Según explicó, renunció al cargo el 12 de noviembre de 2021 para no entorpecer las investigaciones en su contra por supuesto incumplimiento de deberes, corrupción y favorecimiento en la designación de cargos. Sin embargo, el 4 de julio del presente año fue sobreseído por falta de pruebas.

“Debo aclararlo porque a raíz del problema del exministro Santos se me nombró nuevamente como una autoridad que salió por corrupción, y eso no es cierto”, declaró Quelca a LA PATRIA en La Paz.

Además, pidió a los periodistas que le den la oportunidad de contar su versión y seguir tranquilamente con sus actividades como maestro en un colegio de El Alto.

Finalmente, considera que los acusados deberían seguir su ejemplo y dar un paso al costado para defenderse correctamente y probar su inocencia ante las acusaciones por corrupción.

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A través de su cuenta de Twitter, Morales manifestó que esta determinación judicial es como un premio a los actos ilícitos y denunció manipulación en la Fiscalía y el aparato judicial en general.

“Sobreseimiento es encubrimiento, premio y protección a la corrupción y narcotráfico. Los que manipulan políticamente a la justicia y al Ministerio Público son cómplices confesos de esos delitos”, publicó.

El caso “narco audios” fue denunciado por Morales el año pasado cuando presentó una grabación de una acción irregular durante una operación antidroga en el trópico de Cochabamba; no obstante, la justicia determinó liberar de culpa a los tres oficiales implicados: el excomandante nacional de la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (Umopar), Franco Jaime Arancibia; el exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), José María Velasco; y el capitán Iverth Villegas.

Además, Morales aseguró que pretenden atacar a su partido con “lawfare”, conocido como el uso indebido del sistema legal para perseguir objetivos políticos.

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Esta situación se dio a conocer por el asambleísta departamental de Somos Pueblo, Israel Alanoca, quien fue el denunciante en este proceso; además, también dio a conocer que impugnará el sobreseimiento con el fin de reabrir este caso contra el Gobernador.

El 2 de febrero, la Policía junto a asambleístas departamentales, entró al despacho de Quispe en el que encontraron a la autoridad junto con otros funcionarios rodeados de latas de cerveza, no obstante, el Gobernador afirmó que los objetos fueron plantados.

Por este proceso, Quispe fue imputado por los delitos de uso indebido de bienes públicos y obstrucción a la justicia, sin embargo, ahora se determinó que todas las acciones judiciales quedaron sin efecto, según informó la red de noticias Erbol.

El asambleísta Alanoca se refirió como una “aberración” a la determinación de la fiscal porque, según su criterio, existen pruebas irrefutables de lo que sucedió en febrero, y especificó que se trata de un caso de flagrancia.

Además, anunció que los denunciantes impugnarán el sobreseimiento y exhortó al fiscal departamental, William Alave, a reabrir el proceso.

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Dos pruebas de ADN descartaron a Albarracín como padre de la niña que nació. Fue una mujer quien lo denunció por supuesto abandono cuando estaba embarazada.

La fiscal del caso emitió la resolución de sobreseimiento a favor de Albarracín. Ante esa situación, el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), se libra de este proceso judicial, reportó el diario La Razón.

Según criterio de Albarracín, el proceso aparentemente tenía la intención política de destruirlo civilmente, como venganza por su lucha en defensa del 21F y contra las irregularidades en los comicios de 2019, a los que denominó fraude electoral.

Daños con la demanda

Aseveró que no actuará con rencor, sino con clamor de justicia, resaltó que sufrió un daño moral irreparable, junto a su familia; por lo que espera que las personas quienes le han hecho daño con este caso se reivindiquen públicamente.

Asimismo, sostuvo que aún se mantiene a buen recaudo, por el temor de que lo encarcelen por otros casos, como el denominado “golpe de Estado”.

“Ojalá por un acto de justicia dejen de hostigarme políticamente”, manifestó en contacto con la red Erbol.

Por su parte, su abogado, Franco Albarracín, resaltó que ahora corresponde iniciar las denuncias contra la persona que lo acusó falsamente y explicó que la denunciante cometió delitos como difamación, calumnia, falsedad ideológica y hasta extorsión.

Por otro lado, subrayó que también espera disculpas de parte de autoridades que impulsaron el proceso, por lo que no descartó que entidades como el Ministerio de Justicia o la Defensoría de la Niñez haya cometido también delitos, uno por usar bienes y servicios del Estado a favor de la denunciante y la otra por permitir que se use a una niña.

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La comisión de fiscales del caso determinó el sobreseimiento en julio de este año, después de conocer una pericia informática encargada a un grupo de investigadores españoles. La resolución pasó a revisión del Fiscal Departamental, que ratificó la decisión el 11 de octubre, según el documento, reportó la red Erbol.

Entre los beneficiados del sobreseimiento, están los exvocales María Eugenia Choque Quispe, Antonio José Iván Costas Sitic, Edgar Gonzales López, Lucy Cruz Villca, Idelfonso Mamami Romero y Lidia Iriarte. También aparecen como sobreseídos otros exfuncionarios del TSE.

Además de determinar la ratificación del sobreseimiento, el Fiscal Departamental dispuso “la conclusión del proceso con relación a los citados imputados, la cesación de las medidas cautelares que se les hubiese impuesto siempre y cuando no hayan sido cesadas y la cancelación de sus antecedentes penales”.

“Ya está cerrado definitivamente (el caso)”, aseveró el exvocal Idelfonso Mamani, quien explicó que con la resolución del Fiscal Departamental concluye el proceso y pasa a archivo.   

Mamani manifestó que “ahora se impone la verdad” y se comprueba que los exvocales fueron perseguidos injustamente, vulnerándose sus garantías y derechos.

El caso “fraude electoral” se abrió en noviembre de 2019, después de que la OEA publicó un informe preliminar de su auditoría realizada a las elecciones de ese año.

El organismo concluyó, que existía una “manipulación dolosa”, ya que se encontró una estructura informática oculta de dos servidores y junto a otras irregularidades como la alteración de actas, impedían que se validen los resultados emitidos entonces por el TSE.

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La resolución de la Fiscalía fue presentada en junio al juzgado del caso. El sobreseimiento fue a favor de Aurelio Q.M., Nicanor C.C., Miriam G.V., quienes eran dirigentes y en 2019 fueron denunciados por la quema de los buses municipales paceños.

En diciembre de 2020, el Ministerio Público rechazó la denuncia contra 22 personas y confirmó la imputación contra tres de ellas, según reportó radio Erbol.

“En estricta aplicación de los Artículos 72, 73, 323 inc.3 del CPP (Código de Procedimiento Penal) decreta sobreseimiento a favor de los imputados Aurelio Q. M., Nicanor C. C. y Miriam F. G. V. por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, destrucción y deterioro de bienes del estado y la riqueza nacional, incendio, daño calificado y terrorismo”, señala la resolución de la Fiscalía.

Las dos primeras personas mencionadas, eran dirigentes del Sindicato de Choferes “14 de Septiembre” en 2019 y fueron acusados por la quema de los PumaKatari. En diciembre de ese año el primero fue remitido a Chonchocoro y el segundo al penal de San Pedro con detención preventiva.

La tercera persona liberada, era dirigente de la zona Sur y fue remitida al penal de Obrajes, donde estuvo por aproximadamente un año, aunque actualmente cumple detención domiciliaria, según indicó su abogado Fernando Peñaloza.

En la resolución de sobreseimiento, la Fiscalía argumentó que no se colectó elementos probatorios suficientes.

“Se estableció que efectivamente en el presente caso no existe material probatorio incriminatorio suficiente en contra de los imputados que hubieren sido recabados durante la investigación y la etapa preparatoria que permitan demostrar la culpabilidad de los mismos en la comisión del ilícito referido”, señala el documento.

Antecedentes

La quema de dichos buses ocurrió la noche del 10 de noviembre de 2019, fecha en la que se generaron movilizaciones luego de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia. El resultado, en La Paz, fue la quema de al menos 60 buses, además de los incendios en las casas de Waldo Albarracín y la periodista Casimira Lema.

25 investigados

El abogado de Miriam G. V., señaló que en total se investigó a 25 personas por este caso.

En diciembre de 2020, la Fiscalía ya informó que se rechazó la denuncia contra 22 personas y que tres estaban imputadas. Esas tres últimas son justamente las que recibieron el sobreseimiento este año.

/MDCB

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