Castro señaló que la administración del Estado no puede ser ajena al sentir de la población. “Gobernar la patria no solo es administrar, es ante todo saber escuchar”, afirmó.

Impacto en el costo de vida

El titular de la Cámara Baja reconoció que el fin del subsidio está teniendo un impacto directo en el costo de vida de las familias bolivianas. Ante las primeras reacciones de protesta, Castro instó al Poder Ejecutivo a actuar con “seguridad, sensibilidad y responsabilidad” para evitar una escalada de violencia.

Cámara de Diputados como mediador

Roberto Castro posicionó a la Cámara de Diputados como un actor estratégico y mediador en la crisis. Destacó que el Legislativo ha trabajado de manera “madura y oportuna”, mencionando como ejemplo la aprobación de leyes de crédito bajo estrictos mecanismos de control y fiscalización.

Objetivos del diálogo nacional

La propuesta de diálogo nacional busca reunir en una misma mesa al Órgano Ejecutivo, a las organizaciones sociales y al Legislativo. El objetivo central es diseñar medidas alternativas o complementarias que garanticen tres pilares fundamentales para el Estado: paz social, estabilidad política y recuperación económica.

Priorizar el bienestar común

Finalmente, el asambleísta exhortó a todos los sectores a deponer intereses particulares y priorizar el bienestar común. “Expresamos nuestra total apertura para la construcción de las medidas que emerjan del diálogo”, concluyó, reafirmando que el consenso es el único camino para superar la actual coyuntura económica.

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Según la autoridad, el Ejecutivo fue elegido para “tomar decisiones, por difíciles que estas sean”, en favor de la viabilidad del país. A pesar de esta postura firme sobre el contenido del decreto, Lupo indicó que hay total apertura para establecer mesas de diálogo.

No obstante, aclaró que estos espacios tendrán el objetivo exclusivo de explicar los alcances técnicos de la medida y demostrar los impactos reales que busca generar en la economía nacional.

Justificación del decreto

La justificación principal del Gobierno es que el Decreto 5503 se basa en un estudio técnico profundo que busca “sincerar la economía” y abordar las causas estructurales de la crisis, en lugar de solo tratar los síntomas.

El ministro explicó que mantener el modelo de subvención heredado generó un déficit fiscal creciente e insostenible, lo que a largo plazo provocaría un aumento descontrolado de precios que afectaría principalmente a los sectores más vulnerables.

“Lo peor que podría pasar es seguir con lo que heredábamos. Estamos atacando las causas de la crisis, producidas por este subsidio que distorsionaba la economía”, afirmó Lupo en una entrevista con la Red Erbol.

Críticas a la subvención

Para el Gobierno, el esquema de combustibles baratos que existía antes del decreto funcionaba como un “engaño” para la población. Lupo denunció que la subvención no llegaba a quienes realmente la necesitaban, sino que fomentaba prácticas ilegales y permitía que “unos cuantos sinvergüenzas” se enriquecieran mediante el contrabando de carburantes hacia países vecinos.

Objetivos del Gobierno

Con esta medida, el Ejecutivo asegura que busca eliminar las distorsiones que vaciaban las arcas del Estado, priorizando la estabilidad macroeconómica por encima del costo político que representa el ajuste de precios.

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Camacho criticó el sistema de subsidios que ha estado vigente durante casi 20 años y afirmó que Bolivia ha llegado al final de las subvenciones a los combustibles. Según él, estas solo han generado efectos negativos en la economía.

Consecuencias del anterior Gobierno

El gobernador sostuvo que la actual crisis es un resultado directo de un “camino desastroso” trazado por el Gobierno anterior. A pesar de reconocer que el ajuste genera preocupación entre la ciudadanía, argumentó que es el único camino para acabar con las largas filas en los surtidores de combustible, detener la crisis de divisas y desabastecimiento, y reactivar la economía nacional.

Componentes del plan de ajuste

Camacho subrayó que el plan de ajuste no se limita a un recorte de gastos, sino que también incluye medidas de protección para los sectores más vulnerables. Destacó como aspectos positivos el aumento salarial y el fortalecimiento de la Renta Dignidad para los adultos mayores, iniciativas diseñadas para mitigar el impacto del aumento de precios en la canasta básica.

Impacto de las subvenciones

La autoridad cruceña también enfatizó que las subvenciones han empobrecido al país y han generado contrabando y corrupción. Con esta postura, Camacho se alinea con la necesidad de un “choque” económico, priorizando la estabilidad financiera sobre el costo político inmediato de las medidas.

Alianza electoral reciente

Recientemente, su agrupación selló una alianza electoral con el partido de Rodrigo Paz, de cara a los próximos comicios.

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Durante casi veinte años, Bolivia vivió bajo una ilusión cuidadosamente construida: la idea de mantener un dólar fijo, combustibles baratos, alimentos subsidiados y un gasto público creciente sin costo real. El Movimiento Al Socialismo (MAS) convirtió esta ficción económica en su principal herramienta política, explotándola electoralmente mientras fue rentable y defendiéndola incluso cuando los mecanismos que la sustentaban comenzaban a desmoronarse. Hoy, la acumulación de esas decisiones deja una verdad incómoda: la economía siempre cobra sus facturas.

El punto de quiebre llegó en diciembre de 2010, cuando el gobierno decidió duplicar los precios de la gasolina y el diésel. La medida, que llevó la gasolina de 3,74 a 7,40 bolivianos y el diésel de 3,72 a 7,40, detonó un estallido inflacionario inmediato. Algunos productos, como el pan, se encarecieron hasta en un 100 por ciento. La revuelta social en La Paz y El Alto obligó al gobierno a retroceder, pero los efectos ya eran irreversibles: los precios no volvieron a su nivel original y la confianza ciudadana quedó profundamente erosionada.

En cualquier economía de mercado, los precios no son capricho: orientan sobre cuánto producir y demandar. Un aumento puede responder a problemas de producción, costos más altos, compras externas caras o mayor demanda interna. La caída de precios refleja eficiencia, innovación o competencia externa. Cuando un bien sube, la demanda disminuye parcial o permanentemente. En Bolivia, esto ocurre con la carne de res y ciertos medicamentos: los consumidores reducen o eliminan su compra ante precios inalcanzables, mientras otros bienes, como electrónicos, se abaratan, beneficiando al comprador.

El MAS, sin embargo, contó con un salvavidas inesperado: la mayor renta gasífera de la historia boliviana. No fue fruto de una gestión brillante ni de una estrategia de largo plazo, sino un golpe de suerte que permitió sostener un tipo de cambio artificialmente fijado en 6,97 bolivianos por dólar y mantener un sistema de subsidios que, en otro contexto, habría colapsado. En lugar de usar ese ingreso para diversificar la economía o modernizar la producción, el gobierno priorizó consolidar poder político. La economía quedó subordinada a la lógica electoral.

Esta distorsión fue particularmente evidente en el sector alimentario. El caso del pan ilustra el fenómeno: durante más de una década, su precio se mantuvo artificialmente bajo en el occidente del país, mientras en el oriente no existió un subsidio equivalente. EMAPA vendía harina a precios muy por debajo del mercado, pero ese beneficio llegaba a menos de la mitad del consumo nacional. La distribución estaba marcada por favoritismos, redes de revendedores y corrupción. Lo que se presentó como política social se convirtió en un instrumento de control político.

Lo mismo ocurrió con los combustibles. Entre 2022 y 2024, Bolivia destinó entre 8,5 y 11,2 por ciento de su PIB a subsidios, de los cuales entre 75 y 82 por ciento se dirigió exclusivamente a gasolina y diésel. El subsidio beneficiaba más a quienes más consumían, no a quienes más lo necesitaban. Este esquema funcionó mientras los ingresos por gas eran abundantes, pero se desmoronó cuando las exportaciones cayeron de 6.000 millones de dólares en 2014 a apenas 2.100 millones en 2024, con proyecciones de 1.600 a 1.800 millones en 2025. La falta de inversión y el colapso del sector gasífero dejaron a la economía en un estado crítico.

El deterioro alcanzó también a las reservas internacionales. De los 15.122 millones de dólares en 2014, estas se redujeron a 1.709 millones en 2023, y para octubre de 2025 se estiman entre 1.050 y 1.200 millones, de los cuales más del 70 por ciento son oro o activos no líquidos. La liquidez real se mueve entre 300 y 400 millones de dólares, insuficiente para afrontar choques externos o garantizar importaciones esenciales. Así quedó la economía después de años de sostener precios irreales y postergar decisiones necesarias.

La explosión de la ficción se hizo evidente entre mayo y julio de 2025. La inflación acumulada en alimentos desde 2022 superó el 46 por ciento. Productos básicos como la carne de res y ciertos medicamentos se encarecieron hasta el punto de que la demanda cayó de manera permanente. Mientras tanto, bienes tecnológicos como celulares y computadoras se abarataron, impulsados por la caída global de precios y por la eliminación de aranceles anunciada por el presidente Rodrigo Paz Pereira. La medida puede democratizar el acceso a la tecnología, pero también presiona a la baja a sectores locales incapaces de competir.

Bolivia enfrenta hoy una disyuntiva que ningún gobierno quiere asumir: sincerar la economía o seguir fingiendo. Mantener los subsidios actuales hasta 2028 costaría entre 14.000 y 15.000 millones de dólares, un monto imposible para un país con reservas casi agotadas. Un ajuste gradual, combinando la liberación progresiva de combustibles con subsidios focalizados y temporales, sería doloroso, pero permitiría ahorrar aproximadamente 9.000 millones de dólares en cuatro años. No actuar implica prolongar la crisis hasta que el ajuste sea inevitable y mucho más traumático.

El MAS gobernó sobre la base de un relato económico que hoy ya no puede sostener. Su legado no es estabilidad, sino fragilidad, subsidios artificiales y corrupción organizada. La realidad terminó imponiéndose: la ficción económica tiene un precio, y ese precio lo está pagando todo el país.

La pregunta es sencilla: ¿seguirá Bolivia aferrándose a la ilusión o asumirá la verdad? Lo que está claro es que ningún proyecto basado en subsidios eternos, manipulación de precios y favoritismos puede durar. La economía no negocia con la política. Y cuando la política desafía a la economía, la economía siempre gana. Esa es la lección que Bolivia debe aprender antes de que el costo se vuelva irreversible.

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Impacto de los subsidios

El subsidio a los combustibles representa un drenaje significativo de recursos en varios países de América Latina, especialmente en las naciones andinas. Estos recursos podrían ser utilizados en áreas sociales como la atención sanitaria o la infraestructura. Por ejemplo, la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador provocó un aumento en los precios, lo que a su vez desató protestas indígenas y bloqueos viales. Esto refleja la sensibilidad que pueden causar estos ajustes en una región que depende de estos auxilios.

La situación en Venezuela

En el caso de Venezuela, los subsidios a combustibles evidencian “la incapacidad del Estado para sostener un crecimiento económico que permita a los hogares pagar precios internacionales”, según afirma Roberto Pérez, especialista en asuntos venezolanos. Además, estos subsidios “muestran la contradicción de mantener estímulos al consumo de energía contaminante, pese a la urgencia climática”.

Subsidios en Bolivia y otros países

De acuerdo con los datos del IFF, en Bolivia, los subsidios a hidrocarburos como el diésel y la gasolina representan hasta el 3,6% del PIB. Esto se convierte en una carga persistente que coexiste con déficits fiscales estructurales y un deterioro continuo de las reservas internacionales. En otros países que también subsidian parte de sus combustibles, como Colombia, Argentina, Paraguay y Perú, el costo de mantener precios artificialmente bajos erosiona la capacidad fiscal para invertir en salud, educación e infraestructura.

El IFF estima que los subsidios directos a los combustibles en Perú rondan el 0,15% del PIB. “Aunque el contexto de precios internacionales relativamente bajos ha atenuado temporalmente el costo de los subsidios, el riesgo estructural persiste. Si el petróleo vuelve a subir, la presión sobre las cuentas fiscales se amplificará rápidamente”, señala Jonathan Fortún del IFF.

Costos políticos de los ajustes

Fortún también menciona que algunos gobiernos han optado por mantener estos subsidios incluso durante períodos de precios internacionales bajos. “El verdadero costo podría ser aún mayor si se consideran las dimensiones no contabilizadas directamente en el presupuesto”, agrega. Los mecanismos institucionales varían y afectan tanto la transparencia como la capacidad de ajuste.

La nota de Bloomberg Línea destaca que el costo político de los ajustes a los combustibles ha retrasado muchas reformas fiscales necesarias en Latinoamérica. “En el pasado, las discusiones sobre ajustar los subsidios han generado malestar entre los sectores más pobres”, se menciona en el reporte.

Mecanismos de sostenibilidad

Esto ha llevado a varios países a promover fondos de estabilización petrolera o mecanismos de control para mitigar efectos adversos. “Sin embargo, los mecanismos de sostenibilidad son débiles”, concluyó José Gabriel Castillo, profesor e investigador.

/KMMN

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Durante una entrevista en el programa Hagamos Democracia, transmitido por la red Erbol, Espinoza fue preguntado sobre la viabilidad de ofrecer un bono mensual de Bs 2.000 a los sectores más empobrecidos. En su respuesta, mencionó que esta propuesta “surge en campaña” y está relacionada con el aumento de las rentas para jubilados. Sin embargo, aclaró que “probablemente no sea posible en el corto plazo, porque lo primero que se tiene que hacer es estabilizar la macroeconomía”.

Desafíos del próximo gobierno

Espinoza, quien anteriormente fue asesor de Samuel Doria Medina, destacó que uno de los principales retos para el próximo gobierno es el desabastecimiento de combustibles y el elevado costo de la subvención estatal. Este problema también fomenta el contrabando hacia países vecinos. “Estamos sacrificando dólares que son necesarios para pagar la deuda externa e impulsar programas sociales, mientras parte de los combustibles subvencionados terminan en otros países”, indicó.

El economista explicó que Bolivia solo produce el 5% del diésel que consume, lo que obliga al país a importar el resto. Esta situación hace que la actual política de subsidios sea insostenible. Anticipó que la futura administración podría verse en la necesidad de eliminar la subvención al diésel e incluso a la gasolina. No obstante, advirtió que estas medidas deben ir acompañadas de políticas sociales enfocadas, como bonos o transferencias directas a los sectores más vulnerables.

Situación fiscal del país

En cuanto a la situación fiscal, Espinoza subrayó que Bolivia enfrenta un déficit superior al 10% del PIB, el cual se financia en un 80% mediante emisión monetaria. Advirtió que, si no se controla la inflación, cualquier aumento en las rentas será insuficiente para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo de los hogares.

Reconstrucción de reservas internacionales

Finalmente, Espinoza destacó como una tarea urgente la necesidad de reconstruir las reservas internacionales del Banco Central. Esto es esencial para estabilizar el mercado cambiario y evitar que esos recursos sean utilizados como “caja chica” del gobierno.

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Desde la Casa de la Libertad en Sucre, Arce proclamó que el principal legado de su gobierno es el inicio de la industrialización, un proceso que calificó como “irreversible” y fundamental para lograr la independencia económica del país.

El mandatario afirmó que su administración estableció las bases de una economía diversificada, con más de 170 plantas industriales que están construidas o en ejecución. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre su nivel de funcionamiento o impacto en la economía nacional.

Defensa de políticas sociales

Arce también defendió las políticas de subsidio a los hidrocarburos, la gratuidad en el sistema de salud pública y el pago de bonos sociales. Aseguró que estas medidas se mantuvieron a pesar de “sabotajes y complots” en su contra, y enfatizó que nunca entregó los recursos naturales del país a intereses extranjeros.

“Nadie podrá jamás acusarnos de que entregamos las riquezas de la patria a quienes pretenden ser los barones de litio en el siglo XXI”, afirmó el presidente.

Obras públicas y avances

Durante su mandato, Arce aseguró que se entregaron más de 60,000 obras públicas, se fortaleció el sistema único de salud y se amplió la infraestructura vial y educativa. “Entregamos más de 1,200 infraestructuras educativas, 10 hospitales equipados, 3 centros de medicina nuclear y 85,600 viviendas”, detalló el mandatario.

También resaltó logros como la incorporación de Bolivia a los bloques regionales BRICS y Mercosur, así como el descubrimiento del pozo Mayaya, que calificó como uno de los más importantes del mundo en 2024.

Reconocimiento de crisis económica

En relación con la actual crisis económica que enfrenta el país, caracterizada por la falta de dólares y combustible, el mandatario admitió que hay “dificultades coyunturales” y presiones sobre las divisas. Sin embargo, sostuvo que estas no reflejan debilidad en su gestión.

Silencio sobre problemas institucionales

En su discurso, Arce no abordó los problemas institucionales que afectan al país en la actualidad. A pocos metros del acto principal, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, encabezó un evento paralelo donde denunció la exclusión del Órgano Judicial de los festejos y pidió independencia para el sistema judicial.

Evita mencionar fracturas internas

En el ámbito político, Arce evitó referirse a la fractura interna del MAS ni a las recientes movilizaciones impulsadas por Evo Morales, quien busca su habilitación como candidato. A pesar de las tensiones, reivindicó el llamado “proceso de cambio” y agradeció al pueblo por su “resistencia y dignidad”.

El discurso, cargado de referencias históricas y simbólicas, concluyó sin anuncios ni propuestas concretas sobre el futuro inmediato del país. A menos de 3 meses de finalizar su mandato, Arce optó por ofrecer un balance centrado en su visión ideológica y en los pilares de su gestión, dejando sin respuesta varias de las preocupaciones que marcan el escenario político y económico actual.

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Industrial y ex Presidente de la Confederación

de Empresarios Privados de Bolivia

Para 2025, el Tesoro Público proyecta un gasto de más de 3.043 millones de dólares en subsidios: aproximadamente 2.000 millones en carburantes, 936 millones en bonos sociales, y 107 millones en alimentos. Aunque el gasto más elevado corresponde a la subvención a la gasolina y el diésel, los montos destinados a: los Bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, Renta Dignidad, Personas con Discapacidad y Subsidio Prenatal; a la compra de trigo, harina, arroz, azúcar y maíz; al consumo de electricidad y agua potable para ciertos sectores; así como ciertos beneficios adicionales como los bonos de frontera, natalidad, lactancia, sepelio y vivienda, son significativos.

Desde una perspectiva social, y bajo el argumento de que era necesario disminuir la pobreza y compensar desigualdades históricas, los subsidios se concibieron como una herramienta redistributiva que permite al Estado transferir recursos públicos hacia los sectores con mayores carencias, asegurando un piso mínimo de acceso a bienes y servicios esenciales. Sin embargo, es evidente que también fueron utilizados como prebenda, y como estrategia política para justificar el rol del Estado como “protector” de los ciudadanos más vulnerables.

Esta política –que tuvo efectos positivos en sus inicios—se sostuvo por el auge económico impulsado por las exportaciones de hidrocarburos, y por las utilidades de empresas públicas como el Banco Unión, ENTEL, UNIVIDA, BOA, YPFB y otras, que fueron favorecidas por normas cuestionables que les permitieron crear monopolios a costa del sector privado, y lograr ingresos extraordinarios con los que financiaban los bonos.

La política de subsidios fue un mecanismo social creado con fines políticos, por lo que su implementación fue improvisada, ineficiente e irresponsable, pero sobre todo sin ninguna vinculación con una estrategia de desarrollo económico sostenible. Actualmente, su financiamiento depende en gran medida del endeudamiento y del creciente déficit fiscal, lo que genera una presión estructural sobre las cuentas públicas.

Otro factor cuestionable ha sido su poca efectividad en el largo plazo. La condicionalidad de muchos bonos es débil o inexistente, lo que impide generar mejoras sostenidas en indicadores sociales. Esto ha contribuido a una percepción generalizada de dependencia, donde los subsidios se consideran derechos adquiridos incondicionalmente, sin relación clara con la disminución sostenible de la pobreza ni con una transición hacia la autonomía económica.

Además, la falta de focalización hace que muchos subsidios beneficien a personas que no los necesitan, lo que no solo reduce su eficacia redistributiva, sino que también puede perpetuar situaciones de vulnerabilidad. En contextos como el boliviano —con bases tributarias limitadas y alta informalidad laboral—, el sostenimiento de subsidios universales tiende a generar desequilibrios fiscales crónicos, distorsiones de mercado, corrupción, clientelismo político, conformismo social y debilitamiento institucional.

Un ejemplo crítico es el subsidio a los carburantes. No obstante que ya no es sostenible mantenerlo, su eliminación abrupta generaría un aumento inmediato en los precios del diésel y la gasolina, lo cual afectaría el transporte, los alimentos y los servicios, provocando inflación, mayor pobreza y conflictividad social. Por ello, lo adecuado sería aplicar una estrategia progresiva que incluya: eliminar el subsidio para vehículos privados o de alto consumo; mantenerlo para el transporte público, agrícola y de carga menor; subir los precios de forma escalonada; incentivar la conversión energética; controlar el contrabando; y aplicar compensaciones focalizadas.

En cuanto a los bonos condicionados, es crucial reconocer que, en un escenario de estancamiento económico, inflación creciente y escasez de divisas, sostener transferencias sin fortalecer las capacidades productivas del país no solo es ineficiente, sino regresivo. Sin embargo, una suspensión radical tampoco es viable y no sería justa, especialmente en un contexto de aumento de la pobreza.
El camino no es la eliminación, sino la transformación. Se necesita un nuevo modelo económico que vaya más allá de la redistribución y se centre en políticas públicas focalizadas, eficaces y sostenibles. Estas deben garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, al tiempo que fomentan la capacitación, el emprendimiento y la inserción laboral formal.

La clave está en rediseñar el subsidio como una herramienta de justicia social, no como un instrumento universal que favorece al sector informal o se usa con fines propagandísticos. La sostenibilidad no puede lograrse a costa de la paz social, pero tampoco se puede construir solidaridad social con una economía al borde del colapso.

Bolivia no puede renunciar al subsidio como principio, sino al subsidio como dogma. Convertir estas políticas en un verdadero puente hacia la equidad es el gran desafío de los próximos años.

La entrada SOSTENER LO INSOSTENIBLE: SUBSIDIOS EN TIEMPOS DE CRISIS se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Ignacio Medrano, responsable del Sedem en Pando, dio a conocer que desde enero se han distribuido más de 1.724 paquetes del subsidio Prenatal y Lactancia. Además, se han entregado 2.113 paquetes del subsidio Universal por la Vida, que incluye tanto brigadas móviles como atenciones en áreas urbanas.

Ampliación de los paquetes de lactancia

A partir de este mes, los paquetes de lactancia han sido ampliados para incluir diez nuevos productos fortificados. Estos productos son fabricados y suministrados por al menos 112 empresas nacionales, tanto públicas como privadas. La lista de productos recomendada por el Ministerio de Salud y Deportes consta de un total de 119 elementos, de los cuales 49 son frescos, como frutas, hortalizas y carnes, y 70 son procesados con materia prima nacional.

“Estas empresas son de productores que fabrican con productos y materia prima nacional”, destacó Medrano, resaltando la importancia de estos subsidios en el apoyo a las madres gestantes y a los lactantes.

Subsidios para madres aseguradas y mujeres no registradas

El Subsidio Prenatal y de Lactancia asigna a las madres aseguradas un aporte mensual en especie equivalente a un salario mínimo nacional. Por otro lado, el Subsidio Universal Prenatal por la Vida está dirigido a mujeres no registradas en el Seguro Social de Corto Plazo y se entrega a través del Programa Bono Juana Azurduy, con el objetivo de ampliar la cobertura y brindar apoyo a la población más vulnerable.

/ AGE

La entrada Pando: Más de 3.800 paquetes de subsidios prenatales y de lactancia entregados en lo que va del año se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

Ignacio Medrano, responsable del Sedem en Pando, dio a conocer que desde enero se han distribuido más de 1.724 paquetes del subsidio Prenatal y Lactancia. Además, se han entregado 2.113 paquetes del subsidio Universal por la Vida, que incluye tanto brigadas móviles como atenciones en áreas urbanas.

Ampliación de los paquetes de lactancia

A partir de este mes, los paquetes de lactancia han sido ampliados para incluir diez nuevos productos fortificados. Estos productos son fabricados y suministrados por al menos 112 empresas nacionales, tanto públicas como privadas. La lista de productos recomendada por el Ministerio de Salud y Deportes consta de un total de 119 elementos, de los cuales 49 son frescos, como frutas, hortalizas y carnes, y 70 son procesados con materia prima nacional.

“Estas empresas son de productores que fabrican con productos y materia prima nacional”, destacó Medrano, resaltando la importancia de estos subsidios en el apoyo a las madres gestantes y a los lactantes.

Subsidios para madres aseguradas y mujeres no registradas

El Subsidio Prenatal y de Lactancia asigna a las madres aseguradas un aporte mensual en especie equivalente a un salario mínimo nacional. Por otro lado, el Subsidio Universal Prenatal por la Vida está dirigido a mujeres no registradas en el Seguro Social de Corto Plazo y se entrega a través del Programa Bono Juana Azurduy, con el objetivo de ampliar la cobertura y brindar apoyo a la población más vulnerable.

/ AGE

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La eliminación de los subsidios anticipada por el gobierno del presidente Daniel Noboa se aplicará a las gasolinas Extra y Eco País, ambas de 85 octanos, que son las de mayor consumo a nivel nacional. Según el ministro de Economía, el precio de estas gasolinas sin subsidios se incrementaría en 25 centavos hasta los 2,72 dólares por galón, con un techo de incremento del 5% y piso mínimo del 10% sobre ese valor.

Redistribución de los subsidios para beneficiar a los más necesitados

El costo de los subsidios a las gasolinas Extra y Eco País ascendió en 2023 a los 644 millones de dólares. El titular de la cartera de Economía detalló que el 53% de esas subvenciones van al 20% de la población más adinerada. “Estas medidas atacan a las personas de más recursos que sí pueden pagar una gasolina un poco más alta para beneficio de los más necesitados”, indicó Vega.

Compensación para el transporte popular

La compensación se pagará a entre 84.000 y 85.000 vehículos de transportes, “para que ellos no suban su costo de operación y a la vez no suban la tarifa que le cobran al usuario final”, apuntó el ministro. Esta medida forma parte de las reformas emprendidas por el gobierno para hacer frente al déficit fiscal del país.

Programa crediticio con el FMI

El gobierno ecuatoriano ha concretado un programa crediticio de 4.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un plazo de 48 meses. Anteriores intentos por eliminar los subsidios bajo administraciones anteriores generaron fuertes protestas lideradas por el movimiento indígena.

Fuente: EFE

La entrada Ecuador anunciará eliminación de subsidios a las gasolinas de mayor consumo se publicó primero en La Patria 3.0 | Periódico digital de Bolivia.

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Redistribución de los subsidios para beneficiar a los más necesitados

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Compensación para el transporte popular

La compensación se pagará a entre 84.000 y 85.000 vehículos de transportes, “para que ellos no suban su costo de operación y a la vez no suban la tarifa que le cobran al usuario final”, apuntó el ministro. Esta medida forma parte de las reformas emprendidas por el gobierno para hacer frente al déficit fiscal del país.

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Fuente: EFE

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