo que sugiere la posibilidad de ampliar la investigación más allá del lenocinio C`kretos.

Contexto del caso

El fiscal del caso, Mijael Agudo, informó que la menor había salido de su hogar para asistir a su unidad educativa, pero no regresó. Su madre presentó una denuncia sobre la desaparición de su hija, lo que llevó a que se iniciaran las investigaciones para localizarla.

Gracias a las indagaciones, en la madrugada del 24 de marzo, se logró encontrar a la menor dentro del lenocinio C`kretos. En este operativo, también se aprehendió a Reyner J.B. y Lourdes J.F., quienes fueron imputados por el delito de trata y tráfico de personas.

Protección a la víctima

Tras el rescate, la menor fue trasladada a un centro de acogida para garantizar su seguridad y bienestar. El fiscal Gonzalo Aparicio subrayó que se están realizando todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos y proteger a las víctimas que se ven involucradas en este tipo de delitos.

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Según la información proporcionada por el cuerpo policial, la investigación se inició tras recibir varias denuncias de mujeres que afirmaban ser víctimas de una red que las explotaba en distintos prostíbulos.

Captación de mujeres vulnerables

La red se encargaba de captar a mujeres en situación de vulnerabilidad a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales. Les prometían trabajo en España, pero a cambio, las mujeres adquirían una deuda de 6.000 euros que debían saldar en prostíbulos ubicados en León y Zamora, en el noroeste de España. Sin embargo, los investigadores confirmaron que la red también operaba en otras regiones del país.

Simulación de turistas

Una vez que las mujeres aceptaban la oferta, la organización les proporcionaba billetes de avión para su traslado a España, reservas de hotel, seguros de viaje y vuelos de regreso. Todo esto se hacía para simular ante las autoridades que eran turistas. Además, las mujeres eran aleccionadas sobre cómo comportarse en caso de ser interceptadas en el aeropuerto.

Control y amenazas

Una vez que las mujeres contraían la deuda, el grupo criminal las controlaba y amenazaba en caso de que se negaran a pagar. Se llegó a mencionar la contratación de un sicario que, supuestamente, iba a matar a ellas y a sus familias si no cumplían con el pago acordado.

Detenciones y cargos

De los 5 detenidos, 2 fueron arrestados en las inmediaciones del aeropuerto de Madrid cuando intentaban huir de España. A todos ellos se les imputa la presunta autoría de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución y favorecimiento de la inmigración ilegal.

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Rodríguez confirmó que los rastrillajes han avanzado hasta 80 kilómetros de la zona de la desaparición. “Estamos en estado de emergencia. Son 2 fiscales quienes manejan las investigaciones y hasta hoy ya se han rastrillado 80 kilómetros. Este trabajo se realiza tanto de día como de noche”, explicó el cónsul.

Contexto familiar del niño

El niño desaparecido nació en Argentina, y sus padres son bolivianos que hablan quechua y aimara. Por esta razón, el consulado boliviano ha decidido brindar traductores para facilitar una mejor comunicación durante el proceso de búsqueda.

Alertas activadas

Rodríguez indicó que se han activado todas las alertas, tanto locales como internacionales, y se ha instruido reforzar los controles en las fronteras de Argentina. No se descarta que este caso pueda estar relacionado con trata y tráfico de personas o que el niño haya sufrido algún incidente, dado que en el área donde vive hay animales salvajes.

Investigaciones en curso

Las investigaciones continúan bajo la supervisión de 2 fiscales. La comunidad local está muy preocupada por la situación del menor y espera recibir noticias sobre su paradero. Las autoridades están trabajando arduamente para esclarecer lo sucedido y garantizar la seguridad del niño.

/KMMN

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Durante esta intervención, las autoridades detuvieron a cinco presuntos integrantes de una banda criminal que se hace llamar “La mafia del Sur”. Estos individuos mantenían a la mujer encerrada y la amenazaban constantemente. La víctima fue captada en Bolivia el 8 de febrero por una operadora de una agencia de empleos.

Los detenidos fueron identificados como Artemio C.U. (59), Raquel de C.C. (47), Agripino V.C. (54), Marcelino G.Q. (72) y Delia C.M. (37). Según las investigaciones iniciales, Delia C.M. era la operadora de la agencia de empleos “La Confianza”. Esta agencia fue intervenida el 21 de febrero por fiscales y policías en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia.

Condiciones inhumanas de la víctima

La mujer fue trasladada a Perú bajo falsas promesas de trabajo y estuvo retenida en condiciones inhumanas. Los miembros de la banda la mantenían encerrada en una habitación con rejas de fierro, sin acceso a alimentos y restringiendo su comunicación. Además, la mantenían bajo amenazas para forzarla a trabajar.

Delitos y acusaciones

Los detenidos enfrentan graves acusaciones por delitos contra la dignidad humana, específicamente en la modalidad de trata de personas. También se les imputa delitos relacionados con la seguridad pública, que incluyen la fabricación, comercialización y uso ilegal de armas de fuego. Durante el operativo, las autoridades incautaron una escopeta.

Riesgos de buscar empleo en el extranjero

Este operativo resalta los peligros que enfrentan las personas que buscan oportunidades laborales en el extranjero. Muchas veces, estas personas son captadas por organizaciones criminales que prometen empleo, pero terminan siendo explotadas laboralmente.

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El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que los operativos se realizaron en varios alojamientos y discotecas en La Paz y El Alto. Durante estas acciones, se encontró a dos adolescentes en estado de ebriedad en una discoteca de El Alto. Estas jóvenes ingresaron al local sin que la administradora ejerciera control alguno sobre su entrada.

Una de las menores estaba acompañada por un joven de 20 años, lo que llevó a la aprehensión de ambos adultos con fines de investigación. Este hecho ha generado preocupación sobre la seguridad de los adolescentes en estos espacios nocturnos.

Intervención de la Fiscalía

El Coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género, Noel Pedro Cangri, mencionó que el descubrimiento del hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas. Fiscales y efectivos policiales realizaron controles en varios centros nocturnos. Al ingresar a una discoteca, solicitaron la identificación de los presentes.

En ese momento, encontraron a dos adolescentes en presunto estado de ebriedad, lo que resultó en la aprehensión tanto del acompañante como de la administradora del local. Este tipo de operativos busca garantizar la seguridad de los menores y prevenir situaciones de riesgo.

Acciones continuas contra la trata

Los operativos fueron instruidos por la Fiscalía General del Estado y se llevaron a cabo bajo la dirección de fiscales especializados, junto con funcionarios policiales y defensorías de la niñez. Se ha informado que estos operativos se realizarán de manera continua y serán sorpresivos, con el objetivo de combatir la trata y tráfico de personas en el país.

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Este caso se hizo público en el segundo semestre de 2024. El principal investigado es Evo Morales, quien enfrenta denuncias por supuestamente haber tenido una hija con una menor de edad en 2016. Actualmente, existe una orden de aprehensión en su contra. Tras la reciente decisión de la Justicia, el abogado de Morales, Aníbal Cabezas, solicitó este jueves que se actúe con rapidez para llevar a cabo la aprehensión de su cliente.

En octubre de 2024, Cabezas había indicado que su defendido no tenía conocimiento de la supuesta relación de su hija con Evo Morales. Esta semana, la Justicia también resolvió rechazar la apelación presentada por Morales en relación a la orden de aprehensión que pesa sobre él. Como resultado, se emitió un nuevo mandamiento en el contexto del caso de presunta trata de personas que involucra al exmandatario.

Mandamiento de aprehensión

El mandamiento de aprehensión señala: “Manda y ordena a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y autoridad (…) para que aprehenda y conduzca al señor Evo Morales Ayma”. Esta instrucción es parte de las acciones legales que se están llevando a cabo en este caso.

La Fiscalía de Tarija ha imputado a Morales, ya que según la investigación realizada por esta entidad, en mayo de 2018 se emitió una partida de nacimiento en la que el expresidente aparece como padre de una niña, mientras que la madre tenía 15 años en ese momento.

Audiencia cautelar y rebeldía

Por este asunto, el 17 de enero de 2025 se llevó a cabo una audiencia cautelar en Tarija. Sin embargo, dos de los imputados no se presentaron, entre ellos Evo Morales. Debido a esta falta, la Justicia lo declaró en rebeldía, lo que llevó a la disposición de su aprehensión y su arraigo.

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Bullrich estuvo presente en Aguas Blancas, donde las autoridades municipales firmaron el contrato con la empresa local Construcciones y Servicios. Se espera que la construcción comience en los próximos días y que la cerca tenga una longitud de 200 metros y una altura de 2,5 metros. Según el contrato, la empresa tiene un plazo de 60 días para finalizar la obra.

Inauguración de oficina para víctimas

La ceremonia de firma del convenio coincidió con la inauguración de la oficina modular del Sitio Seguro para Víctimas de Trata en Aguas Blancas. Esta oficina fue construida en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y en colaboración con el programa Eurofront, financiado por la Unión Europea. Las autoridades argentinas explicaron que el objetivo de la cerca es frenar y controlar el flujo migratorio que llega desde Bermejo, inscribiendo su construcción en un plan para combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.

Enfoque en la trata de personas

Bullrich hizo hincapié en la trata de personas, describiéndola como “una de las formas más terribles de esclavitud”. La ministra celebró la inauguración de la nueva oficina en la zona fronteriza y afirmó que es “un lugar en el que las víctimas puedan estar resguardadas hasta que el Sistema Nacional de Protección de Víctimas de Trata pueda realmente reacomodarlas”.

Asistencia de autoridades

A la ceremonia asistieron también el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz; el jefe de Misión de la OIM en Argentina, Alejandro Guidi; y el subdirector de la Dirección Nacional de Migraciones, Mariano Goyenechea. Bullrich ya había viajado a Salta en diciembre para presentar el Plan Güemes, que prevé reforzar las fronteras con otros países limítrofes como Brasil y Paraguay.

Preocupación de Bolivia

La Cancillería boliviana reiteró su preocupación ante esta medida e indicó que “los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común”. En paralelo, el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, se reunió con su homólogo paraguayo, Óscar Luís González Cañete. Ambos acordaron que las fuerzas armadas reforzarán la cooperación en acciones de vigilancia en la frontera para combatir al “enemigo común del crimen organizado”.

Despliegue de fuerzas en la frontera

Petri indicó que Argentina tiene desplegados 10,000 efectivos en la región norte del país y está en proceso de compra de drones destinados a vigilancia fronteriza. Bullrich ha expresado recientemente su voluntad de reforzar distintos puntos fronterizos que Argentina comparte con Brasil.

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La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien está a cargo del caso, expresó a los medios: “Nosotros también vamos a tomar las precauciones correspondientes porque no puede ser que lo digan con tanta certeza. Eso es lo que a nosotros como Ministerio Público nos preocupa, que digan con tanta certeza que la víctima no existe”.

Posición de Evo Morales

Morales reiteró el domingo durante un programa en la radio cocalera Kawsachun Coca que “si no hay víctima, no hay delito”. En este proceso, afirmó que “no hay víctima”, insistiendo en que el caso se abrió por una “persecución” para evitar que él sea candidato en las elecciones generales programadas para agosto.

La fiscal Gutiérrez recordó que en un caso “mucho más grave aún” en 2023, se logró una sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto, que es la pena máxima en la legislación boliviana, para un feminicida confeso, a pesar de no haber encontrado el cuerpo de la víctima.

Gutiérrez también mencionó un audio, cuya veracidad no ha sido confirmada, en el que “la víctima se declaró en la clandestinidad”.

Investigación en curso

Además, indicó que se investiga el caso de presunta trata de personas, en el que las víctimas son la joven con la que Morales supuestamente tuvo una relación cuando ella era menor de edad y la hija que tuvieron, cuyo paradero es desconocido desde el 2 de octubre.

La fiscal expresó: “Nos preocupa que salgan alegremente a decir, no solo Evo Morales, sino también sus abogados y asambleístas, que la víctima no existe. Eso les dejo para ustedes (los periodistas), ¿por qué aseguran con tanta certeza que la víctima no existe?”. Gutiérrez aseguró que la joven tiene “todas las garantías” para ser parte del caso.

Situación legal de Morales

Un tribunal declaró en rebeldía a Morales el 17 de enero, después de que el político no se presentó en dos ocasiones a una audiencia que debía resolver la acusación en su contra por trata agravada de personas, alegando enfermedad.

La justicia también le prohibió salir del país, ordenó la anotación preventiva de sus bienes, la congelación de sus cuentas bancarias y que se emita un mandamiento de aprehensión contra el exlíder del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS).

Desde octubre, Morales no ha salido del trópico de Cochabamba, su bastión sindical y político, donde cuenta con la protección de centenares de cocaleros y campesinos.

Los medios de las federaciones de cocaleros de la zona han difundido imágenes de algunas acciones que realizan los seguidores del exmandatario en su defensa. Estas incluyen la excavación de pozos para evitar el aterrizaje de aviones o helicópteros en la zona, así como el levantamiento de barricadas con palos de madera y sacos de arena.

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Morales se encuentra bajo investigación debido a una relación con una menor de edad que resultó embarazada durante su tercer mandato presidencial.

Confirmación de la solicitud

Una funcionaria del juzgado confirmó la recepción de la petición a El Deber. Indicó que “el lunes 27 de enero por la tarde ingresó el documento y está en revisión por la juez Tárraga para decidir si rechaza o acepta”.

Los abogados de Evo Morales presentaron la acción de libertad en Santa Cruz cuatro días después de que el juez Nelson Rocabado declarara en rebeldía al exmandatario. Esto ocurrió porque no se presentó a la audiencia cautelar por segunda vez consecutiva el 17 de enero de 2025.

Rocabado también dispuso la orden de aprehensión y el arraigo nacional, a pesar de que Evo Morales alegó problemas de salud para no comparecer. Esta justificación fue respaldada por certificados médicos. La exautoridad está siendo investigada por un caso de presunta trata de personas.

Imputación formal

En diciembre de 2024, la Fiscalía Departamental de Tarija formalizó la imputación contra Evo Morales e Idelsa Pozo, quien es la madre de la víctima. Esta situación ha generado un impacto significativo en el ámbito político y social del país.

Debates reavivados

La investigación sobre Evo Morales ha reavivado debates sobre temas relacionados con derechos humanos y protección infantil. También ha suscitado cuestionamientos sobre las implicaciones legales que enfrentan figuras públicas en casos similares.

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Franco García, dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) y cercano a Morales, declaró a los medios: “Si se está cavando en el trópico de Cochabamba es para que no vayan a aterrizar avionetas y helicópteros en ese sector porque sabemos que tiene un plan ya hecho el ministro de Gobierno para poder intervenir y enlutar a los bolivianos”.

Vigilia en defensa de Morales

Los seguidores del exmandatario han establecido una “vigilia” en los alrededores de la localidad de Lauca Ñ, donde Morales ha estado desde octubre de 2024. Esto ocurrió cuando se inició una investigación penal en su contra por el delito de trata agravada de personas. Se le acusa de haber tenido un hijo en 2016 con una menor, mientras él ocupaba la presidencia.

Desde el inicio de la investigación, varios grupos de simpatizantes de Morales han llegado al trópico de Cochabamba desde distintas regiones del país. Su objetivo es “reforzar la seguridad” del exmandatario y evitar su captura, a pesar de que existe una orden de aprehensión emitida por un juez que la Policía aún no ha cumplido.

Reunión de simpatizantes

En el día de hoy, los afines al exmandatario se reunieron en esta zona, armados con palos y escudos de fierro. Aseguraron que la “vigilia” en defensa de Morales no cesará hasta que “deje de haber persecución” en su contra.

Un tribunal declaró a Morales en rebeldía el 17 de enero, tras su segunda inasistencia a la audiencia que debía resolver la acusación por trata agravada de personas. Este delito se investiga en la región sureña de Tarija.

Medidas judiciales contra Morales

La Justicia también ha establecido un arraigo nacional para Morales, además de la anotación preventiva de sus bienes y la congelación de sus cuentas bancarias. Esto ocurrió después de que el juez a cargo, Nelson Rocabado, considerara que el argumento presentado por la defensa, sobre la enfermedad de Morales como razón para no asistir a la audiencia, “no era un elemento legítimo”.

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Este jueves, el fiscal general, Roger Mariaca, señaló que una vez que Evo Morales sea aprehendido, la Fiscalía se encargará de defender la imputación formal ante el juez correspondiente.

Mariaca también indicó que se espera que la Policía ejecute la orden de aprehensión, a pesar de las dificultades que puedan surgir en el proceso. “Dentro de los parámetros que informan los fiscales y en sí la Policía Boliviana, que tiene la función de ejecutar la orden de aprehensión… Vamos a insistir, seguramente existen algunos percances, algunas incomodidades, algunas falencias que hacen que la Policía no pueda ejecutar”, comentó.

Detalles del caso de rebeldía

El juez Nelson Rocabado declaró en rebeldía a Evo Morales Ayma en el caso de trata de personas, donde se le investiga por haber tenido un hijo con una adolescente mientras ocupaba el cargo de presidente del Estado boliviano.

El martes 21 de enero, el juez suplente de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, decidió declinar competencia sobre la acción de libertad presentada por Morales y remitió el caso a Tarija, donde aún se espera una resolución sobre el tema.

Clarificación sobre la orden de aprehensión

Mariaca aclaró que, a pesar de la acción de libertad, la orden de aprehensión y las restricciones impuestas contra Morales continuarán vigentes. “(No paraliza la orden) para nada porque no se ordenó ninguna medida cautelar; es decir, el mandamiento de aprehensión sigue vigente”, afirmó el fiscal general.

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La trata de personas es uno de los crímenes más atroces y dramáticos, con efectos devastadores para sus víctimas. Más allá de la explotación sexual y laboral, el alcance de la trata se ha extendido a la explotación infantil, el tráfico de órganos y otras formas de abuso que han cobrado mayor visibilidad en las últimas décadas, revelando la multidimensionalidad de esta problemática. Si bien es un flagelo que afecta a personas de todo el mundo, América Latina se ha mostrado particularmente vulnerable debido a una convergencia de factores sociales, económicos y políticos.

A nivel global, las estimaciones para 2022 revelan una cifra alarmante de alrededor de 50 millones de víctimas de trata, lo que representa aproximadamente a una de cada 125 personas en el mundo. Y en América Latina, la situación no resulta menos preocupante, dado el incremento constante en el número de víctimas detectadas en las últimas décadas. Y a pesar de los esfuerzos desplegados por diversos países para erradicar la trata de personas, el desafío persiste.

El problema persiste porque existen factores estructurales como la pobreza, la desigualdad socioeconómica, la inestabilidad política y la corrupción que permea a las instituciones, que han contribuido a la perpetuación de este ciclo de explotación. Además, la cooperación internacional es limitada y hay escasa voluntad política lo cual ha obstaculizado la implementación de estrategias más integrales y eficaces para abordar esta especie de “esclavitud moderna”.

UNA REGIÓN VULNERABLE

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en América Latina, la trata de personas se concentra principalmente en el trabajo forzoso y la explotación sexual. Las mujeres constituyen casi la mitad de las víctimas, de las cuales el 87% son explotadas sexualmente, siendo más de una de cada diez niñas. Por su parte, los hombres representan el 57% de las víctimas de trabajo forzoso. La mayoría de los casos de trata en la región ocurren a nivel doméstico y afectan en un 90% a personas de países sudamericanos o a víctimas dentro de sus propios países.

Varios países latinoamericanos como Ecuador, Brasil, México y Colombia continúan funcionando como punto de origen, tránsito y destino para víctimas de trata, tanto para fines de explotación sexual como laboral, cuyos grupos más vulnerables siguen siendo los niños, niñas y adolescentes. La compleja situación económica y social de la región han incrementado los niveles de vulnerabilidad de las personas frente a la trata, siendo los victimarios en su mayoría personas del núcleo familiar o del entorno social cercano a las víctimas.

La pobreza estructural de la región es uno de los factores determinantes, que actúa como motor principal detrás del tráfico humano. En muchas ocasiones, las familias que viven en condiciones de extrema pobreza caen fácilmente en las trampas de los tratantes, quienes les prometen empleos falsos o mejores oportunidades educativas para sus hijos. Entre los métodos de captación y sometimiento, los delincuentes incluyen el enamoramiento, las falsas promesas de mejorar la calidad de vida, la retención de documentos, las amenazas de denunciar irregularidades migratorias y la facilitación de dinero, hospedaje o comida.

Las personas más vulnerables son víctimas fáciles de las redes de tráfico. No obstante, es un delito que no discrimina fronteras, edades, ni estratos sociales, porque las situaciones de vulnerabilidad de los países latinoamericanos son transversales y convergen en una “tormenta perfecta” que reduce drásticamente las opciones de muchas personas, lo cual lleva a que sean explotados.

Países como Venezuela han experimentado crisis económicas y políticas que han obligado a millones de personas a huir en busca de un futuro mejor. Sin embargo, muchos de estos migrantes, al carecer de estatus legal o protección adecuada en los países receptores, se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema que facilita su explotación. Según la UNODC, más de 7.7 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años, muchos de los cuales han caído en manos de traficantes que aprovechan su precariedad.

DESAFÍOS PARA LA RESPUESTA INSTITUCIONAL

Conscientes de la magnitud del problema, algunos países latinoamericanos han adoptado legislaciones que cumplen con los estándares internacionales establecidos por el Protocolo de Palermo, principal tratado internacional para combatir la trata de personas. A su vez, se han conformado iniciativas como la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM), una instancia de colaboración informal entre Ministerios Públicos Fiscales en investigaciones transfronterizas. O, incuso, el proyecto Track4Tip, que ha intentado unir a varios países de la región en torno a esta problemática. Sin embargo, la lucha frontal contra la trata parece ser insuficiente.

En México, por ejemplo, aunque la legislación es sólida, son enormes los desafíos en términos de coordinación institucional y recolección de datos sobre las modalidades del delito. La situación es similar en otros países como Ecuador y Colombia, que han desarrollado programas ambiciosos, pero cuyo impacto real aún está por demostrarse.

La corrupción dentro de las instituciones gubernamentales es otro de los obstáculos para la lucha contra la trata de personas. En varios países de la región, funcionarios públicos suelen ser cómplices de las redes de trata. En otros casos, la falta de recursos, la escasa capacitación de las fuerzas del orden y la ausencia de una estrategia institucional coherente, han contribuido a la perpetuación del delito.

La cooperación internacional, mecanismo esencial para combatir eficazmente la trata de personas, es otro de los retos apremiantes, al tratarse de un delito que trasciende fronteras. Ante este panorama, es prioritario establecer una estrategia integral, que no solo atienda la creación y el fortalecimiento de unidades especializadas policiales y fiscales para la prevención, investigación y atención a víctimas, sino que también tenga un enfoque centrado en la víctima, así como en la cooperación interinstitucional efectiva, tanto a nivel nacional como transnacional, siguiendo las recomendaciones del Quinto Diálogo Técnico de Trata de Personas.

LA TRATA: UN PROBLEMA DE TODOS

Se requiere de voluntad política y un compromiso firme para que la trata de personas sea considerada como prioridad en la agenda pública. Se requiere de una mayor asignación de recursos, de una intensificación de políticas públicas preventivas y de un enfoque integral para abordar el desconocimiento generalizado sobre la magnitud y las dimensiones de este delito.

No solo se trata de un desafío legal o policial. Se trata de una crisis humanitaria que interpela a toda la sociedad y que demanda un cambio cultural, en virtud de la dignidad humana por encima del lucro económico. Para ello, es clave promover una conciencia colectiva sobre la importancia de erradicar este flagelo. Solo con un compromiso decidido y una acción coordinada será posible evitar que los esfuerzos sigan siendo fragmentados e insuficientes.

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Rocabado, quien ocupa el cargo de titular del Juzgado Quinto de Instrucción Penal de Tarija, emitió la resolución de rebeldía contra Morales el 17 de enero. Esta decisión incluye el arraigo del exmandatario, el congelamiento de sus cuentas, la anotación preventiva de sus bienes y un mandamiento de aprehensión.

La situación se presentó luego de que Morales no asistiera a una audiencia de medidas cautelares, a la que solo se presentó su equipo jurídico en un intento fallido de recusar al juez.

Declaraciones de Evo Morales

Morales escribió en su cuenta de X que “el Juez Quinto de Instrucción Penal de Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Tarija, Nelson Alberto Rocabado Romero, que me declaró en rebeldía, ordenó mi aprehensión, arraigo y anotación de mis bienes, fue posesionado el 18 de abril de 2024, tras haber sido nombrado por el Consejo de la Magistratura, presidido por el autoprorrogado y protegido del gobierno de Arce Catacora: Marvin Molina Casanova”.

Investigación por presunta relación

El expresidente está siendo investigado por supuestamente haber mantenido una relación con una menor de edad durante su mandato presidencial, con quien aparentemente tuvo una hija en 2016.

Reacción ante la decisión judicial

Ante esta determinación judicial, el exmandatario expresó que los jueces no están respetando el debido proceso y que las decisiones judiciales están influenciadas por intereses políticos.

La defensa de Morales calificó el proceso como ilegal, argumentando que su cliente no fue debidamente notificado y presentó justificativos médicos que no fueron considerados. Además, el abogado del exmandatario, Nelson Cox, anunció que apelarán la resolución y esperan una respuesta en los próximos días.

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Medidas judiciales adoptadas

La determinación del juzgado incluye varias medidas importantes. Se emitió un mandamiento de aprehensión, se estableció una restricción de salida del país mediante arraigo, se realizó la anotación preventiva de bienes y se congelaron las cuentas del investigado. Estas acciones fueron tomadas después de que Morales no se presentara a dos audiencias cautelares, alegando problemas de salud.

Argumentos de la defensa

Durante la audiencia que se llevó a cabo este viernes, la defensa de Morales presentó certificados médicos que supuestamente justificaban su inasistencia. Estos documentos indicaban que el expresidente sufría de un cuadro de bronconeumonía y otras afecciones.

No obstante, el juez a cargo del caso, Nelson Rocabado, cuestionó la validez de los certificados médicos. Esto se debió a que no se presentaron exámenes realizados por especialistas dentro del plazo otorgado.

Cuestionamientos sobre la salud de Morales

El fiscal del caso también puso en duda la gravedad del estado de salud de Morales, ya que el expresidente participó recientemente en actividades públicas. Esta participación generó suspicacias sobre la veracidad de los problemas de salud que alegó.

Además, el juez desestimó la recusación presentada por el abogado defensor, Jorge Pérez, y rechazó los recursos que intentaban retrasar el proceso judicial.

Reacción de la defensa

La defensa del expresidente calificó el caso como una persecución política y anunció que apelará la decisión del juez. En paralelo, el juez designó un abogado de oficio para Morales, en caso de que no se presente en las siguientes etapas del proceso.

Contexto del caso

Este caso, que también involucra a la madre de la presunta víctima, es uno de los más polémicos en la trayectoria política y judicial de Evo Morales. El expresidente enfrenta denuncias que podrían tener importantes implicaciones legales y políticas en su futuro.

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Aproximadamente a las 8:00 horas, un grupo de efectivos policiales llegó a la casa ubicada en Yacuiba. Esta audiencia ha convocado a Idelsa P. para que responda ante la justicia por el mismo caso en cuestión.

Aún no se han aclarado los motivos del allanamiento ni qué buscaban los policías en el domicilio. Según información del portal La Voz de Yacuiba, los efectivos se dispersaron por los alrededores de la vivienda, lo que generó incertidumbre entre los vecinos.

Anticipación del ministro de Gobierno

La semana pasada, el ministro de Gobierno había anticipado la implementación de un operativo policial para el 14 de enero, coincidiendo con la audiencia cautelar contra Evo Morales, quien está imputado por trata de personas agravada.

Se reportó que “la intervención se ejecutó en total hermetismo, y los vecinos del sector evitaron dar declaraciones sobre la presencia policial en el lugar”, según medios locales que cubrieron el evento.

Contexto de la audiencia cautelar

La audiencia cautelar, ordenada por la Fiscalía de Tarija, tiene como objetivo determinar las acciones legales correspondientes en este caso. Este asunto ha estado rodeado de denuncias y sospechas de encubrimiento.

La denuncia inicial sostiene que Evo Morales procreó una hija con una menor de 16 años mientras ocupaba el cargo de Presidente de Bolivia, lo que ha generado un gran revuelo en la opinión pública y en las instituciones judiciales del país.

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La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, ha anticipado que durante la audiencia pedirá la detención preventiva de Morales. Esto se debe a que se cuentan con indicios y elementos de convicción suficientes que sugieren “peligro de fuga y de obstaculización”. Gutiérrez aclaró que “hemos presentado la imputación formal por el delito de trata de personas”.

Diferenciación de delitos

La fiscal también subrayó la importancia de diferenciar este caso de otros delitos como el estupro y el tráfico de personas. “Es otro delito que es exclusivamente trata de personas, contra dos personas: Evo Morales y la señora I.P.”, afirmó al referirse a los investigados en este caso.

Ubicación de Evo Morales

Se ha informado que Morales se encuentra atrincherado en el trópico de Cochabamba. Desde allí, ha denunciado que es blanco de un ataque por parte del Gobierno, al que acusa de tener intenciones políticas. Según él, estas acusaciones buscan inhabilitarlo para que no pueda presentarse como candidato a la presidencia en futuras elecciones.

Consecuencias de no presentarse

En caso de que Morales no asista a la audiencia, Gutiérrez ha anticipado que se lo declarará en rebeldía y se emitirá un mandamiento de aprehensión. La fiscal explicó que “es muy diferente” al mandamiento que ya se había emitido, ya que “acá ya estamos entrando a otra etapa”. Con la imputación formal, se concluye la etapa preliminar y se inicia una etapa preparatoria que tiene una duración de 6 meses para continuar con las investigaciones.

Rol del juez en el proceso

El juez será el encargado de emitir el mandamiento de aprehensión si Morales no se presenta a la audiencia. La situación actual representa un momento crítico en el proceso judicial contra el expresidente, quien ha enfrentado diversas acusaciones desde su salida del poder.

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Rechazo de la denuncia en Argentina

Morales expresó sentirse “muy alentado” por el rechazo de la demanda en su contra en Argentina. Afirmó que “la Justicia ya ha rechazado, entonces no hay ninguna demanda (…) Ya ganamos otra batalla jurídica a nivel internacional”. Sin embargo, no proporcionó más detalles sobre el caso. En noviembre, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, había informado sobre la denuncia contra Morales por presunta comisión de delitos de trata de personas y abuso sexual en ese país.

Investigación en Tarija

El exlíder del Movimiento Al Socialismo (MAS) también se pronunció sobre la investigación en su contra por presunta trata agravada de personas que lleva la Fiscalía Departamental de Tarija. Según Morales, este proceso debería cerrarse “después de las últimas declaraciones”. Se refería a una entrevista que una joven, quien se identificó como la presunta víctima, ofreció a un medio internacional.

La joven afirmó que quienes cometieron el delito de trata con ella y su hija son el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez. Morales manifestó que “este proceso en Tarija ya debería estar cerrado, parado, porque no hay víctima. Tiene que derrumbarse en cualquier momento”. La fiscal Gutiérrez, por su parte, defendió la investigación, asegurando que es “transparente” y rechazó las acusaciones de la supuesta víctima, considerándolas como “maniobras” de la defensa del exmandatario para frenar su audiencia cautelar.

Según la denuncia, Morales habría cometido delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad, con la que supuestamente tuvo un hijo. Además, se alega que los padres de la supuesta víctima “lucraron” con ella al entregarla al exmandatario a cambio de “favores”. La Fiscalía ha solicitado una alerta migratoria para Morales y la madre de la joven, y prevé pedir la detención preventiva del político por un período de 6 meses.

Ante la posibilidad de que el exgobernante sea detenido, sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días entre octubre y noviembre para defenderlo. Además del caso en Tarija, en Cochabamba existen otras siete denuncias por presuntos abusos a menores en contra del expresidente.

Situación actual de Morales

Desde octubre, Morales no ha salido del trópico de Cochabamba, su bastión en el centro del país, donde cuenta con la protección de centenares de cocaleros. El exgobernante agradeció a los productores de hoja de coca por la “seguridad” que le brindan y a los sectores sociales que lo han visitado para expresarle su apoyo. También mencionó que consideró entregarse, como lo hizo en 2018 el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva cuando fue condenado por corrupción.

Pugna política en el MAS

Estas investigaciones en contra de Morales se producen en medio de su conflicto con el Presidente Luis Arce por el control del MAS y la definición de la candidatura oficialista para las elecciones de 2025.

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Según Ríos, la negativa de Morales a comparecer ante las autoridades judiciales implica una aceptación tácita de su culpabilidad. “La persona que no se presenta ante la justicia es un delincuente confeso, y ahora Evo Morales está ejerciendo ese papel”, declaró Ríos.

Atención pública al caso

Este caso de trata de personas ha captado una gran atención pública. El viceministro no dudó en señalar a Morales como una de las principales figuras involucradas que ha evadido su responsabilidad en este asunto.

Ríos también destacó que el expresidente se ha convertido en el primer individuo en no responder ante la justicia por las graves acusaciones que pesan sobre él, lo que ha intensificado la polémica en torno a la gestión del exmandatario.

Investigación en curso

En relación con la investigación que se está llevando a cabo, Roberto Ríos mencionó que la Policía Boliviana ha activado un plan estratégico para hacer cumplir los mandamientos de aprehensión emitidos contra Evo Morales, Juan Ramón Quintana y Ponciano Santos.

Este plan incluye operaciones de inteligencia y coordinación con las fuerzas de seguridad para ejecutar las órdenes de captura de estas figuras, quienes están bajo sospecha de estar vinculadas a delitos relacionados con la trata de personas.

Compromiso de las autoridades

El viceministro añadió que el trabajo de la Policía se desarrollará de acuerdo con los informes de inteligencia disponibles, lo que permitirá a las autoridades avanzar en la ejecución de las órdenes judiciales.

Las autoridades han reiterado su compromiso de actuar conforme a la ley y garantizar que todos los involucrados en el caso de trata de personas sean procesados de acuerdo con las normativas vigentes.

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Esta solicitud se fundamenta en las acusaciones que la víctima ha realizado a través de un audio que se ha difundido en redes sociales. La audiencia cautelar está programada para el 14 de enero de 2025.

Detención preventiva del padre

El abogado defiende al padre de la víctima, Emeterio V., quien se encuentra con detención preventiva en el penal de Morros Blancos desde octubre de 2024 por el caso de trata de personas agravada. Según el abogado, Cabezas, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, debería haber removido de sus funciones a la fiscal Gutiérrez, ya que considera que la investigación ha perdido su imparcialidad.

“Lo ideal es que la remueva del cargo para continuar con las indagaciones apuntando a localizar a la víctima y la menor”, mencionó Cabezas. Además, agregó que en los 13 cuadernos de investigación no se han realizado actos indagatorios que vayan en esa dirección. En cambio, se han presentado informes de viajes y extractos bancarios que no tienen relación con la localización de la víctima.

Falta de pruebas forenses

El abogado también observó que no se ha realizado una prueba de biología forense para determinar si el expresidente Evo Morales es el padre de la víctima. La Fiscalía Departamental de Tarija ha imputado al exmandatario y a la madre de la víctima por el delito de trata de personas agravada, y el caso ha sido derivado al Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital.

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“Dentro de mis facultades está pedir los informes correspondientes, el pedir por qué hasta la fecha no se ha ejecutado una orden de aprehensión (…) Se ha pedido el informe de esa actividad dentro de la investigación”, declaró el fiscal general a los medios en Potosí, donde se encuentra de visita. El exmandatario boliviano enfrenta una investigación por el delito de trata agravada de personas.

Detalles de la denuncia

Según la denuncia que está siendo investigada por la Fiscalía, Morales habría cometido el delito cuando era presidente, en relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo. Los padres de la supuesta víctima “lucraron” con ella al entregarla al exmandatario a cambio de “favores”.

En diciembre, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, presentó formalmente la imputación contra Morales y la madre de la presunta víctima “por el delito de trata de personas agravada”. Poco después, las autoridades bolivianas emitieron una alerta migratoria contra el expresidente y un juez programó la audiencia cautelar presencial en Tarija para el próximo 14 de enero de 2025.

Ampliación de la investigación

Mariaca indicó que la comisión de fiscales encargada del caso debe considerar la posibilidad de ampliar la investigación a otras dos personas que supuestamente están implicadas en el proceso.

El fiscal mencionó que el Ministerio Público recibió una solicitud para ampliar la investigación de la presunta víctima de Morales, por lo que este requerimiento será evaluado. Sin embargo, aseguró que el Ministerio Público “no dejará que se desvíe la investigación principal”.

Reacciones de los seguidores

Cuando se emitió la orden de captura contra Morales, sus seguidores realizaron fuertes bloqueos de carreteras durante 24 días, especialmente en el centro del país, para defenderlo. Esta situación fue una de las razones por las que la Policía no pudo ingresar al trópico de Cochabamba, que es el bastión político y sindical del exmandatario, según informó la fiscal Gutiérrez hace poco menos de un mes.

Los seguidores del expresidente reforzaron la seguridad del político en la última semana de diciembre con el objetivo de evitar su aprehensión. En la víspera, Morales comentó que hay grupos de simpatizantes que llegan al trópico de Cochabamba desde diferentes regiones como La Paz, Oruro y la ciudad de Cochabamba para apoyarlo.

Apoyo de simpatizantes

Además, mencionó que simpatizantes de regiones más alejadas, como Beni, le envían alimentos para que sean distribuidos entre quienes están en vigilia en el trópico de Cochabamba.

Fuente: EFE

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“Quiero saludar a hermanas y hermanos que vienen del interior del país a la vigilia o al tema de seguridad. Vienen por lo menos de 6 departamentos”, manifestó Morales. Según él, entre quienes le manifestaron apoyo están grupos de El Alto, de la ciudad de La Paz, de Cochabamba, Tarija y Montero.

Llegada de los ponchos rojos

Este domingo por la mañana, un grupo de personas identificadas como parte de los ponchos rojos de la provincia Omasuyos de La Paz llegó hasta Lauca Ñ. Este grupo se suma a las manifestaciones de apoyo hacia Morales en un contexto de creciente tensión.

Imputación por relación con menor

Morales está imputado por la Fiscalía por presuntamente haber sostenido una relación sentimental y tener una hija con una adolescente de 16 años en 2018. Por este mismo caso, el padre y la madre de la víctima también están entre los acusados, lo que añade más complejidad a la situación legal del exmandatario.

Orden de aprehensión

Evo Morales tiene una orden de aprehensión que fue emitida por la Fiscalía de Tarija. El 30 de diciembre, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, señaló que dicha orden fue entregada a la Policía para su ejecución. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, indicó que la Policía Boliviana hará cumplir la orden de aprehensión.

Medidas de seguridad

Del Castillo añadió que se están planificando acciones para que no se registre la pérdida de algún ser humano. “Estamos tomando los recaudos correspondientes para que no se transgreda ningún derecho en el territorio nacional”, manifestó Del Castillo, enfatizando la importancia de la seguridad en medio de esta situación delicada.

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“Yo soy Cindy Sarai V. P., y he sido y sigo siendo victimizada por el anterior Gobierno y por este Gobierno. Realmente he sufrido todos los efectos colaterales del poder, han hecho mucho daño a mi familia en todo este tiempo”, expresó Cindy, quien actualmente vive en la clandestinidad junto a su hija de 8 años.

El caso de Evo Morales

El caso que involucra a Morales se centra en una supuesta relación con una menor en 2015, quien formaba parte de su “Guardia Juvenil”. Morales enfrenta serios cargos por trata y tráfico de personas agravado.

La Fiscalía de Tarija emitió una imputación formal el 16 de diciembre y solicitó una alerta migratoria para evitar que el expresidente se fugue. Sin embargo, Morales ha evitado responder a las citaciones judiciales.

En este contexto, el Juzgado Quinto de Instrucción Penal ha fijado una audiencia de medidas cautelares para el 14 de enero de 2025. En respuesta a estas acciones, el exmandatario ha denunciado ser víctima de una “guerra jurídica” y ha afirmado que las acusaciones en su contra buscan desprestigiarlo políticamente.

Denuncias contra el actual gobierno

Durante la entrevista, Vargas señaló que su situación actual es resultado de una supuesta complicidad entre el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez. Según su relato, en 2019 fue forzada a salir del país junto a su hija y sus hermanos menores bajo la excusa de proteger su integridad.

Cindy detalló que ese año Del Castillo le advirtió que sus vidas corrían peligro y que la actual fiscal, quien en ese momento era representante del Consejo de la Magistratura, gestionó los permisos de viaje para llevarlos a Buenos Aires. Ahora, según ella, las autoridades la persiguen.

“Yo tengo más pruebas, fotos y charlas con Eduardo”, afirmó Cindy. “No estoy desaparecida, estoy salvaguardando la integridad de mi hija. Secuestraron a mi padre”, agregó.

Amenazas y persecución

Cindy también denunció haber sido amenazada por el ministro, quien supuestamente le exigió cambiar el apellido de su hija para cerrar el caso. Además, afirmó que las autoridades actuales han utilizado la justicia para perseguirla, incluyendo visitas de la Defensoría de la Niñez al colegio de su hija con el objetivo de suspenderla.

Aunque evitó profundizar en su relación con Morales, Cindy indicó que su familia no conocía los detalles hasta 2017. También rechazó las acusaciones contra su madre, Idelsa Pozo, quien enfrenta cargos por trata de personas.

La joven aseguró que su padre, quien se encuentra en detención preventiva por este caso, se fue de la casa hace muchos años. Ella se convirtió en el sustento de su familia al ser la mayor. “Él no me conoce, no ha vivido conmigo, tampoco conoce a mi hija, solo la vio un par de veces”, afirmó.

Vigilancia constante y revictimización

Cindy concluyó la entrevista denunciando que es vigilada de manera constante y que su familia ha sido revictimizada en múltiples ocasiones. “No pensaron en una niña que quiere crecer, en una joven que tiene sueños (…) me quitaron el derecho al trabajo”, sostuvo.

“Ellos manejan la justicia, permitieron que la Fiscal Departamental (de Tarija) persiga a mi familia. En este instante hay personas que están vigilando mi casa. Estamos siendo vigilados y perseguidos”, añadió Cindy.

En octubre, Morales calificó el proceso como una persecución política destinada a impedir su candidatura presidencial para las elecciones de 2025. A través de sus redes sociales, aseguró que enfrenta un “asesinato moral” como parte de un plan para debilitar liderazgos populares.

Mientras tanto, la justicia boliviana continúa investigando el caso que involucra al líder cocalero, lo que pone de manifiesto la polarización política y las tensiones dentro del MAS.

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Mariaca confirmó que existe una orden de aprehensión vigente contra Morales, la cual fue emitida en octubre de este año debido a su inasistencia a declarar. “Existe un mandamiento de aprehensión que se ha entregado en su momento a la Policía, y esta tarea no corresponde al Ministerio Público”, afirmó.

Investigación por relación con menor

Morales está siendo investigado por mantener una relación sentimental con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo un hijo. Esta investigación se hizo pública en septiembre de este año y, desde entonces, Morales se ha resguardado en el Chapare, Cochabamba. La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, ha solicitado la detención preventiva de Evo Morales y de Idelsa Pozo, madre de la víctima del dirigente cocalero. Gutiérrez fundamentará su solicitud en la audiencia del caso “Trata de personas con agravante”.

Detención preventiva solicitada

“Haciendo un análisis de los peligros procesales que establece el procedimiento penal, es que nosotros hemos solicitado una detención preventiva para ambas personas, es decir, para el señor Evo Morales y para la señora Idelsa Pozo”, declaró Gutiérrez en una entrevista con Cadena A.

El 27 de septiembre, Morales fue formalmente imputado por el delito de trata de personas con agravante, tras la denuncia de haber mantenido una relación con una menor en 2015, cuando ocupaba la presidencia de Bolivia. “Hemos encontrado suficientes indicios y pruebas; es en ese sentido que el Ministerio Público ha presentado la imputación formal contra estas dos personas (Morales y Pozo)”, explicó Gutiérrez.

Audiencia de medidas cautelares

El juez Nelson Alberto Rocabado notificó por edicto a Evo Morales y fijó para el 14 de enero su audiencia de medidas cautelares, donde se definirá si podrá defenderse en libertad o desde la cárcel. Mariaca advirtió que si Morales no se presenta y no justifica su inasistencia formalmente, se emitirá otra orden de aprehensión y se aplicarán otras sanciones estipuladas por la normativa procesal penal vigente.

Además, Mariaca recordó que existe un mandamiento vigente entregado a la Policía para su ejecución. “En la audiencia se evaluará si existen riesgos procesales, como fuga u obstaculización, y sobre esa base la autoridad jurisdiccional decidirá si dicta o no la detención preventiva”, agregó.

Impacto político de la situación

La situación legal del exmandatario genera un impacto significativo en el ámbito político del país, dado su papel histórico como líder del Movimiento Al Socialismo (MAS).

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En este proceso, también están involucrados los padres de la víctima. El padre se encuentra detenido preventivamente, mientras que la madre está siendo buscada por las autoridades. La audiencia cautelar está programada para realizarse de forma presencial, desde las 09:30 hasta las 12:00 horas. Morales ha sido advertido de que, si no se presenta, podría ser declarado en rebeldía.

Detalles de la imputación

Según la relación de hechos presentada por la Fiscalía, se acusa a Morales de satisfacer sus necesidades sexuales aprovechándose de la vulnerabilidad de la adolescente. La víctima habría sido captada como parte de la denominada Guardia Juvenil, que estaba liderada por el entonces mandatario, supuestamente con el consentimiento de sus padres.

El documento menciona que la adolescente tenía la posibilidad de realizar viajes tanto dentro del país como al exterior sin ningún tipo de control. Esto se debía a la influencia que tenía Morales en su calidad de Presidente del Estado.

Consecuencias de la relación

Como resultado de la relación íntima que mantuvo Morales con la adolescente en 2014, nació una niña. Hasta el momento, el paradero de la niña es desconocido, al igual que el de la madre, quien ahora es considerada víctima en el proceso penal.

Situación de los padres

Dentro del marco de este proceso judicial, el padre de la presunta víctima se encuentra detenido preventivamente en el penal de Morros Blanco. Por su parte, la madre continúa siendo buscada por las autoridades. Además, ella ha sido notificada por edicto para que se presente a la misma audiencia cautelar en la que comparecerá Morales.

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El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar, ha solicitado la aprehensión del expresidente. Cuellar lo acusa de ser un delincuente prófugo y ha pedido a la Policía Boliviana que cumpla con la orden judicial emitida.

Cuellar expresó: “En la historia de nuestro país nunca se ha visto que algunas personas estén defendiendo a un violador en serie, a un violador de niñas, donde están inventando que esto es un proceso armado. El MAS no le dio el poder al señor Evo Morales para que vaya a cometer delitos de lesa humanidad”.

Proceso judicial en curso

El proceso penal está en la vía judicial y no depende del Gobierno ni del Movimiento Al Socialismo, según lo afirmado por Cuellar. El MAS exige cárcel y aprehensión contra Evo Morales, quien ha sido señalado en este caso.

Cuellar añadió: “Nosotros le pedimos a la Policía Boliviana cumplir la Constitución, cumplir la orden de aprehensión y, de una vez, hacer un plan estratégico para aprehender al señor Evo Morales y responder a los 30 años de cárcel”.

Tensiones políticas en Bolivia

La situación actual refleja tensiones políticas en Bolivia y plantea interrogantes sobre el manejo judicial en casos relacionados con figuras públicas. La imputación ha generado un debate sobre el papel del sistema judicial y su independencia frente a presiones políticas.

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El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, aseguró que la operación se realizará sin poner en peligro a la población. “Hay que esperar el momento preciso, lo dijo el ministro de Gobierno hace unos días, que se va a ejecutar y se cumplirá la orden de aprehensión, pero sin poner en riesgo la vida de los inocentes”, declaró Torrico.

Además, el viceministro criticó al exmandatario por atrincherarse en el trópico de Cochabamba para evadir a la justicia. Morales está imputado desde octubre y es objeto de una investigación por presuntamente haber mantenido una relación con una menor de 15 años en 2015, de la cual aparentemente nació una hija en 2016.

Reacción de Evo Morales

A pesar de haber sido citado por el Ministerio Público, el exmandatario se ha negado a declarar y permanece protegido por sus seguidores en el trópico de Cochabamba. Este lugar es controlado por él, que ha establecido estrictos anillos de seguridad. Recientemente, en una aparición en Lauca Ñ, Morales agradeció el apoyo de sus adeptos y afirmó que no será derrotado. “No pueden hacer rendir al trópico, no pueden derrotarnos; intentan matarnos, detenernos con tantas mentiras”, expresó durante un evento navideño.

Defensa de sus seguidores

Los sectores sociales que apoyan a Morales han advertido que están dispuestos a defender al exmandatario incluso con sus vidas. Vicente Choque, secretario político de las Seis Federaciones del Trópico, alertó que cualquier intento de aprehensión podría provocar enfrentamientos violentos.

Continuación de la investigación

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, aseguró que la investigación sigue en curso. Mientras tanto, el Gobierno central ha hecho un llamado a la prudencia en el manejo del caso para evitar tensiones adicionales.

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Las afirmaciones de Flores se produjeron después de que el Presidente Luis Arce comentara que tales situaciones eran un “secreto a voces”. Actualmente, Evo Morales enfrenta una imputación por el delito de trata y tráfico de personas, y existe una orden de aprehensión en su contra.

Conocimientos de las autoridades

Flores expresó: “Estoy seguro de que en ese entonces algunos alcaldes debían conocer cuando le presentaban a señoritas de corta edad”. Según él, tanto alcaldes del trópico de Cochabamba como otras autoridades tenían conocimiento de estos ofrecimientos de menores al exmandatario.

Estas afirmaciones han cobrado relevancia tras los comentarios del Presidente Luis Arce, quien señaló que “era un secreto a voces” las situaciones de estupro en las que se involucraba el entonces presidente Evo Morales. Además, el mandatario recordó que durante las campañas electorales de 2019 y 2020, se le gritaba “pedófilo” a Morales, solo por su relación con estas denuncias.

Investigación necesaria

El concejal Flores ha instado a que se investigue a quienes conocían y eran cercanos al exmandatario, subrayando que debe “haber algo oculto”. Por esta razón, algunos de ellos se niegan a ser investigados y a someterse a la justicia.

Evo Morales ha sido imputado por el presunto delito de trata y tráfico de personas. En su contra, hay una orden de aprehensión y una alerta migratoria que impide su salida del país. Sin embargo, el exmandatario ha descartado la posibilidad de abandonar territorio nacional.

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Morales ha afirmado que ha recibido información de miembros de la policía y las fuerzas armadas sobre supuestos planes para su detención y un posible atentado contra su vida. Este domingo, se pronunció sobre la orden de aprehensión emitida en su contra, debido a su inasistencia a declarar en el Ministerio Público de Tarija por el presunto delito de trata y tráfico de personas.

Reacciones de ministros y juristas

En los días recientes, varios ministros y juristas han aclarado que el exmandatario solo necesita presentarse a declarar y que no será detenido. Sin embargo, Morales ha rechazado esta opción, expresando: “No soy tonto, pues. Dicen ahora que tiene que presentarse en Tarija, aquí le esperan 600 policías, cerca de 1,000. ¿Yo voy a entregarme ahí? Por favor.”

Imputación formal y antecedentes

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, ha informado que se ha imputado formalmente a Morales y que existe un mandamiento de aprehensión en el marco de la denuncia que lo vincula con el presunto embarazo de una adolescente. El líder cocalero ha señalado que este asunto ya fue investigado en 2020 sin que se llegara a resultados concluyentes.

Morales considera que se trata de un tema político, argumentando que la normativa prohíbe investigar un mismo caso en dos ocasiones. En su opinión, esto evidencia que el Gobierno busca desestabilizarlo e impedir su candidatura presidencial en las elecciones de 2025.

Motivos de su decisión

El expresidente reiteró que no se presentará a declarar debido a un supuesto intento de asesinato del cual fue víctima el pasado 27 de octubre. Además, varios de sus partidarios se han ofrecido para brindarle seguridad durante este periodo. “Me dicen: ‘Evo, queremos darte seguridad al menos dos, tres días’. No he pedido nada, pero está creciendo este sentimiento de venir acá a dar seguridad, dar fuerza”, afirmó.

Declaraciones del senador Loza

El senador Leonardo Loza ha indicado que se ha obligado al exmandatario a permanecer en el Trópico por su propia seguridad y ha descartado cualquier plan para sacarlo del país. Esta situación ha generado un ambiente de tensión y preocupación entre sus seguidores y en el ámbito político nacional.

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Alertas migratorias activadas

La Fiscalía ha activado alertas migratorias para ambos implicados, Morales y Pozo, debido a los riesgos procesales que presentan y la dificultad que existe para ejecutar la captura en la región del Chapare. Gutiérrez explicó que hasta la fecha, la orden de aprehensión no se ha cumplido porque la Policía ha reportado múltiples dificultades para llevar a cabo la captura.

La fiscal mencionó que la Policía ha presentado varios informes que explican por qué no ha podido ejecutar la orden. Estos informes indican que hay riesgos no solo para la vida de los funcionarios policiales, sino también para la de personas particulares involucradas en el caso.

Imputación formal presentada

La imputación formal contra Evo Morales y Idelsa Pozo fue presentada ante un Juzgado Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia. Este tribunal deberá determinar la fecha y hora de la audiencia correspondiente. Gutiérrez destacó que hoy se presentó la imputación formal por el delito de trata de personas agravada.

La investigación se inició tras la falta de comparecencia del exmandatario a su declaración informativa. Según los informes, se indica que Morales habría viajado con la menor tanto dentro como fuera del país, siempre con el consentimiento de sus padres. Además, la alerta migratoria también aplica para ambos implicados en el caso.

Situación actual de Evo Morales

Gutiérrez recordó que se tiene conocimiento de que Evo Morales continúa en el país. También advirtió sobre los riesgos que implica el cruce hacia Argentina desde Yacuiba, donde reside formalmente Idelsa Pozo. La fiscal anticipó que en la audiencia cautelar, que será fijada por el Juzgado en los próximos días, el Ministerio Público solicitará la detención preventiva de ambos.

La fiscal enfatizó que no había hecho público el caso antes porque los informes entregados por la Policía indicaban que existían amenazas de diferentes tipos. Por esta razón, se manejó el caso con mayor cautela.

Cooperación internacional solicitada

La Fiscalía también ha solicitado cooperación internacional a Argentina en relación con una investigación sobre abuso de menores que involucra a Morales. Sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta sobre esta solicitud.

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Solicitud de información

Mariaca mencionó que la solicitud se realizó a través de la Cancillería y confía en recibir más información sobre el caso en los próximos días. “Hemos realizado a través del conducto correspondiente la solicitud que amerita para verificar dicha denuncia, sin entrometernos en la investigación que seguramente están haciendo las autoridades en el país vecino de Argentina”, declaró Mariaca a los medios de comunicación.

Denuncias en Argentina

A principios de noviembre, se conoció que Morales fue denunciado en Argentina por presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores. Estas acusaciones se relacionan con su tiempo de asilo en Argentina entre 2019 y 2020, según reportaron diversos medios argentinos. Mariaca informó el lunes que ha solicitado antecedentes al gobierno argentino sobre lo que se investiga al expresidente Evo Morales en el país vecino, debido a las denuncias de trata de personas y abuso sexual.

Investigación penal en Argentina

El 2 de noviembre, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, confirmó la apertura de una investigación penal contra Morales por los presuntos delitos mencionados. Durante su declaración, Bullrich compartió un audio en su cuenta de la red social X, donde reveló detalles sobre la denuncia: “Morales, denunciado. El delito en suelo argentino se paga”.

Además, Bullrich indicó que existe otro caso en investigación contra Morales, que fue iniciado por una organización no gubernamental. El 6 de noviembre, el ministro de Justicia, César Siles, también comunicó que había solicitado información al gobierno argentino sobre el caso abierto contra el líder cocalero. En Tarija, la Fiscalía investiga al expresidente por la denuncia que lo vincula con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años durante su tiempo como jefe de Estado en 2016.

Investigaciones en curso

El expresidente Evo Morales está siendo investigado por trata y tráfico de personas, así como por estupro agravado. La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, aseguró el 11 de noviembre que “en cualquier momento” habrá novedades en esta investigación. Gutiérrez aclaró que el hecho de que el Ministerio Público no haya proporcionado más detalles sobre el caso que investiga a Morales por el delito de trata y tráfico “no significa” que el caso haya sido dejado de lado.

La fiscal recordó que desde su última presentación ante los medios, el número de documentos relacionados con el caso ha aumentado de 8 a 10. Tras las denuncias en su contra, el expresidente se encuentra en el trópico de Cochabamba y ha dejado de viajar a otros departamentos como lo hacía anteriormente.

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Detalles de la imputación

El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio Mendoza, explicó que la imputación se basa en la figura agravada del delito de Trata de Personas, dado que la víctima es una menor de edad. En este contexto, la Comisión de Fiscales asignados está presentando la resolución de imputación formal y la solicitud para aplicar la medida cautelar de detención preventiva.

Pena máxima del delito

La acusada, identificada como Laura V. B., enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión debido a la gravedad del caso. Este tipo de delito es considerado muy serio en la legislación boliviana, especialmente cuando involucra a menores.

Cómo ocurrió el hecho

El incidente se registró el lunes 11 de noviembre. Según el informe policial, Laura presuntamente engañó a la madre de la beba en el mercado Chuquimia de Potosí. La mujer pidió permiso para llevar a la niña al baño, pero no regresó.

Tras recibir la denuncia, la Policía activó el Plan Z para localizar a la menor. Las autoridades lograron aprehender a Laura en Janajmayu, en la carretera hacia Uyuni, cerca de la tranca a Chile, donde intentaba escapar. Afortunadamente, la menor fue recuperada y entregada a su familia.

Pruebas y derechos de la acusada

A pesar de que la acusada decidió no declarar y se acogió a su derecho al silencio, el fiscal Aparicio aseguró que existen pruebas suficientes que demuestran su participación en el delito. Por esta razón, la Fiscalía ha solicitado la medida cautelar de detención preventiva.

Investigaciones en curso

Las investigaciones sobre el caso continúan, y las autoridades no descartan la posibilidad de que otras personas estén involucradas en este delito. Además, se ha revelado que la imputada tiene antecedentes de robo en Cochabamba, lo que podría complicar aún más su situación legal.

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La investigación se inició el 26 de septiembre de 2023 y ha recolectado pruebas suficientes hasta el momento, mientras el exmandatario también enfrenta denuncias en Argentina por abuso de menores durante su tiempo de refugio en ese país.

Investigación en curso

Gutiérrez ha afirmado que hay pruebas suficientes para continuar con la investigación de manera objetiva. La fiscal reiteró que no habrá favoritismos en este proceso y que el Ministerio Público actuará conforme a la ley en todos los casos, sin excepciones. “Son bastantes pruebas e indicios que tenemos; en su momento los vamos a hacer conocer, absolutamente, porque es una investigación seria y no vamos a parar”, declaró Gutiérrez.

Inasistencia de Morales

El dirigente cocalero no se presentó a declarar ante la Fiscalía Departamental de Tarija, a pesar de haber sido debidamente notificado. Esta instancia ha anunciado que se emitirá una orden de aprehensión contra el expresidente. Esta información fue confirmada por el padre de la víctima, quien actualmente cumple detención preventiva en el penal de Morros Blanco.

Avances en la investigación.

Según Gutiérrez, hasta la fecha se han acumulado 10 cuadernos de investigación, los cuales se basan en los requerimientos y allanamientos fiscales que han permitido obtener más información.

La Fiscalía Departamental de Tarija ha conformado una comisión de fiscales que se encarga de las indagaciones desde el 26 de septiembre de 2023, en relación con la presunta trata de personas, que involucra al expresidente y a una supuesta víctima con la que tiene una hija de ocho años.

Detalles sobre la víctima

Gutiérrez reveló que hay información que establece el grado de familiaridad de la menor en relación con el apellido del señor Morales. Además, anticipó que habrá una sorpresa en los próximos días como resultado de las investigaciones. La fiscal también destacó que el proceso investigativo se lleva a cabo de manera objetiva y apegada a la ley, subrayando que “no puede haber distinción para ciertas personas y para otras no”.

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Operativo en Santa Cruz

La Policía Boliviana, a través de la División de Trata y Tráfico, llevó a cabo un operativo en la ciudad de Santa Cruz. Durante esta intervención, se logró rescatar a una menor que había sido reportada como desaparecida en Cochabamba. El operativo se realizó en un alojamiento situado en el centro de la capital cruceña.

En este lugar, además de la menor rescatada, se encontraron a otras 6 jóvenes que presuntamente eran víctimas de explotación sexual. La acción policial tuvo lugar en un establecimiento ubicado en la calle Charcas.

Colaboración con la Defensoría

El operativo contó con la colaboración de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Como resultado de esta intervención, 3 personas fueron aprehendidas y actualmente se encuentran bajo investigación por delitos relacionados con la trata y tráfico de personas.

Investigaciones en curso

El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, continuará las indagaciones para determinar si hay más víctimas implicadas. Además, se investigará si este caso está vinculado a una red criminal más amplia dedicada a estos delitos.

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Durante una conferencia de prensa, Morales optó por no responder de manera directa a las acusaciones en su contra. En cambio, denunció que el verdadero objetivo de este caso es inhabilitar al Movimiento Al Socialismo (MAS) de cara a las elecciones generales de 2025.

En medio de las críticas hacia el gobierno de Luis Arce por este asunto, el exmandatario afirmó que “ya está ganado este proceso”. Esto se refiere a la reciente anulación de la orden de aprehensión que pesaba sobre él y la destitución de la fiscal que estaba a cargo de la investigación.

Acusaciones contra el gobierno

Morales también hizo hincapié en que el Gobierno de Añez, a través del Ministerio de Justicia, había fabricado el proceso en Yacuiba por el delito de estupro. Sin embargo, en diciembre de 2020, la Fiscalía emitió una resolución de rechazo al caso.

“Han investigado y no hay nada y no va a haber nada, es otra mentira más”, afirmó Morales durante la conferencia de prensa.

Referencia al Código Penal

El exmandatario recordó el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal, que establece que nadie puede ser procesado más de una vez por el mismo hecho, incluso si se modifica su calificación o se presentan nuevas circunstancias.

Interrogante sobre su familia

Cuando un periodista le preguntó si había tenido un hijo como resultado de su relación con una menor de edad en Yacuiba, Tarija, Morales respondió con una pregunta personal hacia el reportero. “¿Cuántos hijos tienes?”, lanzó el dirigente cocalero.

“No se metan con la familia, la familia es sagrada”, continuó el exmandatario, citando además al presidente Luis Arce. “Lucho dijo que no se metan con la familia”, agregó.

Declaraciones de Luis Arce

Morales se refirió a las declaraciones que hizo Arce el pasado jueves, cuando afirmó que “a los niños no se toca”. El presidente condenó el estupro y pidió que el caso se investigue de manera reservada para evitar que se politice y afecte a la víctima.

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25 casos de menores inducidos a cometer delitos

De los 25 casos registrados, 14 ocurrieron en La Paz, siete en Santa Cruz, cuatro en Tarija y dos en Cochabamba. Los delincuentes utilizan perfiles falsos para ganarse la confianza de los menores e inducirlos a enviar fotos íntimas o cometer actos delictivos.

Engaños para cometer delitos financieros

Según José Vargas, de Save the Children – Bolivia, en las capacitaciones preventivas realizadas a niños y adolescentes, se han escuchado testimonios de menores que indican que fueron inducidos por vendedores de monedas virtuales en juegos en línea a hacer compras, facilitando fotos con los códigos de las tarjetas bancarias sin el conocimiento de sus padres, lo que resultó en el vaciamiento de las cuentas bancarias.

Explotación y mendicidad en Santa Cruz

En Santa Cruz, se descubrió un punto de internet ilegal donde los menores eran explotados y obligados a mendigar para pagar por servicios relacionados con juegos electrónicos. El fiscal Canazas confirmó abusos hacia los menores por parte del administrador del lugar.

Investigación de delitos y vulnerabilidad de los menores

Los casos mencionados son solo una muestra de los 25 denunciados, que incluyen delitos como trata de personas, robos, agresiones sexuales y amenazas. La mayoría de las 37 víctimas identificadas son varones. La Ley 548 Código Niño, Niña, Adolescente establece la obligación de comunicar el acogimiento circunstancial de menores a las autoridades competentes en un plazo determinado. Sin embargo, muchos administradores de negocios de internet no cumplen con esta normativa, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de los menores involucrados.

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Solicitud de información

Siles explicó en una conferencia de prensa desde Sucre que están utilizando los canales diplomáticos correspondientes para obtener toda la información necesaria. Esto les permitirá continuar con su trabajo de monitoreo y coordinación en relación con el caso.

El ministro destacó que la administración boliviana no permitirá que haya impunidad en delitos que afecten a menores, sin importar quiénes sean los involucrados. “Estamos hablando de niñas que tienen el derecho reforzado a la libertad sexual y la protección del Estado”, enfatizó Siles.

Investigación en Argentina

El fin de semana, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, confirmó que se ha abierto una investigación penal contra Morales. Esta acción fue impulsada por una denuncia presentada por el empresario y exministro boliviano Branko Marinkovic.

Bullrich comunicó a través de la red social X que “hace 15 días presentamos una denuncia por presunta comisión de delitos de trata de personas y abuso sexual”. Esta declaración subraya la seriedad con la que se está tratando el asunto en Argentina.

Cooperación legal entre países

Por su parte, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, indicó el domingo que Bolivia cumplirá con cualquier requerimiento legal que Argentina emita en relación con el expresidente. Esto incluye la posibilidad de emitir una alerta migratoria.

Evo Morales, quien residió en Argentina desde 2019 hasta después de la crisis postelectoral en Bolivia, enfrenta múltiples investigaciones por delitos similares en su país. La situación se ha vuelto cada vez más compleja para el exmandatario.

Denuncias en Bolivia

En septiembre, la Fiscalía de Bolivia inició un primer proceso en Tarija tras recibir un informe de inteligencia que vincula a Morales con delitos de trata de personas y estupro. Este informe señala que presuntamente tuvo una relación con una menor en 2015.

Además, en octubre se conocieron otras siete denuncias de abuso a menores en Cochabamba. Estos presuntos delitos habrían sido cometidos durante el período en que Morales aún ocupaba la presidencia, lo que añade más gravedad a las acusaciones en su contra.

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Del Castillo afirmó: “Eso lo tendrán que determinar los fiscales. Si hay una alerta migratoria y llega a la Dirección General de Migración, será la instancia que debe cumplir lo que determina la justicia. Así como la Policía está cumpliendo las leyes, nosotros cumpliremos la ley y las direcciones van a cumplir las leyes”.

Investigación en Argentina

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, confirmó recientemente la apertura de una investigación penal contra Morales. Esta decisión se tomó tras una denuncia presentada por el empresario y exministro boliviano Branko Marinkovic.

Bullrich publicó en su cuenta de X: “Hace 15 días presentamos una denuncia por presunta comisión de delitos de trata de personas y abuso sexual”.

Investigación en Bolivia

En Bolivia, la Fiscalía investiga a Morales desde el 26 de septiembre en un primer caso. Esta investigación se inició tras recibir un informe de inteligencia que alega que Morales habría cometido delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo una hija en 2015, mientras aún era presidente.

La investigación se lleva a cabo en la región de Tarija. La fiscal encargada, Sandra Gutiérrez, mencionó el miércoles que ya posee “pruebas materiales” contra el exmandatario. Sin embargo, el anuncio de emitir una orden de aprehensión aún no se ha ejecutado.

Acusaciones adicionales

Bullrich añadió: “A la causa por abuso de menores que ya tiene abierta en Bolivia se suma algo aún más aberrante: al socialista expresidente boliviano se lo acusa de haber convivido con cuatro adolescentes durante el asilo político que le brindó el kirchnerismo”.

La ministra concluyó su publicación con una contundente afirmación: “Morales, denunciado. El delito en suelo argentino se paga”.

Denuncias adicionales en Bolivia

Además del proceso en Tarija, hay otras 7 denuncias por abusos a menores contra el expresidente boliviano, las cuales fueron presentadas por autoridades de Cochabamba en octubre. Estas denuncias serán entregadas a la Fiscalía para su correspondiente investigación.

La investigación en Argentina se da en un contexto en el que los seguidores de Morales han estado bloqueando carreteras en el centro del país durante 21 días. Este bloqueo busca frenar el proceso judicial abierto contra el exmandatario por estupro y trata de personas, entre otras acusaciones.

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Según la denuncia, Morales supuestamente convivió entre 2019 y 2020 con menores de edad que fueron trasladadas desde Bolivia en condiciones vulnerables. Estas menores, según la acusación, habrían realizado labores domésticas en la residencia que fue financiada por el gobierno argentino.

La denuncia incluye testimonios que apuntan a situaciones de explotación. Angélica Ponce, una exdirigente intercultural boliviana cercana a Morales, afirmó haber observado a menores en roles serviles en la residencia del exmandatario.

Declaraciones controvertidas

Ponce incluso mencionó que Morales recibía “niñas como obsequios” de personas que buscaban favores gubernamentales. Estas declaraciones han generado una gran controversia en el ámbito público.

La denuncia fue presentada por Yamil Santoro, director de la Fundación Apolo, junto con los abogados José Magioncalda e Ignacio Falcón. La causa quedó bajo la jurisdicción de la jueza federal María Servini, según reportó el medio argentino La Gaceta el 1 de noviembre.

Acusaciones previas

La Fundación Apolo también recordó acusaciones anteriores contra Morales, como la supuesta relación en 2020 con una menor de 14 años. Este caso recibió amplia cobertura en medios de comunicación bolivianos.

Cambios en la situación de Morales

La situación de Morales en Argentina ha experimentado cambios recientes. En octubre de 2023, el nuevo gobierno argentino de Javier Milei retiró el estatus de asilado que había sido otorgado en 2019 por la administración de Alberto Fernández.

Informes de medios argentinos indican que durante su estadía, Morales mantuvo vínculos cercanos con Franco Bindi, un abogado vinculado a sectores afines al kirchnerismo. Se alega que Bindi lo acompañó en varias giras por el país.

Investigación solicitada

La Fundación Apolo ha solicitado a la justicia argentina que realice una investigación exhaustiva para determinar si Morales incurrió en actividades delictivas y para proteger los derechos de las posibles víctimas.

La denuncia enfatiza la gravedad de los presuntos hechos, señalando que estos violan derechos fundamentales y normas internacionales de protección de menores, así como la lucha contra el tráfico de personas.

Controversias adicionales

Este caso se suma a una serie de controversias que rodean al expresidente. Actualmente, en el país hay un caso en curso en el que se acusa a Morales de mantener relaciones sexuales con una menor de 15 años y tener una hija.

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Detalles del caso

Este caso investiga a Morales por supuestamente haber mantenido una relación con una joven oriunda de Yacuiba cuando ella era menor de edad, con el presunto consentimiento de los padres de la víctima.

La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, indicó que hasta la fecha se han recopilado ocho cuerpos documentales y se han emitido múltiples requerimientos para esclarecer los hechos relacionados con el caso.

Viajes sospechosos

“Lo que más nos ha llamado la atención son los viajes que habrían realizado entre la gestión 2015 y 2019, que son más de 79 viajes que habrían realizado tanto una de las imputadas como la víctima. Habrían realizado estos viajes dentro del país, así como también fuera del país, a los países de Venezuela y Argentina”, señaló Gutiérrez.

Defensa de Morales

En una conferencia de prensa, la fiscal confirmó que la defensa del exmandatario presentó varios incidentes procesales, todos rechazados por la justicia. Morales alegó falta de competencia de la Fiscalía de Tarija en el caso, argumentando que la denuncia debería ser tratada en Villa Tunari.

Sin embargo, la jueza de ese distrito ratificó que la jurisdicción corresponde a Tarija, lo que reafirma la posición de la Fiscalía en este asunto.

Protección de la víctima

Gutiérrez también señaló que la Fiscalía ha garantizado la protección de la presunta víctima y reiteró que se hará todo lo necesario para que ella pueda declarar en Cámara Gesell. Además, advirtió sobre amenazas contra los testigos, quienes han manifestado temor a presentarse en el proceso.

Ampliación de la reserva

Por su parte, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, informó desde Sucre que se ha solicitado una nueva ampliación de la reserva del caso. Esta medida será evaluada por la autoridad jurisdiccional para proteger a la presunta víctima.

La investigación también considera una posible orden de aprehensión contra Morales, debido a su inasistencia a la citación de la Fiscalía.

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“Estamos hablando de un delito de acción pública que no requiere que la víctima se presente. La víctima puede presentarse en cualquier momento del proceso. El Ministerio Público tiene la obligación de iniciar de oficio este tipo de investigaciones”, declaró Siles durante una entrevista en La Mañana en Directo de Erbol. Con esto, desmontó las versiones que cuestionan la validez del proceso en Tarija, que avanza en su etapa preliminar de investigación.

La situación de la víctima

El ministro subrayó que en delitos graves como la trata de personas, a menudo la víctima no comparece por miedo, por ser cooptada o incluso por estar desaparecida.

Proceso judicial en Tarija

Siles también indicó que Morales parece estar sometiéndose al proceso en Tarija, ya que se han presentado incidentes en el caso. Además, remarcó que el expresidente debería también comparecer para declarar.

Críticas y acusaciones contra Evo Morales

El ministro criticó la actitud del expresidente, a quien acusó de actuar con soberbia y desprecio hacia la Justicia, al no asistir a las citaciones como sindicado o en otras ocasiones como testigo.

En el caso, Morales está sindicado de haber embarazado a una adolescente menor de edad, oriunda de Yacuiba, durante su mandato presidencial. La presunta víctima, por su parte, ha sido declarada desaparecida, lo que ha llevado a la Policía a emitir un afiche con su imagen para su búsqueda.

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Contexto de la denuncia

La denuncia se enmarca en una pugna interna del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ha generado críticas sobre la falta de acción judicial. Esto ocurre a pesar de que el exmandatario no se presentó a declarar en octubre.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó que hay dos hipótesis sobre el paradero de esta mujer, quien cuando era niña fue supuestamente víctima del señor Evo Morales. Una de las posibilidades es que se encuentre en el país, mientras que la otra sugiere que podría estar en Argentina.

Investigación en curso

El expresidente está siendo investigado por trata y tráfico de personas, así como por estupro agravado. Estos delitos se habrían cometido al abusar de una niña que en 2015 tenía apenas 15 años. La defensa de Morales sostiene que este caso ya fue cerrado, mientras que el exmandatario lo califica de “mentiras”, argumentando que estas acusaciones surgen de la lucha interna por el control de su partido.

El 14 de octubre, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, manifestó que la comisión de fiscales trabaja en una orden de aprehensión en contra de Evo Morales. Desde esa fecha, no ha habido pronunciamiento alguno desde el Ministerio Público, además de que el caso ha entrado en reserva.

En este contexto, varias personas han solicitado a las autoridades en Argentina que den curso al pedido planteado por Branko Marinkovic para investigar a Evo Morales. Un informe indica que la presunta víctima viajó a Argentina y México sin poder acreditar el origen de los recursos que costearon su periplo.

Declaraciones de expertos

La abogada y Directora de la Red Ciudadana Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil explicó que el caso es fácil de comprobar, ya que existe un certificado de nacimiento proporcionado por la Fiscalía. Enfatizó que para este tipo de casos no se necesita una denuncia formal, ya que el Ministerio Público puede actuar de oficio. Sin embargo, advirtió sobre la posible participación encubridora de la madre.

Asimismo, Magda Calvimontes, exfiscal de Chuquisaca, cuestionó que el Ministerio Público no haya priorizado ubicar a la presunta víctima para tomarle una declaración informativa. “Me extraña mucho que primero quieran tomar la declaración de Evo y no de la chica. Todo proceso penal empieza con la declaración de la víctima”, dijo.

Proceso penal abierto

Del Castillo manifestó a El Deber que, tras conocer sobre la desaparición de la joven, se abrió un proceso penal por desaparición forzosa y se publicó una alerta policial. También circuló un audio donde se escucha a la presunta víctima denunciando un intento de secuestro.

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Detalles del intento de secuestro

La madre estaba recogiendo a su hija de la escuela cuando 5 individuos descendieron de una camioneta Toyota Hilux blanca y trataron de forzar su ingreso al vehículo. Afortunadamente, los gritos de auxilio de la madre alertaron a otros padres de familia presentes, quienes intervinieron y lograron evitar el secuestro.

Desaparición de las víctimas

Desde el día del incidente, la Policía Nacional no ha podido localizar a la joven ni a su hija en su hogar en San José de Pocitos, que se encuentra cerca de la frontera con Argentina. Además, se desconoce el paradero de I.P.S., madre de la víctima, quien tiene una citación para declarar en esta investigación que fue abierta por la Fiscalía Departamental de Tarija desde el 26 de septiembre.

Ambas mujeres no han asistido a sus trabajos desde el 12 de octubre, donde se dedicaban a la venta de productos aromáticos y ropa americana. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ha emitido una alerta para intentar localizarlas.

Detención del padre de la víctima

Aníbal Cabezas expresó su preocupación por la detención preventiva del padre de la afectada en Morros Blancos. Argumentó que no hay pruebas que lo vinculen con el caso. Actualmente, se espera una audiencia para apelar esta decisión que afecta al padre.

Investigaciones en curso

El director departamental de la Felcc, José Luis Zenteno, informó que un equipo está trabajando en Yacuiba para avanzar en las indagaciones relacionadas con este caso. La situación sigue siendo delicada y se mantiene un hermetismo sobre posibles nuevas órdenes de aprehensión contra Evo Morales.

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Investigación en curso

El director de la Felcc, José Luis Zenteno, admitió el martes 15 de octubre que la joven aún no ha sido localizada. Por esta razón, se está elaborando un afiche de identificación que facilitará su búsqueda.

“Estamos haciendo un afiche para poder ubicar a la madre; en realidad, ahora es la víctima, la madre de la niña que se está buscando”, explicó Zenteno.

Hipótesis de los investigadores

Zenteno añadió que el objetivo del afiche es encontrar a esta persona, ya que hasta el momento no se tiene rastro de ella. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que la joven podría haber salido del país.

Detalles del caso

Este caso se refiere a la acusación de que Morales presuntamente embarazó a una joven de Yacuiba cuando esta era menor de edad. El padre de la presunta víctima ya fue enviado a prisión, acusado de beneficiarse de la relación entre su hija y el expresidente.

A pesar de las investigaciones en curso, hasta ahora el expresidente no ha sido detenido ni se ha presentado a declarar, aunque fue convocado por la Fiscalía de Tarija.

Nueva orden de aprehensión

Anteriormente, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, afirmó que se está trabajando en la emisión de una nueva orden de aprehensión contra Morales. Esto ocurre después de que una primera orden fuera anulada por una jueza de Santa Cruz.

Sin embargo, Gutiérrez también destacó que, debido a la complejidad del caso, no se pueden proporcionar más detalles por el momento.

Reacciones políticas

A nivel político, sectores sociales que apoyan a la exautoridad han bloqueado carreteras en su defensa. Estas acciones exigen la anulación de los procesos en su contra y su habilitación como candidato a las próximas elecciones presidenciales.

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Ponce declaró a los periodistas: “Una vez más la justicia boliviana tiene que demostrar que está con las víctimas y no con un verdugo que hizo lo que quiso con los derechos humanos de la mujer. Es importante reconocer que Evo Morales sí estuvo en Argentina viviendo con menores de edad, yo soy testigo de aquello.” Además, pidió a los dirigentes que no se queden callados sobre lo que vieron en el país vecino.

La dirigente también detalló que Morales vivió en Argentina con “tres chicas” menores de edad y Noemí M., una joven que fue el centro de atención en 2020, después de que la Policía revelara fotografías y mensajes de texto comprometedores obtenidos de su celular.

Relación con Noemí M.

En 2020, durante un operativo, los investigadores detuvieron un vehículo oficial de la Gobernación de Cochabamba, en el que se encontraba Noemí. En su declaración, admitió que mantenía una relación con el exmandatario cuando ella tenía 16 años.

Ponce, antes de ser expulsada por las representantes de las interculturales en 2022 por “difamar” al presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), viajó varias veces a Argentina junto con otros dirigentes y víctimas de Senkata y Sacaba para visitar a Evo.

Condiciones de convivencia

Según Ponce, en el lugar donde se refugiaba Morales, las tres menores parecían “jefas de gabinete” y hasta “sirvientas”, una situación que era conocida por todos los visitantes. “Y si podemos hablar los dirigentes, las exautoridades que hemos pasado por ahí, Evo decía públicamente que todos los que querían tener obras le regalaban una niña”, resaltó Ponce.

Informe de inteligencia policial

Estas acusaciones coinciden con un informe de los servicios de inteligencia de la Policía sobre otra menor de 15 años, quien podría haber sido abusada por el expresidente. De esta relación, se afirma que tuvieron una hija en común. Por este motivo, la Fiscalía presentó una querella el 26 de septiembre y luego emitió una orden de aprehensión contra Morales por trata y tráfico de personas y estupro agravado.

El informe señala: “Se ha establecido científicamente que una persona menor de edad no tiene la capacidad psicológica, social y emocional para asumir decisiones vinculadas a su libertad sexual; en consecuencia, la menor no estaba en la madurez cognitiva para elegir sus parejas sexuales.” A raíz de estas investigaciones, se emitió una orden de aprehensión contra los progenitores y Evo Morales.

Situación del padre de la víctima

El padre de la víctima fue aprehendido y enviado a la cárcel Morros Blancos en Tarija, tras ser acusado de estupro agravado y trata y tráfico de personas. La fiscal Sandra Gutiérrez informó que durante la audiencia cautelar se demostró riesgo de fuga del padre. El 10 de octubre, Evo debía presentarse a declarar ante la Fiscalía; sin embargo, su abogado argumentó que se vulneraron sus derechos.

Reacción del gobierno

Ante la denuncia de Ponce, el ministro Eduardo Del Castillo solicitó a Ponce que formalizara la denuncia ante la justicia. “Todos estos hechos deben ser investigados”, declaró desde Santa Cruz. Este caso estalló el 25 de septiembre, cuando se reveló la denuncia. Morales no negó haber procreado, pero aseguró que este caso ya había sido cerrado.

La denuncia también menciona que la menor realizó viajes frecuentes a México y Argentina para acompañar a Evo Morales, siempre bajo consentimiento parental.

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El abogado defensor, Aníbal Cabezas, ha denunciado que existen presiones políticas y sociales que están influyendo en este proceso judicial. Cabezas afirmó que su cliente no tenía conocimiento de la supuesta relación entre su hija y Morales. “Él en ningún momento ha reconocido o al menos ha tomado conocimiento de que su hija hubiese mantenido al parecer una relación de enamoramiento con el expresidente, y menos aún respecto al hijo. Los aspectos eran totalmente desconocidos para él”, declaró.

Imputación de la Fiscalía

La Fiscalía ha imputado al hombre argumentando que él habría favorecido la relación de su hija con Evo Morales. Según el abogado defensor, durante la audiencia no se logró demostrar que el padre de la joven hubiera recibido algún tipo de beneficio. Además, sostuvo que se trata de una persona humilde, que trabaja en un taller de chapa y pintura con ayudantes, y que ha sufrido varias amputaciones en los dedos debido a una lesión.

Cabezas también explicó que el hombre se separó de la madre de la joven en 2003 y que su contacto con ella ha sido poco frecuente desde entonces. El abogado denunció que su defendido fue declarado mediante un abogado de Defensa Pública, lo que considera una injerencia del Órgano Ejecutivo en el proceso judicial.

Decisión del juez

El juez ha determinado que la prisión preventiva dure 4 meses mientras se lleva a cabo la investigación del caso. Sin embargo, la defensa ha presentado una apelación que debe ser revisada en una Sala de Apelaciones. El hombre fue aprehendido en Yacuiba la semana pasada tras no haberse presentado a declarar. Su abogado indicó que había solicitado comparecer en su localidad debido a su edad, pero esta solicitud fue rechazada.

En este contexto, Evo Morales está siendo investigado por presuntamente haber embarazado a una adolescente menor de edad durante su mandato como presidente.

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Mediante un trabajo de inteligencia de la fuerza anticrimen, la noche del martes 8 de octubre en el puesto de control de Vila Vila, se detectó que 13 inmigrantes indocumentados (11 adultos y dos menores) viajaban de La Paz a la urbe orureña, aunque se investiga cuál era el destino final.

El director departamental de la Felcc, coronel Martin Arequipa, sostuvo que los extranjeros subieron a un ómnibus de servicio público fuera de la terminal de El Alto, presuntamente para evitar los controles y ser detectados; no obstante, la inteligencia de esta entidad logró identificarlos. “Estos ciudadanos han subido fuera de la terminal de buses de la ciudad de El Alto, aspecto que está completamente prohibido”, enfatizó.

Tras el operativo en Vila Vila, sobre la carretera entre La Paz y Oruro, los 13 extranjeros fueron trasladados a las instalaciones de la Felcc de la urbe orureña para continuar con las investigaciones y establecer si existe un presunto caso de trata y tráfico de personas.

“Por eso la Felcc está operando en estos momentos; tenemos serias sospechas de que presuntamente es un caso de trata y tráfico. Lo que queremos determinar es quién es la persona que estaba trasladando a estos ciudadanos”, indicó.

En esa misma línea, precisó que el conductor del ómnibus será citado a declarar y que el fiscal asignado a la investigación determinará su situación. Después del operativo, continuó su viaje.

Se espera que también se coordinen acciones con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) para revisar si cuentan con sello de búsqueda internacional.

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La audiencia está programada para el jueves 10 de octubre a las 16:00 horas.

El proceso de notificación comenzó en la vivienda donde supuestamente Morales habría pasado la noche. Al no encontrar respuesta, se decidió pegar el cedulón en la puerta, según indicó Freddy Medinacelli, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba.

Minutos después, el personal policial se dirigió a las oficinas de las seis federaciones de cocaleros, ubicadas en la Plazuela Busch en Cochabamba, donde se encontraba Evo Morales.

Recepción de la notificación

“Sí, don Juan Evo Morales ha recibido la notificación, ha firmado la conformidad, se ha cumplido con el procedimiento”, señaló Medinacelli. El jefe policial explicó que, en principio, “no hubo muy buena recepción” de la notificación. Sin embargo, a pesar de esto, Morales recibió la notificación y se cumplió el procedimiento correspondiente.

Confirmación del fiscal general

El lunes, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, confirmó que la comisión de fiscales que investiga el caso decidió citar a Morales para que declare el jueves 10 de octubre.

En este caso, Morales está siendo investigado por supuestamente embarazar a una adolescente menor de edad durante su mandato como Presidente. Además, se le acusa de haber reconocido a la bebé. La víctima es oriunda de Yacuiba, en el departamento de Tarija. También están siendo investigados los padres de la víctima, ya que su madre se benefició con designaciones.

Delitos en investigación

El Ministerio Público citó a Morales para que se presente a declarar, donde se le investiga por los delitos de estupro agravado y trata de personas.

La defensa de Morales afirmó que no conocía nada sobre la convocatoria y que, cuando llegue el momento, decidirán qué hacer. Además, reiteraron que este caso ya había sido cerrado y que no corresponde volver a abrirlo.

Declaraciones de Evo Morales

El expresidente Morales, este reciente lunes, expresó a través de sus redes sociales que “el Lawfare (guerra jurídica) es el nuevo Plan Cóndor”. Afirmó que “ya no asesinan con balas, ahora promueven asesinatos morales a través de sentencias contra los liderazgos populares”. También agregó que “nos iniciaron 4 procesos judiciales de forma simultánea” buscando proscribir su participación en futuros procesos electorales.

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Denuncia de extorsión

Una mujer denunció que, desde hace más de 2 meses, le retuvieron su cédula de identidad tras mostrar interés en una oferta laboral en Perú. El ministro de Trabajo, Erland Rodríguez, explicó que “con el fin de comprometerla, le pidieron su cédula de identidad; sin embargo, esta señora desistió y fue a recuperar su documento”.

Lamentablemente, no le entregaron su cédula y, en cambio, “más bien, la estaban extorsionando para que aceptara el trabajo como dama de compañía en Perú”. Las dos personas aprehendidas han sido denunciadas por el delito de trata y tráfico de personas. Ahora serán presentadas ante un juez para que se determine su situación legal.

Advertencia del ministro

Rodríguez advirtió que, a través de este tipo de agencias, están intentando sacar mujeres del país hacia la República del Perú con el objetivo de explotarlas sexualmente. Ante esta preocupante situación, reiteró a las agencias de empleo que se registren en el Ministerio de Trabajo para ser reguladas. Según datos oficiales, el 80% de estas agencias no ha cumplido con este requisito.

Menores de edad involucrados

En el operativo realizado en Cochabamba, también se identificó que en una de las agencias de empleo había 2 menores de edad que denunciaron que trabajaban más de 8 horas al día. Este caso fue puesto en conocimiento de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, quienes tomarán las medidas necesarias para proteger a los menores involucrados.

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