Paz señaló que el país cuenta con dos contratos principales vinculados al litio, además de otros de menor alcance. Remarcó la necesidad de que estos acuerdos sean de conocimiento público.

Indicó que los convenios fueron heredados de la gestión del expresidente Luis Arce y que, hasta el momento, no cuentan con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Beneficios para todos los bolivianos

El mandatario sostuvo que Bolivia busca establecer contratos que resulten beneficiosos tanto para inversionistas nacionales como extranjeros, pero siempre en un marco de transparencia y claridad.

En ese contexto, manifestó que el litio es un recurso que pertenece a todos los bolivianos, aunque las regiones donde se desarrolla la explotación deben recibir beneficios directos.

Detalles de los contratos firmados

Los contratos mencionados fueron firmados con la empresa rusa Uranium One y con el consorcio chino CBC. Ambos acuerdos fueron aprobados el año pasado en una comisión de la Cámara de Diputados, aunque el trámite legislativo no avanzó posteriormente.

Reacciones de la oposición

Diversos sectores de la oposición, organizaciones ambientalistas y comités cívicos de Potosí expresaron su rechazo a estos contratos, considerando que no favorecen los intereses del país.

Desde el Gobierno, el ministro Gabriel Espinoza señaló anteriormente que en los convenios se comprometió la fe del Estado, aunque no descartó la posibilidad de anularlos en caso de comprobarse un daño económico.

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Según explicó la primera autoridad del Estado, su Gobierno está avanzando con investigaciones que se harán públicas de manera progresiva a medida que se consoliden los procesos.

El mandatario señaló que los casos detectados no serán hechos aislados, sino que revelarán redes de corrupción que aparentemente se han consolidado durante años. En este contexto, sostuvo que el objetivo de su gestión no es generar repercusión mediática, sino desarticular estructuras irregulares y llevar a los responsables ante la justicia.

Escándalos por venir

“Van a saltar muchos escándalos, que van a tocar muchos nombres, muchas instancias (…). A nosotros no nos interesa hacer escándalos, lo que nos interesa es desmontar la corrupción a todos los niveles”, dijo a Radio Panamericana.

Paz explicó que las denuncias no se presentan de forma inmediata para evitar que los involucrados puedan evadir responsabilidades. Indicó que las investigaciones siguen una planificación que permite identificar a todos los presuntos implicados antes de que los casos sean judicializados.

Exautoridades ante la justicia

Asimismo, el jefe de Estado afirmó que ya hay exautoridades que están compareciendo ante la justicia y calificó este hecho como inédito en un corto periodo de gestión.

Añadió que algunas personas vinculadas a estos procesos han abandonado el país, pero aseguró que se llevarán a cabo las acciones necesarias para que rindan cuentas ante la justicia boliviana. “Los vamos a traer a la Patria. Van a tener que hablarle al país sobre las fechorías que han hecho, devolver la plata”, destacó.

Fortalecimiento de la transparencia

El Presidente afirmó que estas acciones forman parte de un proceso de reordenamiento institucional orientado a fortalecer la transparencia y recuperar la confianza de la población. Reiteró que la lucha contra la corrupción será una prioridad de su Gobierno.

“Bolivia se tiene que acostumbrar a funcionar bajo valores, bajo transparencia. Y van a haber mayores escándalos”, sostuvo.

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Detalles de la venta

Milka Condarco, secretaria municipal de Economía y Hacienda del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), informó que desde el lunes 8 de diciembre de 2025 se inició la venta destinada a personas sin derecho preferente. Esto ocurrió después de que la semana anterior se atendiera exclusivamente a los vecinos que residen en la ruta del Carnaval.

La secretaria explicó que la Secretaría realizó un seguimiento directo al trabajo de la Dirección Tributaria y Recaudaciones. Esto se hizo para garantizar que el procedimiento fuera “responsable y transparente”, evitando demoras y asegurando que se respetara la prioridad para los residentes de la zona.

Prohibición de favoritismos

La supervisión también incluyó una instrucción clara de no vender metros lineales a funcionarios municipales. Condarco recordó que este tipo de favoritismos ya no se permite bajo los mecanismos vigentes.

Condarco también señaló que este año los vecinos con derecho preferente adquirieron más metros lineales que en gestiones anteriores. Esto dejó un margen reducido para la venta a terceros, y de acuerdo con el reporte de la Dirección Tributaria, la disponibilidad fue menor debido a la alta demanda vecinal.

Prioridad para los vecinos

En cuanto a si se dio prioridad a los habitantes de Oruro, la secretaria explicó que la normativa no permite restringir la venta solo a residentes locales, ya que esto podría considerarse discriminatorio. Sin embargo, el orden de atención sí favoreció a los vecinos, quienes fueron los primeros en hacer fila antes de la apertura al público general.

Aumento de costos

Otra inquietud frecuente entre los interesados fue el aumento del precio por metro lineal. La autoridad municipal aclaró que este ajuste se debe únicamente a la actualización de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), lo que impacta automáticamente en los valores establecidos cada gestión.

Este incremento podría influir en el costo final de las graderías ofrecidas por los privados. Sin embargo, el GAMO no interviene en la fijación de tarifas una vez que los metros son adjudicados.

Problemas con el sistema digital

La Secretaría también explicó que el sistema digital previsto para este año, que buscaba modernizar el proceso y evitar filas, no fue adoptado por la mayoría de los vecinos. Estos consideraron que era poco comprensible y demasiado burocrático, y solo entre el 1% y el 2% de los solicitantes utilizó la plataforma.

Ante esta situación, se modificó el decreto municipal para habilitar un mecanismo mixto: presencial para quienes lo prefirieran y digital para quienes desearan cargar documentos en línea.

Condarco afirmó que la intención es retomar el avance tecnológico para la venta de la gestión 2026, con un sistema más accesible y menos susceptible a observaciones.

Adjudicación de zonas municipales

Sobre las “zonas municipales” destinadas a la instalación de graderías, la autoridad informó que la comisión encargada entregó ayer el informe de evaluación. El monto adjudicado asciende a 1.100.000 bolivianos, una cifra mayor a la de gestiones anteriores.

La Secretaría de Economía y Hacienda deberá reunirse con los adjudicatarios para asegurar el cumplimiento de condiciones relacionadas con seguridad, infraestructura y garantías. La resolución final de adjudicación se emitirá entre hoy y mañana, y posteriormente será remitida a la Secretaría de Asuntos Jurídicos para la verificación documental.

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Después del cierre de postulaciones, la Comisión de Constitución y Gobierno de la ALD se reunió de inmediato para comenzar el proceso de evaluación. Sin embargo, se declaró un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 8:30, momento en el que se iniciará la revisión de las carpetas de los postulantes.

Objetivo de la ALD

El objetivo principal de la ALD es conformar las cuatro ternas que serán enviadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Esta última institución tiene la responsabilidad de designar a las nuevas autoridades electorales.

La mayoría de las inscripciones se concentraron justo al final del plazo establecido, con un total de 40 postulantes mujeres y 37 varones, según el informe proporcionado por el presidente de la Comisión, Marcelo Aróstegui.

Transparencia en el proceso

La revisión de las postulaciones se reanudará este miércoles a las 8:30 en una sesión pública. Aróstegui aseguró que se publicará la lista de habilitados e inhabilitados a través de “medios impresos y digitales”, con el fin de garantizar la transparencia del proceso.

Además, la sesión de revisión será transmitida para los medios de comunicación, lo que permitirá una mayor visibilidad del procedimiento.

Asistencia notarial

El proceso de registro fue acompañado por la notaría de la Gobernación. Sin embargo, algunos asambleístas del MAS han insistido en la necesidad de contratar a una notaria externa para asegurar la imparcialidad del proceso.

Postulantes destacados

Entre los profesionales que han presentado su candidatura se encuentran Francisco Vargas, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE); Dunia Sandoval, exvocal del TSE; y Manfredo Bravo, director de Relaciones Públicas de la Uagrm.

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El primer eje se centra en la meritocracia, donde el presidente aseguró que las designaciones dentro de la institución se realizarán en función de los méritos y el profesionalismo, evitando criterios políticos. “Una institución fuerte necesita reglas claras”, afirmó, subrayando que la normativa interna debe servir como una “brújula moral” para todos los policías.

En segundo lugar, el presidente anunció una lucha decidida contra la corrupción, tanto interna como externa. Señaló que tolerar irregularidades debilita a la Policía desde adentro y que es fundamental erradicar este problema.

Mantenimiento del orden

El tercer eje destaca la importancia de que la Policía se enfoque en mantener el orden y prevenir delitos, en lugar de reaccionar únicamente ante ellos. Esto implica un cambio de enfoque en la estrategia policial.

El cuarto eje se refiere a la modernización de la institución, que incluye la incorporación de tecnología, inteligencia policial y cooperación internacional. “Basta de ser una isla”, enfatizó, pidiendo que se dejen atrás visiones ideológicas que limiten el crecimiento de la Policía.

Refuerzo de la seguridad

El quinto eje busca fortalecer la seguridad en áreas tanto urbanas como rurales, asegurando que todos los ciudadanos se sientan protegidos y respaldados por la institución.

Finalmente, el presidente incluyó la lucha contra la violencia de género como un compromiso personal y esencial para garantizar la equidad y la igualdad en la sociedad.

Ética del servicio policial

Paz también hizo un llamado a la ética en el servicio policial, afirmando que “la autoridad no viene del arma ni del uniforme, sino del ejemplo”. Pidió a los nuevos oficiales que actúen con coherencia y carácter, incluso cuando no haya nadie observándolos.

El acto concluyó con un mensaje de firmeza, disciplina y honor. El presidente calificó este momento como “intenso y complejo”, donde se requieren instituciones fuertes, maduras y unidas para enfrentar los desafíos actuales.

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Akly Flores destacó que Rodríguez es “una persona muy proba, de mucho conocimiento de la industria”. Aseguró que Rodríguez llevará a cabo todas las diligencias, acciones y medidas necesarias para el correcto funcionamiento del Distrito. Esto incluye evitar cualquier hecho de corrupción y apoyar, desde su nuevo rol, todas las acciones requeridas para esclarecer los hechos denunciados.

Medidas preventivas adoptadas

Como parte de un proceso de saneamiento institucional, se ha decidido realizar un cambio inmediato del personal en las reparticiones involucradas. Esta medida busca garantizar la objetividad de la investigación y la continuidad operativa. “Hemos empezado con la destitución de las cabezas. Por supuesto que serán puestos a disposición de la justicia”, afirmó Akly Flores.

Operativos de registro y allanamientos

En el marco de las acciones de transparencia institucional, este lunes se llevaron a cabo operativos de registro en el lugar de los hechos, así como allanamientos en diferentes instalaciones a nivel nacional. La diligencia fue realizada por el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, abarcando distritos comerciales, distritos de redes de gas, oficinas administrativas y plantas operativas.

Estos operativos se realizaron atendiendo denuncias sobre presuntos cobros irregulares, desvío de combustibles y otros posibles actos de corrupción.

YPFB se presenta como víctima

En su condición de víctima, YPFB se presentará en todos los procesos penales que se inicien. Además, la estatal petrolera presentará las querellas correspondientes y colaborará con las acciones de investigación. YPFB garantiza que se están tomando todas las medidas necesarias para asegurar el normal abastecimiento de combustible en todo el territorio nacional.

Compromiso con la transparencia

La estatal reafirma su compromiso con la seguridad energética del país y con la construcción de una institución que sea transparente y esté al servicio de la población boliviana.

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En este contexto, el mandatario expresó su preocupación por la falta de transparencia en el convenio de cooperación militar firmado con la República de Irán. Paz aseguró que no hay información disponible sobre este acuerdo.

Durante su visita a Warnes, en las instalaciones que antes funcionaron como la Escuela Antiimperialista y que ahora se han transformado en una Unidad de Emergencia Ecológica, el Presidente hizo pública su inquietud respecto al acuerdo bilateral.

“Acabo de preguntar al comandante del Alto Mando si sabían algo del acuerdo que vinculaba a Bolivia con Irán, y era de cooperación, hay cero información, ya basta de engaños”, enfatizó el Presidente.

Relaciones históricas con Irán

Bolivia e Irán han mantenido relaciones cercanas durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS). En julio de 2023, ambos países firmaron un memorándum de entendimiento en Teherán que, según informes, tenía como objetivo ampliar la cooperación en defensa y seguridad.

A pesar de que el entonces ministro de Defensa, Edmundo Novillo, negó que existiera cooperación bélica y limitó el acuerdo a la lucha contra el contrabando y el narcotráfico, Paz ahora resalta la falta de claridad sobre el contenido del mismo.

Nuevo rol para las FFAA

Paz delineó un nuevo papel para la institución castrense, enfocándose en áreas de servicio esenciales para el país. Este renovado enfoque incluirá la protección de la Amazonia, las áreas protegidas y los reservorios naturales.

El Presidente mencionó que esta nueva función podría generar sustentabilidad económica para la institución a través de los bonos de carbono.

Críticas al pasado ideológico

Paz criticó que en el pasado las FFAA eran vistas como una institución de orden ideológico y no como un servicio a la patria. Esta percepción impidió que se cumplieran adecuadamente las funciones establecidas en la Constitución.

Con esta nueva etapa, el Presidente busca asegurar que las FFAA generen beneficios para el país y cumplan con lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE).

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Rodríguez Mogro toma las riendas de la entidad responsable del registro y control de la comercialización de minerales y metales con un “compromiso enorme”. Con formación como ingeniero de sistemas y abogado, el nuevo director cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión pública, habiendo ocupado diversos cargos en distintos niveles del Estado. Durante su intervención, expresó su agradecimiento por la confianza que le han brindado el Presidente Rodrigo Paz y el ministro Calderón de la Barca para liderar esta entidad.

El nuevo director de Senarecom ha reconocido que la institución ha pasado por “momentos muy complicados” y que su imagen se ha visto “manchada por actos de corrupción”. Ante este reto, ha delineado tres ejes fundamentales que guiarán su gestión con el objetivo de recuperar la credibilidad y eficiencia institucional.

Recuperación de la imagen institucional

El primer eje se centrará en la recuperación de la imagen institucional. Esto implicará impulsar acciones orientadas a limpiar la reputación del Senarecom mediante la transparencia y apertura en la gestión pública.

Lucha contra la corrupción

El segundo eje se enfocará en la lucha frontal contra la corrupción. Rodríguez Mogro se comprometió a alinear el trabajo del Senarecom a los cinco ejes establecidos por el Presidente, poniendo especial énfasis en el combate a la corrupción y la promoción de la integridad en el ejercicio público. Esta promesa tiene como objetivo restaurar la confianza del sector productivo y de la ciudadanía en una entidad clave para la fiscalización de los recursos naturales del país.

Facilitación de la inversión

Finalmente, el tercer eje se centrará en la facilitación de la inversión y la eliminación de trabas. El director ejecutivo aseguró que su gestión contribuirá a “poner fin al Estado tranca”, generando condiciones favorables y seguridad jurídica para las industrias que buscan invertir en el sector minero. Rodríguez Mogro concluyó que, bajo estos lineamientos, el Senarecom aportará al fortalecimiento del sector minero y al crecimiento económico de Bolivia.

Reestructuración institucional

La reestructuración se lleva a cabo en cumplimiento de una Resolución Suprema que busca consolidar una nueva línea de gestión. La lucha contra actos corruptos es fundamental para restaurar no solo la imagen institucional, sino también para garantizar que los recursos naturales beneficien a todos los bolivianos.

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En la ceremonia, el ministro Romero instaló a Fernando Moisés Jiménez Ceballos como viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo. También se nombró a José Luis Llanos Rocha como viceministro de Planificación Estratégica del Estado y a Jorge Ernesto Ávila Antelo como viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático, Digestión y Desarrollo Forestal. Aún falta por nombrar al titular de Ciencia y Tecnología.

Expectativas del ministro

Durante su discurso, Romero subrayó que el país exige de estos nuevos viceministros “respuestas concretas, soluciones reales y decisiones oportunas”. Además, enfatizó que las expectativas son más altas que la simple continuidad administrativa.

El ministro afirmó: “No basta con administrar, debemos transformar el país. No basta con continuar, debemos mejorar”. Estas palabras reflejan su deseo de que el nuevo equipo no solo mantenga lo existente, sino que busque mejoras significativas.

Trabajo en equipo

Romero instó a su equipo a trabajar con integridad y liderazgo, y a poner un énfasis especial en el diálogo y la innovación. Recalcó que su desempeño será medido por lo que logren como equipo.

Finalmente, el ministro concluyó: “Cada viceministerio es una pieza fundamental en la construcción de las políticas que pondremos en marcha”. Reafirmó así su compromiso con la eficiencia y la eficacia que la ciudadanía demanda.

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Esta información fue confirmada el miércoles 12 de noviembre de 2025 por la primera vicepresidente de la Cámara Baja, Daniela Cabrera. La legisladora adelantó que, si se comprueba la denuncia, se tomarán las acciones necesarias ante las instancias competentes.

Solicitud de informe

“Se pedirá un informe sobre este tema, porque si se confirma que algunos equipos no fueron devueltos, corresponde iniciar los procesos respectivos ante la Contraloría General del Estado”, explicó Cabrera.

La legisladora también indicó que esta solicitud es parte de las medidas administrativas que acompañan el inicio de la nueva legislatura. El objetivo es garantizar la transparencia y el control en el uso de los bienes públicos.

Revelaciones sobre exlegisladores

Recientemente, se dio a conocer que exlegisladores de Bolivia acordaron, en una sesión reservada, no devolver los celulares y tablets que les fueron asignados como herramientas de trabajo. Ellos consideran que estos dispositivos son de su propiedad.

La controversia se intensificó semanas atrás, cuando la exdiputada de Comunidad Ciudadana (CC) por Tarija, María Elena Ortega, solicitó en sesión que se entregaran nuevos equipos a los legisladores salientes antes de que concluyeran su mandato. Ortega argumentó que no deberían irse “con las manos vacías”.

Declaraciones de María Elena Ortega

El martes 11 de noviembre, Ortega aseguró a medios locales que los parlamentarios salientes decidieron quedarse con los equipos ya entregados. Estos dispositivos son considerados activos fijos de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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Alarcón informó que este lunes 10 de noviembre presentó dos notas oficiales dirigidas a la contralora interina, Nora Herminia Mamani, y al director de Migración, Luis Fernando Torrez Ledezma. En estas notas, solicita que cumplan con la Ley 1352, que establece restricciones de salida del país por 3 meses para el presidente, vicepresidente, ministros, parlamentarios y máximas autoridades ejecutivas de empresas e instituciones públicas una vez que concluyan su mandato.

“Hasta el sábado 8 de noviembre debieron remitirse las listas con nombre, apellido y cargo de todas las autoridades salientes, incluyendo al presidente Luis Arce Catacora. Esa información debía ser enviada por la Contraloría a Migración, para activar de inmediato las alertas preventivas que impidan su salida del país”, señaló el legislador.

Consecuencias del incumplimiento

El diputado subrayó que el incumplimiento de esta obligación podría derivar en responsabilidades administrativas y penales para las autoridades interinas de ambas instituciones. Recordó que la Ley 1352 sigue vigente y fue aplicada en el periodo posterior al gobierno de Jeanine Áñez, por lo que debe regir también en el actual cambio de gestión.

“Si la Contraloría y Migración no han cumplido con esta disposición, serán responsables de cualquier salida irregular del país. La norma establece que es delito ausentarse durante los 3 meses posteriores al cese de funciones”, advirtió Alarcón.

Transparencia y rendición de cuentas

El parlamentario también insistió en que la publicación de la lista debe realizarse en las páginas oficiales de ambas instituciones, como una medida de transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía. Añadió que él mismo, como exasambleísta, está sujeto al arraigo dispuesto por ley.

Nuevo proceso en la Asamblea Legislativa

Alarcón adelantó que la Asamblea Legislativa iniciará un nuevo proceso para designar al titular de la Contraloría General del Estado, luego de que el procedimiento anterior fue observado por presunta manipulación política.

Señaló que el objetivo es garantizar la elección de una autoridad con méritos y trayectoria que asegure la lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión pública.

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A través de su cuenta de X, Lara reiteró su intención de “luchar contra la corrupción” y “romper con ese sistema corrupto”. Defendió su papel y las atribuciones que le confiere la Constitución, destacando que tiene responsabilidades claras, a pesar del escepticismo de “algunos” sectores.

Tolerancia cero a irregularidades

Lara subrayó que su gestión se caracterizará por una tolerancia cero hacia las irregularidades. El excapitán de la Policía elevó el tono de su advertencia a los funcionarios públicos, prometiendo una respuesta drástica ante el desvío de recursos.

“Aquel que le meta la mano al dinero del pueblo, le pico las manos. No voy a permitir corrupción de ningún lado, de ningún tipo”, sentenció Lara, enfatizando que el dinero del pueblo es “sagrado”.

Convocatoria a la ciudadanía

El vicepresidente electo hizo un llamado a la ciudadanía para que no lo deje solo en esta lucha, apelando a la responsabilidad de “denunciar y combatir la corrupción” que recae sobre cada boliviano. Además, se comprometió a ser transparente y a mantener informada a la población.

“Les voy a tener al tanto de todo y les voy a informar públicamente cuando alguien quiera hacer las cosas mal, porque primero está la patria”, insistió.

Denuncia de uso indebido del poder

Lara también aprovechó la oportunidad para aplaudir la denuncia realizada por el presidente electo Rodrigo Paz. Esta denuncia fue contra una persona que utilizó su nombre para obtener beneficios económicos durante la campaña, subrayando su postura en contra del uso indebido del poder.

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Rojas destacó que la misión de observación de la Unión Europea confirmó que los comicios fueron seguros, confiables y transparentes. Además, validó el funcionamiento ininterrumpido del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre).

“La misión de la Unión Europea ha certificado que el proceso electoral ha sido transparente y que el sistema Sirepre no tuvo ningún corte ni suspensión. Es importante que la ciudadanía lo sepa, porque no solo lo dice el Tribunal Supremo Electoral, sino también las misiones internacionales”, afirmó el legislador.

Protestas en varias ciudades

Las declaraciones de Rojas se dieron después de que en varias ciudades del país se registraran manifestaciones que denunciaron irregularidades en el conteo de votos. Las protestas se concentraron en Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Sucre y La Paz, donde grupos ciudadanos exigieron una auditoría independiente.

El diputado electo lamentó que se busque “sembrar dudas” sobre un proceso que fue avalado por más de 10 misiones internacionales. “No existe ninguna denuncia formal acompañada de pruebas. Nadie ha presentado documentación que demuestre irregularidades. Por eso pedimos a la ciudadanía informarse y verificar las actas por sí mismos”, añadió.

Invitación a revisar actas

Rojas invitó a la población a revisar las más de 34,000 actas publicadas en línea por el Tribunal Supremo Electoral. Esto permitirá constatar que los resultados del cómputo departamental coinciden con los del sistema de conteo rápido. “Los cómputos en Oruro, Tarija, Chuquisaca y Pando son idénticos. No hay variaciones. Eso también fue destacado por la misión de la Unión Europea”, sostuvo.

Progreso del cómputo nacional

El legislador informó que el cómputo nacional alcanza el 90% y se prevé su conclusión dentro de las 48 horas. Calificó el proceso como uno de los más ágiles de los últimos años. Aseguró que no se registraron problemas logísticos ni de transporte de material electoral.

Próximas elecciones subnacionales

Asimismo, Rojas adelantó que el Tribunal Supremo Electoral está preparando la organización de las elecciones subnacionales. Ya se envió el proyecto de ley respectivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su pronta consideración.

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Flores aclaró que, en este momento, no cuenta con pruebas concretas, pero mencionó que ha escuchado comentarios en pasillos y en redes sociales que lo han llevado a hacer esta solicitud.

Beneficios de obras y transporte

“Lo digo y lo ratifico, que varios parlamentarios se han beneficiado con obras de Evo cumple, se han beneficiado con transporte; he escuchado en redes sociales que el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana tenía cisternas, entonces no lo hacen gratis”, afirmó el senador.

Falta de registros claros

El legislador cuestionó la ausencia de registros claros en las votaciones electrónicas del Legislativo. Esta falta de claridad dificulta la identificación de quiénes aprobaron ciertos proyectos de ley y genera dudas sobre posibles beneficios económicos para algunos parlamentarios.

Flores destacó que, ante la carencia de evidencia que aclare los movimientos y decisiones durante las sesiones, tiene el derecho de dudar sobre cómo algunos legisladores pudieron beneficiarse.

Dudas sobre votaciones

“Cuando me dicen que 28 diputados aprobaron la presidencia de diputados, 28 aprobaron, públicamente levantaron la mano, no había más, pero al otro día, a las 7:00 horas, habían casi 70. Yo le pregunto ¿Cómo lo hicieron? No me van a decir que no había un beneficio de recursos económicos”, expresó Flores para manifestar su incertidumbre.

Investigación exhaustiva necesaria

Finalmente, el legislador enfatizó que es fundamental investigar a fondo toda la temática relacionada con los recursos manejados por funcionarios, parlamentarios y sus familiares. Según él, estas acciones son clave para fortalecer la transparencia y la justicia en Bolivia.

LDVY

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Sandra Verduguez, representante de la Misión de Observación Electoral Jubileo, informó a la red Unitel que su organización desplegará un total de 789 observadores en mesas de votación, recintos electorales y en la sala nacional del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre). De este número, 528 observadores estarán ubicados en zonas urbanas y 261 en áreas rurales. Esto permitirá abarcar un total de 79 municipios, asegurando así un seguimiento efectivo en regiones densamente pobladas y en localidades más alejadas.

Seguimiento internacional del proceso

Gustavo Ávila, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), destacó que este balotaje se ha convertido en uno de los procesos con mayor seguimiento internacional en los últimos años. Entre las delegaciones que estarán presentes se encuentran la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y dos entidades nacionales. Esto refuerza la supervisión y el control sobre el proceso electoral.

Compromiso del TSE

Ávila también mencionó que el TSE mantiene “las puertas abiertas” para los observadores. Además, se entregan informes periódicos sobre la jornada, con el fin de garantizar que la votación se realice de manera ordenada. También se busca que los conteos y reportes de resultados sean claros y verificables en todo el país.

LDVY

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La historia política de América Latina está marcada por una constante tensión entre el poder y la justicia. Desde los años 70 hasta hoy, decenas de expresidentes han enfrentado procesos judiciales por delitos que van desde corrupción y fraude hasta violaciones de derechos humanos. Esta realidad no solo refleja una debilidad institucional crónica, sino también una cultura política que ha normalizado el abuso de poder.

Veinticinco expresidentes latinoamericanos han sido sometidos a procesos judiciales entre 1970 y 2025 categorizados como corrupción, lavado de dinero, conspiración, entre otros. La tabla que registra estos incidentes es un testimonio contundente del problema.

Hay nombres como Evo Morales (Bolivia), Álvaro Uribe (Colombia), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Rafael Correa (Ecuador) y Ricardo Martinelli (Panamá). Todos estuvieron involucrados en procesos judiciales que sacudieron sus países. Algunos fueron condenados, otros investigados, y unos pocos absueltos. Pero el patrón es claro: el poder presidencial en América Latina ha sido, con demasiada frecuencia, una plataforma para el enriquecimiento personal, la manipulación institucional y la impunidad.

La justicia llega tarde, pero llega

Uno de los aspectos más llamativos de esta lista es que muchos de los procesos judiciales se inician una vez que los mandatarios dejan el poder. Esto revela una justicia que parece débil durante el ejercicio presidencial pero que se activa cuando el poder político se desvanece. Es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por administración fraudulenta, y de Álvaro Uribe, quien enfrenta prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno. En otros casos, como el de Lula da Silva, la condena fue anulada por irregularidades procesales, lo que plantea dudas sobre la independencia judicial.

Este fenómeno tiene consecuencias profundas. Por un lado, muestra que la justicia puede funcionar, aunque con lentitud. Por otro, evidencia que los sistemas judiciales están expuestos a presiones políticas, lo que mina la confianza ciudadana en las instituciones. La percepción de que los poderosos solo enfrentan consecuencias cuando ya no tienen poder es corrosiva para la democracia.

¿Más de lo mismo?

En 2025, América Latina sigue enfrentando escándalos de corrupción y crisis institucionales. Por ejemplo, en Guatemala, el Ministerio Público es acusado de perseguir a jueces y fiscales independientes. En Perú, la inestabilidad política ha llevado a la sucesión de varios presidentes en pocos años, muchos de ellos investigados por corrupción. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado por el uso político de la fiscalía general. Y en Ecuador, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 dejó al descubierto los vínculos entre política y crimen organizado.

Estos hechos actuales confirman que la relación entre política y justicia sigue siendo conflictiva. La impunidad, la manipulación judicial y la falta de transparencia continúan siendo obstáculos para el fortalecimiento democrático. La ciudadanía, cada vez más informada y exigente, reclama cambios profundos que permitan construir instituciones sólidas y confiables.

¿Cómo enfrentar el problema?

La producción de recetas para luchar contra la fragilidad institucional latinoamericana no es cosa nueva. En la región, han proliferado procesos de reforma estatal y se han firmado cientos de convenios con agencias internacionales y otros gobiernos para mejorar las capacidades de los estados. Sin embargo, es evidente que las tareas pendientes son muchas.

Es necesario fortalecer la independencia judicial y garantizar que los jueces y fiscales puedan actuar sin presiones políticas. Esto implica reformas en la selección de magistrados, mecanismos de control ciudadano y protección para los administradores de justicia. La independencia judicial no es solo un principio democrático, sino una condición necesaria para combatir la corrupción.

La opacidad es aliada de la impunidad. Por eso los gobiernos deben implementar políticas de transparencia activa, facilitar el acceso a la información pública y promover el periodismo de investigación. La ciudadanía debe tener herramientas para fiscalizar a sus representantes y exigir rendición de cuentas.

La lucha contra la corrupción no se gana solo en los tribunales, sino también con educación cívica. Es necesario fomentar una cultura democrática que valore la ética pública, el respeto a la ley y la participación ciudadana. La educación cívica debe ser parte central de las políticas públicas y no un accesorio nostálgico.

Estas recomendaciones, que reúnen las bases indispensables de la democracia occidental liberal, no están escritas en piedra. Requieren una actualización constante. A medida que el mundo avanza, crecen también las tareas para resolver. Así, las leyes que sirvieron en el pasado para garantizar la independencia de poderes y evitar la corrupción, hoy pueden estar obsoletas.

Oportunidad para cambiar

La relación entre política y justicia en América Latina ha sido históricamente difícil, pero no está condenada al fracaso. Los procesos judiciales contra expresidentes, aunque tardíos, son señales de que la impunidad puede ser enfrentada. Sin embargo, para que estos casos no sean excepcionales, se requiere un compromiso firme con la institucionalidad, la transparencia y la participación ciudadana.

América Latina tiene la oportunidad de transformar su cultura política. Sorprendentemente, a pesar de la creciente presencia del crimen organizado y de la violencia, sigue siendo una región de paz y mayoritariamente democrática. Ese valor es un diferencial ante otras regiones que, por paradójico que parezca, tienen mayor influencia en la agenda internacional.

La ciudadanía está más alerta, los medios más activos, y las redes sociales han democratizado la información. Si se logra fortalecer la justicia, educar en valores democráticos y exigir transparencia, la consecuencia esperable es la de sociedades en las que el poder no sea sinónimo de impunidad, sino de responsabilidad.

/ Texto publicado originalmente en Diálogo Político

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Gustavo Ávila, vocal del TSE, explicó que el análisis permitirá identificar posibles fallas u observaciones. Si se encuentran irregularidades, estas se harán públicas de inmediato.

“Si el informe revela que ha sido una encuesta bien llevada y con los respaldos técnicos, de la misma manera se va a publicar”, señaló Ávila en una entrevista con radio Panamericana. Además, indicó que este procedimiento refuerza la credibilidad de los estudios de opinión que se difunden durante el proceso electoral.

Proceso acelerado

El vocal agregó que, aunque el análisis normalmente toma alrededor de 1 semana, se ha decidido acelerar los tiempos para que los resultados se conozcan lo antes posible. También aclaró que la intención no es ocultar observaciones, sino brindar información clara y oportuna sobre las encuestas que se difunden en el marco electoral.

Datos de la encuesta

La encuesta se centra en la segunda vuelta presidencial prevista para el 19 de octubre de 2025, entre Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga. Según los datos preliminares, Quiroga lidera con un 47% de intención de voto, mientras que Paz alcanza el 39.3%, lo que refleja una ventaja significativa entre ambos candidatos.

El estudio también muestra que los votos blancos representan el 3.5%, mientras que los nulos alcanzan el 4.7% y los indecisos el 5.5%. Estas cifras son menores a las registradas en la primera vuelta electoral, lo que evidencia que la intención de voto se ha definido con mayor claridad entre los ciudadanos.

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Los vocales del TSE acudieron como testigos con el objetivo de aclarar denuncias que señalaban un supuesto acceso indebido de Agetic a los sistemas del ente electoral. Esto busca despejar dudas sobre la transparencia del proceso electoral.

Durante su declaración, el vocal Gustavo Ávila negó categóricamente las acusaciones y afirmó que no existen evidencias técnicas ni documentales que respalden las versiones sobre el supuesto ingreso. Además, remarcó que estas denuncias carecen de sustento y no cuentan con pruebas que las respalden.

“Esta denuncia es absolutamente falsa, no tiene ningún sustento, no tiene ninguna prueba”, señaló el vocal.

Ejercicio de transparencia

Ávila explicó que la comparecencia forma parte de un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Por ello, aclaró que la presencia de los vocales en Sucre buscó brindar claridad sobre los hechos y reforzar la confianza en las instituciones, cumpliendo así con su responsabilidad institucional.

El TSE recordó que sus sistemas informáticos cuentan con estrictos protocolos de seguridad. Cualquier intento de desinformación será respondido con información verificada y accesible al público.

Compromiso con la legalidad

Además, enfatizó que la institución mantiene un control permanente para garantizar la integridad de los procesos electorales y la protección de los datos.

Con la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de octubre, a pocas semanas, la institución reafirmó su compromiso de asegurar un proceso confiable, transparente y completamente ajustado a la ley.

Asimismo, destacó que la prioridad es mantener la legalidad y la transparencia institucional, ofreciendo certeza a la ciudadanía sobre el desarrollo del balotaje.

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Reacción de YPFB

“Con relación a si los hijos del Presidente tienen alguna participación en Botrading, es absolutamente ridículo (…). Existen auditorías, estados financieros que así lo demuestran”, explicó Eduardo Saucedo, representante de YPFB. Además, detalló que en el libro de accionistas de la sociedad anónima los hijos del mandatario no aparecen en ninguna operación ni en la administración de Botrading.

Presentación ante periodistas

Estas declaraciones se dieron durante una presentación de técnicos especializados de YPFB Corporación ante periodistas en La Paz. En ese encuentro se abordó la transparencia de los procesos de contratación y funcionamiento de la subsidiaria. La estatal buscó despejar dudas sobre la gestión de Botrading y reforzar su compromiso con la legalidad.

Investigación legislativa

La investigación sobre presuntas irregularidades en el suministro de combustibles por parte de Botrading fue realizada por una comisión legislativa y, el 12 de septiembre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó su informe final.

El documento aprobado recomienda remitir los antecedentes a la Contraloría General del Estado, que podría derivarlos al Ministerio Público si se identifican indicios de responsabilidad. También se sugiere realizar auditorías especiales a YPFB Internacional S.A. y Botrading S.A. en los ámbitos financiero, técnico, contable y jurídico, con el objetivo de garantizar un control más exhaustivo de las operaciones.

Compromiso con la transparencia

Una funcionaria de la estatal destacó que la aprobación del informe refleja una gestión transparente y eficaz. Además, señaló que las especulaciones sobre hechos irregulares o actos de corrupción quedan aclaradas y que el informe confirma la licitud de las operaciones de YPFB y su subsidiaria.

Finalmente, YPFB reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad en todas sus actividades. La estatal aseguró que está dispuesta a colaborar con las autoridades competentes y a poner a disposición toda la documentación necesaria.

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Estas declaraciones se produjeron en un contexto donde se anunciaron medidas sobre el abastecimiento de combustible, que se asegura estará garantizado hasta el 8 de noviembre.

Cuestionamientos sobre las reservas

López expresó que, a pesar de que el Gobierno sostiene que las reservas están aseguradas, persisten dudas sobre la existencia real de las 22 toneladas de oro y los millones de dólares que se mantienen en la entidad estatal.

“¿Dónde están los millones y millones de reservas? Yo creo que acá el Gobierno y algunos ministros y algunos viceministros tienen que rendir cuentas al país”, cuestionó López.

Desconfianza en las autoridades

El parlamentario indicó que la población ha perdido confianza en las autoridades. Según él, los intentos de fiscalización y las inspecciones al BCB son bloqueados por la administración actual.

Además, explicó que en múltiples ocasiones los diputados y senadores han solicitado verificar la existencia del oro y los fondos declarados. Sin embargo, estas acciones fueron interrumpidas por el Ejecutivo y algunos funcionarios, lo que genera preocupación sobre la transparencia de la gestión financiera.

La importancia de la transparencia

López enfatizó que la transparencia es prioritaria y que no hay favoritismo hacia ningún partido político ni candidato en los procesos legislativos o electorales.

Añadió que, si se logra cumplir con los tiempos necesarios, la Asamblea Legislativa podrá avanzar con las revisiones pendientes, en coordinación con el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra.

Rendir cuentas al país

“Simplemente acá nosotros vamos a cumplir nuestras funciones y atribuciones”, subrayó López.

Finalmente, el diputado instó a que las autoridades del Banco Central rindan cuentas al país y a la Asamblea Legislativa. En ese contexto, destacó que la supervisión y el control son esenciales para mantener la credibilidad en la administración pública y así garantizar la estabilidad de las reservas internacionales.

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“Seguramente vendrá Murillo a vacacionar aquí a Bolivia y gastar lo que ha robado, porque a ese nivel ha llegado el órgano judicial”, afirmó el legislador al referirse a la inminente deportación del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, desde Estados Unidos.

Ajpi cuestionó que, a pesar de las múltiples acusaciones en contra de Murillo —como el caso de los gases lacrimógenos y presuntos hechos de corrupción—, el Ministerio Público y el Órgano Judicial no actúen con firmeza ni celeridad. En su criterio, estos casos están siendo minimizados o directamente dejados sin efecto, como parte de acuerdos políticos sellados en campañas electorales.

Actitud permisiva del sistema

“Hay una actitud permisiva del sistema judicial con quienes fueron parte de hechos muy graves. No se trata solo de Murillo; hay varios exfuncionarios que están siendo liberados o beneficiados con medidas favorables”, declaró.

El legislador también hizo alusión a recientes cambios en instituciones públicas y denuncias por corrupción que, según dijo, deberían ser investigadas con el mismo rigor. Mencionó específicamente a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), la Nacional de Hidrocarburos (NAH) y la Gestora Pública, donde se habrían detectado irregularidades.

Investigaciones necesarias

“Corresponde al Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia y junto al Ministerio Público, llevar adelante las investigaciones. El pueblo boliviano necesita que se limpien estas instituciones”, aseveró.

Finalmente, expresó su deseo de que el presidente Luis Arce “pueda cerrar su gestión con pasos claros hacia la transparencia”, reiterando que la lucha contra la impunidad debe ser un compromiso de Estado.

Proyecto de ley en el Senado

En otro punto, Ajpi confirmó que el Senado ya remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para iniciar el proceso de elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Señaló que, aunque los tiempos son ajustados, existe la intención de avanzar lo más posible antes del fin de la legislatura.

Si no se logra concretar la elección, dejarán el proceso encaminado para el nuevo ciclo parlamentario.

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El evento tuvo lugar la noche del lunes y contó con la presencia de otros candidatos, como Rodrigo Paz y Pavel Aracena. Quiroga Ramírez aprovechó la ocasión para presentar su propuesta, que busca convertir a Potosí y a Bolivia en la capital mundial de las baterías de litio.

Propuestas para el litio

En este contexto, las organizaciones sociales de Potosí han demandado una mayor participación en la cadena de explotación de este valioso recurso natural. “Vengan a Bolivia, vamos a traer inversión de acuerdo a Ley y norma, nada a escondidas, sin amiguerismos, ni en cuartitos oscuros, no por favores, sino en cumplimiento de la Ley”, afirmó Quiroga Ramírez.

El expresidente enfatizó que todo debe hacerse de manera transparente y en conjunto con la población de Potosí. “Nada a espaldas de Potosí, todo con ustedes y todo de frente, para que a Bolivia llegue la inversión y después en zonas francas hagamos de Bolivia la capital mundial de las baterías de litio y que estas baterías digan hechas en Bolivia, con litio potosino y mano de obra boliviana”, agregó.

Libertad para Marcos Pumari

Además, Quiroga Ramírez exigió la libertad del exdirigente cívico de Comcipo, Marcos Pumari, quien lleva más de 3 años y 7 meses detenido en la cárcel de esa ciudad. “Pumari defendía el litio, libertad para Pumari”, expresó durante el foro.

Al final del encuentro, se firmó un documento que incluye cinco compromisos, entre los cuales se destaca el rechazo a los contratos que promueve la administración de Luis Arce.

Asistencia de candidatos

Es importante mencionar que solo 3 de los 9 candidatos a la Presidencia asistieron al foro organizado en Potosí para presentar sus propuestas sobre la explotación del litio en Bolivia. Jorge Tuto Quiroga de la alianza Libre, Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Pavel Aracena de Libertad y Progreso – ADN fueron los únicos que dieron a conocer sus ideas al pueblo de Potosí.

/KMMN

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El legislador afirmó que durante la actual gestión no se ha promovido ninguna ley desde la Vicepresidencia. Además, señaló que los recursos de esta entidad se destinan principalmente a viajes y placeres personales. Por esta razón, sugirió que el próximo gobierno debería llevar a cabo una auditoría para esclarecer el uso de los fondos públicos.

Cuestionamientos a Andrónico Rodríguez

En relación con la situación del asesor de Andrónico Rodríguez, Reyes hizo referencia a cifras millonarias y cuestionó la falta de transparencia en el origen de los fondos y los aportes internacionales. “Como siempre lo ha hecho la izquierda, nunca transparentan”, afirmó.

Coincidencias políticas

En el ámbito político, Reyes destacó que hay coincidencias con las propuestas del economista Jaime Dunn. Esto es especialmente relevante en lo que respecta a una reforma judicial, así como a una nueva ley de hidrocarburos, inversiones y del litio. Indicó que estas ideas ya están siendo integradas al programa de gobierno que se encuentra en construcción. “Hay más coincidencias que divergencias en ese plan”, dijo.

Denuncia de Manfred Reyes Villa

Reyes también fue consultado sobre la denuncia que anunció Manfred Reyes Villa contra el empresario Marcelo Claure. El diputado rechazó esta acción, asegurando que forma parte de una campaña de guerra sucia contra Samuel Doria Medina. “Sabemos que es parte de la guerra sucia porque estamos a la cabeza de la oposición y de la preferencia de la gente”, afirmó.

Compromiso con el litio

Finalmente, valoró la postura de Claure, quien, según Reyes, fue claro al declarar que no tiene intereses en el litio. Además, su respaldo estará con quien tenga la posibilidad de vencer al oficialismo. Reyes también remarcó el compromiso de impulsar una ley que permita que el manejo del litio se realice mediante cogestión entre Oruro y Potosí, con contratos públicos y control ciudadano.

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Una de las reformas urgentes que deberá encarar la próxima gestión de gobierno es la transformación del actual sistema de fiscalización y control social. Este conjunto de instituciones responsables de regular y supervisar actividades donde intervienen agentes privados como la banca, telecomunicaciones, transporte, seguros, juegos, saneamiento básico, electricidad, cooperativas, pensiones y empresas, requiere redefinir su rol, estructura y orientación para adecuarse a los desafíos de una economía en transición.

Originalmente concebidas como Superintendencias, estas entidades eran parte esencial de las reformas del Estado posteriores a la capitalización y la privatización. Su objetivo era equilibrar los derechos y obligaciones entre operadores, usuarios y el Estado, asegurando la eficiencia, promoviendo la inversión privada y la sana competencia, y evitando los monopolios. Para ello, se crearon contratos regulatorios para cada sector y leyes específicas, bajo un modelo de autonomía técnica y administrativa, pero sobre todo de independencia política, ya que sus máximas autoridades debían ser designada a partir de una terna propuesta por el Legislativo.

Durante su breve existencia, estas entidades lograron avances importantes en cobertura de servicios básicos, implementación de estándares de calidad y eficiencia, reducción de algunas tarifas, y transparencia, aunque también enfrentaron dificultades estructurales como una cobertura desigual en zonas rurales, nombramientos prolongados de autoridades interinas, conflictos jurisdiccionales y falta de continuidad en sus políticas institucionales.

Desde 2006, con el cambio de gobierno y la imposición de un modelo ultra estatista, el sistema de regulación cambió su esencia y su denominación e incluyó objetivos como el acceso universal, la introducción de subsidios cruzados y un sistema de planificación pública centralizada que les permitía generar normas, imponer arbitrariamente tarifas y supeditar la libre competencia, la sostenibilidad de los servicios y la eficiencia financiera a los objetivos e intereses políticos.

La mayor distorsión del sistema fue la decisión de colocar a las máximas autoridades institucionales bajo tuición directa de los Ministros, lo que eliminó el requisito de imparcialidad, ya que estas autoridades actúan como juez y parte, generando incoherencias, alta corrupción, politización del personal y pérdida de calidad de gestión.

El modelo de las Autoridades de Fiscalización ha contribuido de manera importante a la crisis de sostenibilidad de los servicios y a la precarización extrema del sector privado. Bajo esta estructura, las empresas estatales fueron progresivamente privilegiadas frente a los operadores privados, que enfrentaron sobrerregulación, discrecionalidad y condiciones inequitativas. En consecuencia, se redujeron los incentivos para invertir, se frenó la innovación, se encarecieron los servicios y se acentuó la informalidad en varios sectores clave.

Asimismo, el abuso, ineficiencia y poca transparencia de las Autoridades de Fiscalización impactaron negativamente en la transparencia e imparcialidad que necesita la regulación para lograr un equilibrio justo entre los intereses del Estado, los usuarios y los operadores. Es evidente pues, que la transición hacia las Autoridades de Fiscalización supuso un retroceso en independencia y eficacia técnica y que, ante los problemas de inseguridad jurídica, déficit en servicios y escasa inversión.

Bolivia necesita repensar sus esquemas regulatorios y diseñar un sistema que incluya independencia política y económica, proporcionalidad normativa, calidad de gestión, rendición de cuentas, condiciones justas y transparentes y una visión estratégica del desarrollo. Solo con estas condiciones será posible reconstruir marcos regulatorios predecibles, promover el diálogo con los actores económicos, estimular mercados eficientes, atraer inversión y garantizar estándares de calidad técnica, ambiental y social razonables.

Partiendo del principio de que la regulación no es enemiga del mercado, sino una condición para su eficiencia e inclusividad, el desafío no es eliminarla, sino recuperarla. Se necesita generar un nuevo equilibrio entre expansión productiva y reducción de la pobreza, entre eficiencia empresarial y acceso universal, entre regulación técnica y legitimidad social.

Para ello es preciso el restablecimiento de la autonomía e independencia institucional, designación de autoridades por meritocracia, ajustes normativos, promoción de la transparencia y participación de todos los actores económicos.

La regulación es una herramienta técnica, no una trinchera ideológica. Su reforma será una de las claves para reconstruir el aparato productivo, restablecer la confianza y garantizar servicios sostenibles y de calidad para toda la población.

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Hace un año (marzo de 2024) en Latinoamérica 21 nos preguntábamos si la miopía del Gobierno Abierto en México sería curable. A un año de distancia y varias reformas políticas de por medio, hoy tenemos el desenlace de la intervención quirúrgica realizada por el denominado “Segundo piso de la Cuarta Transformación”. En términos de nuestra metáfora: la extirpación de un quiste y el implante de un nuevo órgano. Es decir, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la creación de Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La nueva pregunta es: ¿la ciudadanía ganará visión?

Diagnóstico de la miopía

El Gobierno Abierto consiste en gobernar bajo tres principios: la rendición de cuentas, la transparencia y la incorporación efectiva de la participación ciudadana. El propósito del Gobierno Abierto es lograr un gobierno que involucre el máximo posible de actores sociales en el diseño, ejecución y vigilancia de las políticas públicas. Para ello, de manera inicial se requiere de los Datos Abiertos, es decir, el cúmulo de información que el gobierno posee (cuenta pública, gestión, registros, etc.) para ser reutilizados en nuevas políticas públicas y la asignación de compromisos e instancias ante las cuales rendir cuentas.

La apertura del gobierno y los datos en México surgió con la incorporación del país a la Alianza internacional para el Gobierno Abierto, nacida en la Asamblea General de la ONU en julio de 2011. El Gobierno de México asumió esa responsabilidad con cuatro Planes de Acción de Gobierno Abierto (desde el 2011 hasta la proyección del Plan 2021). Sin embargo, la alianza nació miope porque se estableció entre gobiernos y no entre los gobernantes y los ciudadanos gobernados. Si bien es cierto que los Planes de Acción de Gobierno Abierto involucraron a organizaciones de la sociedad civil, la visión democrática estuvo distorsionada.

En la Alianza mexicana para el Gobierno Abierto fueron pocas las organizaciones de la sociedad civil incorporadas en el Secretariado Técnico Tripartita de la Alianza. Las convocatorias para los planes no eran públicas ni abiertas; no podían participar ciudadanos no pertenecientes a alguna organización y las temáticas de la agenda estaban sesgadas por la anticipación definitoria del estado y la ventana de tiempo programada. En el correr de los años, las pocas organizaciones de la Sociedad Civil se autoexcluyeron porque algunos de sus miembros fueron ilegalmente espiados y vigilados por el gobierno federal en el período de 2016 a 2018. La inacción se consumó porque durante el año 2023 el INAI no pudo elaborar el Plan de Acción debido a los conflictos sobre el nombramiento de sus comisionados.

Extirpación de la miopía

En noviembre de 2024 el Senado de la República mexicana aprobó la llamada “reforma de simplificación orgánica” por la cual derogaba/extinguía a siete organismos autónomos, entre ellos el INAI. El INAI era, al menos en el papel, el órgano garante de la transparencia de los actos del gobierno y de poner a salvo los datos personales de cualquier ciudadano común. El universo de leyes, reglamentos, normas y prácticas que el INAI poseía y debería hacer cumplir era colosal. Ningún ciudadano común, aún con mediana instrucción e ilustración, podía transitar exitosamente en el enorme laberinto de términos y condiciones relativos a los datos públicos o privados.

Por otra parte, a reserva de discutir las evaluaciones del INAI y los indicadores de los Planes de Acción del Gobierno Abierto (quizá satisfactorios para algunos y demasiado endogámicos para otros), el INAI acentúo su imagen pública mucho más en la protección de los datos personales que en la transparencia del actuar y del gasto gubernamental. Pocos mexicanos sabían que el INAI costaba 4,000 millones de pesos anuales y muchos sentían que su aportación para un gobierno más transparente y eficaz era nula.

La reforma que extinguía al INAI argumentó que: el ahorro presupuestario con la desaparición de ese organismo era necesario y posible, la transformación del país (la cuarta transformación y su respectivo segundo piso) requieren de los recursos para necesidades más prioritarias y que la reasignación de sus funciones a otras dependencias era fácil y resultaría más eficiente. En la reasignación de las funciones del INAI nació la oportunidad de un trasplante y la implantación de un nuevo órgano.

Trasplante e implantación de un nuevo órgano

Sin duda, la principal cualidad y valor de los “Datos abiertos” no es la accesibilidad, como comúnmente suele pensarse, sino el valor de su reutilización. “Dato abierto” es aquel que puede generar gran valor social cuando tiene efectos en la articulación y concreción de nuevas políticas públicas. Por ejemplo, la información de flora, fauna, ecosistemas, conservación y contaminación que redundan en la participación entre ciudadanos y gobernantes para reconocer y declarar una zona de reserva ecológica, con limitaciones en la extracción de recursos naturales o con planes de mitigación y/o restauración ante impactos ecológicos.

Por ende, a la disposición de información cabe llamarla Dato Abierto y al uso social y democrático de esos datos denominarla Gobernanza. Es decir, la co-creación, co-producción y co-responsabilidad entre gobernados y gobernantes que define, ejecuta y evalúa las políticas públicas. En este punto, debe considerarse que la cantidad de información y datos que posee el gobierno es casi inconmensurable y, por lo tanto, resulta evidente la necesidad de auxiliarse por las tecnologías digitales.

Para poseer y reutilizar los datos es necesario que los múltiples registros del gobierno estén interconectados. Es decir, que haya interoperabilidad gubernamental como la capacidad de diferentes sistemas y organizaciones para intercambiar y utilizar información de manera segura, eficiente, oportuna, útil y sin sesgos. Resulta concluyente que la interoperabilidad gubernamental requiere la Gobernanza Digitalizada.

Los déficits al acceso y utilización de los datos demandan mecanismos técnico-jurídicos que faciliten la interoperabilidad. Aquí es donde emerge el trasplante de funciones del INAI y el implante del nuevo organismo: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno federal creada en enero de 2025. Si bien la Agencia es un paso importante en el Gobierno Digital, todavía no alcanza la calidad democrática de una Gobernanza Digitalizada. Pero, por fortuna, la nueva Agencia contempla una Dirección de Gobernanza Tecnológica para: “Coordinar y dirigir el análisis, estudio y, en su caso, dictamen de los anteproyectos y proyectos de iniciativas de leyes […] y de servicios al público”.  Es decir, un primer paso para la Gobernanza. Aunque, por lo pronto, todavía tiene al margen la inclusión y participación ciudadana directa.

He aquí la nueva interrogante: ¿ganará visión y visibilidad la ciudadanía con la nueva Agencia? Mantengamos viva esta esperanza.

Jorge Francisco Aguirre Sala es Doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana (México) y profesor investigador en la Universidad Autónoma de Nuevo León (México).

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Alarcón demandó un informe sobre la ejecución de un crédito anterior de 75 millones de dólares antes de considerar un nuevo financiamiento por 250 millones, que será tratado en el Senado.

Demandas de transparencia

La senadora manifestó: “Hoy en el Senado vamos a tener la presencia del ministro de planificación (Sergio Cusicanqui) para que pueda informar qué se ha hecho con los 75 millones para desastres naturales, porque ni siquiera lo han ejecutado y ya nos están exigiendo 250 millones”.

Además, señaló que solo 10 de los 339 municipios consultados confirmaron haber recibido parte de esos recursos, lo que incrementa las dudas sobre su destino.

Críticas al Gobierno

La senadora también criticó la actitud del Gobierno al asistir a la Cámara de Senadores solo cuando se trata de solicitar recursos.

Señaló que existen más de 300 peticiones de informe oral o escrito que no han sido respondidas por los ministros, lo que dificulta la fiscalización.

Tratamiento del nuevo crédito

Respecto al nuevo crédito, indicó que será tratado en la sesión de este miércoles, aunque solo se recibirá el informe correspondiente, sin que se tome aún una decisión definitiva.

La senadora enfatizó que el pleno del Senado necesita conocer el alcance del nuevo financiamiento y su mecanismo de transferencia hacia los gobiernos municipales o entidades territoriales autónomas, antes de considerar su aprobación.

Posible debate la próxima semana

Según explicó, una vez analizado el informe, si resulta satisfactorio para la mayoría de los senadores, se podría agendar el debate del crédito en la próxima semana.

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La Alianza Libre enfatiza que no existe ningún acuerdo con la autoridad municipal y reafirma su compromiso con la transparencia en la campaña del precandidato Jorge Tuto Quiroga.

Aclaración sobre acuerdos

Villamor explicó: “Se aclara que cualquier acuerdo o alianza promovida por nuestra organización se realiza de manera pública y transparente”. Esto refleja los principios que guían la precandidatura del Ing. Jorge Tuto Quiroga.

La Alianza Libre también instó a la ciudadanía a no dejarse engañar por información falsa o malintencionada. La campaña de Tuto Quiroga se basa en “los valores de transparencia y honestidad”, que son pilares fundamentales de su compromiso con el país.

Desmentido de rumores

La organización política enfatiza que las versiones que se han difundido en redes sociales carecen de veracidad. Además, reitera su postura ante cualquier rumor que pueda afectar su imagen.

En este contexto, se destaca la importancia de mantener un diálogo claro y directo con la población para evitar confusiones.

Importancia de la claridad

Luis Vásquez Villamor subrayó que la integridad y la claridad son esenciales en el proceso electoral actual. Es crucial que los ciudadanos estén bien informados sobre las propuestas y alianzas reales.

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Urquidi expresó su preocupación por la falta de transparencia en las negociaciones relacionadas con la explotación de litio en la región. La reprogramación de esta solicitud se llevará a cabo el 1 de abril.

Detalles de la solicitud

El diputado Enrique Urquidi, de Comunidad Ciudadana (CC), solicitó una Petición de Informe Oral (PIO) al Ministro de Hidrocarburos. La solicitud fue para que el ministro presente detalles sobre los contratos y negociaciones que el gobierno mantiene con una empresa australiana y otra francesa para la explotación de litio en el Salar de Coipasa. Este informe oral fue programado por la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria.

Inasistencia del ministro

Ante la inasistencia del ministro, el diputado Urquidi lamentó que en un tema tan importante para el departamento de Oruro, el ministro del área no brinde explicaciones al pueblo boliviano y orureño. Urquidi subrayó que es fundamental que se socialice y se brinde la información solicitada en el ejercicio de su labor de fiscalización.

Importancia de la transparencia

Urquidi destacó que es crucial que el gobierno transparente estos contratos sobre la explotación del litio. Esto permitirá determinar su relevancia e impacto en el país y en las regiones involucradas. “La reprogramación de esta Petición de Informe Oral al ministro Gallardo es para el 1 de abril. Esperamos que asista a cumplir con su deber de rendir cuentas en un proceso de fiscalización que está amparado por la Constitución Política del Estado”, argumentó el diputado.

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Recientemente, el fiscal de materia y otras entidades solicitaron que se retire al CMO de su condición de parte víctima en el caso. Sin embargo, el Concejo ha decidido interponer una apelación para mantener su participación en el proceso judicial. Se han programado nuevas audiencias para los días 24 de abril, 7 de mayo y 15 de mayo de 2025.

Detalles de la audiencia

Marcelo Ariel Fuentes Soto, quien es el director de Asuntos Jurídicos del CMO, explicó que la audiencia relacionada con el “Caso Mochilas” coincidió con otra audiencia del “Caso Concejales”. En esta última, se denunciaron a 10 ediles por haber ocupado cargos como alcaldes, concejales y presidentes salientes.

La representación jurídica del Concejo estuvo presente en esta audiencia, lo cual fue debidamente certificado por el Tribunal de Sentencia N° 2. Durante la audiencia del “Caso Mochilas”, se solicitó el retiro del CMO como parte víctima y adherente a la acusación formal.

En respuesta a esta solicitud, el Concejo interpuso una apelación que fue aceptada, asegurando así su permanencia en el proceso. Desde la Dirección de Asuntos Jurídicos del CMO, se reafirmó el compromiso con la transparencia y la justicia en este caso.

Antecedentes del caso

La investigación penal relacionada con el “Caso Mochilas” se inició tras la entrega de más de 91,000 mochilas chinas a estudiantes durante la gestión de 2016. Estas mochilas debían ser confeccionadas en Oruro, pero se sospecha que fueron compradas directamente en el país asiático. Además, se presume que hubo un sobreprecio en la adquisición de estos productos.

El Ministerio Público ha acusado a 21 personas, que incluyen tanto exfuncionarios como actuales miembros del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO). El exalcalde Edgar Bazán es el principal sindicado y enfrenta cargos por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y conducta antieconómica.

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Montenegro afirmó que ha cumplido con sus responsabilidades al remitir información sobre la contratación del muelle flotante en Puerto Busch a la Contraloría General del Estado. Rechazó las imputaciones en su contra, asegurando que no está involucrado en actos corruptos.

Funciones del ministerio

Montenegro explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas actúa como una entidad tutora que coordina con otras entidades sus reglamentos en relación a los sistemas de administración, normas generales y el control posterior. La Constitución establece que cada Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es responsable por el uso y la asignación de los recursos.

El diputado Héctor Arce reconoció haber cometido un error al dirigir sus preguntas al ministro, cuando debió hacerlo a la entidad correspondiente.

Información remitida a la Contraloría

El 10 de septiembre de 2024, se enviaron a la Contraloría General del Estado 11 carpetas con información sobre la contratación del muelle flotante en Puerto Busch. Montenegro destacó que es en esta instancia donde se llevará a cabo el control de lo adquirido e invertido.

Afirmó que pronunciarse sobre el tema podría considerarse usurpación de funciones y anularía los actos de control posterior.

Derecho a la defensa

Montenegro también mencionó su derecho a defenderse ante las acusaciones del diputado Arce, quien lo llamó corrupto. “No se puede mellar la dignidad de las personas”, expresó. Reiteró que no está involucrado en ningún acto de corrupción y subrayó que su presencia ante la cámara demuestra su compromiso con la transparencia.

Contexto de tensión política

El ministro recordó que hace 3 semanas, Arce solicitó una dispensa para no llevar adelante este tema. “Nos hemos presentado aquí porque no somos corruptos y siempre vamos a dar la cara”, afirmó.

En cuanto a posibles sanciones para quienes incurran en corrupción, indicó que esa decisión corresponde al Presidente Luis Arce y debe ser evaluada cuidadosamente para no afectar al pueblo boliviano.

La situación actual refleja un contexto tenso entre el gobierno y algunos sectores opositores, donde las acusaciones pueden tener repercusiones significativas en la percepción pública sobre la gestión gubernamental y su capacidad para manejar recursos públicos.

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“Llama profundamente la atención que, en un contexto donde la institucionalidad está debilitada y la ciudadanía enfrenta serias dificultades para acceder a información confiable, Impuestos Nacionales haya optado por restringir el único instrumento con el que la población puede evidenciar abusos e irregularidades”, afirmó.

El SIN emitió una circular el 14 de febrero de 2025 en la que instruye el control del ingreso de dispositivos electrónicos, teléfonos celulares y cámaras de video en sus oficinas. Es decir, toda persona particular o contribuyente deberá pasar por un punto de control para la revisión de sus objetos personales, como mochilas, bolsos, cajas, entre otros.

Justificación de la medida

La disposición, firmada por el presidente interino del SIN, Mario Cazón, establece que la restricción busca resguardar la información tributaria de los contribuyentes y garantizar la seguridad de los funcionarios.

En este contexto, Nogales cuestionó la medida y señaló que atenta contra los principios de transparencia y control ciudadano establecidos en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Cuestionamientos a la prohibición

La parlamentaria indicó que esta disposición se implementó después de que realizara una fiscalización en la institución, donde grabó la respuesta de los funcionarios ante denuncias de incumplimiento en el pago del reintegro del IVA (RE-IVA).

“Conforme a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, el Estado y sus instituciones tienen el deber de garantizar la transparencia en la gestión pública y fomentar mecanismos de control ciudadano para prevenir y denunciar actos irregulares. En este sentido, la prohibición del uso de celulares atenta directamente contra estos principios, obstaculizando el derecho de la población a documentar y denunciar posibles vulneraciones a sus derechos”, sostuvo.

Respuesta del SIN

Desde el SIN indicaron que la prohibición no es exclusiva de su institución y que otras entidades públicas y privadas aplican normas similares. Sin embargo, la legisladora insistió en que el acceso a la información es un derecho fundamental y pidió la eliminación de la restricción.

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Durante su intervención, el asambleísta cuestionó la gestión económica del Gobierno y exigió mayor transparencia en el uso de los recursos públicos. Flores afirmó que “si usted representara al pueblo, por lo menos tendría 90% de apoyo; no lo tiene”.

Decisión popular y representación

El senador subrayó que es el pueblo quien debe decidir quiénes serán sus representantes y pidió respeto hacia la decisión popular. Además, mencionó que “ya es suficiente lo que se ha manifestado en falsedades de parte del Gobierno en el tema económico”.

Flores destacó que el Senado ha aprobado cerca de 5,000 millones de dólares, pero cuestionó la ejecución de esos proyectos. Indicó que “no han gastado algunos proyectos hace 2 años, ni el 50%”. También planteó interrogantes sobre los 12,000 millones de dólares que ha solicitado el Presidente sin autorización previa del Legislativo.

Créditos y beneficios para el pueblo

El senador señaló que “el pueblo boliviano ya sabe” que el Gobierno busca culpables por los problemas económicos. Enfatizó que si los créditos son para beneficio del pueblo y tienen un propósito específico, no habrá inconvenientes para su aprobación. Sin embargo, advirtió sobre la falta de claridad en algunos proyectos.

Fiscalización de recursos

Flores hizo hincapié en la necesidad de fiscalización sobre los recursos prestados. Mencionó que “de todos los recursos que se han prestado con autorización legislativa y sin autorización, deben ser como 25,000 millones de dólares”. Lamentó que no se haya fiscalizado un boliviano debido a una resolución constitucional.

Exigencia de transparencia

Finalmente, el senador exigió el cumplimiento de la norma y la transparencia en la rendición de cuentas sobre los miles de millones de dólares utilizados por el Gobierno. Esta demanda refleja la preocupación por la gestión de los recursos públicos y la necesidad de que se rinda cuentas a la ciudadanía.

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Créditos aprobados y ejecución

Rodríguez destacó que se han aprobado aproximadamente 4.000 millones de dólares en créditos, pero la ejecución de estos recursos no supera los 1.000 millones. “Ministro, usted quiere más plata, más recursos; primero ejecute”, manifestó Rodríguez, enfatizando la necesidad de que el Gobierno cumpla con sus responsabilidades.

Además, subrayó que “el problema no está en la aprobación de los créditos en la Asamblea, sino en la ejecución, que es responsabilidad del Órgano Ejecutivo”. Como ejemplo de la falta de ejecución de recursos, mencionó que la carretera Uyuni-Hito 60 tiene crédito aprobado desde septiembre del año pasado, pero hasta ahora no ha habido avances significativos.

Proyectos sin avance

Rodríguez también mencionó el tramo Escoma-Pacobamba-Charazani, que fue aprobado en 2022, y que solo ha registrado movimiento de tierras y algo de construcción de puentes. Asimismo, hizo referencia al proyecto para la carretera de ocho carriles en Senkata de El Alto, que fue aprobado en marzo de 2024, pero que no muestra ningún avance hasta el momento.

El presidente del Senado cuestionó al Gobierno sobre la necesidad de solicitar más recursos si no están ejecutando los que ya tienen aprobados. En esta misma línea, rechazó las acusaciones de que el Senado está bloqueando créditos. Rodríguez aclaró que los proyectos de resiliencia climática y de preinversión no llegaron a la Cámara Alta, quedándose en Diputados.

Acusaciones y responsabilidades

“No es posible que mientan al pueblo semejantes autoridades de Estado. Presidente Lucho, tome en cuenta a sus ministros que le hacen cometer errores”, agregó Rodríguez, enfatizando la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.

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Rodríguez expresó: “Este es el equipo que trabajará para hacer respetar la Cámara de Diputados. Queremos darle otra imagen y trabajar para que la ciudadanía ya no se queje de los diputados que somos peleones o que buscamos problemas”. Esta declaración refleja el compromiso de la nueva directiva por mejorar la percepción pública sobre el trabajo legislativo.

Casos pendientes sin resolver

Aún no se ha determinado cuántos casos fueron archivados durante los dos años en los que la Comisión no estuvo en funcionamiento. La presidenta enfatizó la importancia de abordar estos asuntos para mejorar la imagen de la Cámara ante la ciudadanía.

Objetivos de la Comisión

La Comisión tiene como objetivo principal restablecer la confianza de los ciudadanos en sus funciones. Además, busca asegurar un manejo adecuado de las denuncias presentadas, lo que es fundamental para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en la labor parlamentaria.

Se espera que este nuevo enfoque contribuya a una mayor transparencia y a una mejor relación entre los legisladores y la ciudadanía. La directiva está comprometida a trabajar arduamente para cumplir con estas metas y mejorar la percepción del trabajo legislativo en el país.

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Los legisladores argumentaron que la actual directiva fue posesionada en la ciudad de La Paz, incumpliendo procedimientos y excluyendo la participación de legisladores de oposición.

En la carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, los parlamentarios expresaron su preocupación por la falta de transparencia en el proceso, señalando que la situación afecta la legitimidad y credibilidad de la Brigada.

Importancia de la Brigada Parlamentaria

Asimismo, destacaron la importancia de la Brigada Parlamentaria como articulador de políticas públicas en beneficio del departamento de Oruro y enfatizaron la necesidad de garantizar un liderazgo inclusivo y representativo.

De manera similar, en la misiva dirigida al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, solicitaron su intervención para corregir lo que calificaron como una vulneración a los principios democráticos.

Proceso de elección transparente

En ambos documentos, subrayaron que la elección de la nueva directiva debe ser transparente y contar con la participación plena de todos los parlamentarios del departamento.

“La legislatura inicia el 11 de noviembre de cada periodo legislativo y está (directiva) ya feneció. Debe llamar a elecciones la senadora Mery Choque (presidente de la Brigada Parlamentaria). No sé por qué no quieren convocar (a elecciones). Elijamos nuevamente una directiva para que funcionemos con quórum”, afirmó al respecto el diputado de CC, Orlando Valdez.

Disputas internas en el MAS

El parlamentario sostuvo que las disputas internas dentro del oficialismo están afectando el funcionamiento de la Brigada Parlamentaria y exhortó a los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) a priorizar el trabajo conjunto en beneficio de Oruro.

Firmantes de las misivas

Los firmantes de estas misivas fueron el senador Fernando Dehne, los diputados Tania Cayoja, Enrique Urquidi y Orlando Valdez, todos de la bancada de CC. Valdez puntualizó que esperan una respuesta para la próxima semana y confían en que se proceda con la convocatoria a elecciones.

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La senadora Rek ha expresado su preocupación por las respuestas evasivas del ministro Néstor Huanca. Este no ha proporcionado información clara sobre las utilidades y pérdidas de la empresa estatal, lo que genera incertidumbre sobre cómo se están administrando los recursos públicos.

La carga salarial anual de EBA se eleva a Bs 64.162.493,64. La senadora Rek ha lamentado que las respuestas enviadas desde el Legislativo sean “sólo por cumplir” por parte de diversas instituciones y empresas del Estado. Esto, a su vez, suscita dudas razonables sobre la administración de funcionarios que están alineados con el Movimiento Al Socialismo.

Falta de transparencia

Rek ha señalado que esta situación revela un posible encubrimiento de información y pone de manifiesto no solo la falta de transparencia, sino también el fracaso de muchas de estas empresas. Según ella, estas terminan siendo subvencionadas con el dinero de todos los bolivianos, ya que generan pérdidas y muy pocos beneficios.

El ministro Néstor Huanca ha incumplido sus obligaciones al no proporcionar información adecuada a los legisladores y a la ciudadanía sobre la gestión económica y presupuestaria de EBA. En respuesta a las consultas sobre las utilidades y pérdidas de la empresa, Huanca ha indicado que la información está disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pero esta situación no se ha podido verificar.

Información no disponible

Huanca mencionó que, de acuerdo a lo informado por EBA, en el marco del comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre la ‘Política de Austeridad’ y transparencia, los datos de utilidades o pérdidas de las gestiones 2020, 2021, 2022 y 2023 deberían estar en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). Sin embargo, esa información no se encuentra disponible en dicho sitio.

En respuesta a una solicitud para obtener una copia legalizada de la planilla con cargos y salarios, el ministro remitió un anexo que detalla una planilla salarial con 1.015 cargos. De estos, 113 corresponden a la oficina central, con un registro mensual de salarios de Bs 211.154,11. Además, 15 son parte de la Gerencia de Lácteos, con una nómina mensual de Bs 124.983,00, y 869 trabajadores pertenecen a diversas plantas, con una carga salarial mensual total de Bs 4.370.027,47.

Partida para salarios

EBA ha indicado que dispone de una partida para el pago de salarios proveniente de la Fuente 20. Según la Ley Financiera, esta fuente se define como “RECURSOS ESPECÍFICOS”, que son los financiamientos que obtienen las instituciones por concepto de ingresos operativos.

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Trabajo de más de dos años

La senadora Salame explicó que el texto de la ley es el resultado de un trabajo que ha durado más de dos años y que ha surgido de la sociedad civil. Destacó que esta ley se convertirá en una garantía para que los periodistas puedan ejercer su profesión en mejores condiciones. También será fundamental para que los ciudadanos puedan cumplir con sus derechos.

Sanciones para funcionarios

Entre las disposiciones de la ley, se establecen sanciones para los funcionarios que no cumplan con la obligación de brindar información de carácter público a periodistas o ciudadanos. Además, se propone la creación de una comisión que actuará como segunda instancia para determinar si cierta información puede ser proporcionada por el Estado. La norma también establece las reglas para declarar los casos excepcionales.

Reacciones de la ANPB

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) expresó su satisfacción por la aprobación de la norma en el Senado. Resaltó que esta ley será un instrumento jurídico de gran importancia, ya que institucionaliza uno de los derechos más relevantes de la democracia. Este derecho ha sido conculcado hasta ahora por la falta de una norma que lo haga obligatorio en todas las entidades del Estado.

Pronto en la Cámara de Diputados

Con la aprobación en el Senado, el proyecto de ley ha sido enviado a la Cámara de Diputados para su sanción. La ANPB espera que el tratamiento en esta cámara se realice con la misma rapidez y eficiencia con la que se trató en el Senado.

Acceso efectivo a la información

La ANPB ha destacado que esta legislación es crucial para asegurar un acceso efectivo a la información pública. Hasta ahora, este acceso ha estado limitado debido a la falta de normativas claras que regulen el derecho a la información.

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Ticona señaló que “el fiscal William Alave, durante el examen oral para Fiscal General del Estado, el sábado 12 de octubre, respondió mal la primera pregunta”. Según él, esto debería haber resultado en un puntaje de 0 para Alave. Sin embargo, “el MAS, aprovechando su mayoría, anuló la pregunta y la respuesta”.

El senador también mencionó que esta situación se repitió con el fiscal Roger Mariaca, quien “respondió de forma equivocada la pregunta 4”. Esta pregunta fue anulada, lo que le permitió a Mariaca responder nuevamente. En este contexto, Ticona indicó que como parlamentarios de CC, harán llegar una nota oficial al presidente de la Comisión, solicitando que Alave y Mariaca presenten un nuevo examen y que se haga constar en acta.

Preocupaciones sobre la transparencia

Finalmente, Ticona ha afirmado que “el MAS, de manera intencional, está realizando acciones de nulidad al proceso de Fiscal General”. Esta situación ha generado preocupación sobre la transparencia y legitimidad del proceso de selección del Fiscal General del Estado.

Los senadores y diputados han expresado su intención de garantizar un proceso justo y transparente en la elección del nuevo Fiscal General.

Comisión encargada del proceso

La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional es la entidad responsable de continuar con la preselección de postulantes al cargo de Fiscal General del Estado. En esta etapa, se están llevando a cabo los exámenes orales y la exposición del plan de trabajo.

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Medidas cautelares impuestas

Las funcionarias deberán cumplir con ciertas medidas cautelares. Entre estas, se incluye la obligación de presentarse al registro biométrico cada lunes, contar con dos garantes y abstenerse de comunicarse con testigos e implicados en el caso. Esta investigación involucra a un total de 7 personas.

Declaraciones y detenciones

Las funcionarias fueron aprehendidas el viernes y, al momento de declarar, decidieron acogerse a su derecho de guardar silencio. Hasta ahora, 3 personas permanecen en detención preventiva en el caso de enriquecimiento ilícito relacionado con Emapa.

Interés público y transparencia

Según la fiscal Dubraska Jordán, la investigación abarca a 7 personas implicadas, lo que ha generado un notable interés en la opinión pública. Este caso ha puesto en el centro del debate la transparencia y la gestión dentro de la empresa estatal.

La situación también ha suscitado discusiones sobre las políticas internas y los mecanismos de control que existen en entidades como Emapa. La comunidad está atenta a cómo se desarrollará este caso y qué medidas se implementarán para garantizar la transparencia en el futuro.

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Las cartas de impugnación también pueden ser enviadas al correo electrónico de la Comisión Mixta de Justicia Plural: comisiónmixta8@gmail.com o al número de WhatsApp 73416631. Es importante que estas cartas incluyan la impugnación, la respuesta a la inhabilitación o el tema que se esté abordando, además de los documentos respaldatorios para aquellos que deseen referirse a su impugnación.

Importancia de la fecha límite

La fecha límite para presentar estas impugnaciones es crucial en el proceso de selección del nuevo Fiscal General del Estado. La participación activa de los postulantes inhabilitados refleja un interés en asegurar transparencia y justicia en este procedimiento.

Marco para la recepción de impugnaciones

La Comisión ha establecido un marco claro para la recepción y evaluación de estas impugnaciones. Esto busca garantizar que todos los postulantes tengan la oportunidad adecuada para defender su posición ante cualquier decisión que les afecte.

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La ley de Acceso a la Información Pública, vigente en Argentina desde hace siete años, permite a los ciudadanos acceder a información considerada de carácter público. Esta ley ha sido fundamental para revelar comportamientos inapropiados de las autoridades, colaborar en investigaciones judiciales y arrojar luz sobre reuniones de funcionarios públicos.

Restricciones en el acceso a la información

Según el decreto firmado por Milei, ahora se excluye el acceso a información que pertenezca al ámbito privado de los funcionarios o magistrados, especialmente cuando se trata de aspectos típicamente domésticos. Esto implica que la ciudadanía no podrá indagar sobre quién ingresa a la residencia oficial de Olivos en la provincia de Buenos Aires, ni cuántos perros acompañan al mandatario.

La Fundación Poder Ciudadano ha destacado que ningún decreto puede restringir el acceso a la información pública más allá de lo que establece la ley sancionada por el Congreso. Además, recuerda que el acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en pactos y tratados internacionales, y que la información está en manos del Estado pero pertenece a la ciudadanía.

Posibles acciones legales y críticas al Gobierno

La Fundación Poder Ciudadano está analizando la posibilidad de llevar el caso a la Justicia para que se declare inconstitucional el decreto. Por otro lado, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) ha rechazado los cambios introducidos por el Gobierno de Milei, argumentando que representan un grave retroceso democrático, desalientan la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurecen la gestión pública.

Fopea también ha alertado sobre la introducción de un artículo que establece indemnizaciones en caso de violación al principio de buena fe por parte de los actores involucrados. El foro recuerda que la información en poder de los órganos públicos debe presumirse como regla que puede y debe ser divulgada, ya que los ciudadanos son los dueños de la información pública y su conocimiento no es una concesión discrecional del gobierno, sino un imperativo normado.

En conclusión, la limitación impuesta por el Gobierno de Argentina al acceso a la información pública ha generado preocupación y críticas por parte de organizaciones civiles y la prensa, quienes consideran que esta medida representa un retroceso democrático y atenta contra los principios de transparencia y participación ciudadana en los asuntos del Estado.

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El diputado Astorga cuestionó al ministro de Justicia, Iván Lima, quien supuestamente tiene intenciones de postularse como Fiscal General. Astorga afirmó que Lima no contará con el respaldo necesario de la Asamblea Legislativa debido a su afiliación al Movimiento Al Socialismo (MAS) y su vinculación con el actual Gobierno. El diputado enfatizó la importancia de que el nuevo fiscal sea una persona totalmente transparente y sin militancia política.

Posposición de la sesión anterior

La semana pasada se pospuso la sesión que debía aprobar el proyecto de convocatoria pública para la selección y designación del Fiscal General del Estado. Esta sesión se llevó a cabo finalmente el lunes 2 de septiembre, aunque los dos secretarios de la Cámara de Diputados estaban ausentes debido a compromisos regionales.

Compromiso de dar viabilidad a la convocatoria

Por su parte, la diputada del MAS, Deisy Choque, aseguró que se dará viabilidad a la convocatoria para la elección de un nuevo Fiscal General. Choque garantizó que se aprobará la convocatoria lo más pronto posible, permitiendo así la selección de una persona idónea para ocupar este importante cargo.

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El diputado del MAS, Dany Daniel Rojas, ha expresado que el TSE considera al presidente Luis Arce como el candidato favorito y a Evo Morales como su contrincante. Rojas mencionó que la no supervisión del congreso en Villa Tunari es una estrategia para deshacerse de Morales, quien sigue siendo respaldado por sus seguidores en un bastión político y sindical en el trópico de Cochabamba.

Renovación de la directiva del partido y ratificación de Morales como candidato

En el congreso del MAS se espera la renovación de la directiva del partido y la ratificación de Morales como candidato, a pesar de su inhabilitación por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. Cabe destacar que el TSE ya había rechazado supervisar congresos anteriores de seguidores de Morales, lo que generó divisiones en el partido.

Esperanzas de cambio en la posición del TSE

Rojas espera que el TSE cambie su posición y envíe veedores al congreso. En caso contrario, se tomarán decisiones en un ampliado nacional debido a las discrepancias con el gobierno.

Manifestaciones por transparencia en la gestión económica

Las manifestaciones tienen como objetivo exigir transparencia en la gestión económica del gobierno, solicitando la aparición de dólares y combustible para estabilizar la economía y garantizar la canasta familiar, según el diputado. Las tensiones políticas persisten entre los diferentes sectores del país.

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Brasil espera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela publique datos desagregados por mesa de votación, considerando que esto es “un paso indispensable para la transparencia, credibilidad y legitimidad del resultado del proceso electoral”. El CNE proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones con el 51% de los votos. Sin embargo, la oposición venezolana ha denunciado que su candidato, Edmundo Gonzales, obtuvo en realidad un 70%. Esta discrepancia ha llevado a varios gobiernos de la región a calificar las elecciones como fraudulentas.

Rechazo y denuncias de fraude electoral

Líderes como Javier Milei, presidente de Argentina, y Luis Lacalle, presidente de Uruguay, han expresado su rechazo a los resultados y denunciado fraude electoral. Por otro lado, algunos gobiernos de países más cercanos a Maduro, como el de Luis Arce en Bolivia, han felicitado al mandatario venezolano, dando por sentado su reelección. La situación resalta las divisiones en la región respecto a la legitimidad del proceso electoral en Venezuela y el futuro político del país.

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Esta no es la primera vez que Quiroz ocupa este puesto, ya lo hizo en 2021. Sin embargo, en abril de ese año fue reemplazado por Patrick Nogales Mejía, quien a su vez fue sustituido por Javier Suárez Hurtado en marzo de 2022. Ahora, Quiroz vuelve a asumir el cargo, luego de que Suárez fuera acusado por asambleístas del ‘arcismo’ de no cumplir con las expectativas del Gobierno.

Objetivos de Quiroz en su gestión

En su discurso de posesión, Quiroz mencionó sus objetivos principales, entre ellos mejorar la competitividad y los estándares sanitarios. Asimismo, se comprometió a fortalecer los controles sanitarios en la producción y a combatir el contrabando de alimentos, que representa una amenaza para la seguridad alimentaria del país. Además, resaltó la importancia de la transparencia y la lucha contra la corrupción en su gestión.

Compromiso con la capacitación y eficiencia del personal

Quiroz también se comprometió a promover la capacitación y la actualización constante de los funcionarios del Senasag, con el objetivo de garantizar una atención de calidad y mejorar la eficiencia del personal de la entidad estatal.

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La falta de rendición de cuentas por parte de YPFB ha generado preocupación entre los analistas y la sociedad en general. Según la ley, la empresa estatal debería informar al país cada 31 de marzo sobre la cantidad de reservas de gas, pero esta obligación no se ha cumplido.

El analista de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, ha expresado su preocupación por la falta de transparencia en los datos disponibles. Aunque se han realizado cuantificaciones internacionales en años anteriores, los datos disponibles han sido insuficientes y poco detallados, generando incertidumbre en diversos sectores de la sociedad.

Importancia de la transparencia en Bolivia

La transparencia es fundamental para la estabilidad política y económica de Bolivia. Actualmente, el acceso a la información es uno de los problemas que enfrenta el país. Por tanto, es crucial que YPFB certifique anualmente, a través de una empresa internacional, las reservas de hidrocarburos del país, tal como lo establece la ley.

Falta de divulgación de datos a nivel departamental

Además de la falta de transparencia a nivel nacional, los departamentos productores de gas en Bolivia, como Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba, tampoco han recibido información sobre la cantidad de reservas certificadas en sus territorios. Aunque se sabe que se realizaron certificaciones en 2017 y 2018, la falta de divulgación de estos datos deja a estos actores clave en la industria sin información precisa sobre el estado de sus recursos.

Impacto de la opacidad en diversos sectores

La falta de acceso a datos confiables no solo afecta a los productores de gas, sino también a otros sectores interesados en la producción de hidrocarburos, como municipios, universidades y la población en general. Esta falta de transparencia resalta una tendencia preocupante de priorizar la renta económica sobre la transparencia y el conocimiento integral de la cadena productiva del país.

Equilibrio entre producción y consumo de gas en peligro

El equilibrio entre la producción y el consumo interno de gas en Bolivia se encuentra en una encrucijada preocupante. A medida que el país continúa con la política de “gasificación de la economía”, el consumo ha experimentado un aumento significativo, alcanzando los 14 millones de metros cúbicos por día. Sin embargo, la producción está mostrando una tendencia decreciente, actualmente situada en 33 millones de metros cúbicos diarios.

Esta disminución progresiva, que se ha observado desde 2015, ha llevado a una reducción del 44% en la producción para enero de 2024. Ante este escenario, Raúl Velásquez proyecta que si Bolivia no logra encontrar campos de gas de gran tamaño, entre los años 2028 y 2029 podría verse obligada a importar gas para satisfacer la demanda interna, lo que implicaría enfrentarse a los precios internacionales del mercado.

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El viaje de Morales a Venezuela para participar en un encuentro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) ha generado controversia debido al uso de un vuelo chárter.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, ha expresado su sorpresa ante la capacidad económica de Morales para costear un vuelo chárter. Además, ha cuestionado la procedencia de los fondos utilizados, sugiriendo que podrían provenir de fuentes externas.

El diputado del MAS, Hernán Hinojosa, también ha exigido una investigación transparente sobre posibles irregularidades en los vuelos del expresidente, argumentando que es contradictorio que Morales hable de falta de recursos mientras utiliza vuelos exclusivos.

Solicitud de transparencia en la financiación de los vuelos

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ha afirmado que cualquier persona tiene derecho a viajar donde desee, pero ha solicitado a Morales que proporcione información clara sobre el origen económico de sus vuelos privados. Como miembro del MAS, Montaño ha pedido que se informe a las bases del partido sobre los recursos utilizados.

Esta solicitud de transparencia también ha sido respaldada por diputados del bloque “arcista” del MAS y de la oposición, quienes consideran necesario investigar la financiación de los vuelos del exmandatario.

Regreso de Morales y participación en eventos públicos

Tras su regreso a Bolivia, Morales ha retomado sus actividades públicas. A través de su cuenta de Facebook, el exmandatario ha informado sobre su participación en eventos deportivos en la región, como la inauguración del campeonato nivel inicial Copa Trópico en el municipio de Villa Tunari.

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Las interrogantes abarcan diversos temas, como constitucionales, derechos laborales y medios de comunicación, entre otros. La senadora Silvia Salame niega rotundamente cualquier filtración de preguntas, mientras que el presidente de la comisión, Miguel Rejas, señala que la intención detrás de esto es paralizar el proceso electoral judicial.

Parlamentarios niegan filtración de preguntas

Los parlamentarios han negado de manera contundente cualquier posibilidad de filtración de las preguntas destinadas a los candidatos al TCP y TSJ. La senadora Silvia Salame afirmó: “Sobre mi cadáver saldrá una pregunta de aquí”. Por su parte, Miguel Rejas, presidente de la comisión mixta, denunció que la circulación de estas supuestas preguntas busca entorpecer el proceso electoral judicial.

Controversia sobre la responsabilidad de los medios de comunicación

Una de las preguntas dirigidas al Tribunal Constitucional Plurinacional menciona a los medios de comunicación como responsables de promover valores éticos y morales en la sociedad. Esta situación ha generado controversia entre los postulantes y ha puesto en duda la transparencia del proceso evaluativo.

Instituciones educativas entregan cuestionarios para evaluar a los futuros magistrados

Dos instituciones educativas, el sistema universitario y la Escuela de Jueces, han entregado sus cuestionarios en sobres cerrados a las comisiones correspondientes para evaluar a los futuros magistrados. Por otro lado, la Universidad Mayor de San Andrés ha elaborado 200 preguntas para los cuatro tribunales judiciales.

La cantidad total de preguntas que circulan en redes sociales asciende a 125, lo cual ha generado incertidumbre entre algunas personas sobre la transparencia del proceso electoral judicial.

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La Escuela de Jueces del Estado (EJE) ha entregado 50 preguntas y respuestas para evaluar a los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Por su parte, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) ha entregado un total de 200 preguntas y respuestas para las cuatro instancias del Órgano Judicial: TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Transparencia en el proceso evaluativo

La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) ha propuesto mantener los sobres con las respuestas cerrados y bajo resguardo de un notario, y solo abrir los sobres con las preguntas, para garantizar la transparencia en el proceso evaluativo. Los candidatos sacarán las preguntas de ánforas y tendrán cinco minutos para responder cada una. La comisión evaluadora estará dividida en grupos y transmitirán en vivo las respuestas de los postulantes.

Evaluación y publicación de preguntas y respuestas

Según la Ley 1549, cada respuesta correcta en el examen oral tendrá un valor de 20 puntos, haciendo un total de 100 puntos posibles. Los otros 100 puntos fueron evaluados en una primera etapa, donde se ponderó la experiencia profesional, formación académica y producción intelectual de los aspirantes. Los postulantes deben obtener una nota igual o mayor a 130 puntos para pasar a la etapa de preselección, a cargo de la ALP.

Una vez finalizada la etapa de evaluación, todas las preguntas y respuestas serán publicadas en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado – Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

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En la audiencia, el abogado ha cuestionado la insistencia del Viceministerio de Transparencia y la Procuraduría General del Estado de que el juicio se desarrolle en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Según él, esto ignora la competencia territorial de los jueces de la jurisdicción de Santa Cruz, lo cual constituye un abuso y una discriminación hacia la justicia cruceña.

Existen condiciones para llevar a cabo el juicio en Santa Cruz

El abogado ha reiterado que en el Palacio de Justicia de Santa Cruz existen las condiciones necesarias para llevar a cabo el juicio con la presencia física del gobernador cruceño, ya que el caso se encuentra en esa región del país. Además, ha agregado que el tribunal ha resuelto que la audiencia sea presencial y ha descartado enfáticamente la virtualidad.

Posibles acciones legales contra el director nacional de Régimen Penitenciario

El abogado no ha descartado tomar acciones legales contra el director nacional de Régimen Penitenciario por desobedecer una orden judicial que establecía el traslado de Camacho.

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El diputado de Creemos, Fabián Ayala, informó que hasta el jueves se recibieron 35 carpetas de impugnaciones en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), las cuales serán revisadas desde hoy. Posteriormente, se iniciará el mismo trabajo en el Tribunal Supremo de Justicia.

Con la gran cantidad de carpetas presentadas en la primera etapa, es comprensible que las comisiones hayan cometido algunos errores en la revisión. Sin embargo, el período de impugnaciones está destinado a subsanar esos errores y garantizar una segunda etapa totalmente transparente gracias a la obligatoriedad de los dos tercios.

Posibilidad de apartar a candidatos habilitados durante las impugnaciones

Es importante destacar que los candidatos habilitados también pueden ser apartados durante las impugnaciones si, por ejemplo, tienen procesos judiciales que no fueron considerados en su postulación, pero que salen a la luz mediante denuncias de la opinión pública u otros mecanismos.

Compromiso de trabajar durante días feriados para cumplir con el plazo

La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Patricia Arce, aseguró que incluso se trabajará los días jueves y viernes, aunque sean feriados, para cumplir con el plazo de cinco días establecido. El objetivo es revisar las más de 500 impugnaciones presentadas, tanto por aquellos que no cumplieron con los requisitos como por cuestiones éticas y de compromiso.

La legisladora expresó su esperanza en este proceso para evitar que los candidatos que se han autoprorrogado en su cargo continúen en él.

Responsabilidad y transparencia en el proceso de verificación

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Pablo Arizaga, manifestó que se abordará este proceso con mucha responsabilidad y transparencia. En ese sentido, hizo un llamado a los postulantes para que no utilicen los medios de comunicación para desprestigiar el trabajo de las comisiones, especialmente si sus carpetas no cumplían con todos los requisitos.

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Ante esta situación, el diputado Marcelo Pedraza, representante de Comunidad Ciudadana (CC), expresó su preocupación y manifestó que la población no tolerará acciones que puedan interferir en el proceso de selección de candidatos. En este sentido, Pedraza sugirió que Miguel Rejas debería retirarse y permitir que otra persona asuma el cargo correspondiente.

Por su parte, el senador del MAS, Leonardo Loza, exigió una investigación exhaustiva sobre este tema y señaló que existen intereses desde el Gobierno para sabotear el proceso de selección. Además, Loza resaltó la falta de interés por parte del Presidente Luis Arce en llevar adelante las elecciones judiciales de manera imparcial.

Respuestas y llamado a la transparencia en el proceso de selección

Ante las acusaciones, Miguel Rejas, presidente de la comisión mixta, negó tener conocimiento de los audios filtrados y denunció un intento político por desacreditar la selección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial. Rejas afirmó que se trata de una estrategia para socavar la legitimidad del proceso.

El diputado Marcelo Pedraza reiteró la importancia de mantener la transparencia en el proceso de selección de candidatos para garantizar la legitimidad del sistema judicial. En este sentido, destacó la necesidad de que se realice una investigación exhaustiva y se tomen las medidas necesarias para asegurar la imparcialidad y la confianza en el proceso.

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Requisitos para la impugnación

Marcelo Maldonado, secretario técnico de la comisión mixta de constitución, explicó que los postulantes inhabilitados deberán presentar fundamentos sólidos que respalden su reclamo y expliquen por qué consideran que fueron rechazados para los cargos. Además, se destaca que cualquier persona individual o colectiva, incluidos asambleístas de la Cámara de Diputados y Senadores, tienen la posibilidad de impugnar a los postulantes adjuntando una prueba idónea.

Defensa de los derechos y expresión ciudadana

Juan José Jáuregui, diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), resaltó la importancia de la impugnación, ya que no solo defiende el derecho de los postulantes, sino que también permite a los ciudadanos expresar su desacuerdo con la presencia de ciertos candidatos en el proceso de preselección. Jáuregui instó a la población a presentar reclamos documentados contra los candidatos habilitados si consideran que no son probos o carecen de la moral necesaria para administrar la justicia en el país.

Un inicio tranquilo pero significativo

Hasta el momento, solo se ha registrado una impugnación, lo cual refleja un inicio tranquilo pero significativo en este procedimiento fundamental para garantizar la transparencia y legitimidad en la selección de autoridades judiciales en Bolivia. Este proceso es clave para asegurar que los postulantes cumplan con los requisitos necesarios y sean idóneos para ocupar los cargos en el Órgano Electoral Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional.

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Preocupación por la transparencia

Ticona destacó la importancia de esclarecer el destino de los créditos, que ascienden a una cifra significativa de 15.000 millones de dólares, incluyendo los recientemente aprobados. Anticipó que solicitarán más información y verificarán la legitimidad de las firmas.

Postura de la bancada Creemos

Por su parte, el senador Henry Montero de Creemos afirmó que su grupo no respaldará ningún crédito hasta que se aclaren las denuncias de irregularidades. Solicitarán un informe detallado de la Cámara de Diputados al respecto.

Revisión de los proyectos en el Senado

La sesión en el Senado, convocada para hoy, abordará los seis proyectos de créditos externos aprobados por la Cámara Baja, que suman una cantidad considerable de 786.342.932 dólares. Estas aprobaciones han sido cuestionadas por asambleístas de la oposición por su presunta ilegalidad e irregularidades en el proceso.

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Conforme a la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, la convocatoria será publicada por tres días en al menos tres medios escritos de circulación nacional; y de manera continua hasta la culminación del proceso en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia y de ambas cámaras.

Evaluación y selección equitativa

Cumpliendo el requisito de transparencia, las hojas de vida de cada postulante habilitado serán publicadas en las páginas web y redes sociales institucionales. La lista de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos será publicada en al menos un medio escrito y en redes sociales.

Bajo el principio de publicidad, la evaluación será ampliamente difundida por las páginas web. La nómina final pasará a preselección en la Asamblea también será publicada en al menos tres medios escritos.

Requisitos y plazos establecidos

La Comisión Mixta deberá emitir una lista con criterios específicos para los distintos tribunales. Según la convocatoria, se establecen plazos precisos para presentar las postulaciones en oficinas designadas durante días hábiles y fines semana.

Los postulantes tendrán plazo hasta el domingo 10 de marzo para presentar sus solicitudes. Luego se realizará un trabajo exhaustivo verificando los requisitos antes que sea aprobada finalmente su participación.

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Bruselas considera que también está incumpliendo los nuevos requisitos de transparencia exigidos por la ley de servicios digitales y que no está tomando medidas efectivas para mitigar los “riesgos” en los procesos electorales, según informó la institución en un comunicado.

Primera investigación contra una gran plataforma desde entrada en vigor normativa

Esta es la primera investigación que la Comisión Europea realiza contra una gran plataforma desde que entró en vigor la normativa el año pasado.

Bruselas decidió abrir el procedimiento de infracción después de analizar la respuesta proporcionada por X cuando se le solicitó información sobre las medidas adoptadas para eliminar el contenido terrorista promovido después del ataque de Hamás a Israel, según lo señalado por la Comisión.

Ley obliga a plataformas digitales a evaluar riesgos y ser transparentes

La ley de servicios digitales obliga a las grandes plataformas a evaluar anualmente el riesgo que pueden representar para la sociedad, teniendo en cuenta aspectos como el contenido recomendado a los usuarios, publicidad mostrada o manipulación intencionada promovida por cuentas no verificadas.

Una vez detectado, deben eliminar rápidamente el contenido ilegal y frenar la propagación de información falsa. Además, deben notificar lo antes posible su eliminación a las personas responsables del contenido y brindarles oportunidad para apelar.

Más transparencia en diseño de algoritmos y anuncios

Uno de los principales objetivos de esta normativa es obligar a las plataformas a ser más transparentes en cuanto al diseño de los algoritmos que determinan el contenido visible para los usuarios, evitando así su manipulación. En este sentido, las empresas deben proporcionar información a las autoridades y a investigadores independientes sobre el diseño de los algoritmos o crear un repositorio anual con los anuncios mostrados en las plataformas.

La ley de servicios digitales no establece un límite temporal para concluir la investigación, la cual no prejuzga el resultado según la Comisión. No obstante, Bruselas podrá tomar medidas cautelares contra X si lo considera necesario.

Fuente: EFE

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Uno de los casos más sorprendentes ocurrió en La Paz, en la Unidad Educativa “Instituto Americano”, donde una profesora llevaba un dispositivo de transmisión cableado sujeto a su brazo mediante cinta. Además, se encontró a otra profesora en Cochabamba, en la Unidad Educativa “Santo Domingo Sabio”, con papeles pequeños que contenían textos sinopsis. En Santa Cruz, en la Unidad Educativa “Daniel Rivero Ochoa”, se descubrió a un profesor que habría compartido la prueba mediante su celular.

Carolina Caba enfatizó: “Queremos dejar claro que garantizamos la transparencia y seguridad de la información que manejamos desde el Ministerio de Educación antes y durante las pruebas escritas. Sin embargo, desde el domingo han circulado algunas pruebas en redes sociales; pero esto es responsabilidad de los mismos postulantes que filtraron información utilizando dispositivos electrónicos”.

Como consecuencia de estos incidentes y otros problemas como falta de firmas y presentación después del tiempo estipulado, se anularon 21 exámenes.

A nivel nacional, alrededor de 33.900 postulantes compiten por acceder a 9.000 cargos directivos en las Direcciones Departamentales y Distritales de Educación, así como en instituciones educativas como Escuelas de Formación de Maestros, Institutos Técnicos Tecnológicos, Institutos de Formación Artística, Escuelas Bolivianas Interculturales, unidades educativas y centros de educación alternativa y especial en los nueve departamentos del país.

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“Tenemos la denuncia de YPFB, pero se está realizando un trabajo pericial, no declaraciones de ninguna persona”, declaró William Alave, fiscal departamental de La Paz. “En todo caso, las declaraciones tienen menos importancia que una situación pericial. Nos estamos enfocando en ese tipo de pericias”, agregó.

Exministros presentaron denuncia contra director ejecutivo

En mayo, los exministros Carlos Romero y Teresa Morales presentaron una denuncia contra Armin Dorgathen, director ejecutivo de la estatal petrolera, por la supuesta compra irregular de carburantes. Sin embargo, días después el acusado aseguró su inocencia.

Falta claridad sobre acciones concretas en la investigación

Alave manifestó que debido a que se trata de una denuncia sobre importación de carburantes, es necesario llevar a cabo las pericias correspondientes. No obstante, no precisó las acciones concretas que se están realizando para verificar las acusaciones de los exministros.

Los denunciantes reclamaron por la supuesta falta de transparencia en las investigaciones ya que Alave se contradijo al afirmar que Dorgathen declaró ante la Fiscalía a finales de mayo cuando lo hizo el 1ro de junio; además proporcionó datos imprecisos sobre la fecha en que se presentó la denuncia.

Director ejecutivo declaró acompañado por su abogado

Según el acta de declaración, el director ejecutivo declaró el jueves 1ro de junio a las 16:15 horas, en el cuarto piso del Colegio de Abogados de La Paz y estaba acompañado por su abogado Fernando Valdés, informó la ANF.

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Montero lamentó que sigan apareciendo casos ligados al narcotráfico, como los “narco vuelos” de Boliviana de Aviación (BoA) y el de la aerolínea africana. También hizo referencia a la aeronave con matrícula boliviana que cayó en Brasil recientemente y posiblemente también transportaba droga.

En ese sentido, pidió a las autoridades correspondientes que muestren un plan real de lucha antidroga, específicamente los controles que se hacen en los aeropuertos debido al riesgo de perder su categoría internacional por todos estos incidentes.

“A usted ciudadano común cómo lo revisan, pero la droga está pasando por toneladas y eso es lo que nos preocupa. Sería catastrófico para el desarrollo de nuestro país que nos quiten la categoría internacional”, declaró Montero a LA PATRIA en la sede gubernamental.

Además, manifestó su descontento porque las autoridades se contradicen en sus informes sobre los dos “narco vuelos”, especialmente el ministro de Obras Públicas Edgar Montaño a quien acusó de no saber cómo operan las instancias encargadas del control en las terminales aéreas.

No obstante, las autoridades gubernamentales insisten en que la lucha contra el narcotráfico es contundente; precisamente ayer Montaño salió a desmentir el supuesto segundo “narco vuelo” y aseguró que el motivo de su llegada al país fue solo por negocios.

Además, el Ministro aseguró que la aeronave pasó por todos los controles correspondientes de seguridad y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). En ese sentido, afirmó que la denuncia fue por motivos políticos.

/LMPT

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Ayer en conferencia de prensa en el Salón Rojo del GAMO, el jefe de la unidad, Víctor Hugo Miranda, informó que, tras constatar los registros de las boletas, se llegó a la conclusión de que los tickets que se expresan en las denuncias pertenecen a la gestión pasada, ya que llevan en sello del 28 de julio del 2022.

En ese sentido, ya hechas las corroboraciones, se confirmó que las cuatro entradas no pertenecerían a este periodo, por lo que se trataría de una alteración “malintencionada” que, si bien no se ha advertido hasta el momento de la irregularidad, el hecho pone en alerta al GAMO.

“Es una alerta muy importante para el GAMO que en cualquier repartición o unidad recaudadora, como el balneario, parqueos municipales, parques infantiles que esta administrado por el Organo Ejecutivo, no pueden existir ningún tipo de irregularidades”, aseveró Miranda.

Desde el miércoles, la Unidad de Transparencia realiza el pedido de los informes correspondientes a todos los servidores públicos que trabajan en esta repartición del municipio.

“Lo primero que se hizo es recabar la información institucional, lo que va a venir después es averiguar de dónde viene la denuncia, cual es la fuente o quien sería la persona, por eso les pido denunciar a la Unidad de Transparencia que también resguardará la identidad del denunciante, pero necesitamos que proporcionen la información”, refirió.

Luego de lo acontecido, la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, dentro de las medidas correctivas, recomendará que se tengan mayores controles en los tickets de las entradas en las unidades recaudadoras para evitar este tipo de hechos.

CAPACHOS

Por otro lado, el director de Salud Ambiental del GAMO, Julio Cepeda, aseveró que un indicador en la administración del Balneario de Capachos es la comparación que existe en cuanto a la recaudación de años anteriores.

Según Cepeda, de acuerdo a un análisis, en enero del 2021, se tenía una recaudación de 67 mil bolivianos y en enero del 2022, los ingresos subieron a 135 mil bolivianos, superando el doble del año anterior y además en enero de 2023, la recaudación alcanzó los 233.240 bolivianos.

“En la nueva administración municipal se ha llegado a doblar las recaudaciones, en el 2021 concluimos con más de un millón, en 2022 con 1.581.000 bolivianos y a la fecha en el 2023 estamos con 558.048 bolivianos”, puntualizó.

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Ciudadanos podrán hacer denuncias desde cualquier lugar con acceso a internet

La viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, destacó que la principal ventaja del sistema es la cercanía con el ciudadano, quien podrá hacer una denuncia desde cualquier lugar con acceso a internet. La plataforma incluye a las instancias del Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, empresas públicas, entidades descentralizadas, gobiernos departamentales y gobiernos municipales.

Sistema permitirá conocer proceso de avance de las denuncias

Ríos explicó que esta nueva herramienta permitirá a la población conocer el número de denuncias y el proceso de avance de las mismas. Además, se podrán generar reportes para dar seguimiento al proceso. Según Ríos “no está bien que se cometa un hecho de corrupción y que no pase nada”.

Este sistema logrará una interconexión importante para el Estado y será “el mejor mecanismo de apoyo para las máximas autoridades ejecutivas”, concluyó Ríos.

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Mediante un pronunciamiento emitido en recientes horas, la alianza política criticó que el presidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado, habilitó una modalidad de votación que promueve la corrupción, al obligar a los legisladores a sufragar en una cabina cerrada, con total falta de transparencia.

En ese sentido, y como respuesta a los rumores sobre la postura de los diputados de CC, anunciaron que a partir de ahora se revelará el voto de cada uno de sus legisladores después de votaciones importantes para el país en la Asamblea Legislativa.

Además, afirmaron que iniciarán una investigación para determinar cuál fue la naturaleza de los sufragios emitidos por los diputados de CC, durante la votación de la Ley del Oro.

“De este modo, la alianza ratifica su compromiso con las y los ciudadanos que han confiado en nuestra organización para representarlos, con la verdad y la transparencia”, culminó el comunicado.

/ LMPT

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En las sesiones legislativas, el conteo está a cargo del secretario de la cámara que toma en cuenta las manos levantadas para definir si hubo mayoría o dos tercios.

Sin embargo, hubo varias denuncias de conteos irregulares como en el caso de la Ley del Oro, donde parlamentarios “evistas” y de oposición aseguraron que no había la mayoría para aplazar el tratamiento de esa norma en la Cámara de Diputados.

En ese marco, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Samantha Nogales, explicó que las tablets instaladas en cada curul, tienen la opción para realizar las votaciones, pero la misma no se activa.

Reveló que el costo de cada equipo es de unos tres mil dólares (más de 20 mil bolivianos), por lo que, se gastó unos tres millones de bolivianos en dotar a todos los curules de los diputados.

La legisladora cuestionó que no se usen las tablets para la votación electrónica y fortalecer la transparencia del conteo, asimismo, explicó que los resultados de las votaciones podrían salir en las pantallas gigantes.

“Tenemos que estar parándonos una vergüenza levantando la mano uno por uno, cuando tenemos la tecnología en nuestros curules, para mostrar de manera transparente quién vota qué cosa”, manifestó.

Por su parte, el diputado del MAS del ala “evista”, Freddy López, advirtió que algunos de los parlamentarios no están de acuerdo con el uso de las tablets, pero consideró que se debe usar esa tecnología.

Dijo que no sólo se debe usar la tecnología de la Asamblea Legislativa para transparentar los votos, sino también el uso de la palabra, pues existe una administración arbitraria sobre a quién se otorga la palabra, lo cual se puede solucionar con el uso del sistema electrónico.

Enfatizó que no se puede seguir con el sistema de levantar las manos o pararse, cuando se erogó un costo para equipar a la Cámara de Diputados.

En el caso de la Cámara Alta, la senadora de CC, Cecilia Requena, también pidió que se utilice la tecnología para los votos, puesto que así se facilita también el control y rendición de cuentas de los parlamentarios.

Consideró que el oficialismo tiene la intención deliberada de no utilizar el sistema electrónico, para tener el poder de definir cuándo se tiene mayoría o dos tercios en las votaciones.

REGLAMENTO

La diputada Samantha Nogales indicó que el reglamento de la Cámara Baja permite la votación de manera electrónica, por lo cual lamentó que se evite utilizar ese sistema.

“Toda votación será personal y se efectuará por signo, de manera nominal, electrónicamente o por escrutinio”, estipula el artículo 107 del Reglamento de Diputados dispone.

Ese mismo reglamento es para las sesiones de Asamblea, es decir, conjuntas entre senadores y diputados en casos como de las interpelaciones.

En el caso del Senado, Requena dijo que cuando solicitó el uso del sistema electrónico de votación, la respuesta fue que existe un problema de reglamento.

“Si así fuera por qué han comprado un aparato que finalmente no van a utilizar. El pueblo boliviano no merece que tiremos y desperdiciemos recursos”, añadió.

/NVY

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El legislador, durante una conferencia de prensa, con molestia se refirió al tema calificándolo de supuesto cinismo, hipocresía y cobardía, además de señalar que no tiene nada que ocultar y no teme ser investigado.

Instó a que todo el gabinete de ministros, viceministros, directores generales, gerentes de empresas que renuncien a ese secreto bancario, para evidenciar quiénes realizan movimientos “oscuros” en sus cuentas y supuestamente se hicieron millonarios en dos años de gestión.

“Si de verdad quieren transparencia, si hoy se dan a la tarea de investigar a legisladores, dirigentes del MAS, los emplazo a que renuncien a ese secreto bancario”, subrayó de acuerdo al reporte de LA PATRIA Radio en La Paz.

Supuesta persecución contra el denominado “ala evista”

Por otro lado, admitió que la bancada del MAS en la Asamblea está completamente dividida, culpando al Presidente Luis Arce Catacora, por lo que sostuvo que existe persecución, adentramiento y hostigamiento.

“Hay una intención dañina y perversa de acallar, intimidar y amedrentar a algunos colegas diputados, dirigentes del MAS y esto está a la cabeza de los renovadores, que son los simples traidores”, manifestó.

Consideró que los denominados renovadores del MAS, presuntamente fueron usados por la oposición en dos ocasiones, uno para la elección de la directiva de la Cámara de Diputados y también para aprobar la Ley del Censo, que era solicitud del pueblo.

“Hoy vamos a ver a minutos más si ese matrimonio que consumaron fue realmente por interés o conveniencia”, añadió.

Intento de secuestro de Flores

Por otro lado, desmintió que junto a los diputados Renán Cabezas y Gualberto Arispe hayan viajado al sector de Los Yungas para intentar hacer secuestrar a Andrés Flores.

“Creo que al igual que Cuellar, se está fumando algo el señor Andrés Flores, algo está pasando”, expresó.

Explicó que fueron al lugar supuestamente para informar sobre lo que está pasando en el ámbito político nacional, departamental, esto a solicitud de presidentes de las direcciones del MAS del sector de Caranavi del sector de Los Yungas de La Paz.

Tras sus palabras, en la conferencia de prensa convocada hizo que uno de los presuntos dirigentes del sector se pronuncie, negando el intento de secuestro de Flores.

Por su parte, en horas recientes Flores expresó su preocupación ante constantes ataques de algunos diputados, mostrando con pruebas que los legisladores estaban en Caranavi, en una reunión privada.

Ante la situación, denunció públicamente que le intentaron hacer desaparecer por ser de los “renovadores”.

“Planificaron querer desestabilizar o querer dividir a Caranavi, pero no van a poder (…) Lamentablemente quieren dividir al país”, sostuvo.

Consultado sobre las acusaciones en su contra sobre ser traidor, resaltó que los traidores son los del “ala evista”, debido a que no acompañan la gestión del Gobierno.

/JDLF/

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“Yo sé que muchos han criticado la forma de designación del suscrito Defensor del Pueblo, no obstante, es importante establecer el elemento de coherencia básica que es la gestión. La gestión va a demostrar cuál es la identidad del suscrito Defensor del Pueblo, cuál es la identidad de la Defensoría del Pueblo”, afirmó en su discurso.

La elección de Callisaya es criticada porque se realizó en una sesión donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) aprovechó la ausencia de casi la mitad de los parlamentarios de oposición, para cambiar el orden del día y tener los dos tercios para designar a la autoridad defensorial.

La nueva autoridad se propuso realizar una reconstrucción institucional recuperando también la credibilidad de la población en la Defensoría del Pueblo. Dijo que se necesita fortalecer la independencia institucional y la estructura para garantizar una efectiva defensa de los Derechos Humanos.

Destacó que su inspiración es Ana María Romero de Campero, la primera Defensora del Pueblo, de quien resaltó su elocuencia y equilibrio.

“Nos toca seguir ese ideario, para que podamos continuar con ese legado que nos ha dejado doña Ana María Romero de Campero”, aseveró.

Asimismo, aseguró que es importante recuperar la relación, la sinergia, entre la sociedad civil organizada, el pueblo organizado, las instituciones de defensa de los Derechos Humanos, las entidades estatales y las organizaciones internacionales.

Callisaya reconoció que debe enfrentar una tarea compleja que requiere de medidas graduales.

Manifestó que le interesa mucho hacer hincapié en el tema de la transparencia, porque la corrupción tiene como víctimas exclusivas a los más vulnerables, a los sectores excluidos, pues profundiza la desigualdad.

“¿Cómo se puede atender las demandas sociales si se desvían recursos en favor de algunas personas particulares?”, cuestionó.

Consultado sobre su posición respecto a los hechos de 2019, el nuevo Defensor señaló que se han vulnerado derechos y que se debe esclarecer y resarcir a las víctimas.

Además, destacó la importancia del acceso a la información como derecho y bien público, para lo cual pidió a los periodistas constituirse en actores de construcción democrática y no sean simplemente transmisores, sino fundamentalmente promotores de los Derechos Humanos.

/HNF/

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La autoridad cuestionó que exista una predisposición de transparentar la información del Órgano Ejecutivo. Anteriormente, el ministro Montaño aseveró que es transparente y no se negaba a las respectivas investigaciones.

El diputado informó que solicitó el informe a Montaño el 10 de junio del presente año, para que se le remita todo el proceso de contratación, puesto que entonces había recibido la denuncia de los hechos de corrupción.

“No se me ha remitido hasta la fecha está petición de informe escrito (…) Por tanto, cuando dicen ‘toda la apertura para dar la información, toda la apertura para transparentar’, esa absolutamente falso. Junio, julio, agosto, casi tres meses que no me llega esa información”, señaló Arce.

RESPUESTA AL MINISTRO LIMA

El diputado denunciante también respondió al ministro de Justicia, Iván Lima, quien argumentó que el contrato fue adjudicado a la empresa que ofertó un menor precio para la carretera.

Arce aclaró al ministro Lima que está denunciando hechos irregulares como la presunta suplantación de documentos de la oferta de la empresa china, la elaboración del informe antes de la adjudicación y la forma en que el empresario chino consiguió un poder que le daba la tuición de firmar el contrato.

RESPONDE A HENRY NINA

Por su parte, el presidente de ABC, Henry Nina, aseguró que el día en que supuestamente se pagó un monto de nueve millones de bolivianos de la coima, él estaba en Cobija.

El diputado del MAS aclaró que jamás indicó con nombre y apellido, quién fue recoger la coima de nueve millones de bolivianos, y aclaró que denunció a Nina porque es la máxima autoridad de la ABC y designó a los miembros de la comisión quienes determinaron la contratación de la empresa china.

“No le voy a aceptar que utilice en su condición de Presidente de la ABC para amenazarme, amedrentar. El Ministerio Público ha valorado las pruebas que hemos presentado, ha elaborado la imputación formal”, dijo Arce.

/NVY

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Arce detalló que las casas de estudios superiores que no remitieron documentación, son la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) de Santa Cruz y la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

Asimismo, mencionó que la Universidad Autónoma de Pando y la Universidad San Francisco Xavier le enviaron información de manera parcial.

“En virtud a esta negativa de estas universidades, vamos a presentar un Amparo Constitucional para que está señores, autoridades, cumplan el deber de informar, transparentar conforme al artículo 24 de la Constitución Política del Estado”, manifestó.

Resaltó que existe una Sentencia Constitucional, la cual establece que las autoridades tienen la obligación de responder en el menor tiempo y de forma clara.

Investigación a universidades

La pericia surge por el caso del exdirigente estudiantil, Max Mendoza, de 52 años, quien fue líder desde hace más de 20 años, con un sueldo de Bs. 21 mil y pasó por diferentes carreras sin avanzar materias; por lo que fue aprehendido por recibir recursos del Estado “ilegalmente”.

“Aclarar al país y al sistema universitario no estamos cuestionando ni tocando la autonomía universitaria. Lo triste de esto es que algunos decanos, rectores y dirigentes universitarios han confundido conceptualmente lo que quiere decir autonomía y soberanía”, sostuvo.

También reveló que para revisar la documentación está armando un equipo con abogados, administrativos, auditores, economistas y especialistas en recursos humanos, reportó la red Erbol.

“A partir del lunes a primera hora vamos a revisar toda esta documentación, que es mucha información, para informarle al pueblo boliviano, si el manejo que ha realizado el sistema público de los recursos que es del pueblo se lo has realizado de manera transparente, si las contrataciones o designaciones de docentes lo han realizado o no en el marco de la ley”, concluyó.

/JDLF/

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Señaló que todas las denuncias que presenta la Gobernación no avanzan, debido a que son rechazadas o sobreseídas como es el caso de Ferrier por el caso de la carretera a Loreto o el caso de una exautoridad implicada en delito de combustible en el COED.

“¡Ya basta! No permitamos que a nuestra justicia la corrompan, ayúdennos señores periodistas”, manifestó.

Casos “trabados”

Asimismo, explicó que la objeción que presentó contra la resolución de sobreseimiento a favor del entonces gobernador, luego de dos meses recién subió a consideración del Fiscal Departamental de Justicia, reportó la red Erbol.

Mencionó también una denuncia de cobro de cheques por más de Bs. 2 millones, la cual aparentemente involucra a exfuncionarios y pese a la denuncia formal, presuntamente la Fiscalía del Beni no realizó ningún acto investigativo.

Respecto al caso del Tipnis, indicó que el 11 de julio se denunció señalando que hubo el manejo de más de un millón de bolivianos, además de involucrar a un asambleísta.

Subrayó que esa denuncia ya tiene plazo vencido y la única actuación de la Fiscalía fue solicitar a la Policía asigne un investigador, pero sin un seguimiento.

Por su parte, el secretario departamental de Justicia, Franz Muñoz, sostuvo que se trata de tráfico de influencias, afirmando que ante la situación hizo conocer las irregularidades al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa.

También enviaron reportes detallados al Ministerio de Justicia y al Viceministerio de Transparencia, con el argumento de que la Fiscalía anticorrupción busca cualquier pretexto para frenar las denuncias.

/JDLF

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Dicha comisión está encargada de la calificación de los candidatos quienes elevarán un informe con la lista de aspirantes habilitados ante el pleno de la Asamblea, para que se elija un Contralor por dos tercios.

Entre los postulantes están profesionales auditores (24), abogados (cuatro), contadores (cuatro), economistas (tres) y administradores de empresas (dos). Solo tres aspirantes no registraron su ocupación, informó la presidente de la Comisión, Eva Luz Humérez.

La legisladora detalló que entre los suscritos, según datos preliminares, hay 23 ciudadanos de La Paz, cinco de Oruro, cinco de Santa Cruz, dos de Chuquisaca, dos de Potosí, uno de Tarija, uno de Cochabamba y uno de Pando.

“Queremos informar que hemos hecho el cierre de los postulantes a Contralor General, de diferentes departamentos, son 33 varones y siete mujeres, estamos muy agradecidos por confiar en esta comisión, vamos a llevar el proceso con absoluta transparencia y vamos a elegir a la mejor persona para este cargo que es muy importante”, señaló Humerez.

Además, afirmó que el sábado por la mañana se iniciará con la apertura de sobres y la revisión de requisitos; el domingo se realizará la publicación.

La cantidad de postulantes representa casi la mitad de la cifra registrada en la última elección de 2016, cuando hubo 77 personas.

El trabajo fundamental del Contralor es fiscalizar la utilización de los recursos y bienes del Estado y de aquellos que provienen de convenios internacionales. Además, tiene la tarea de examinar actos irregulares contra la hacienda pública.

/HNF/

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Del Castillo aseveró que el viernes escuchó algunas versiones que dicen que va en contra de los derechos humanos presentar públicamente a los violadores, a los asesinos, a los ladrones y aquellas organizaciones criminales.

“Yo me pregunto, dónde estaban esas organizaciones de derechos humanos, cuando estaban matando al pueblo boliviano, dónde estaban cuando estaban violando a niñas y niños en Bolivia”, manifestó.

También, aseguró que por “un tema de transparencia, por un tema de compromiso, vamos a seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo”. El titular de la cartera de Gobierno afirmó que “el pueblo boliviano tiene que saber quiénes roban, quién viola y quién mata” y seguirán presentando a los presuntos delincuentes para que el pueblo pueda reconocerlos.

Para el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, en el país rige el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado que ordena que estas personas deben ser tratadas como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada.

Llanos afirmó que “está prohibido por la ley mostrar a las personas ante cámaras y menos si son detenidos preventivos, por más evidencias que puedan existir, mientras el juez no haya dado su veredicto, mientras el juez no haya dicho este señor es culpable no se puede mostrar en imágenes a las personas”.

“El Código de Procedimiento Penal señala que toda persona que va a ser exhibida ante los medios de comunicación tiene que tener una declaración escrita firmada por su abogado defensor, si no hay la declaración escrita de la persona que va a ser presentada, no puede realizarse (la exhibición)”, manifestó el ministro de Justicia, Iván Lima en horas precedentes.

/HNF/

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“Es necesario promover la partición ciudadana desde una etapa temprana, garantizando el involucramiento y familiarización de la población con los objetivos y productos esperados del proceso censal, así como el ejercicio del control social del proceso y de los resultados del censo en sus tres etapas: Pre censal, censal y post censal”, establece el proyecto de ley.

El proyecto de ley que fue remitido al presidente de Diputados, Freddy Mamani, propone en su artículo 14, la creación de “la Coordinadora Ciudadana de Participación y Control Censal como instancia técnico ciudadana conformada por la Sociedad Civil Organizada, Comités Cívicos, Organizaciones Indígenas Originario Campesinas, Universidades, Colegios de Profesionales, Plataformas Ciudadanas y demás Organizaciones e Instituciones de la Sociedad Civil interesadas en coadyuvar con el desarrollo de todo el proceso censal”.

Asimismo este proyecto plantea que se establezca en diez años, la periodicidad obligatoria para realizar censos y que cada cinco años se realice encuestas inter-censales con la finalidad de generar información estadística actualizada, que proporcione estimaciones de calidad sobre el volumen que pueda ser contrastado con la información obtenida en el último censo.

“Si el Gobierno no tiene nada que esconder y no tiene nada que mentirle a la población, pues deberá dejar participar a estas organizaciones, a estas plataformas y a estas entidades territoriales autónomas”, manifestó la diputada de oposición.

En ese entendido, Nayar cuestionó que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) realice “entre cuatro paredes” la organización del proceso censal, ocultando información de indicadores importantes sobre crecimiento poblacional regional, salud, educación, economía y generación de fuentes de empleo, entre otros.

/RXVCH/

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A su vez el ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que con este sistema se busca facilitar al ciudadano en el seguimiento a sus causas judiciales y acortar largas filas en los tribunales para ver los expedientes, ya que los archivos estarán disponibles para su acceso desde el celular o página web.
El sistema
El desarrollo del sistema dependerá de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).
A la vez el Ministro explicó que la iniciativa surge después de constantes denuncias y una revisión profunda a los casos de feminicidio y violación; éste constatará el problema de que los sistemas informáticos involucrados en el tema no estaban perdidos o archivados como lo denunciaban los afectados.
Seguridad
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, también señaló, que el sistema dará a la población la seguridad de toda denuncia hecha en las entidades de justicia y los cuadernos de sus casos no van a desaparecer.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, destacó que con el sistema único informático se trabajará con mayor transparencia y se atenderán las denuncias con mayor rapidez, generando mayor acceso a la justicia y un seguimiento óptimo por la sociedad boliviana.

/VSL

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El documento es el resultado de la visita del Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán y fue firmado entre el ministro de Justicia, Iván Lima y el jefe de la Misión Técnica de la Oficina del Acnudh, Antonio Menéndez de Zubillaga.

“Hay procedimientos judiciales que son muy importantes para el desarrollo de nuestra democracia, y queremos estar seguros que se está cumpliendo el debido proceso y los derechos humanos fundamentales”, manifestó Lima, de acuerdo a un boletín institucional.

Representante del organismo internacional

Menéndez de Zubillaga señaló que es “muy importante” la suscripción del protocolo, afirmando que supuestamente demuestra la voluntad política del Gobierno para trabajar por la “transparencia y el compromiso con los estándares internacionales”.

Asimismo, sostuvo que el documento brindará los mecanismos necesarios para una mayor transparencia en la administración de los procesos judiciales.

Resaltó que presuntamente fomentará el cumplimiento del debido proceso en Bolivia.

/JDLF/

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Para el municipio cruceño, existen indicios de que el dinero con el que Herbas hacía de prestamista, proviene de la venta de ítems, reportó el diario El Deber.

Detallaron que su salario era de Bs. 5.800 y su patrimonio no llegaba a Bs. 80 mil, según su Declaración Jurada de Bienes, la cual no consignó los préstamos ni los intereses que cobraba.

“Si nos remontamos al caso de los ítems fantasmas y vemos la ilicitud con la que este señor se movía y la estructura a la que este obedecía, nos permite a nosotros deducir que responde a dinero ilícito producto de la venta de ítems del municipio”, aseveró Pedraza.

Indicó que remitirá esa documentación al Ministerio Público y que pedirán que se les comunique la cantidad de procesos interpuestos por Herbas para cobrar dinero que él había prestado.

Asimismo, solicitarán que las notarías muestren documentos de los préstamos que suscribió Herbas y otros imputados en este caso.

Situación de sus préstamos

Hasta el momento, la Alcaldía tiene en su poder tres contratos privados, que suman más de Bs. 1,5 millones en préstamos y uno de los cuatro procesos iniciados por Herbas a sus prestatarios ya tiene sentencia.

Pedraza detalló que esos contratos estaban respaldados con garantías hipotecarias, con lotes de terreno y casas. Datan de 2018, 2019 y 2020; por lo que anunció que solicitarán que el dinero que debe devolvérsele a Herbas sea enviado a un depósito judicial y se congele hasta que la situación jurídica se resuelva.

Por otro lado, solicitarán una pericia económica para conocer el patrimonio de Herbas, con el propósito de que exista una devolución monetaria a la comuna cruceña.

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Dicho registro se realizará el próximo 22 de noviembre, por lo cual creen que atentará contra su credibilidad.

El dirigente del Conade, Julio Alvarado consideró que el Gobierno pretende, a través de esa ley del INE, tener el monopolio total de las estadísticas.

Asimismo, citó como ejemplo que las estadísticas oficiales de Cuba muestran altos índices en materia de Salud, Educación, Producto Interno Bruto (PIB), que no reflejan la realidad “y la miseria en la que viven. Eso es lo que ha hecho el Gobierno del MAS desde el Censo 2012, y ahora lo quiere repetir”, declaró Alvarado.

En 2021, la protesta cívica y ciudadana que tuvo como epicentro las ciudades de Santa Cruz y Potosí, consiguió la abrogación de la Ley 1386 contra la legitimación de ganancias ilícitas.

“Vamos a tener que volver a las calles, este Gobierno no entiende razones si no ve protestas ciudadanas, no hay diálogo, argumentos, respaldos científicos que puedan hacer cambiar su posición, sólo la protesta, y eso es lo que haremos”, complementó, según reporte de El Deber.

La jornada anterior, se conoció oficialmente que el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dio positivo a Covid-19. Este hecho y el aumento de los contagios en este departamento, obligó a suspender el cabildo que estaba previsto para este mes.

De esa manera, el abogado del Comité Cívico, Jorge Valda confirmó que no se detuvo la agenda cívica nacional, ayer sostuvo una reunión, vía zoom, en la que definió que la transparencia del censo será una de las luchas de este año.
La presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, señaló que igualmente saldrán a las calles en contra de la mencionada ley, porque atenta contra la realización de un censo transparente.

Según la dirigente cívica, es la posibilidad de reconfigurar el poder en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como negociar sus recursos.

“Los potosinos estamos muy comprometidos en esto, así que necesitamos que este proceso sea correcto y transparente”, añadió Graz.

El oficialismo aprobó el 1 de noviembre del año anterior la Ley 1405. El artículo 6 de la norma señala que el INE es la única instancia responsable de producir, normar y difundir estadísticas oficiales, “a través de registros administrativos, censos, encuestas, información geoestadística, información no estructurada, entre otras”.

Finalmente, especifica que es la única entidad a cargo de la realización de censos oficiales en todo el territorio boliviano y que “ejercerá su actividad de manera imparcial, con autonomía técnica, libre de cualquier tipo de presiones o injerencias, con el fin de proporcionar estadísticas oficiales”.

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“Consideramos que es un tema que no tiene que ser politizado, es la justicia, es el Misterio Público, la instancia en la que se tiene que investigar, debe haber celeridad, porque salen muchos elementos que tienen que ser manejados de manera muy responsable”, indicó.

Dijo que debe ser la justicia, quien deba responder de forma responsable, transparente y con celeridad al pueblo cruceño, según reportó la agencia de información ABI.

“Está en la instancia que tiene que estar, que es el Ministerio Público, la comisión de fiscales, la justicia tiene que responder de manera responsable, transparente, con celeridad al pueblo cruceño, tendrá que investigarse, tiene que ser de manera muy clara, ese es el trabajo y la responsabilidad que tienen”, manifestó Alcón.

También, instó a los sectores de la oposición a no empañar las investigaciones y a actuar con responsabilidad.

“Ya empiezan a salir discursos que empañan la investigación y aquí se tiene que actuar de manera muy responsable con el pueblo cruceño. (…), nosotros nos mantenemos al margen, cuidamos también las declaraciones, porque no vamos a ingresar a ese tipo de declaraciones que no colaboran”, subrayó.

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El 26 del presente mes, la viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama presentó la demanda contra el ministro de Educación Adrián Quelca, y el director de Educación Superior Técnica Tecnología Lingüística y Artística, Agustín Tarifa, por el tráfico de influencias y manipulación para los cargos directivos del sistema educativo.

Además, circularon en las redes sociales información sobre el tráfico de exámenes y planillas de respuestas para los cargos dentro del Ministerio de Educación, según el diario el Correo del Sur.

El ministro de Justicia Iván Lima, dijo que Adrián Quelca no sería la única autoridad denunciada, sino también existen otras del mismo Ministerio de Educación por presuntas irregularidades. Al respecto, informó que se realizará una investigación amplia sobre este caso y no dio mayor información.

Las denuncias emitidas contra Quelca y Tarifa son por manipular los cargos, en los cuales favorecían a otras personas y afectaban a varios postulantes.

Por otro lado, se acusó a Balderrama por presionar la posesión de un aspirante quien presentó un certificado falso.

Lima indicó que mediante el Viceministerio de Transparencia se indagará si hubo faltas a la ética y vulneración de la transparencia, además se informará sobre este caso cuando la investigación termine, según red Erbol.

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“En el Día Nacional de la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, reafirmamos nuestro compromiso de combatir este flagelo”, indicó parte del mensaje de Arce, quien publicó en su cuenta de Twitter.

El enero de este año, el mandatario pidió a los presidentes y directores de las empresas del Estado, iniciar auditorías en las empresas estatales para identificar presuntos actos de corrupción e iniciar los procesos legales que correspondan en el marco de la normativa vigente en el país.

Asimismo, hace más de un mes que el Gobierno presentó la plataforma virtual de Subastas Electrónicas y el Mercado Virtual Estatal, para realizar contrataciones de bienes al Estado y de esa manera combatir con la corrupción.

“Para transparentar las contrataciones estatales impulsamos el sistema de subasta electrónica y mercado virtual”, tuiteó Arce.

A partir de la publicación del Presidente se observaron numerosas reacciones de usuarios de esa red social, en la que cuestionan la Ley de Emergencia Sanitaria, en la que uno de sus artículos avala cláusulas de confidencialidad en las licitaciones que realice el Estado durante la pandemia del coronavirus.

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El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, planteó el miércoles precedente la creación de esa instancia como una especie de Defensor que ayude en todos los procesos.

“Habrá que abreviar los trámites burocráticos, administrativos y no creo (que) sólo se judicialice a la Policía, sino que en ciertos sectores se ha criminalizado a la Policía”, manifestó la autoridad, durante en reunión en instalaciones del sistema integrado de seguridad ciudadana BOL-110, reportado por la red Unitel

Mediante un comunicado del Ministerio de Gobierno, Del Castillo criticó que en el pasado se haya utilizado a la institución del orden para sancionar y castigar a sus miembros para demostrar gestión ministerial.

“Creo que los malos policías deben ser sancionados, no con un proceso burocrático, sino de manera inmediata y los buenos policías, que son denunciados de manera irregular por revanchismo al interior de la Policía, ello no debe suceder. Creo que debemos tener una institución o una unidad imparcial que sea el Defensor Policial”, manifestó la autoridad.

Con relación a las propuestas de modificación de las normas de la Policía, la autoridad justificó que ese proceso debe ser consensuado con la sociedad civil para lograr acuerdos mutuos.

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Asimismo, el candidato y exlíder cívico cruceño, le pidió a la población que “custodie su voto”.

“Agradecemos a todos los bolivianos que puedan llevar adelante una jornada democrática”, manifestó Camacho.

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Con la norma se desea que el Presidente, Vicepresidente, Ministros de Estado, Gobernadores, Alcaldes y máximas autoridades de empresas e instituciones públicas que administren recursos fiscales, “a efecto de rendir los informes que se requieran a las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado”.

La norma consta de cuatro artículos y una disposición final, y la Contraloría General del Estado será la encargada de remitir a la dirección de Migración, el listado de las autoridades señaladas en la presente ley para su efectivo cumplimiento.

Tras la aprobación de la norma por más de dos tercios en la Cámara Alta, fue remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

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DVVQ.

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