El incidente aparentemente ocurrió cuando la autoridad indígena regresaba de revisar una propiedad destinada a actividades de cultivo, según reportó el medio El Deber.

Detalles del ataque

Según la denuncia que fue difundida por familiares y representantes del movimiento chiquitano, el ataque se registró en la comunidad Virgen de Urkupiña. Esta comunidad se encuentra a unos 75 kilómetros de San José de Chiquitos, sobre la carretera que conecta con San Ignacio de Velasco.

De acuerdo con el relato de los testigos, el cacique fue atacado por la espalda por dos personas que, al parecer, pertenecen a una comunidad intercultural que está asentada en una zona colindante.

Atención médica recibida

Tras la agresión, Peña fue trasladado al hospital municipal de San José de Chiquitos, donde recibió atención médica. El diagnóstico preliminar indica que presenta una fractura abierta en un brazo y lesiones en ambas muñecas.

Preocupaciones de la familia

Los familiares del cacique han señalado que este no es un hecho aislado. Anteriormente, habían presentado denuncias por robo agravado y amenazas de muerte.

Asimismo, expresaron su preocupación por la falta de avances en las investigaciones. Solicitaron a las autoridades competentes que se tomen medidas para garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.

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La sentencia del TCP anula la Sentencia Agroambiental Plurinacional S2ª 61/2022, que invalidaba avances en el proceso de saneamiento del predio Tierras Bajas del Norte. Según los magistrados Hurtado y Espada, la determinación agroambiental resultaba arbitraria e incongruente al analizar los supuestos vicios de nulidad del proceso.

La familia Marinkovic celebra la decisión del tribunal

La familia Marinkovic expresó su satisfacción por el fallo, afirmando que finalmente se ha hecho justicia después de muchos años de defender sus derechos. Sin embargo, prefirieron no dar más detalles hasta recibir notificaciones oficiales.

Críticas del exprocurador del Estado

Por otro lado, el exprocurador Chávez criticó la sentencia, señalando que los “autoprorrogados” continúan perjudicando al país y reconociendo que lo dispuesto por los jueces anula el proceso de reversión establecido por el Tribunal Agroambiental.

El Tribunal Constitucional Plurinacional defiende su decisión

Ante las críticas recibidas, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha reafirmado su decisión, argumentando que se basa en criterios legales sólidos y en su competencia para resolver conflictos de esta naturaleza.

Debate sobre la seguridad jurídica en la propiedad de tierras en Bolivia

La resolución del TCP ha generado un debate público sobre la seguridad jurídica en relación con la propiedad de tierras en Bolivia, especialmente en zonas rurales donde los conflictos por la tenencia de tierras son recurrentes.

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El joven cruceño aún es buscado por su familia, porque consideran que el cuerpo que fue hallado en Paraguay por la Fiscalía no es de Dorado. Tampoco se conoce el paradero del piloto y de la avioneta Cessna 206 con matrícula CP 3172, que salió del aeropuerto El Trompillo.

Las versiones de la empresa Naabol, y de la Policía no coinciden por el momento, debido a que en primera instancia el director, Joaquín Hurtado, informó que la avioneta tenía un plan de vuelo aprobado para llegar hasta la hacienda Cupesí; sin embargo, la aeronave recién regresó al día siguiente.

No obstante, la Policía señaló que, tras los últimos allanamientos realizados en el hangar 101, verificó que la avioneta supuestamente no regresó a los predios del aeropuerto El Trompillo.

Según información preliminar, la aeronave despegó de El Trompillo a las 09:17 horas, tenía como destino la estancia Cupesí y un plan de vuelo de una hora, pero se desconoce si el piloto cumplió con ese plan, porque desde la torre de control indican que perdieron contacto con la aeronave.

Por su parte, el fiscal Winsor Ortiz, que acompaña a la comitiva, señaló que se realizó la inspección al aeródromo y se corroboró que la pista está operable.

“Siguiendo las actuaciones investigativas se pudo verificar la operabilidad que tiene la pista a objeto de determinar la cronología de acuerdo a las investigaciones que estamos realizando. Se está haciendo el análisis correspondiente y daremos información una vez tengamos la documentación”, declaró.

Actualmente, dos peritos verifican la documentación secuestrada en el “El Trompillo” luego del allanamiento que se realizó días atrás al hangar 101, cuya investigación es encabezada por la fiscal Margoth Vargas.

“No está la avioneta, pero hemos secuestrado documentación a objeto de tener más evidencias. Dos peritos del Ministerio Público revisarán toda la documentación en digital para tener la certeza de dónde se encontraría la avioneta”, expresó.

Además de los allanamientos, las autoridades citaron a varias personas, entre amigos, abogados, personal del hangar de El Trompillo, a fin de encontrar nuevos indicios en las investigaciones.

En tanto, la familia de Juan José Dorado espera que las autoridades en Paraguay continúen con la investigación para corroborar o descartar que el cuerpo hallado sin vida en el Chaco Paraguayo sea el del joven boliviano desaparecido.

Gary Dorado, padre de Juan José, pidió también un estudio de ADN para verificar la identidad del cuerpo, debido a que duda que se trate de su hijo.

/ABH

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Los pocos testigos del hecho, indicaron que el autor del feminicidio estaba ebrio cuando llegó a atacar a su pareja a las 06:00 horas, después salió y se estranguló en una zona descampada llamada La Pista, cerca del aeropuerto de San José de Chiquitos.
El crimen fue registrado por la Policía a las seis de la mañana, según el reporte de Telepaís e informaron que la pareja tenía siete hijos, quienes ya conocen que sus padres murieron.

La madre de la víctima, reveló que presenció todo el hecho, pese a los intentos de auxiliar a su hija no lo logró y con las apuñaladas Mirtha perdió la vida.

“Hace dos meses venía amenazándola. Le decía que la iba a matar y que no iba ser para él ni para nadie”, contó Mirtha, afirmando que el esposo de su hija era agresivo y que en la madrugada llegó en estado de ebriedad.

Contó como sucedió el hecho y trató de ayudar, pero solo vio como se desangraba su hija.
“Ella se quiso desprender de él, sacó su cuchillo de atrás y se lo metió a mi hija en el pecho. Quise ayudarla y la vi que estaba sangrando, de ahí él corrió y mi hija se estaba desmayando, traté de ayudar, pedí ayuda y mi hija estaba muriendo”, manifestó la progenitora.

La víctima falleció antes de llegar al centro médico.

Encontraron al autor del feminicidio colgado en un árbol en la zona del aeropuerto.

/NVY

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Por tal motivo, el representante Intercultural exige pruebas para sustentar las denuncias que pesan contra sus integrantes en diferentes regiones del país.

Asimismo, negaron que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) favorezca a su sector y desampare a la colonia menonita Valle Verde en San José de Chiquitos, del departamento de Santa Cruz y apuntan a “la derecha” como responsable de las acusaciones con el fin de dividirlos, según reporte de radio Fides.

“La familia intercultural tiene su límite, están tratando de dividirnos y no lo conseguirán porque esta organización es estructurada”, manifestó Alavi exhortando a las autoridades del INRA a brindar los informes sobre los terrenos en disputa.

La jornada anterior, un fuerte contingente policial retornó a la comunidad Valle Verde, del municipio de San José de Chiquitos, y empezó a desalojar a las 23 familias menonitas que vivían en el lugar.

De esa manera, el abogado de los menonitas, Alejandro Altamirano denunció que el desalojo fue ejecutado sin la presencia de los representantes de Derechos Humanos ni de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

La mañana del miércoles, el director nacional del INRA, Eulogio Núñez anunció que el proceso de desalojo continuará en Valle Verde al explicar que los menonitas “se expandieron más de lo permitido y avasallaron tierras fiscales”, las cuales tenían autorización de asentamiento para otra comunidad campesina, denominada “19 de Noviembre”.

/MDCB

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Asimismo, INRA acusó a los menonitas de ser extranjeros y de ingresar ilegalmente en tierras fiscales, otorgadas al Instituto de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), en calidad de usufructo.

Este conflicto de tenencia de tierras se desarrolló en el municipio de San José de Chiquitos, el área de disputa son dos mil hectáreas. Según los menonitas de la comunidad Valle Verde, ellos tienen permiso de asentamiento desde el 2016, pero las comunidades campesinas se asentaron sobre sus sembradíos en el 2021.

Horas antes de que se publique el comunicado del INRA, el abogado de esta colonia, Freddy Gamboa, publicó un video en su cuenta de Facebook donde se ve el desplazamiento de un contingente policial para ejecutar esta orden. Además, denuncia que la tierra fue revertida para sectores afines al Gobierno, como el de los interculturales.

“Interculturales, federación de campesinos, el INRA, el viceministerio de tierras y más de 300 policías han llegado hasta la colonia menonita Valle Verde para desalojarlos y quitarles sus tierras trabajadas”, señaló el abogado.

También detalló que en “esta colonia menonita se encuentran más de 130 familias” y que “de repente apareció una comunidad campesina avalada por el INRA y los interculturales y ahora los van a obligar a dejar sus tierras”.

El video fue compartido por la diputada de Creemos, María René Álvarez, en su cuenta de Twitter. En esta red social la legisladora denunció que “revierten tierras de comunidades menonitas, para entregárselas a interculturales que son parte de las milicias armadas”.

“Y para ello mandan contingentes de policías ¿Por qué no mandan el mismo contingente para aprehender a los delincuentes identificados del caso las Londras?”, descargó Álvarez.

INRA acusa a menonitas de avasalladores

Mediante un comunicado el INRA dijo que la Comunidad Valle Verde, conformada por familias menonitas (extranjeros) está asentadas sobre tierras fiscales, otorgados al Iniaf, en calidad de usufructo, según reportó el diario El Deber.

“Por lo tanto, informamos que el proceso de desalojo en el presente caso se viene realizando desde hace seis meses, por lo que implica procesos administrativos y legales, en coordinación con el Iniaf y el Comando Departamental”, dijo la entidad.

Además, la entidad cumple la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria N° 1715, modificada por la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que responde al Art. 395 de la Constitución Política del Estado (CPE).

/RXVCH/

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De acuerdo al reporte preliminar de la Policía, el chofer perdió el control del vehículo y se salió de la carretera volcándose, pero fue amortiguado por matorrales entre las comunidades Piococa y Quimome, a 34 kilómetros de San José.

Asimismo, según el relato de los pasajeros, el bus, propiedad de la empresa Trans Leaños, partió la mañana de este 27 de diciembre del municipio de Puerto Quijarro, frontera con Brasil, y se dirigía hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, reportó el diario El Deber.

“La flota salió a las 11:00 horas y venía parando en cada pueblo. Los demás buses nos pasaban y en el que nosotros íbamos seguía deteniéndose por tramo y no sabíamos el motivo, hasta que sucedió el accidente”, señaló Silvia Calle, una pasajera que se transportaba junto a sus dos hijas y su esposo en el vehículo.

Otra mujer afirmó que los choferes no informaron si se registraron fallas mecánicas.

“No sé qué le pasaba que a cada rato se detenía. Yo creo que venían tomando, porque los conductores se bajaron dos veces con su coca”, sostuvo.

Efectivos de Tránsito llegaron al lugar del accidente para iniciar con las investigaciones y poder determinar las causas y evacuaron a algunas personas heridas, pero hasta el momento no se conoce la cifra total de lesionados.

/JDLF/

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Estas personas participaron en la quema de ánforas en las subnacionales que se desarrollaron el 7 de marzo de 2021 en el municipio de San José de Chiquitos del departamento cruceño.

“La sentencia a los sindicados corresponde a la afectación por el delito de Asalto o Destrucción de ánforas y Obstaculización de procesos electorales en tres recintos electorales el día de la jornada de votación durante la elección de autoridades departamentales y municipales”, señaló la autoridad electoral, según reportó este jueves Erbol.

Las cuatro personas fueron sometidas a procesos abreviados aceptando su culpabilidad por los hechos denunciados de la quema de ánforas, informó Órgano Electoral mediante nota de prensa.

El inciso g), artículo 238 de la Ley de Régimen Electoral establece que el “asalto o destrucción” de ánforas será sancionado con la pena de privación de libertad de uno a tres años.

El 7 de marzo pobladores del municipio de San José de Chiquitos, en Santa Cruz, quemaron las ánforas de tres recintos electorales argumentando que se registró un supuesto fraude durante las Elecciones Subnacionales.

/GFS/

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l alcalde de San José de Chiquitos, Martín Barbery, informó la pasada jornada que en ese territorio hay seis incendios forestales de los cuales “tres se han descontrolado y el fuego ha ganado terreno, por eso el municipio se ha declarado en emergencia”.

Los Bomberos pudieron controlar las llamas en las zonas Mococa, Bella Vista y Taperitas, pero los incendios siguen activos en otros tres sectores.

Los Bomberos se están dirigiendo a los tres lugares y definirán qué estrategia se utilizará para apagar las llamas”, sostuvo Barbery.

Asimismo, explicó que los tres incendios en San José se encuentran cerca de las comunidades campesinas y predios menonitas.

“Estamos pidiendo ayuda a la Gobernación cruceña para que nos ayuden a sofocar el fuego y también pedimos al Señor que llueva”, refirió el burgomaestre.

El fuego afectó en Chiquitos a la laguna Concepción, una de las áreas naturales de Santa Cruz. El jueves 19 de mayo las autoridades municipales de Roboré también pidieron ayuda a las autoridades nacionales.

Incendio en Otuquis

Los incendios forestales ingresaron la pasada jornada al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis en el municipio de Puerto Suárez, reportó el diario Página Siete.

El área protegida, de gran riqueza en flora y fauna, forma parte del Pantanal boliviano, que por ser un humedal de importancia internacional es uno de los sectores naturales más importantes del país y de la región.

El área natural se suma a otros cinco que están en riesgo: el Área Natural de Manejo Integrado San Matías, la Reserva municipal de vida silvestre valle de Tucabaca en Roboré, Laguna Concepción en San José de Chiquitos, el Área Natural de Manejo Integrado Río Grande Valles Cruceños en el municipio de Cabezas y el Área Natural Ñenbiaguasú, en Roboré. En todos estos sitios trabajan cerca de 1.700 personas para apagar el fuego.

Provocan incendios

La jefa de Bomberos forestales de la Gobernación de Santa Cruz, Yovenka Rosado, denunció ante la prensa que desconocidos “están provocando incendios en zonas donde hemos controlado el fuego”.

La funcionaria pidió a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), a la Policía y al Ministerio Público dar con los causantes de incendios.

“Invocamos a la Policía y la ABT hacer rastrillajes, porque al realizar el monitoreo nos chocamos con que existen personas que están causando nuevamente los incendios. Las autoridades deben dar con ellas”, refirió Rosado.

En días precedentes el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que existían cuatro procesos penales en marcha contra pirómanos; sin embargo, no se sabe hasta la fecha qué sucedió con las investigaciones.

Hasta la pasada jornada, se registraron 16 grandes incendios en nueve municipios. El fuego ya consumió 280.419 hectáreas y el 73 por ciento del territorio cruceño se encuentra en riesgo de tener incendios, por los vientos, el déficit de lluvias y las elevadas temperaturas que se registraron en los últimos días.

Rosado señaló que los incendios forestales comenzaron en julio, luego de que inexplicablemente la ABT amplió el plazo para efectuar “quemas controladas”, en esa región.

“Al realizar el monitoreo nos chocamos con que existen personas que están causando nuevamente los incendios”, asevero la jefa de Bomberos.

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“Usted tiene que dar el ejemplo al pueblo, como siempre lo ha dado, no puede ser que a los últimos nos esté fregando, porque nunca izaron la Whipala aquí”, señaló un vecino del lugar.

Asimismo, indicó el ciudadano que increpó a la autoridad edil, que nunca le dejaron usar la bandera cruceña, pero sí la Whipala en San José de Chiquitos, lo que representa que el acalde nunca hizo las cosas bien.

“La molestia de los pobladores es que no izaron el Patujú y que el alcalde viendo los diez días de problemas que llevan el país no haya hecho nada por mejorar esas rencillas en el municipio”, comentó otra vecina del lugar.

Por su parte, el alcalde saliente afirmó que la Whipala no debió afectar a nadie y recalcó que es un acto del Ejército.

“Esto es parte de la Constitución política del Estado (CPE), este no es un pueblo de peleas, a quien le hace daño que la Whipala este ahí, este es un acto del Ejército y no de la alcaldía”, manifestó Caballero según el diario El Día.

/RXVCH/

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Esa fue a información que proporcionó en horas precedentes el director ejecutivo de la Autoridad de Bosques y Tierras, Víctor Hugo Añez.

“La audiencia se llevó a cabo en Roboré, porque el Juzgado de San José de Chiquitos, teniendo conocimiento de la causa, hasta la tarde de ayer no abrió sus puertas para realizarla, situación que nos sorprende, porque son los llamados a realizar la labor judicial por ley, teniendo conocimiento de los tiempos judiciales”, informó según reportó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

El artículo 206 del Código de Procedimiento Penal establece que se incurrirá en privación de libertad, de dos a cuatro años, cuando la persona que, con el objeto de quemar sus campos de labranza o pastoreos, ocasionare un incendio que se propague y produzca perjuicios en propiedad ajena.

Áñez detalló que Sare Saucedo debe cumplir tres años de prisión por el delito de incendio, mientras que Pizarro Garrido, por ser de la tercera edad y haber actuado en complicidad, fue sentenciado a dos años, bajo el perdón judicial.

Detalló que la ABT acudió el 29 de septiembre al lugar del hecho, en atención a una denuncia de otros pobladores, por lo que se pudo sorprender “infraganti” a los infractores, realizando la quema a la orilla de un camino principal.

Áñez advirtió, asimismo, que la ABT desplegó comisiones para coadyuvar en los incendios forestales activos en Postrervalle, Incahuasi y Macharetí, lugares que ameritan mayor accionar por la magnitud de esos eventos e informó que en el país existen 30 incendios.

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Según reportesde la Felcn brindados a la red Bolivisión, minutos antes de que los agentesantinarcóticos entraran en las instalaciones, los delincuentes abandonaron ellugar, debido a que fueron advertidos.

Esta infraestructura de cristalización de cocaína, cuenta con más de 10 ambientes que contenían tecnología colombiana, además de precursores químicos y sólidos que funcionaban en medio del monte y cerca de un río.

/AMJ/

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El hecho ocurrió aproximadamentea las 03:00 horas de este jueves, cuando un bus de transporte interprovincialde la línea 2 de Mayo y un camión de alto tonelaje cargado de cemento, que seencontraba estacionado debido a fallas mecánicas, colisionaron a unos 3 kilómetrosde San José de Chiquitos.

Los cuerpos de los cinco fallecidosfueron trasladados a la morgue del Hospital Municipal de Segundo Nivel“Bernardino Gil Julio”, de San José de Chiquitos para la entrega asus familiares.

Los 17 heridos fueron remitidosa distintos centros hospitalarios de Santa Cruz, donde reciben atención médicapor las lesiones presentadas.

Según los datos preliminares, elaccidente se habría producido por invasión de carril a la altura de lacarretera bioceánica, denominada “Carretera de la muerte”.

Personas fallecidas

Las personas fallecidas fueron identificadas como: Martha Raquel Nurberg Rivero de 45 años, Feliciana Reinaga Maldonado de 58, Lidia Galvis Montes de 56, José Luis Rojas Sánchez de 48 y Rogelio Vera de 27 años.

/KSL/

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