Por: Henry M. Rodríguez/Latinoamérica21

Las imágenes de vehículos incendiados, bloqueos carreteros y motines carcelarios que siguieron a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes en Jalisco no pueden leerse como episodios aislados ni como simples reacciones emocionales de una organización criminal herida. Tampoco son una anomalía inesperada. Forman parte de una secuencia conocida en contextos donde el uso de la fuerza estatal altera equilibrios ilícitos sin que exista, al mismo tiempo, una capacidad suficiente para administrar las consecuencias. La cifra de al menos 26 personas fallecidas, reportada por La Jornada, es un recordatorio crudo de que la violencia organizada rara vez desaparece con la eliminación de un solo actor.

El Cártel Jalisco Nueva Generación no es una estructura improvisada ni dependiente exclusivamente de un liderazgo carismático. Informes del Congressional Research Service y de la Drug Enforcement Administration lo describen como una organización con alta capacidad armada, expansión internacional y redes transnacionales consolidadas. Estas características explican por qué, tras la caída de su líder histórico, la respuesta no fue la parálisis, sino una demostración coordinada de fuerza: bloqueos, ataques selectivos y desestabilización del orden cotidiano.

La literatura académica ayuda a comprender este fenómeno. Investigaciones publicadas en Journal of Conflict Resolution muestran que los efectos de la llamada “decapitación” criminal varían según dos variables clave: el nivel de cohesión interna del grupo y la capacidad del Estado para ocupar rápidamente los espacios de poder que quedan vacantes. Cuando estas condiciones no se cumplen, la violencia tiende a incrementarse en el corto plazo. En México, esta dinámica ha sido documentada de manera sistemática por Guillermo Trejo y Sandra Ley, quienes han advertido que la fragmentación organizativa, sin control territorial efectivo del Estado, produce disputas internas y expansión del conflicto.

Los disturbios posteriores a la muerte de Oseguera Cervantes también revelan otra dimensión crítica: la resiliencia operativa de las economías ilícitas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha señalado que los mercados criminales con infraestructura financiera robusta y control logístico diversificado se adaptan con rapidez a los cambios de liderazgo. En estos casos, el problema no es la ausencia de un jefe, sino la persistencia de incentivos económicos, rutas, contactos y mecanismos de corrupción que sostienen la actividad ilegal. La violencia, entonces, se convierte en un instrumento para redefinir jerarquías y enviar señales, tanto al interior de la organización como a rivales y autoridades.

Este contexto explica por qué, en paralelo a los hechos violentos, han surgido especulaciones sobre posibles implicaciones para el Mundial 2026. Conviene separar el análisis técnico del ruido político. Hasta ahora, no existe indicio alguno de que la FIFA haya considerado modificar las sedes mexicanas. Por el contrario, su presidente, Gianni Infantino, ha reiterado públicamente su confianza en México como país anfitrión. La pregunta relevante no es si el torneo está en riesgo inmediato, sino cómo se gestiona la seguridad en un entorno donde las reconfiguraciones criminales pueden tener efectos diferidos.

Los grandes eventos internacionales no se preparan sobre la base de certezas, sino de escenarios. La experiencia comparada indica que los procesos de sucesión dentro de organizaciones criminales pueden extenderse durante semanas o meses, con picos de violencia intermitente. Ignorar esta posibilidad sería irresponsable. Al mismo tiempo, sobredimensionarla sin sustento empírico sería contraproducente. El equilibrio se encuentra en la planeación estratégica: monitoreo constante, coordinación interinstitucional y protección preventiva de infraestructura crítica, especialmente en las ciudades sede.

Aquí emerge un problema estructural que va más allá del CJNG. El Indice Global de Impunidad señala que México mantiene rezagos significativos en eficacia institucional, investigación criminal y sanción penal. Estas debilidades no generan titulares espectaculares, pero condicionan profundamente la capacidad del Estado para transformar golpes tácticos en resultados sostenibles. Sin instituciones sólidas a nivel local —policías profesionales, fiscalías eficaces, sistemas penitenciarios controlados— cada operación de alto impacto corre el riesgo de ser apenas un episodio dentro de un ciclo repetitivo de violencia.

El sistema penitenciario merece una mención especial. El Banco Interamericano de Desarrollo ha documentado cómo las cárceles latinoamericanas, lejos de neutralizar el crimen, funcionan con frecuencia como centros de operación y coordinación. Los incidentes registrados en centros penitenciarios tras la muerte de Oseguera Cervantes refuerzan esta advertencia. Sin gobernanza carcelaria, sin control tecnológico y sin supervisión externa, la privación de la libertad pierde su función básica como herramienta de seguridad pública.

La dimensión financiera es otro frente decisivo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha identificado redes de lavado de dinero vinculadas al CJNG que operan más allá de las fronteras mexicanas. Atacar estas estructuras no produce imágenes espectaculares ni genera aplausos inmediatos, pero reduce de manera directa la capacidad de regeneración del crimen organizado. La trazabilidad financiera y el control de precursores químicos son, en este sentido, políticas de seguridad tanto o más importantes que las detenciones de alto perfil.

Nada de esto implica restar importancia a la eliminación de liderazgos criminales. Significa, más bien, situarla en su justa dimensión. La fuerza sin gobernanza produce vacíos; los vacíos producen disputas; y las disputas se traducen en más violencia para la población. La confianza internacional, incluida la asociada a eventos como el Mundial, no se construye negando los riesgos, sino demostrando capacidad para anticiparlos y gestionarlos.

En última instancia, la seguridad no se mide por la caída de un nombre, sino por la reducción sostenida de la violencia y el fortalecimiento del Estado de derecho. Mientras la estrategia siga privilegiando los golpes simbólicos sobre la consolidación institucional, cada “victoria” tendrá un costo diferido. Y ese costo, como muestran los acontecimientos recientes, suele pagarse con vidas.

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Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre si la intervención militar quedaba “descartada” tras la llamada con Trump. La mandataria mexicana respondió con un contundente “sí”.

“Quedó muy claro en la conversación que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco”, enfatizó Sheinbaum.

Motivaciones para el diálogo

La mandataria explicó que una de las razones que la llevaron a buscar la conversación con Trump fue que en 3 ocasiones, el presidente estadounidense había manifestado su interés en tener una mayor participación en la seguridad de México.

En este sentido, Sheinbaum destacó que siempre es positivo buscar el diálogo, en lugar de comunicarse únicamente a través de los medios de comunicación o de la comunicación pública.

“Es mejor hablar por teléfono. Además, hay un antecedente de trabajo conjunto, entonces por eso solicitamos la llamada”, remarcó la presidente.

Posibilidad de futuras conversaciones

Asimismo, Sheinbaum mencionó que “en algún momento” buscará realizar una nueva llamada con Trump.

“Porque lo que queremos es que haya comunicación, que haya diálogo, que tengamos entendimiento. Eso siempre lo hemos manifestado”, insistió la gobernante mexicana.

Desacuerdo sobre el término narcoterrorismo

En relación a si México aceptaría el término “narcoterrorismo” para justificar acciones unilaterales en su territorio, Sheinbaum expresó su desacuerdo.

“Nuestra Constitución y nuestras leyes hablan de terrorismo en otro sentido. La delincuencia organizada no puede catalogarse como terrorismo, terrorismo tiene que ver directamente con acciones que tengan que ver contra el gobierno y otros esquemas. Entonces, no está en el marco de nuestra legislación llamarle así”, remarcó.

Relación con Estados Unidos

A pesar de no estar de acuerdo en muchos temas, Sheinbaum insistió en que México desea mantener una “buena relación” con Estados Unidos.

“Somos vecinos, porque somos socios comerciales y porque tenemos que buscar siempre un buen entendimiento sin violar nuestros principios, que son muy claros y que siempre los vamos a mantener”, concluyó.

Esta conversación entre Sheinbaum y Trump es la primera desde que el mandatario estadounidense amenazara con ataques terrestres a México contra los cárteles que, según él, gobiernan el país vecino.

Además, esta llamada se produce poco más de una semana después de la intervención militar de Washington en Venezuela, donde se capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, acusados de narcotráfico, entre otros delitos en Nueva York.

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Según informó RPP, se trata de grabaciones telefónicas intimidantes y amenazantes cuyo origen está siendo investigado por las autoridades.

Amenaza con sacarlos del país en bolsas de basura

En las grabaciones se escucha a sujetos desconocidos exigiendo a los diplomáticos peruanos abandonar México o ser sacados del país en bolsas de basura.

Preocupación del Gobierno peruano

El primer ministro ha manifestado su preocupación al respecto y ha pedido garantías para la integridad y vida de los funcionarios diplomáticos.

Agradecimiento del Gobierno peruano a las autoridades mexicanas

El Gobierno peruano ha expresado su agradecimiento a las autoridades mexicanas por haber redoblado la seguridad de los diplomáticos peruanos en el país.

Tensión entre Lima y Ciudad de México

Este incidente ocurre en un contexto marcado por tensiones entre Lima y Ciudad de México debido a declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien tildó de usurpadora a su homóloga peruana, Dina Boluarte. Para el mandatario mexicano, el mandato de Boluarte no es legítimo ya que ascendió al cargo después de la destitución y detención del predecesor Pedro Castillo.

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López era reportero en la ciudad oaxaqueña de Salina Cruz, fue atacado dentro de su estudio de grabación y hasta el momento la Policía local capturó a dos sospechosos del crimen, tal y como informó el fiscal estatal, Arturo Calvo al canal de noticias Milenio.

“Tenemos ya a dos detenidos, están también las armas con las que cometieron el crimen (…) Tenemos la escena del crimen asegurada”, detalló el fiscal.

Asimismo, Calvo explicó que los sospechosos fueron arrestados por la Policía cuando intentaban escapar del lugar del asesinato.

Anteriormente, Heber López Vásquez recibió amenazas por sus publicaciones en las que denunciaba actos de corrupción de funcionarios locales, según informó el Diario de Yucatán.

México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En 2021, al menos siete periodistas fueron asesinados, según RSF, aunque no se demostró en todos los casos que los móviles estén ligados a su trabajo.

/MDCB

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La marcha fue convocada por la Asociación Civil de Chalecos México y la familia mormona LeBarón, que es parte de la comunidad en Sonora que fue masacrada a principios de noviembre en la que murieron seis niños y tres mujeres.

El mormón y activista, Julián Lebarón, dijo que no fue informado de alguna actualización sobre el avance de la investigación del homicidio múltiple el pasado 4 de noviembre, como dijo la fiscalía respecto a la detención de presuntos responsables.

“Estamos marchando para unir al país, no para dividir. Nos podemos caer mal, podemos odiarnos, pero debemos estar de acuerdo que la vida es más importante y debemos unirnos para detener el asesinato y la masacre en nuestro país”, dijo Julián Lebarón a Efe.

La marcha de al menos 4.000 personas comenzó en El Ángel de la Independencia y llegó al monumento de la Revolución, y entre los canticos de protesta, reprochaban la concesión de asilo por parte de México al expresidente de Bolivia, Evo Morales.

Con un mitin bajo el Monumento de la Revolución, los manifestantes, decidieron cerrar la marcha, donde se expresaron, la líder de los Chalecos México, Alejandra Morán y Julián Lebarón.

El gobierno del presidente Manuel López Obrador,comenzó el primero de diciembre de 2018, tras ser designado en las eleccionesfederales de México con el 53,20% de las votaciones emitidas. De esta manerasucedió al gobierno de Enrique Peña Nieto.

/VEGA/

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