Hace unos días el Órgano Electoral publicó la lista final de candidatos habilitados para las elecciones del 17 de agosto.  De los 3.290 ciudadanos postulados para ocupar los 334 cargos en disputa (Presidencia, Vicepresidencia, 166 parlamentarios titulares y 166 suplentes), un total de 2.104 —es decir, el 64%— fue inhabilitado por no cumplir los requisitos exigidos. Algunos fueron rechazados por no haber presentado ninguno de los 11 documentos requeridos en el trámite de inscripción.

La cifra supera ampliamente la registrada en las elecciones de 2020, cuando el porcentaje de inhabilitados fue del 38%, y no solo refleja la improvisación y falta de seriedad de muchas agrupaciones políticas y candidatos, sino que pone nuevamente en evidencia la profunda crisis del sistema político boliviano.

La Ley 1096, además de haber sido concebida para favorecer a la organización política que la redactó y la aprobó, resulta hoy inaplicable ante la debacle del sistema de partidos. Carentes de estructura nacional, recursos y renovación dirigencial, los partidos han dejado de representar genuinamente a la sociedad. En muchos casos, priorizan agendas propias o de grupos de poder específicos, desconectándose de las necesidades reales de la ciudadanía.

Además, funcionan de manera vertical, caudillista y con escasa institucionalidad, por lo que la toma de decisiones suele estar concentrada en liderazgos personalistas, sin mecanismos efectivos de deliberación, elección democrática de dirigencias o rendición de cuentas.

Las recientes denuncias de presunta extorsión por candidaturas, el incumplimiento de sus propios Estatutos y la promoción del transfugio, refuerzan la percepción ciudadana de que los partidos son corruptos y que sus líderes utilizan la política para beneficio personal. De hecho, el Latinobarómetro 2023 revela que el 77% de los bolivianos cree que los partidos funcionan mal, y el 46% considera que la democracia no los necesita.

El mayor problema es que los partidos definen la representación política y componen la Asamblea Legislativa, por lo que hay una relación intrínseca entre su condición y la de esta entidad. En las últimas dos décadas, la calidad de la representación parlamentaria se ha deteriorado notablemente, lo que ha precarizado la gobernabilidad, dificultado la construcción de consensos, fomentado el populismo y la demagogia, incrementado la desconfianza ciudadana y exacerbado la polarización.

Basta observar las sesiones del actual Parlamento para notar que este espacio, que debiera ser el foro supremo del debate democrático, se ha transformado en un espectáculo lamentable, marcado por la ignorancia, el insulto, la superficialidad, el irrespeto, los discursos vacíos y la manipulación del voto.

Esta realidad ha conducido a que este Órgano de Poder muestre resultados deprimentes. En los cinco años del actual periodo de gobierno, la Asamblea Legislativa ha sancionado 277 leyes. De ellas, 170 (el 61%) son irrelevantes; 69 se refieren a transferencias de terrenos entre entidades públicas; 51 declaraciones de patrimonio cultural o histórico (entre ellos la Fiesta de Comadres, la danza “Las Ovejitas” o el Quirquincho Andino); y 41 autorizan créditos ya negociados. Apenas 33 leyes podrían considerarse importantes, aunque varias se limitan a ratificar acuerdos internacionales suscritos previamente.

La eliminación de la meritocracia y el cuoteo con organizaciones sociales y aliados circunstanciales, han llevado a que las sucesivas Asambleas Legislativas hayan perdido la iniciativa. Hoy, los proyectos de ley son elaborados e impuestos por el Ejecutivo. Asimismo, se ha debilitado la facultad de fiscalización, y el Estado ya no es capaz de responder eficazmente a las crisis. Pero, además, la composición abigarrada del Parlamento, compuesto mayoritariamente por personas sin orientación política clara, sin ética ni formación técnica, ha provocado una fragmentación acelerada de las brigadas y bancadas. De tres partidos que conformaban la ALP a inicio de la gestión, se han derivado al menos nueve fracciones, agrupadas por intereses personales, ambiciones o disputas internas.

Los partidos han abandonado sus fundamentos ideológicos. Las distinciones doctrinales se diluyen frente a discursos pragmáticos o populistas, evidenciando una preocupante volatilidad programática.  Muchos cambian de postura según la coyuntura electoral, sin propuestas estructuradas de política pública o visión de largo plazo.

La crisis política en Bolivia es un síntoma y a la vez una causa de la fragilidad democrática. Superarla requiere una profunda reforma del sistema de partidos, que promueva su democratización interna, recupere su vínculo con la ciudadanía, fortalezca su base ideológica y profesionalice su acción. Sin partidos sólidos y representativos, no es posible sostener una democracia de calidad ni construir un proyecto de país inclusivo y sostenible.

Ronald Nostas Ardaya es Industria y ex Presidente de la Confederación De Empresarios Privados de Bolivia

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Este proyecto fue enviado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y se basa en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024.

Guachalla, quien forma parte de esta comisión legislativa, subrayó que la normativa ya ha sido repuesta y que se trabajará en mesas de consenso con el TSE, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y representantes del Ministerio de Planificación. El objetivo es evitar retrasos y lograr la aprobación de la ley de manera rápida para que sea presentada al pleno de la Cámara de Diputados.

Ajustes en la representación

El proyecto propone ajustar la representación parlamentaria de acuerdo con el crecimiento demográfico de cada departamento. Santa Cruz, que ha experimentado un aumento considerable en su población, obtendría un escaño adicional, pasando de 28 a 29. Por otro lado, Potosí perdería un escaño, reduciendo su representación de 14 a 13.

Estas modificaciones han generado resistencia en algunos sectores, especialmente en Chuquisaca, donde la representación disminuiría de diez a nueve escaños. Según Guachalla, los resultados del censo son el resultado de un trabajo técnico y riguroso, y las modificaciones propuestas buscan asegurar una representación equitativa en el Legislativo.

Plazo para la aprobación

El TSE ha indicado que el plazo para discutir y aprobar esta normativa es hasta el 15 de enero de 2025. Si no se aprueba antes de esa fecha, se aplicará la normativa vigente basada en el censo de 2012. En este sentido, la diputada enfatizó que es fundamental tratar el tema a principios de enero.

El receso parlamentario, que comenzó el 18 de diciembre de 2024, impide el tratamiento de asuntos urgentes como este proyecto y el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Sin embargo, Guachalla mostró su optimismo sobre la posibilidad de alcanzar consensos en la comisión y evitar bloqueos políticos.

“Desde la comisión estamos comprometidos a dar viabilidad a este proyecto de ley; más bien, públicamente pedimos a la Asamblea que dejemos de bloquear estos importantes proyectos de ley porque, de ser así, seguimos arrastrando y generando conflictos sin necesidad alguna”, afirmó Guachalla.

La aprobación de esta ley es crucial para que el TSE pueda redefinir las circunscripciones uninominales. Esto es esencial para reflejar los cambios demográficos y asegurar que cada circunscripción tenga una representación proporcional a su población.

Consecuencias de la falta de aprobación

Desde el TSE señalaron que, sin la aprobación de esta ley, no se podrá establecer el nuevo mapa electoral, lo que complicaría la organización de las elecciones generales de 2025.

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