El proyecto fue impulsado por la senadora Silvia Salame y ahora ha sido enviado a la Cámara de Diputados para su consideración y posible aprobación.

Detalles de la ley

La iniciativa, que se denomina “Ley de adecuación constitucional del funcionamiento transitorio y excepcional del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional”, establece un mecanismo excepcional y temporal para el funcionamiento de ambas altas cortes. Según el texto, tanto el TSJ como el TCP operarían únicamente con las nuevas autoridades elegidas en las elecciones judiciales del 15 de diciembre de 2024.

Este esquema transitorio se mantendría mientras se completa el proceso de preselección y elección complementaria en aquellos departamentos donde la convocatoria fue declarada desierta. En octubre de 2024, el TCP anuló las elecciones para magistrados en varios departamentos, lo que ha llevado a que, actualmente, las nuevas autoridades electas compartan funciones con los magistrados con mandato prorrogado. Esta situación ha generado fuertes cuestionamientos sobre la legitimidad de su permanencia.

Defensa de la norma

La senadora Silvia Salame, quien promueve la ley, defendió la necesidad de esta norma como una vía para evitar un vacío de poder y ofrecer certeza jurídica. “Sea cual sea el Gobierno que asuma en noviembre, necesita una herramienta para dar solución a este tema. A partir del 2 de enero se ha dado un golpe judicial que afecta a la democracia en Bolivia”, afirmó.

Salame subrayó que sin una salida legal como la propuesta, un eventual cese unilateral de los magistrados por parte del nuevo Gobierno podría ser interpretado como una vulneración a la independencia de poderes. “Por eso esta ley es necesaria”, enfatizó.

Futuro incierto del proyecto

A pesar de la aprobación en el Senado, la senadora Salame se mostró cauta sobre el futuro del proyecto. Reconoció que “Es posible que no se apruebe en la Cámara de Diputados”. El debate y la decisión final sobre la continuidad de los magistrados prorrogados quedan ahora en manos de la Cámara Baja.

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Según la legisladora, la acción fue presentada por la ciudadana Marlene María Sierra Terán ante la Sala Constitucional del Beni. En el documento, se solicita la inhabilitación de todos los candidatos que hayan ocupado cargos públicos electivos durante un periodo acumulado de 10 años. Esto afectaría a exautoridades que han tenido dos gestiones consecutivas.

Como medida cautelar, la solicitante ha pedido la suspensión temporal de las listas de candidatos al Legislativo que incluyan a personas con ese perfil, hasta que se resuelva el fondo de la demanda.

Advertencia sobre el proceso electoral

Salame ha advertido que esta acción podría ser un intento de frenar el proceso electoral y ha criticado que haya sido admitida por la sala del vocal Charles Mejía. La senadora afirmó que existe una “complicidad” con vocales “autoprorrogados”, lo que pone en riesgo el calendario democrático.

“Una inconstitucional acción popular pretende nuevamente afectar el proceso electoral. Extrañamente, la acción es admitida en el Tribunal Departamental del Beni en la Sala del vocal (Charles) Mejía; al parecer, en complicidad con los vocales ‘autoprorrogados’ pretenden un golpe a la democracia”, expresó Salame a través de sus redes sociales.

Posición de los tribunales

Tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Tribunal Constitucional Plurinacional han reiterado que ningún recurso judicial podrá paralizar la elección programada para el 17 de agosto de 2025.

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Preocupación por el caso “consorcio”

En la misiva, la legisladora expresa su inquietud por el caso conocido como “consorcio”, el cual ha estado siguiendo de cerca. En este contexto, advierte que la situación genera indignación entre la ciudadanía, ya que “una vez más vemos con desazón la corrupción de manera directa y fehaciente”.

Cuestionamiento a la prórroga

Salame también cuestiona que, a pesar de la declaratoria de inconstitucionalidad sobre su prórroga, los magistrados continúan ejerciendo funciones. Asegura que esta situación causa un “grave daño al Estado Constitucional de Derecho” y vulnera los derechos fundamentales de la sociedad.

Exhortación al Ejecutivo

La senadora exhorta al Gobierno a actuar con decisión. “El Gobierno, a la cabeza de su Autoridad, debe cumplir con lo señalado y luchar de manera frontal contra la corrupción denunciada en este caso”, señala en su carta. Además, pide que se tomen las medidas necesarias para “poner fin a la autoprórroga de los 5 abogados y abogadas que se apropiaron del Tribunal Constitucional Plurinacional”.

Reforma del sistema de justicia

Finalmente, Salame enfatiza la necesidad de encaminar una verdadera reforma del sistema de justicia en el país. Su llamado busca garantizar que la administración de justicia funcione de manera efectiva y transparente, en beneficio de todos los ciudadanos.

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Salame explicó que tomó esta decisión a título personal debido a la inacción del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. La denuncia, que fue presentada el 25 de abril de 2025, se refiere a delitos comunes y no a corrupción, lo que evita un posible juicio de responsabilidades. “Lo único que deberían preocuparse es por no entrar a la cárcel”, afirmó la parlamentaria.

Detalles de la denuncia

La denuncia por presunta falsedad material contra los magistrados autoprorrogados está relacionada con una sentencia que declara nula en parte la sesión de Asamblea que tuvo lugar en junio del año pasado, bajo la dirección de Andrónico Rodríguez. En esta resolución, el TCP anuló una ley que cesaba a los magistrados del cargo, pero validó un crédito de 174 millones de dólares que fue aprobado en la misma sesión.

Es importante destacar que la sentencia fue notificada recién en marzo de 2025, aunque tenía fecha del 27 de diciembre de 2024. La senadora Salame cuestionó que, si la sentencia es de diciembre, solo tiene la firma de los cinco magistrados autoprorrogados que aún están en el cargo, a pesar de que el año pasado había nueve tribunos que estaban en funciones de manera extendida en el TCP.

Usurpación de funciones

La denuncia por usurpación de funciones se basa en la consideración de que los magistrados están ejerciendo funciones sin legalidad ni legitimidad. Esta situación ha llevado a Salame a expresar su preocupación por el estado actual del Tribunal Constitucional.

Reacción de la oposición

En el ámbito político, Salame también hizo un llamado a la oposición para que reaccione ante la situación actual y se forme un bloque unido. “Ojalá reaccione”, comentó, recordando que lo ocurrido en 2020 es una consecuencia de eventos que se dieron en 2019. Señaló que, si no hay una actitud diferente, podrían repetirse los mismos errores del pasado.

Advertencias sobre implicaciones

La senadora concluyó advirtiendo sobre las posibles implicaciones legales y políticas que podrían surgir si no se actúa con responsabilidad ante esta situación. La falta de acción podría tener consecuencias significativas para el futuro del Tribunal Constitucional y la política en general.

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La iniciativa de Salame surge en un contexto de incertidumbre debido a las próximas Elecciones Judiciales, programadas para el 15 de diciembre. En estas elecciones, más de 7,3 millones de bolivianos están convocados para renovar a las máximas autoridades judiciales del país.

Preocupaciones sobre la coexistencia

La senadora ha expresado su preocupación sobre la coexistencia entre los actuales magistrados prorrogados y los nuevos elegidos. Advierte que esta situación podría viciar de nulidad al nuevo Tribunal. La renovación del TCP y otros órganos judiciales debía llevarse a cabo hace un año, ya que el mandato actual fenecía a finales de diciembre de 2023.

Sin embargo, este proceso electoral se ha visto frenado parcialmente debido a problemas en la Asamblea Legislativa y a una reciente determinación del TCP. De los 9 magistrados que componen esta instancia, solo 4 serán elegidos, dejando un vacío en los otros 5 puestos.

Detalles del proyecto de ley

El proyecto presentado por Salame establece que el TCP podrá funcionar con 4 magistrados. Además, contempla la creación de una sala liquidadora que estará compuesta por los suplentes, quienes se encargarán de abordar todos los casos que se conocen antes del año 2023.

La senadora espera que esta propuesta sea aprobada en el Senado antes del domingo. Enfatiza la necesidad urgente de tratar este tema directamente en la Asamblea Legislativa, afirmando: “No puede operar un Órgano conjunto entre los prorrogados y los nuevos elegidos”.

Contexto electoral y judicial

Este contexto se presenta en una tercera ocasión en la que los ciudadanos podrán elegir sus autoridades judiciales. Este proceso ha estado marcado por constantes injerencias políticas que han retrasado su realización.

Expertos advierten sobre las implicaciones legales y operativas que podría tener esta modificación en la estructura del TCP. Sugieren que reducir el número de magistrados podría afectar tanto la calidad como la celeridad en la resolución de casos.

Consecuencias de la reforma

Las consecuencias potenciales de esta reforma son significativas. Si se aprueba, se espera garantizar un funcionamiento más ágil del Tribunal Constitucional. Sin embargo, también existe preocupación sobre cómo esto impactará en la independencia judicial y en la percepción pública sobre su legitimidad.

En resumen, mientras Bolivia se prepara para unas elecciones cruciales bajo condiciones inciertas y tensiones políticas palpables, el futuro del sistema judicial nacional depende no solo del voto popular, sino también de decisiones legislativas clave como la propuesta presentada por Silvia Salame.

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Salame ha señalado que su propuesta es una ley corta, diseñada para facilitar el proceso de elecciones judiciales sin las amenazas que han aparecido hasta ahora. La senadora también ha indicado que el respaldo jurídico se basa en la facultad interpretativa y legislativa de la Asamblea Legislativa.

Explicación al ciudadano

Con este proyecto de ley, se pretende aclarar a la ciudadanía que se ratifican los efectos del artículo 37. Este artículo establece que ningún tribunal puede, en una acción de amparo constitucional, inhabilitar el proceso de elecciones judiciales. Salame ha expresado que el objetivo es proporcionar seguridad tanto al Órgano Electoral como a los ciudadanos.

Respaldo a los postulantes

El postulante debe estar consciente de que cuenta con el respaldo de la normativa vigente. Este enfoque busca garantizar un ambiente adecuado para llevar a cabo las elecciones judiciales, libre de interferencias externas y de incertidumbres legales, según lo manifestado por la senadora.

Necesidad de medidas claras

Ante la situación actual del Órgano Electoral, se evidencia la necesidad de establecer medidas claras que protejan el proceso electoral y aseguren su correcta ejecución. La propuesta de Salame es un paso hacia la protección de la integridad del sistema judicial en Bolivia.

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Trabajo de más de dos años

La senadora Salame explicó que el texto de la ley es el resultado de un trabajo que ha durado más de dos años y que ha surgido de la sociedad civil. Destacó que esta ley se convertirá en una garantía para que los periodistas puedan ejercer su profesión en mejores condiciones. También será fundamental para que los ciudadanos puedan cumplir con sus derechos.

Sanciones para funcionarios

Entre las disposiciones de la ley, se establecen sanciones para los funcionarios que no cumplan con la obligación de brindar información de carácter público a periodistas o ciudadanos. Además, se propone la creación de una comisión que actuará como segunda instancia para determinar si cierta información puede ser proporcionada por el Estado. La norma también establece las reglas para declarar los casos excepcionales.

Reacciones de la ANPB

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) expresó su satisfacción por la aprobación de la norma en el Senado. Resaltó que esta ley será un instrumento jurídico de gran importancia, ya que institucionaliza uno de los derechos más relevantes de la democracia. Este derecho ha sido conculcado hasta ahora por la falta de una norma que lo haga obligatorio en todas las entidades del Estado.

Pronto en la Cámara de Diputados

Con la aprobación en el Senado, el proyecto de ley ha sido enviado a la Cámara de Diputados para su sanción. La ANPB espera que el tratamiento en esta cámara se realice con la misma rapidez y eficiencia con la que se trató en el Senado.

Acceso efectivo a la información

La ANPB ha destacado que esta legislación es crucial para asegurar un acceso efectivo a la información pública. Hasta ahora, este acceso ha estado limitado debido a la falta de normativas claras que regulen el derecho a la información.

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Salame destacó que Bolivia es uno de los pocos países que no cuenta con una legislación específica sobre acceso a la información, a pesar de que este aspecto es fundamental en un proceso democrático. La senadora explicó que si la población no tiene conocimiento sobre los asuntos relacionados con la vida pública, no puede ejercer plenamente sus derechos.

Un cambio necesario respaldado por diversos sectores

Ante esta situación, Salame resaltó la preocupación de varios sectores de la sociedad boliviana por generar un cambio en este aspecto. Entre los actores que respaldan esta iniciativa se encuentran representantes de derechos humanos, periodistas, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el Viceministerio de Transparencia, entre otros.

“Hemos construido este proyecto de manera conjunta, esperamos que el Gobierno lo considere como una iniciativa ciudadana y que tenga un impacto positivo. Nuestro deseo es que este proyecto sea aprobado con la bendición de Dios”, declaró la senadora.

Mayor transparencia y participación ciudadana

Por su parte, Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), enfatizó que esta iniciativa implica que las autoridades de todos los niveles del Estado sean más transparentes. Además, una legislación como esta garantiza a las personas una mayor participación en la vida pública y fomenta la confianza en la gestión gubernamental.

Alanes recordó que se han presentado al menos 12 proyectos de ley relacionados con el acceso a la información en el pasado, pero ninguno ha sido tomado en cuenta. Por esta razón, aseguró que todas las instancias involucradas en esta propuesta estarán atentas al proceso legislativo en la Asamblea Legislativa para asegurar su seguimiento constante.

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Salame afirmó que las preguntas fueron recibidas con todas las medidas de seguridad. Se colocaron en una caja que fue precintada y embalada, y cada miembro de la Comisión de Constitución firmó la etapa final del proceso. Además, se llamó a una notaria para avalar el traslado del paquete a un cuarto sin ventanas y resguardado con tres llaves.

La parlamentaria aseguró que ningún legislador pudo filtrar las preguntas y que los sobres nunca se abrieron una vez que llegaron a la Asamblea. Mostró a los medios de comunicación que el ambiente con el paquete embalado aún está precintado.

Descartan filtración de preguntas por parte de instituciones

Salame descartó que las preguntas hayan sido filtradas por las instancias que formularon las preguntas, como universidades, Colegio de Abogados y Escuela de Jueces. Destacó que estas instituciones son respetables y siempre trabajan con mucha responsabilidad. Recordó que durante la elección del Defensor del Pueblo se negaron a traer el cuestionario debido a la falta de condiciones necesarias.

Compromiso de garantizar la seguridad de las preguntas

La parlamentaria afirmó que está dispuesta a dormir en la puerta del cuarto en el que están las preguntas, solo para garantizar que nadie entre y acceda al banco de preguntas. Ratificó el compromiso de la Asamblea Legislativa de mantener la seguridad de las preguntas y aseguró que la ciudadanía y los entes involucrados pueden tener la certeza de que no se ha filtrado ninguna pregunta.

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La parlamentaria manifestó que todas las propuestas presentadas ahora deberían haberse pensado con antelación, ya que se sabía que a partir de enero de 2024 habría nuevos magistrados.

Cuestionamientos al presidente nato

En ese sentido, criticó al presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, por no reunir a las tres fuerzas políticas para debatir alternativas, pese a haberle pedido dos veces mediante nota que facilite ese diálogo.

“Ahora, ninguna solución que vulnere la Constitución es válida y esta establece claramente que la Asamblea Legislativa solo tiene la facultad de preseleccionar. No podemos arrogarnos la atribución del pueblo boliviano para elegir”, enfatizó la legisladora.

No se pueden designar magistrados sin base legal

Aseguró que no se puede hacer ninguna ley para designar a ningún ciudadano como magistrado provisional o de ninguna clase, por más ilustre que sea. También afirmó que un decreto sería mucho peor, ya que nombrar magistrados no está contemplado entre las facultades del Presidente del país.

Desconocimiento de la ley corta anunciada

Por su parte, la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Virginia Velasco, aseguró que hasta el momento no conocen el contenido de la ley corta anunciada por el presidente del Senado Andrónico Rodríguez. No obstante, enfatizó que este es un trabajo de las tres fuerzas políticas y no de una sola persona.

Búsqueda de soluciones alternativas

A diferencia de Salame, Velasco insistió en que los parlamentarios deben buscar una solución alternativa ante la falta de elecciones judiciales y pidió coordinar también con otras instancias como el Órgano Electoral para lograrlo.

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Consulta enviada al Tribunal Constitucional Plurinacional retrasa el proceso

El reciente jueves se esperaba conocer la respuesta a la consulta enviada por la Cámara de Diputados al Tribunal Supremo de Justicia, pero esta fue enviada al Tribunal Constitucional Plurinacional. La consulta se refería a una ley aprobada por la Cámara de Senadores para llevar a cabo las elecciones.

Mesa técnica propuesta por senadora busca evitar vacío jurídico

La senadora Silvia Salame, del partido Comunidad Ciudadana (CC), envió una invitación a los 72 legisladores que conforman la Cámara Alta, tanto titulares como suplentes, para realizar una mesa técnica. Salame indicó que está trabajando en un proyecto de ley para evitar un vacío jurídico cuando termine el mandato de las actuales autoridades judiciales. Este proyecto consiste en permitir que los Tribunales Departamentales continúen funcionando hasta que se realicen las elecciones judiciales.

Pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional se retrasa

Además, informó que el 23 de noviembre vencía el plazo para que el TSJ se pronunciara sobre las consultas realizadas por la Cámara Baja, y que este pronunciamiento no tendría prórroga. Por lo tanto, ya se estaría incumpliendo con los deberes.

Responsabilidad compartida en la falta de solución

Por su parte, el diputado Froylan Mamani del Movimiento Al Socialismo (MAS) y actual presidente de la Comisión de Justicia Plural, señaló que aún están esperando el pronunciamiento del TCP y que hasta que esto ocurra no podrán garantizar el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Es un tema y una responsabilidad compartida en este momento. Pero mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie, seguiremos perjudicados. No podemos ejercer nuestro trabajo en la Asamblea Legislativa. Creo que debemos considerar aspectos muy importantes: el mandato constitucional termina a finales de año y estamos obligados a hacer la preselección”, afirmó Mamani.

Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024 genera dudas

Mamani explicó que, basándose en lo establecido por el TCP, deberán reanudar su trabajo para buscar alternativas para evitar que las autoridades judiciales permanezcan en sus cargos durante otro año más. En agosto, la Cámara de Senadores aprobó la ley N° 144 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024. Esta pasó a la Cámara de Diputados donde la Comisión de Constitución decidió enviarla en consulta debido a vacíos jurídicos, según Juan José Jáuregui, presidente de dicha comisión.

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Jáuregui declaró en reiteradas ocasiones que la ley aprobada en el Senado tenía varios errores e incluso aspectos inconstitucionales, y por eso la envió en consulta a una serie de instancias para evitar otra impugnación como la que provocó que el proceso comenzara desde cero.

Salame critica las consultas enviadas

No obstante, Salame explicó que el presidente de la Comisión envió las consultas a instituciones que no tenían nada que ver con el control de constitucionalidad, como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Tribunal Agroambiental o el Consejo de la Magistratura. “Nosotros como Asamblea Legislativa tenemos la facultad exclusiva de dictar leyes y no podemos someternos a otra instancia para que nos diga si está bien o no. Ahora, indudablemente debe haber una investigación para saber quiénes son los responsables de lo que está sucediendo”, declaró la parlamentaria.

El Ejecutivo señalado como responsable

En ese sentido, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Freddy López, señaló directamente al Ejecutivo como los responsables, porque desde un principio mostraron su intención de impedir las elecciones judiciales. Según denunció el parlamentario, su plan es prolongar el mandato de los actuales magistrados para inhabilitar la candidatura de Evo Morales en las elecciones de 2025.

“Esto se está consolidando, porque para mí esto de las consultas es solo un amigo consultando a otro. Se ve la intención e intereses. lo único que pedimos es que se realicen las elecciones judiciales porque es un tema electoral que debemos cumplir”, declaró el legislador.

López advierte al Ejecutivo sobre el poder del pueblo

En ese sentido, López advirtió al Ejecutivo que el verdadero poder lo tiene el pueblo y que si siguen impidiendo la realización de las elecciones judiciales, lo más probable es que la gente salga a las calles a exigir su derecho.

Incertidumbre sobre realización de elecciones judiciales

En días recientes surgió la preocupación sobre si realmente se llevarán a cabo las elecciones judiciales, debido a que en 2024 debe realizarse el Censo y las primarias para las elecciones de 2025. No obstante, el diputado del MAS recalcó que, pese a todas las actividades del próximo año, con voluntad política se lograrán realizar los comicios para elegir nuevos magistrados.

/LPT

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La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, enfatizó la importancia de que la Asamblea Legislativa demuestre estar a la altura para llevar a cabo este proceso y cumplir con el compromiso de cambiar la cuestionada justicia en el país. Manifestó que el único camino para lograr ese objetivo es realizar una preselección a cargo de la Asamblea, sin utilizar decretos, prórrogas o leyes cortas para nombrar a otras personas.

Ajustes necesarios para llegar a un consenso

Aseguró que los plazos todavía pueden ajustarse, pero es importante que los legisladores muestren voluntad y realicen todos los ajustes necesarios para llegar a un consenso.

“Tengo esperanza en que se apruebe una ley porque no podemos poner en riesgo nuestra democracia. Hoy 21 de agosto recordamos el golpe de Estado de Banzer; por lo tanto, no podemos perder esta democracia que hemos recuperado con tanto esfuerzo”, declaró Salame.

Lamentan falta de respuesta clara sobre elecciones judiciales

Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Israel Huaytari, lamentó la falta de respuesta clara por parte de las tres fuerzas políticas respecto a las elecciones judiciales. Según su criterio, ya están retrasados y es muy probable que surjan otras deficiencias.

Necesidad de considerar una agenda de reformas

El diputado de CC, Rodrigo Paz, manifestó la necesidad de considerar al menos una agenda de reformas tomando en cuenta el escenario actual. Mantener a los actuales magistrados generaría graves repercusiones en la relación entre la sociedad y la justicia, advirtió.

Además, señaló que este hecho podría influir directamente en la desestabilización del Gobierno, sumándose a las actuales crisis económicas, políticas y sociales que vive el país.

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“El que quiera expulsarme que lo haga, no tengo ningún inconveniente”, manifestó la legisladora a LA PATRIA desde La Paz.

Salame reveló que mandó su justificativo a su bancada y a través de sus redes sociales solo porque los medios se lo pidieron. Justificó su decisión de no censurar a Lima con el trabajo ya realizado en torno a las elecciones judiciales.

“No se trata de un problema político, se trata de un bien mayor, que es la justicia de nuestro país”, apuntó.

Asimismo, Salame aclaró que en el país existe libertad de expresión y nadie puede decirle por qué votar. Siendo una persona mayor con 74 años, indicó que fue todo un sacrificio para ella llegar al Senado, ya que está entregando los últimos años de vida a la justicia boliviana y no a su familia.

La noche del martes, por iniciativa de CC, el ministro Lima respondió una interpelación con 11 preguntas cuyo informe terminó siendo aprobado por la mayoría de los legisladores presentes, entre ellos, Salame.

Las repercusiones fueron inmediatas: acusándola de transfugio político, el diputado Alberto Astorga pidió su expulsión.

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Recordó que en su condición de jurista, en el mes de junio del pasado año, presentó un proyecto de ley para la modificación de la forma de preselección de magistrados y que en diciembre del mismo año volvió a presentar un nuevo proyecto con todo lo necesario, según informó LA PATRIA.

“Hemos trabajado con grandes constitucionalistas de Bolivia para poder hacer una herramienta que permita la Asamblea Legislativa Purinacional (ALP), realizar un preselección basada en la meritocracia”, indicó a legisladora.

Asimismo, aclaró estar de acuerdo con el proyecto de los Juristas Independientes, pero consideró que los tiempos no darán para hacer la reforma constitucional antes de las elecciones judiciales.

Aseveró que el objetivo de su proyecto de ley es devolver la dignidad al pueblo boliviano, porque tiene derecho a tener una justicia pronta e independiente.

Por otro lado, dijo que el ciudadano que se presenta como candidato, también tiene derecho a que se respete su dignidad, por esa razón en el proyecto de ley 176/2022-2023, se tomó en cuenta dos aspectos; la meritocracia y un control social más fuerte.

Alertó a la ciudadanía debido a que, la pasada jornada recibió una notificación por parte de la Comisión de Justica Plural, en la que rechazó su propuesta.

“Indudablemente todo proyecto puede ser rechazado, pero acá lo importante es ver las razones por las que la rechaza”, manifestó.

Salame, espera que dicho rechazo solo sea una postura de funcionarios del ala “evista” y no del ala del Presidente Luis Arce.

Al ser consultada sobre la repostulación de magistrados, la senadora señaló que no se puede permitir que actuales autoridades vuelvan a tener un cargo en instancia judiciales, por dos razones; porque son autores del fracaso de la reforma judicial y porque no se puede permitir sus intereses personales.

/NVY

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“Es una ley que serviría para cualquier situación, si somos nosotros los que vamos a elegir (…) Estos serían los parámetros para elegir”, señaló al matutino LA PATRIA. .

Explicó que en caso de optar por la modalidad de selección que presentaron los juristas independientes, de igual manera debe debatirse en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Salame manifestó que su proyecto de ley no es más que una herramienta creada para dar seguridad jurídica al profesional que postula para ocupar un cargo.

“Es decir, un profesional que se precie a veces no se presenta a una convocatoria porque tiene miedo a que pueda haber un manoseo político y que la selección no se haga meritocráticamente, esta herramienta nos va permitir calificar a las y los mejores abogados”, añadió.

SENADOR DEL MAS SOBRE LAS ELECCIONES JUDICIALES

Por su parte, Luis Adolfo Flores, senador de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Justicia Plural, adelantó que en la nueva convocatoria para la selección de autoridades judiciales, exigirán ocho años de experiencia como abogado.

Asimismo, dijo que varios legisladores consideran que debería incluirse como requisito, tener varias especialidades, pero todas las propuestas serán debatidas.

“Debería mejorarse la meritocracia práctica y la meritocracia académica, algunos senadores especialmente de oposición consideran que la meritocracia académica debe ser fundamental”, dijo.

Reveló que la convocatoria oficial será presentada a finales de marzo o a inicios de abril.

/NVY

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“Ningún decreto puede modificar una ley. Eso es inconstitucional. Ningún ministro puede decir que está sacando un decreto y que después nosotros (la Asamblea Legislativa Plurinacional) se lo vamos a sacar una ley. Nosotros no estamos al servicio del Órgano Ejecutivo”, advirtió Salame.

El 1 de diciembre, los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) que se aprestaban a iniciar un paro indefinido se vieron sorprendido con la decisión del Gobierno de Luis Arce, que resolvió cerrar esta entidad y crear mediante decreto supremo la institución denominada Naabol, según reportó ANF.

La senadora protestó que el Gobierno a través del Movimiento Al Socialismo (MAS) intente que el Legislativo tenga que legalizar una norma desde su punto de vista “ilegal”.

“Nosotros somos un Órgano independiente, aunque el MAS tenga mayoría es importante que los ciudadanos sepan que se tiene que debatir en Diputados y Senado. Ese decreto está al margen de la ley”, sostuvo.

Asimismo, precisó que los trabajadores están sujetos a la Ley General del Trabajo, dijo que si una empresa quiere cerrar de la noche a la mañana con seguridad el Ministerio de Trabajo procederá a sanciones, porque “nadie puede cerrar una empresa dejando en la calle a los trabajadores”.

Planteó que una ley de cierre de Aasana debiera ser debatido en el Legislativo, para evaluar verdaderamente las falencias y problemas que según el Gobierno existen.

La legisladora dijo que no se trata de defender a la extinta Aasana ni a los trabajadores, sino que también se está poniendo en riesgo las operaciones aéreas.

Antecedentes

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño informó que Aasana se encontraba en quiebra, que tenía una deuda de más de 1.300 millones de bolivianos.

El Gobierno tomó la decisión de cerrar la entidad al no lograr un acuerdo con los trabajadores que exigían el pago de horas extras, además de un pliego petitorio de diez puntos.

Asimismo, tiene previsto pagar el finiquito a los casi 800 trabajadores que son parte de la planilla de personal. Las autoridades señalaron que la situación ya era insostenible.

/RXVCH/

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