Durante la sesión ordinaria de la cámara de senadores, que se llevó a cabo el 4 de junio de 2026 y se extendió por más de diez horas, los legisladores aprobaron en grande y en detalle el proyecto de ley para la reglamentación de estados de excepción. Este proyecto fue derivado para su tratamiento a la Cámara de Diputados.

Desarrollo de la sesión

La sesión, instalada al mediodía y desarrollada de manera híbrida, comenzó con un debate que consideró conveniente remitir el proyecto a la Comisión de Constitución para su revisión. Además, se solicitó la presencia de representantes del Ejecutivo para aclarar dudas. Por este motivo, se declaró un cuarto intermedio de dos horas.

Asistencia del Ejecutivo

Ante el llamado del Legislativo, acudieron los ministros: Marco Antonio Oviedo (Gobierno), José Luis Lupo (Presidencia) y Ernesto Justiniano (Defensa). Tras el encuentro y análisis en la Comisión de Constitución, los representantes del Ejecutivo se retiraron y se reinstaló la sesión plenaria del Senado.

Análisis del proyecto

El informe de la Comisión, leído ante el pleno del Senado, concluyó que el Proyecto de Ley de Regulación de Estados de Excepción es compatible con la Constitución Política del Estado (CPE) y con las normas y tratados internacionales. Por lo tanto, se enmarca en el bloque con convencionalidad. En consecuencia, fue aprobado.

Debate y votación

Después de intervenciones tanto en contra como a favor de la propuesta, que se extendieron por casi dos horas, los senadores aprobaron el proyecto en grande. Posteriormente, se procedió a la votación en detalle de cada artículo. Los 14 senadores presentes en sala y 18 conectados virtualmente votaron y aprobaron por más de dos tercios los 27 artículos con modificaciones en siete de ellos.

Posturas encontradas

El debate estuvo marcado por posturas que consideraban que una norma como esta otorgaba “carta blanca al Estado para matar al pueblo”. En esta línea, se sugirió que la ley debería ser sometida a socialización con organizaciones sociales, pueblos indígenas e incluso colegios.

En contraposición, la mayoría de los senadores expresaron su rechazo a velar únicamente por los derechos de los grupos que bloquean las carreteras, argumentando que esto atenta contra los derechos del resto de la sociedad. Además, afirmaron que el proyecto se ajusta a la Constitución y a acuerdos internacionales.

Alcances de la reglamentación

Entre sus principales disposiciones, la ley establece que la declaratoria de estado de excepción deberá realizarse mediante decreto supremo debidamente fundamentado, especificando su alcance territorial, duración, medidas extraordinarias autorizadas e instituciones responsables de su ejecución. Asimismo, fija una vigencia máxima de hasta 90 días, con posibilidad de ampliación únicamente mediante autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La propuesta también regula la participación de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas en situaciones excepcionales, estableciendo criterios de coordinación institucional, delimitación de funciones, control operativo y uso diferenciado de la fuerza. Además, prevé mecanismos de rendición de cuentas una vez concluido el estado de excepción.

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