En contacto con Erbol, García expresó su inquietud por la pasividad en el control de la migración irregular desde el paso de Desaguadero, en la frontera chileno-boliviana. Además, resaltó la negativa boliviana a aceptar la reconducción de migrantes hacia su territorio, así como el ingreso masivo de vehículos robados desde Chile.

Mayoría de “coyotes” extranjeros bolivianos

El alcalde también mencionó que los “coyotes” que operan en la frontera son mayoritariamente extranjeros bolivianos y no chilenos. Asimismo, advirtió sobre el aumento significativo del flujo de migrantes ilegales hacia Bolivia en las últimas semanas, atribuyendo esta situación a la crisis política y social que atraviesa el Estado Plurinacional.

Aumento en el tráfico de vehículos robados

En las últimas tres semanas se ha registrado un incremento del 30% en el número de vehículos robados ingresados desde Chile a Bolivia. Según estadísticas, durante el último año se han detenido a más de 100 personas relacionadas con actividades delictivas en la frontera entre ambos países.

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El diputado de Creemos, Erwin Bazán, aseguró que todo apunta a que hay un mecanismo para ocultar la entrada de vehículos robados al país, porque genera un importante movimiento económico que el Gobierno no detuvo hasta ahora.

“Platearon esta interpelación hace un año y ahora recién viene el ministro, esperando que la atención de la ciudadanía haya bajado. La alianza Creemos irá por la censura; imaginamos que Comunidad Ciudadana (CC), lo propio”, declaró el legislador a LA PATRIA en la sede de Gobierno.

En ese sentido, enfatizó que darle el voto de confianza a Del Castillo es encubrir todo el ilícito de los autos chutos en Bolivia. Por tanto, manifestó que estarán atentos a la postura que muestre el oficialismo.

Al respecto, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gualberto Arispe, se limitó a decir que el tema es delicado y los legisladores interpelantes deben cuestionar minuciosamente a la autoridad para tener todo claro.

La interpelación se iniciará a las 14:30 horas y constará de 14 preguntas sobre el trabajo de la Dirección Nacional de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), las denuncias presentadas por robo de motorizados, la base de datos y el resguardo de pasos fronterizos, especialmente con Chile.

La primera interpelación a Del Castillo fue en 2021 por la detención de la expresidente Jeanine Añez. La segunda fue el 23 de mayo de 2023 por la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. La tercera fue el 13 de junio por la actuación de la Policía en el paro de 36 días en Santa Cruz.

Durante las tres sesiones se le dio el voto de confianza a su gestión y continuó desempeñando sus funciones. Sin embargo, desde la oposición recalcaron que la temática de esta nueva interpelación es grave y que la autoridad debe ser censurada definitivamente.

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La captura se dio durante un patrullaje preventivo en el sector del salar del Huasco, donde los efectivos observaron dos vehículos que al percatarse de su presencia se dieron a la fuga.

Ante la situación, comenzó una persecución por la ruta A-97-B Km, por lo que se interceptó los vehículos y se capturó a los ocupantes, trasladándolos hacía la tenencia Ujina.

En el análisis se verificó que uno de los vehículos tenía un cargo vigente en la comuna de Pozo Almonte por robo procediendo a la detención por el delito de receptación, reportó el portal Soy Chile.

De acuerdo con el reporte, los sujetos capturados son de nacionalidad chilena, colombiana y venezolana.

El tráfico de vehículos de Chile al país se hizo más frecuente en meses recientes, pues se encontraron vehículos reportados como robados en territorio nacional.

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Una fuente relacionada al proceso que lleva adelante la Fiscalía contra el exejefe policial, dio la información en contacto con la red Erbol.

De acuerdo con el reporte del país vecino, el vehículo robado estaba en la propiedad del coronel en Santa Cruz.

Asimismo, se reveló que el investigador del Grupo de Recuperación de Vehículos se comunicó con el Policía y presuntamente tras el contacto el coche fue abandonado en vía pública.

Cabezas fue aprehendido en mayo de este año, debido al reportaje chileno que evidenciaba que la vagoneta robada estaba en su domicilio.

Medidas contra Cabezas

Ante la situación, como primera medida, el 4 de mayo, la justicia determinó que el exjefe policial sea enviado al penal de Palmasola de manera preventiva, imputándolo por los presuntos delitos de uso indebido de influencias y otros.

Aparentemente, hace al menos tres semanas se realizó una audiencia de cesación a la detención preventiva, en la que se determinó otorgar el arresto domiciliario junto a otras medidas cautelares.

Por su parte, la Fiscalía apeló la decisión de otorgar la detención domiciliaria al exjefe policial.

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El abogado de Alberti, César Rojas, indicó que la decisión de otorgar la detención domiciliaria a su defendido se suscitó hace más de una semana y fue ratificada en instancia de apelación, según reporte de la red Erbol.

El Capitán de la fuerza del orden fue aprehendido y enviado a la cárcel de San Pedro a principios de junio, luego de que el investigador chileno, Hugo Bustos, hiciera junto a su equipo la difusión de un reportaje televisivo sobre el lucrativo negocio de autos robados en Chile y posteriormente comercializados en Bolivia, que involucró a efectivos policiales.

El jurista reveló que en audiencia de cesación a la detención se desvirtuaron los riesgos de fuga y obstaculización, por lo cual se determinó que cumpla con la detención domiciliaria con custodia en el departamento de La Paz.

Además de la detención domiciliaria, el capitán tiene arraigo, es decir, no tiene permiso para trabajar; sin embargo, la defensa solicitará que se le permita ejercer su fuente laboral al ser un derecho.

El abogado consideró que el proceso en contra de Alberti es irracional, porque imputaron en base a una publicación de red social, cuando no existe denuncia ni objeto del presunto hecho.

Asimismo, afirmó que el capitán Alberti no está suspendido en el plano policial y tenía un proceso del cual fue redimido.

Fue detenido el junio y en audiencia se reveló que anteriormente fue denunciado por violencia familiar, robo agravado, amenazas, cohecho, en casos que fueron cerrados.

Finalmente, se reveló que tenía un caso por estafa, en el cual se optó por salida alternativa y otro por robo agravado en febrero.

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Del Castillo deberá responder un cuestionario elaborado por asambleístas de la oposición quienes advirtieron que podría existir censura a la autoridad, la interpelación será ejecutada a solicitud de la bancada opositora de Comunidad Ciudadana (CC).

El diputado de CC, Marcelo Pedrazas consideró que este tema de la internación de autos robados afecta la dignidad y orgullo nacional, porque proyecta una imagen a nivel internacional de que los bolivianos son ladrones.

En ese marco, indicó que el ministro tiene toda la responsabilidad de responder ante la Asamblea, tomando en cuenta que es parte del mando policial.

Llamó a que, para el 7 de julio, oficialismo y oposición recuperen el verdadero sentido de la interpelación respecto a cuestionar el actuar de un ministro.

Pidió que la interpelación no sea utilizada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), para exponer peleas por pegas ni fracturas internas. Asimismo, dijo que en la oposición se verá quién está en el trabajo de fiscalización.

Del Castillo ya fue interpelado el pasado 31 de mayo, por la inseguridad ciudadana en El Alto. En la misma fue ratificado en el cargo, pero con voto dividido del oficialismo.

ANTECEDENTES

De acuerdo a los antecedentes de este caso, el excomandante de la Policía Fronteriza coronel Raúl Cabezas, cumple una detención preventiva en el penal de Palmasola de Santa Cruz acusado de la tenencia de vehículos robados y haberlos internado de manera ilegal.

El caso nace a raíz de la investigación de Hugo Bustos que llegó hasta Bolivia en busca de vehículos que habían sido robados en Chile y que fueron captados en el domicilio de una exautoridad policial.

Según el director del Grupo de Búsqueda, un 90% de los motorizados que son sustraídos en su país se encuentran en poder de autoridades bolivianas.

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La Fiscalía solicitó seis meses de detención preventiva, pero el juez dispuso que el plazo sea de cuatro mientras se desarrollan los actos investigativos pendientes.

Alberti es acusado del tráfico de vehículos robados. Particularmente, se le acusa del caso de una camioneta que fue sustraída en Chile y que apareció en el norte potosino, reportó la red Erbol.

De acuerdo con la denuncia difundida en medios locales, también solicitó cinco mil dólares a una víctima del robo de su coche,

Por disposición de la autoridad judicial, el oficial debe ser remitido a un sector de cárcel diferente a donde están los reclusos con sentencia.

Por su parte, la defensa del oficial apeló la decisión y Alberti aseguró al juez que en estos cuatro meses la Fiscalía no aportará ninguna prueba porque sería un caso imposible de comprobar, “puesto que jamás existió”.

Alberti tiene antecedentes por violencia familiar y otros delitos

En la audiencia cautelar en la que se determinó la medida, se reveló varios casos en los cuales está involucrado Alberti.

Entre ellos resalta uno por violencia familiar, pero el caso fue rechazado; también registra uno por robo agravado y otros por amenazas, cerrados por el rechazo de la denuncia.

Por otro lado, tuvo un proceso por presunto cohecho, en el cual fue sobreseído. Además, según el juez, uno por estafa en el cual se optó por salida alternativa y otro por robo agravado de febrero de 2022 que aún está abierto.

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El instructivo fue lanzado después del escándalo en que se involucró a altos mandos policiales con el tráfico de vehículos robados en Chile.

“La ley 101 mezcla las faltas y procedimientos administrativos con procedimiento penal, lo que ha provocado una sensación de impunidad en quien denuncia actividades ilícitas o administrativas, porque este carácter híbrido provoca la dilación, y otro aspectos es que cuando se aplica esta norma el funcionario policial es suspendido sin presumir la inocencia”, observó en una entrevista en Radio Kawsachun Coca.

Una comisión empezó este lunes a trabajar en ajustes a la normativa vigente desde 2011, que podría acabar con reformas o su anulación para reemplazarla con otra. Aguilera señaló que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dispuso trabajar en los ajustes.

La Ley de Régimen Disciplinario de la Policía establece la comisión de faltas leves y graves y su sanción con medidas como la baja definitiva, como ocurrió con varios uniformados vinculados al motín en la crisis de 2019. También determina que “se presume la inocencia de la persona sujeta a procesamiento mientras no se demuestre lo contrario mediante Proceso Administrativo Disciplinario de la Policía Boliviana”.

Asimismo, el comandante indicó que el Inspector General de la Policía tomará posesión de inspectores departamentales, con el objetivo de que se sancione las actitudes de los efectivos que sean vulneradoras de obligaciones.

En el último tiempo fueron destapados escándalos en los que jefes policiales fueron vinculados con delitos de narcotráfico y robo de vehículos.

En el caso relacionado a sustancias controladas, se intervino la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y se destituyó a su director José María Velasco, tras audios en los que se escuchan órdenes para abortar un operativo antidroga.

Otro de los casos está relacionado al robo de vehículos en Chile e internados en Bolivia. Uno de esos motorizados fue encontrado en la casa del coronel Raúl Cabezas, quien fue enviado a la cárcel cruceña de Palmasola con detención preventiva.

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“Lamento que algunos chilenos, malos chilenos, falsos chilenos, vienen a hablarnos de cosas que no conocen bajo su concepción de ignorancia. No existe ningún México chico”, manifestó el legislador.

Según el miembro del Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV) robados, Hugo Bustos “México chico” sería el sobrenombre de una población que está al interior del Chapare, Cochabamba donde estarían los vehículos robados de Chile.

“Esos vehículos (robados) estaban en México Chico, a ese lugar no se puede entrar (a rescatar vehículos) porque es peligroso, tampoco va la Policía, no entran las autoridades, no se puede hacer nada”, señaló Bustos.

Asimismo, esta organización registró al menos 419 vehículos robados en su país en 2021 y la mayor cantidad fueron localizados en Santa Cruz, presuntamente un 90 % se encontraría en poder de efectivos policiales, militares, políticos y funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).

“Le daré un ejemplo básico. Donde hemos tenido camiones tolva (reportados), que son para trabajo minero, una maquinaria y otros camiones que fueron robados en Antofagasta se encuentran en México Chico”, afirmó Bustos, la semana reciente en contacto con Radio Compañera.

Por su parte, Loza manifestó que no existen restricciones para ingresar al Trópico cochabambino y a cualquier región del país, “quien sea, que sea chileno o no chileno, boliviano o no boliviano, libremente pueden ingresar”.

Al respecto de las declaraciones del miembro de GVB, el senador Loza, sostuvó que la intención del grupo seria afectar a la región del Trópico de Cochabamaba como una instrucción política.

Bustos junto a un equipo de periodistas de un canal de Chile llegó a Bolivia a fines de marzo con el objetivo de rescatar un vehículo y el hecho reveló un caso de tráfico de vehículos robados, pero también chutos en el que nuevamente están involucrados funcionarios públicos, principalmente policías.

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El representante de los Carabineros de Chile, Antonio Alonso, afirmó que se trabajará en el refuerzo de la coordinación entre ambas fuerzas del orden, un trabajo que se remonta hace más de un año y que logró la entrega de vehículos a las personas que sufrieron el robo.

Por su parte, el comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, indicó que ya se coordinaron actividades operativas con Chile en el pasado, sin embargo, ahora el enfoque es la puntualización en acciones de control.

El agente policial informó que la coordinación con el país vecino ya logró el esclarecimiento de varios casos, tal como fue el de Huajchilla, donde personas de nacionalidad chilena realizaron un atraco que resultó en la muerte de personas.

El subcomisario chileno, Pablo Díaz, indicó que se lograron acuerdos entre ambas fuerzas del orden y que se desarrollarán desde mañana, con la finalidad de combatir a las organizaciones criminales, según informó Erbol.

Con relación al escándalo de los vehículos robados, Alonso confirmó que los integrantes del equipo que realizaron el reportaje, entraron a Bolivia de manera ilegal y consideró incorrecta la manera en la que se recuperó uno de los automóviles.

“Lamentablemente no debería ser el canal correcto como se recupera ese vehículo, debería haber sido a través de Cancillería”, dijo el oficial chileno.

Asimismo, indicó que esta gestión se recuperaron tres vehículos que se buscaban en Chile; sin embargo, el jefe de la Policía Boliviana aclaró que estos automóviles eran de una empresa minera que tiene su respetivo seguro, por lo que ahora no se tiene a quién devolver estos motorizados.

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En el reportaje se evidencia que vehículos robados en Chile estaban en el departamento de Santa Cruz. Se implica al teniente coronel Raúl Cabezas, porque en su propiedad, según el video, se encontraba una vagoneta que fue robada en Chile.

También se involucra al coronel Téllez por unas llamadas que hizo al investigador chileno que detectó las movilidades, reconociendo que se comercializan coches robados en Yapacaní y, supuestamente, pidiéndole que se vaya del lugar.

Cabezas ya fue aprehendido en el departamento de Potosí al finalizar la tarde de este lunes, está acusado por la tenencia del vehículo robado, informó el comandante de la Policía cruceña, coronel Erick Holguín.

Asimismo, Téllez ya fue relevado del cargo y fue puesto a disposición de una investigación de anticorrupción, afirmó también el coronel Holguín.

El canal Meganoticias difundió un reportaje en el que denunciaron que un jefe de la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove) de Santa Cruz encubría la venta de vehículos robados, también revelaron que incluso un comandante de la Policía Fronteriza tenía un coche de estas características en su poder.

“Tenemos a la Policía totalmente corrompida”, lamentó el investigador Hugo Bustos después de recabar todo su material y difundirlo.

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