Velásquez explicó que en Bolivia, la garrafa de 10 kilos se vende a 22,50 bolivianos gracias a la subvención estatal. En países fronterizos como Perú, el precio oscila entre 100 y 150 bolivianos, y en otros países de la región puede llegar hasta 200 bolivianos. “El principal incentivo para el contrabando es el precio. Esa brecha hace muy atractivo sacar el GLP del país”, señaló.

Según el analista, tras la eliminación de la subvención al diésel mediante el Decreto 5516, muchos contrabandistas que antes operaban con ese combustible se han volcado a la venta irregular de GLP, que aún mantiene el subsidio. “Los que traficaban diésel ahora se han refugiado en el contrabando de GLP”, afirmó.

Caída de la producción

A este problema se suma un factor estructural: la caída de la producción de gas natural en un 52% en los últimos 10 años. “Cuando cae la producción de gas natural, también cae la producción de GLP. Este es un problema que venimos arrastrando desde hace una década”, explicó Velásquez, quien advirtió que revertir esta tendencia tomará entre 5 y 8 años.

Revisión de subsidios

Frente a este escenario, el experto planteó la necesidad de repensar la política de subvenciones. Propuso un retiro gradual del subsidio al GLP, con incrementos de hasta un 10% anual, acompañado de una focalización que priorice a las familias más vulnerables. “Muchas veces el GLP subsidiado se ha usado incluso para calentar piscinas. El beneficio no siempre está llegando a quienes más lo necesitan”, sostuvo.

Desafíos en el control

Velásquez reconoció que el control del contrabando es un desafío complejo, especialmente en las zonas fronterizas del altiplano. Sin embargo, consideró que debe combinarse con una política de refocalización de la subvención. “Controlar la frontera es difícil, pero es indispensable. Y al mismo tiempo hay que asegurar que la ayuda estatal llegue a la gente que realmente la necesita”, remarcó.

Importaciones y consecuencias

El especialista alertó que si no se revierte la caída productiva, Bolivia podría verse obligada a importar GLP desde mediados de este año o, a más tardar, en 2026; y gas natural a partir de 2028. Importar GLP a precios internacionales y venderlo a 22,50 bolivianos implicaría repetir el esquema deficitario que se tuvo con la gasolina y el diésel. “Esa diferencia tendría que cubrirla el Estado, algo muy difícil con la situación actual de las finanzas públicas”, advirtió.

Nueva política energética

Finalmente, Velásquez insistió en la necesidad de una nueva política hidrocarburífera y energética de largo plazo que incentive la exploración y atraiga inversión. “Bolivia necesita encontrar al menos 3 megacampos y eso requiere cambios normativos. Sin una nueva ley de hidrocarburos será muy difícil revertir la caída de la producción”, concluyó.

La caída del suministro interno tiene consecuencias directas para los ciudadanos debido al riesgo inminente de desabastecimiento y aumento en los costos asociados al consumo energético básico.

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Pocas políticas públicas han logrado instalarse con tanta persistencia y a la vez generar tantos efectos perversos como la subvención generalizada al diésel en Bolivia. Lo que alguna vez se justificó como un mecanismo de estabilización económica se ha transformado en una camisa de fuerza para la productividad, la justicia económica y el abastecimiento interno. Hoy, el país paga el precio de una distorsión prolongada que beneficia a los grandes operadores y castiga al consumidor común.

Durante casi dos décadas, Bolivia mantuvo los precios internos del diésel artificialmente bajos, financiados primero por una bonanza gasífera que ya es historia y, más recientemente, por un esquema insostenible de deuda, restricciones cambiarias y escasez. Mientras tanto, el Estado asumió un rol que nunca le correspondió: garantizar el consumo de energía barata a todos los sectores por igual, sin exigir eficiencia ni corresponsabilidad.

Desde abril de 2023, con la caída dramática de las reservas internacionales —que llegaron a bordear los Bs 2.000 millones—, el modelo colapsó. El país enfrenta un suministro errático de diésel, largas filas en surtidores y una inflación sostenida en los alimentos. Entre mayo y junio de 2025, Bolivia vivió los picos inflacionarios más altos en cuatro décadas. ¿La causa? Una combinación explosiva de escasez de combustible, especulación cambiaria, desorganización logística y una política energética estructuralmente desalineada con la realidad económica.

Es aquí donde el subsidio revela su peor rostro. En vez de corregir fallas de mercado, ha creado una economía paralela, dependiente del Estado, donde los precios no reflejan costos reales y los incentivos productivos están distorsionados. Cientos de camiones esperan durante días para cargar combustible barato, en lugar de distribuir productos. ¿El resultado? Mercados vacíos, productos importados más caros y una ciudadanía frustrada.

El caso del aceite de girasol ilustra esta perversión. En mayo y junio, escaseó en el país a pesar de que las procesadoras reportaban haber producido miles de toneladas. El aceite que sí apareció en las góndolas era argentino, a precios de entre Bs 105 y Bs 120 por 5 litros. ¿Dónde quedó el aceite nacional? Todo indica que fue desviado a mercados externos, donde los precios no están distorsionados. Legal o ilegalmente, el producto siguió la lógica del beneficio privado, no del abastecimiento interno.

No se trata de culpar al empresario por hacer lo que cualquier actor racional haría en un entorno capitalista: maximizar sus ganancias. Se trata de cuestionar un sistema público que permite e incluso estimula este tipo de comportamientos al mantener subsidios indiscriminados sin exigir nada a cambio. ¿Qué sentido tiene subvencionar el diésel a una empresa que luego vende sus productos en el extranjero, obteniendo precios internacionales y dejando al mercado local desabastecido?

La contradicción es brutal: el Estado financia los insumos energéticos con dinero de todos los bolivianos, pero no impone ninguna obligación de abastecer el mercado interno o respetar precios razonables. Mientras el consumidor nacional paga por alimentos a precios internacionales, el productor agroexportador se beneficia del tipo de cambio paralelo, de insumos baratos y de un sistema aduanero débil que facilita la evasión. Privatizan la ganancia y socializan el costo. El Estado, en lugar de corregir la distorsión, la institucionaliza.

El problema, más allá de lo técnico, es ideológico. Desde 2006, Bolivia apostó por la nacionalización de los hidrocarburos, la centralización de la cadena energética en una YPFB cada vez más ineficiente y el congelamiento del tipo de cambio como otro subsidio encubierto. Estas decisiones no fortalecieron la economía nacional; la hicieron más dependiente, más opaca y más vulnerable. La estatalización eliminó la competencia, redujo la eficiencia y generó espacios fértiles para la corrupción. Y cuando en 2010 se intentó una reforma, conocida como el “gasolinazo”, el Gobierno dio marcha atrás ante la presión social, consolidando un modelo de subsidios eternos.

Hoy, la factura ha llegado. Bolivia no puede importar suficiente diésel, no tiene divisas para sostener el ritmo de consumo y enfrenta un deterioro estructural en su balanza comercial. Las agroexportadoras y las mineras, sectores supuestamente más dinámicos y competitivos, solo sobreviven gracias al diésel barato. En otras palabras, no son empresas viables por sí solas: son estructuras parasitarias del presupuesto nacional. Si no pueden competir pagando el costo real de los insumos, no son parte de la solución, sino del problema.

La política de subsidios requiere una reforma profunda y gradual, enfocada en ser temporal, inteligente y dirigida únicamente a quienes realmente la necesitan, evitando beneficiar a grandes conglomerados que exportan sin compromiso local. Un subsidio bien diseñado fomenta el desarrollo y la inclusión, mientras que uno mal aplicado perpetúa el rentismo y la ineficiencia. Además, eliminar estas distorsiones contribuirá a mejorar el abastecimiento interno y a frenar el contrabando, que actualmente mueve alimentos subvencionados fuera del país.

La pregunta ya no es si la subvención al diésel debe mantenerse. La pregunta es a quién beneficia, a costa de quién, y por cuánto tiempo más Bolivia puede sostener una economía donde la ganancia es privada pero los costos son colectivos. La justicia económica comienza por ajustar estas reglas, por romper el ciclo de privilegios y asumir que una economía viable no puede basarse en el autoengaño permanente.

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Impacto en la deuda estatal

Chávez explica que cada barril de petróleo que Bolivia importa incrementa la deuda del Estado y reduce el espacio fiscal disponible. Esto podría llevar a una crisis económica si los precios internacionales del crudo superan las proyecciones establecidas en el Presupuesto General del Estado (PGE) para 2025.

Se estima que el precio promedio del petróleo para 2025 será de 75,3 dólares por barril. Si el precio real del petróleo supera esta cifra, el Estado tendrá que asumir un gasto mayor al que había previsto inicialmente.

Volatilidad de los precios

Por otro lado, si los precios del petróleo bajan, como sucedió después del ataque iraní a una base estadounidense, cuando el West Texas Intermediate (WTI) cayó a 69 dólares y el Brent a 72 dólares, el alivio que esto podría traer sería solo temporal en un contexto tan volátil.

Subsidios y finanzas públicas

En Bolivia, los combustibles se venden a precios artificialmente bajos gracias a los subsidios estatales. El gobierno paga la diferencia entre el costo en el mercado internacional y el precio que se cobra localmente, lo que impacta directamente en las finanzas públicas del país.

Según el economista, la situación es aún más crítica porque Bolivia depende de la importación de la mayoría de sus combustibles. En 2024, se contemplaron cerca de 3.000 millones de dólares en importaciones de diésel y gasolina. Para 2025, se espera que esta cifra sea aún mayor si los precios del crudo continúan en aumento debido a las tensiones geopolíticas.

Reservas internacionales y deuda

Chávez enfatiza: “Hemos perdido las reservas internacionales y el Gobierno está raspando la olla. Cada barril que importamos nos deja más endeudados, con menos espacio fiscal”, subrayó el analista.

Además, mencionó que la esperanza de que el gas natural pueda equilibrar la balanza es limitada. No hay un acuerdo comercial con Argentina, que ya produce su propio hidrocarburo, y en el caso de Brasil, se observa una tendencia a la baja. Esto deja a Bolivia con cerca de 1.600 millones de dólares en exportaciones anuales de gas, lo que significa que los ingresos por gas son menores que los gastos en combustibles.

Necesidad de un cambio estructural

Mientras el conflicto en Medio Oriente persiste y el mercado del petróleo sigue siendo incierto, Chávez destaca la necesidad de repensar la estructura energética y fiscal del país. “La subida del petróleo no es algo lejano”, afirmó, “sino que llega a la economía y a tu bolsillo”.

Si no se realizan cambios en las reglas actuales, advirtió, Bolivia enfrentará una factura insostenible con sus ingresos actuales.

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