Los detenidos enfrentan cargos por tráfico de armas, asociación delictuosa y complicidad en asesinato; mientras un cuarto implicado, también policía, permanece prófugo.

El fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza, identificó a los aprehendidos como “Gilmar C. y José A. Q., funcionarios militares de la Armada Boliviana, y Ovidio P. B., efectivo policial. También está implicado el ciudadano Franz Ch., también policía, que sigue siendo buscado”, precisó la autoridad judicial en declaraciones.

Los arrestos se realizaron en el marco de la investigación por el asesinato de Edgar Dorado Menacho, alias “El Jefe”, ocurrido el pasado 27 de julio en Santa Ana de Yacuma.

Según las pesquisas iniciales, los detenidos habrían proporcionado armas y filtrado información sensible a la red criminal.

“En las próximas horas serán puestos ante el control jurisdiccional con la finalidad que defina su situación jurídica con relación a los tipos penales como ser asociación delictuosa, tráfico de armas y con relación al delito de asesinato en el grado de complicidad”, indicó Mendoza.

El Ministerio Público solicitará la detención preventiva para los tres imputados, argumentando la gravedad de los delitos y los riesgos procesales existentes en el caso.

/KMMN

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Según informes de la Policía Boliviana, el crimen ocurrió alrededor de las 21:00 horas en el barrio Reyes Magos. Testigos relatan que sujetos armados, presuntamente sicarios, irrumpieron en la vivienda y dispararon al menos cuatro veces contra Cruz Bazán. El ataque se perpetró delante de su esposa e hijo, lo que subraya la frialdad y el carácter premeditado del crimen.

Pese a los esfuerzos desesperados de sus familiares y vecinos por auxiliarlo, el abogado falleció poco después de ingresar al hospital. Un video difundido en redes sociales muestra la caótica escena, con un grupo de personas intentando subir a la víctima a un vehículo para llevarla a recibir atención médica.

La principal línea de investigación que manejan las autoridades vincula el asesinato de Cruz Bazán con el reciente secuestro de la comerciante Claudia Alquiza Moroña, ocurrido el pasado 6 de septiembre. Medios locales han reportado que el abogado era el defensor legal de la comerciante, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Este posible vínculo ha llevado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) a sospechar que el crimen fue ejecutado con precisión profesional, lo que sugiere un acto de sicariato. Por el caso de secuestro, la Policía ya detuvo a cuatro ciudadanos brasileños, y la búsqueda de la mujer continúa. La muerte del abogado podría complicar aún más la investigación y la posible liberación de la comerciante.

El asesinato de Limber Cruz Bazán, quien era oriundo de Santa Cruz y no tenía familiares cercanos en Guayaramerín, ha generado un profundo sentimiento de inseguridad en la población. La comunidad exige a las autoridades un esclarecimiento rápido del caso y la captura de los responsables. La Felcc ha iniciado las investigaciones, recabando testimonios y revisando las cámaras de seguridad en la zona para identificar a los atacantes.

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Defensa de Yasser Vásquez

En el video, Vásquez expresó su respeto por la labor del fiscal y afirmó que nunca ordenaría una acción en su contra. También manifestó que defiende su posición debido a la falta de garantías en el proceso judicial.

“Nunca mandaría a matar a nuestro fiscal. Me gusta que haga su trabajo, que haga justicia, pero que lo haga bien, que muestre pruebas. Me atacan por todos lados”, enfatizó Vásquez en el mensaje audiovisual, difundido este martes 16 de septiembre de 2025 a través de redes sociales y medios televisivos.

Acusaciones y sospechas

Las autoridades sospechan que Vásquez ordenó operaciones de sicariato que resultaron en la muerte de 13 personas entre junio de 2023 y julio de 2025. También se cree que instruyó a un grupo criminal para atentar contra la vida del fiscal Balderas. Por esta razón, el Ministerio de Gobierno ordenó brindar seguridad permanente al fiscal.

Según la hipótesis de las autoridades, el objetivo del grupo criminal sería eliminar a cualquier persona que intente ingresar a las zonas bajo su control, como Santa Ana y Exaltación, en el departamento del Beni.

Posición de Vásquez

Vásquez se declaró en la clandestinidad y afirmó que no se entregará a las autoridades debido a la falta de garantías en el proceso judicial. “Han tenido tiempo para investigar y hasta ahora no veo que tengan pruebas contra mí, solo indicios”, afirmó.

Este es el segundo video que publica este año para rechazar las acusaciones en su contra. El primero fue difundido en febrero, cuando negó ser el autor intelectual del asesinato del capitán José Carlos Aldunate, el cual ocurrió ese mismo mes en Santa Cruz.

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Según el fiscal general, Roger Mariaca, Vásquez parece liderar una organización criminal que está vinculada al sicariato y al narcotráfico. A esta organización se le atribuyen al menos 13 asesinatos.

Entre los crímenes que se le imputan a “Coco” Vásquez se encuentra el asesinato del abogado Lorgio Saucedo Méndez, quien enfrentaba más de 50 procesos penales. También se le relaciona con la ejecución de Edgar Dorado Menacho, conocido como “El Jefe”, quien era un presunto colaborador de otro narcotraficante, Misael Nállar. Además, está implicado en el homicidio del piloto José Carlos Jiménez, quien fue asesinado por una deuda de 5.000 dólares.

Amenazas al fiscal Balderas

Informes de inteligencia indican que el narcotraficante habría instruido a un grupo de sicarios para atacar al fiscal Balderas, quien ha liderado operativos contra el tráfico de drogas en la región del Beni.

Entre los implicados en esta trama se encuentran los hermanos Erick y Oswaldo Hurtado Aguilera, quienes están relacionados con ataques armados y homicidios de personas con antecedentes en el narcotráfico.

Operativos y resultados

La Fiscalía ha afirmado que las amenazas contra el Ministerio Público tienen como objetivo frenar las investigaciones y operativos en el Beni. Hasta la fecha, este año se han incautado más de 4 toneladas de droga y 15 aeronaves en la región.

El viceministro de Régimen Interior, Jhony Aguilera, explicó que el martes 16 de septiembre, la Policía boliviana llevó a cabo intervenciones en Santa Ana del Yacuma, Exaltación, Santa Cruz y Entre Ríos. También se realizaron allanamientos en al menos 12 inmuebles vinculados a Vásquez.

Durante estos operativos, se secuestraron vehículos que se presume fueron utilizados en asesinatos, incluyendo una vagoneta Jeep y una camioneta, además de material logístico de carácter militar.

Nexos internacionales y seguridad

Aguilera añadió que la información obtenida en los operativos permitió identificar conexiones de la organización con ciudadanos brasileños que intentaban ingresar al país para llevar a cabo actividades ilícitas. A pesar de varios intentos de captura, se ha confirmado que Vásquez logró salir de Bolivia y actualmente se encuentra fuera de las fronteras nacionales.

Asimismo, el viceministro aseguró que el Ministerio de Gobierno ha dispuesto seguridad permanente para el fiscal departamental del Beni. También se ha reforzado la protección para fiscales y policías que están involucrados en investigaciones sobre organizaciones del narcotráfico, tras confirmarse las amenazas recibidas.

Identidad falsa y documentos adulterados

De acuerdo con informes policiales, “Coco” Vásquez operaba en Bolivia utilizando una identidad falsa y documentos adulterados. En este contexto, Aguilera señaló que se está investigando a los funcionarios del Servicio General de Identificación Personal (Segip) que emitieron el documento. Sin embargo, lamentó que en el país no se penalice la emisión de documentos falsos.

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El operativo comenzó en la madrugada y fue supervisado por el presidente del Inpe, Iván Paredes, y el viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Jesús Baleón Vásquez. Ambos, junto a representantes del Ministerio Público y agentes del Grupo de Operaciones Especiales, encabezaron los controles en el penal de Ancón I, que se encuentra al norte de Lima.

Incautaciones durante los allanamientos

Durante los allanamientos, se incautaron teléfonos celulares, chips, armas blancas y envoltorios tipo ketes que contenían pasta básica de cocaína y marihuana. Las inspecciones abarcaron celdas, pasillos, patios, cocinas y otras áreas comunes. También se realizaron revisiones corporales a los reclusos, todo bajo estrictos protocolos de seguridad.

Despliegue de agentes penitenciarios

En paralelo, 1,174 agentes penitenciarios recorrieron los establecimientos como parte de un despliegue coordinado. Esta acción forma parte de la política institucional denominada Seguridad en Acción.

Objetivos del Inpe

El presidente del Inpe advirtió que el objetivo es identificar a los internos involucrados en mafias de extorsión. A aquellos que se detecten, se les trasladará a penales de mayor contención, alejados de su entorno. Además, anunció el relevo de los directores regionales del sistema penitenciario en todo el país para reforzar el control interno y combatir la corrupción.

Contexto de la intervención

La intervención se lleva a cabo en un contexto de creciente violencia en diversas regiones del Perú. El incremento de extorsiones, sicariato y delitos vinculados al narcotráfico y la minería ilegal ha obligado al Gobierno a declarar el estado de emergencia con apoyo de las Fuerzas Armadas.

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Durante el acto religioso en el que participaban personas de diferentes edades, un sicario ingresó a la iglesia con el objetivo de asesinar al sargento. El uniformado estaba en la iglesia después de terminar sus horas de trabajo.

“Con esto ya ni se puede estar tranquilo, ni siquiera la iglesia respetan”, dijo una de las mujeres del lugar al matutino El Universo.

En cuanto llegaron uniformados de la Policía Nacional ecuatoriana, cerraron las puertas de la iglesia para realizar las investigaciones necesarias. Encontraron ocho indicios balísticos en la escena.

El comandante de Policía de Santa Elena, Juan Carlos Soria, indicó que el sargento Cifuentes, de 38 años, llevaba dos meses trabajando en esa urbe.

La policía ecuatoriana investiga si el oficial de Policía habría recibido alguna amenaza anteriormente.

“Estamos de luto, por la partida de nuestro compañero, héroe con uniforme que mantenía su espíritu de servir y proteger, brindado la seguridad anhelada por todos los ciudadanos”, manifestó la Policía Nacional del Ecuador en un comunicado de condolencia.

/WBMC

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/ LMPT

La entrada Exministro Romero asegura que el narcotráfico en Bolivia opera hasta en conciertos se publicó primero en La Patria Bolivia | Periódico digital.

Se conoció que uno de los líderes de PCC, Marco Roberto de Almeida, alias Tuta, ingresó a Bolivia para operar, pero había sido secuestrado. Sin embargo, el Poder Ejecutivo a través del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, descartó esa información. Pese a ello, cada día se suman los casos de sicariato en Bolivia, sobre todo en el Oriente.

Expertos aseguran que esta situación de inseguridad rebasó a la Policía. Para el abogado y analista en seguridad y defensa, Jorge Santisteban, el crimen organizado se extiende a los cuatro puntos cardinales del país.

Señaló que la producción y comercialización de sustancias controladas ingresó y corrompió a la sociedad. También hizo mención a los cárteles de droga que operan en Bolivia y que estos ilícitos deben ser la principal agenda nacional del Gobierno.

“Ya no hay duda de que los cárteles operan en nuestro país y cuáles son sus características. El cártel mexicano, por ejemplo, se dedica a comprar a los Gobiernos para hacer sus actividades con mayor libertad. El cártel brasileño, encabezado por el PCC, apunta prácticamente a monopolizar el comercio de la droga en la región y en el país”, dijo Santisteban.

Indicó que ningún caso de narcotráfico se investigó y la Policía no logró capturar a un pez gordo. Agregó que las personas consideradas soplonas, aparecen muertas de la manera más violenta.

Por su parte, el exfiscal de sustancias controladas Joadel Bravo Becerra señaló que Bolivia está inmersa en el narcotráfico, donde el sicariato está rebasando al Gobierno.

“Hay una rearticulación de los miembros del PCC en Bolivia, y en Santa Cruz se registran aproximadamente 30 sicariatos al año, sólo en la ciudad. Somos un país productor de droga”, dijo Bravo.

Asimismo, señalaron que se debería implementar un equipo de contrainteligencia especializado para investigar a los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

ANTECEDENTES

El cártel del PCC es la organización criminal de más rápido crecimiento en el mundo y la dificultad de la Policía Federal en el vecino país y la ubicación geográfica central en Sudamérica convirtieron a Bolivia en el santuario de narcosur.

Para lavar el dinero del narcotráfico invierten en joyas, clínicas médicas, restaurantes, fincas y caminan con seguridad con sus familias en la región de Santa Cruz de la Sierra, centro de poder del grupo y pasaje de la droga que, proveniente de Perú y Colombia, se une a la cocaína propiamente boliviana.

El PCC es la organización criminal más grande de Brasil.

/NVY

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