La Cámara de Diputados ha generado sorpresa en el escenario político al incluir en su agenda semanal el tratamiento de modificaciones a la Ley de Permanencia Obligatoria (Ley 1352), la cual establece un arraigo administrativo para autoridades salientes.

Esta acción ocurre apenas 14 días después de que el mismo Legislativo sancionara la norma de manera extraordinaria para evitar la salida del país de exfuncionarios del gobierno anterior.

Detalles de la agenda oficial

El punto 3 de la agenda oficial confirma que el pleno entrará nuevamente en debate sobre el alcance y las incorporaciones de esta normativa. La ley en cuestión, recientemente ajustada como Ley 1709, fue diseñada para obligar a las autoridades del nivel central y entidades territoriales autónomas a permanecer en Bolivia durante los seis meses posteriores a la culminación de sus funciones.

Bajo el marco vigente, todos los exfuncionarios que acompañaron la gestión de Luis Arce se encuentran actualmente bajo esta restricción, la cual les prohíbe abandonar el territorio nacional hasta el 7 de junio de 2026. Esta medida también impactará a gobernadores, alcaldes y concejales que dejen sus cargos en mayo próximo, extendiendo su arraigo hasta noviembre de este año.

Origen y contexto legislativo

El origen de esta reforma se remonta a una carrera contra el tiempo que culminó el pasado 7 de febrero. Los legisladores del PDC impulsaron la ampliación del plazo de arraigo de tres a seis meses, pero enfrentaban una fecha límite crítica: si la ley no se promulgaba antes de ese sábado, las autoridades salientes habrían quedado libres de cualquier restricción de viaje.

Aprobación acelerada y sospechas legales

Esto derivó en un procedimiento legislativo inusual, donde la Cámara de Diputados aprobó el proyecto un jueves y el Senado tuvo que sesionar de emergencia vía Zoom un sábado por la tarde para sancionar el documento casi por unanimidad. La celeridad fue tal que el Órgano Ejecutivo, bajo la administración del Presidente Rodrigo Paz, procedió a la promulgación de la norma casi a la medianoche del mismo sábado 7 de febrero.

Desconfianza entre las bancadas

No obstante, la actual intención de modificarla ha levantado sospechas sobre posibles vacíos legales o errores de redacción cometidos durante esa aprobación “en tiempo récord”.

Por norma de procedimiento, cualquier ajuste a una ley vigente debería pasar primero por una comisión técnica que emita un informe pormenorizado. Sin embargo, según los registros actuales, la directiva de la Cámara de Diputados parece haber omitido este paso al colocar el tema directamente en la agenda del pleno.

Reformas y sus implicaciones políticas

La desconfianza entre las bancadas radica en qué puntos específicos se pretenden reformar ahora. Originalmente, la ley de 2020 establecía solo 90 días de permanencia obligatoria, una cifra que fue duplicada en esta nueva versión para garantizar que las exautoridades respondan ante cualquier proceso de fiscalización o auditoría.

El retorno del documento a la mesa de debate, sin un trabajo de comisión previo conocido, sugiere una urgencia política que podría alterar los plazos actuales o las prerrogativas de las autoridades subnacionales que aún están por cesar en sus cargos.

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