La iniciativa recibió el respaldo de la mayoría del partido Nueva Democracia, que es liderado por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis. En contraste, la oposición votó en contra, y el partido Syriza decidió retirarse de la votación para no dar su apoyo a lo que calificaron como una “ley monstruosa”.

Defensa de la medida

El Ejecutivo argumenta que la ampliación de la jornada es voluntaria, se aplica solo al sector privado y solo podrá llevarse a cabo durante un máximo de 37 días al año. La ministra de Trabajo, Niki Kerameos, defendió la propuesta como un avance “positivo y progresista” que facilitará la creación de empleo y reforzará la protección de los trabajadores.

“Debemos facilitar el desarrollo empresarial porque sin empresas no se crean puestos de trabajo y sin empresas este país nunca vivirá desarrollo”, afirmó Kerameos durante su intervención.

Beneficios adicionales

La normativa también incluye beneficios adicionales, como la ampliación de los beneficiarios y las ayudas por maternidad. La ministra subrayó que los empleados no podrán ser obligados a trabajar horas extra, despedidos ni discriminados si deciden no cumplir con las horas adicionales. Además, quienes acepten trabajar horas extra recibirán una bonificación del 40 %, lo que busca incentivar la participación voluntaria y evitar conflictos laborales.

Críticas de la oposición

El partido socialdemócrata Pasok criticó la ley, afirmando que representa un retroceso en los derechos laborales. “El Gobierno está promoviendo una sociedad y un mercado sin derecho laboral, en una supuesta `normalidad` donde el Estado de bienestar está en constante deconstrucción”, señaló Yorgos Mulkiotis, diputado del partido, durante el debate parlamentario. Esto evidencia la tensión política que rodea a esta medida.

Reacciones de los sindicatos

La reforma se aprobó tras dos huelgas generales que tuvieron lugar los días 1 y 14 de octubre, convocadas por los sindicatos ADEDY y GSEE, las cuales paralizaron el país y exigieron la retirada del proyecto. Los gremios sostienen que la ampliación de la jornada no es realmente opcional, ya que los trabajadores carecen de poder de negociación frente a los empleadores y podrían ser despedidos sin justificación.

Contexto económico

Economistas explican que la medida busca abordar la falta de personal en sectores como la hostelería y los servicios, especialmente durante la temporada turística de verano, cuando la demanda laboral aumenta significativamente. Desde julio de 2024, los trabajadores de la industria, comercio minorista, agricultura y algunos servicios pueden ser requeridos a trabajar 6 días a la semana, con un 40 % de bonificación por el sexto día, como un incentivo adicional.

Grecia se mantiene entre los países europeos con mayor carga laboral, con más de 1.886 horas trabajadas al año según Eurostat. Sin embargo, la productividad sigue siendo baja y el poder adquisitivo es el segundo más bajo de la UE, solo por delante de Bulgaria.

Fuente: EFE

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Desde 2006, con la llegada del MAS al poder, Bolivia adoptó un modelo estatal que buscó integrar a sectores históricamente excluidos —campesinos, indígenas y trabajadores informales— en el centro de la política. La nueva Constitución y el Estado Plurinacional simbolizaron una ruptura con la democracia liberal, priorizando el diálogo con organizaciones sociales. No obstante, tras casi dos décadas, esta apuesta derivó en una crisis de representación, cooptación institucional y deterioro de la vida ciudadana, evidenciando que la promesa de democratización desde abajo terminó desvirtuada.

En este nuevo orden político, los sindicatos no solo se fortalecieron como intermediarios ante el Estado, sino que adquirieron cuotas de poder decisivas. Algunos, como las federaciones cocaleras, los gremios de comerciantes o los sindicatos del transporte, dejaron de cumplir su rol clásico de defensa laboral para convertirse en actores con control territorial, económico y político, muchas veces sin supervisión estatal ni mecanismos claros de rendición de cuentas.

El sindicato cocalero del Chapare ilustra cómo una organización social puede transitar de actor reivindicatorio a poder fáctico. Nacido en los años 80 como respuesta a la represión contra los cultivos de coca, utilizó bloqueos como herramienta de presión hasta convertirse en una fuerza política que catapultó a Evo Morales a la presidencia. Con el tiempo, su poder transformó al Chapare en un enclave donde el Estado es marginal: la ley se aplica a conveniencia, la Policía apenas opera y el control real recae en los sindicatos. Lo que comenzó como una causa campesina legítima mutó en una estructura paraestatal que reemplaza al Estado de derecho en la vida cotidiana de la región.

Los sindicatos campesinos han actuado como brazo político del MAS, realizando labores de inteligencia social, propaganda y adoctrinamiento. Sus estructuras han servido como cantera para cuadros destinados a consejos municipales, asambleas departamentales y el parlamento. Esta simbiosis entre sindicalismo y poder ha generado distorsiones profundas en la democracia boliviana. Los líderes sindicales, muchos perpetuados en sus cargos durante décadas, raramente rinden cuentas ante bases cada vez más desmovilizadas y manipuladas.

La corrupción en instituciones públicas, como alcaldías e instituciones descentralizadas, ya no se limita a las autoridades formales. También han surgido grupos informales de niveles medios e inferiores que exigen pagos a cambio de agilizar trámites. La inamovilidad laboral protegida por la legislación y la defensa sindical refuerzan la impunidad, dificultando sanciones efectivas incluso ante faltas graves.

En empresas de servicios como cooperativas de telecomunicaciones o de agua potable, monopolios naturales sin competencia, los sindicatos han logrado convertirlos en feudos donde los trabajadores heredan sus empleos a familiares. Además, han conseguido aumentos salariales consecutivos hasta niveles insostenibles, llevando a algunas cooperativas a la quiebra técnica. El ciudadano, cautivo de estos servicios esenciales, termina financiando privilegios corporativos mediante tarifas infladas o servicios deficientes.

El transporte público también refleja esta problemática. Los sindicatos imponen cuotas de afiliación y pagos periódicos que, en algunos casos, han sido objeto de desfalcos impunes. Con poca transparencia interna y mecanismos de rendición de cuentas inexistentes, estas organizaciones paralizan calles y carreteras a voluntad, restringiendo la movilidad bajo intereses sectoriales.

Una de las expresiones más graves de esta distorsión se encuentra en los sindicatos de comerciantes. Los mercados, que deberían ser espacios públicos administrados por los municipios, han sido capturados por grupos familiares que, bajo la figura sindical, imponen su autoridad por encima de las alcaldías. Cobran cuotas para ejercer el comercio, clausuran puestos, expulsan a quienes no pagan y otorgan préstamos con altos intereses. Estos sindicatos, conocidos también como gremiales, han llegado a considerar mercados y calles como propiedad privada. Venden casetas y puestos en la vía pública, creando una lógica de “derechos adquiridos” que intimida a las autoridades. Comerciantes con escasa formación adquieren estos espacios creyendo ser propietarios, cuando en realidad son terrenos públicos privatizados de facto por mafias sindicales.

Lo más preocupante es que esta dinámica ha sido normalizada e institucionalizada en el sistema político boliviano. Los sindicatos no solo pueden paralizar el país, sino que han consolidado su rol como interlocutores privilegiados del Estado, a menudo por encima de las instituciones democráticas. El “Estado Plurinacional” ha legitimado esta relación mediante negociaciones directas, prebendas y cuotas de poder, creando un sistema donde el corporativismo define políticas que afectan a toda la sociedad.

La aspiración máxima de muchos dirigentes revela la perversión del sistema: permanecer “en comisión” indefinidamente (cobrando salario sin trabajar), convertirse en políticos o integrar instancias como el directorio de la Caja Nacional de Seguridad Social, donde la ausencia de controles permite el enriquecimiento ilícito. Sin formación ni competencias técnicas, acceden a posiciones desde donde toman decisiones nacionales basadas en ignorancia o interés sectorial.

A pesar de las distorsiones, criticar a los sindicatos sigue siendo visto como una traición a los movimientos sociales. Esta narrativa dominante ha anestesiado a la sociedad, que tolera una situación que socava al Estado y deslegitima a los mismos sindicatos. El cambio parece una quimera, sin condiciones políticas, económicas ni sociales para hacerlo realidad. Así, Bolivia permanece atrapada en un ciclo de corrupción, ineficiencia y desconfianza, con una salida cada vez más lejana.

Por eso resulta difícil mantener la esperanza. Las estructuras de poder, tanto sindicales como políticas, están demasiado entrelazadas como para ceder ante reformas superficiales. El camino hacia una transformación real se estrecha, mientras la posibilidad de una solución duradera se desvanece frente a la magnitud del abuso que impregna todos los niveles de la sociedad. La lucha por la libertad y la justicia en Bolivia se ha vuelto una utopía, condenada a repetirse en los mismos círculos viciosos de un sistema que se alimenta de la mediocridad y la sumisión.

Miguel Angel Amonzabel Gonzales es investigador y analista socioeconómico.

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Por otro lado, las empresas privadas han logrado obtener una valoración positiva del 66%. Esta encuesta se llevó a cabo entre enero y marzo de 2025 en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, abarcando una muestra de 1.200 casos y un margen de error de 2,83%.

Valoración de actores sociales

Los sindicatos han registrado una opinión positiva de solo 16%, en contraste con las empresas públicas, que alcanzan un 24% en valoración positiva. Es importante destacar que la tendencia de tener una valoración negativa superior a la positiva para estos actores se ha mantenido desde al menos 2023. En cuanto a las empresas privadas, su opinión negativa se sitúa en 17%.

Los medios de comunicación, por su parte, han obtenido una valoración positiva del 48% y una negativa del 34%. En el caso de los bancos, se ha observado una disminución en su opinión positiva, que pasó del 57% en el primer trimestre de 2024 a un 43% en el mismo periodo de 2025.

Opiniones sobre otros actores

Entre otros actores evaluados en la encuesta, la Iglesia tiene una opinión positiva del 61%, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) alcanzan un 43% y los maestros cuentan con una valoración positiva del 57%. La encuesta se realizó de manera online en tres periodos entre enero y marzo.

Ipsos Ciesmori es reconocida como una empresa líder en investigación de mercados en Bolivia. Su enfoque se centra en ofrecer análisis profundos sobre la sociedad y los mercados, utilizando metodologías innovadoras adaptadas al contexto boliviano.

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La movilización, denominada “En defensa de la democracia, la unidad y el futuro de Bolivia”, partirá desde El Alto y se dirigirá hacia la plaza Murillo en La Paz, donde se encuentran los poderes Ejecutivo y Legislativo del país. Esteban Alavi, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, felicitó a Arce por su valiente defensa de la democracia y expresó su preocupación ante la posibilidad de otro golpe de Estado.

Respuesta al reciente alzamiento militar

La convocatoria surge como respuesta al reciente alzamiento militar liderado por el destituido comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, quien brevemente tomó la sede presidencial en La Paz. Tras la destitución del alto mando militar por parte de Arce, Zúñiga fue detenido preventivamente. Durante su arresto, Zúñiga acusó a Arce de orquestar la acción militar para aumentar su popularidad. La oposición ha calificado estos eventos como un “montaje” y un “autogolpe” destinado a favorecer al Gobierno.

La movilización del próximo 12 de julio busca mostrar el respaldo popular a la democracia y al mandato de Luis Arce, así como expresar la preocupación por la posibilidad de futuros intentos de desestabilización. Los sindicatos y sectores sociales afines al Gobierno esperan enviar un mensaje claro de unidad y defensa de los valores democráticos en Bolivia.

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