En su contacto con los medios de comunicación, Mesa calificó al sistema judicial boliviano como “podrido hasta los tuétanos”. Sin embargo, también mencionó que dentro de este panorama hay matices. “El Tribunal Supremo de Justicia está tomando una actitud positiva, pero no el Tribunal Constitucional”, agregó.

Propuestas para el nuevo gobierno

El exmandatario insistió en que el nuevo presidente debe respetar la independencia del poder judicial y promover una reestructuración profunda. Esto podría lograrse a través de una reforma constitucional o mediante un referéndum popular.

Según su opinión, este proceso marcaría la segunda fase de reconstrucción institucional, con el objetivo de fortalecer la democracia y la separación de poderes en Bolivia.

Desafíos económicos inmediatos

En el ámbito económico, Mesa advirtió que el nuevo gobierno deberá responder de inmediato a la crisis. Señaló que los primeros meses de gestión serán decisivos. “La primera fase debe ser una respuesta a la crisis inmediata”, afirmó, de acuerdo con lo informado por Correo del Sur.

Proyectó que los resultados de estas acciones deberían verse en un plazo de tres a cuatro meses. Identificó tres temas prioritarios que no admiten demora: el abastecimiento de combustible, que “debe resolverse inmediatamente”; la escasez de dólares, para “liberar ese corralito al que estamos todos sometidos”; y la inflación, que calificó como “el problema más importante, porque está atacando dramáticamente a la canasta familiar”.

Medidas para los sectores vulnerables

Mesa subrayó que cualquier reforma económica debe incluir medidas paliativas para proteger a los sectores más vulnerables. Advirtió que “la crisis no debe atacar a los más pobres como siempre suele ocurrir” y que el “sacrificio” debe repartirse “de manera común”.

Importancia de la participación ciudadana

Finalmente, valoró esta jornada electoral como “uno de los votos más importantes en nuestra historia reciente”. Instó a los ciudadanos a ejercer un voto activo y responsable, recordando que “la democracia se fortalece con participación y sentido cívico”.

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Además, reiteró su compromiso con futuras candidaturas enfocadas en reformas profundas, especialmente en el sistema judicial. Dunn expresó: “Gracias a Dios no se concretó la candidatura porque Edmand Lara iba a ser vicepresidente mío”. Aseguró que su inhabilitación, lejos de frenar su proyecto, fortaleció a su movimiento.

Crítica al sistema político

Dunn afirmó que “el sistema político actual está muerto de miedo porque saben que más del 80% no quiere a nadie de ellos”. En este sentido, señaló que tanto el masismo como los opositores funcionales participaron de una “guerra sucia” en su contra.

División en el PDC

El exaspirante recordó que el PDC terminó dividido en tres facciones, lo cual evidenció las pugnas internas de la política boliviana. Dunn advirtió que el próximo gobierno debe demostrar un verdadero cambio desde el inicio: “Si no se hacen acciones en la primera semana de gobierno, se dará el mensaje de que será más de lo mismo”.

Reformas profundas en el futuro

El exaspirante también mencionó que su movimiento continuará trabajando para una futura candidatura que encare reformas profundas y que impulse normas para declarar al narcotráfico como “terrorismo”.

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Propuestas para el Estado

Ballivián declaró: “Sí propongo reducir el peso del Estado en la economía. Y no solo reducirlo, sino también cambiar su rol”. Entre las acciones que planea llevar a cabo al asumir la presidencia, destacó que eliminará de manera inmediata los subsidios a los combustibles y cerrará todas las empresas públicas que estén en déficit.

La exdirectora de la Aduana Nacional subrayó que “nada de gradualismos que solo generan dolor continuo e incertidumbres”. Además, se comprometió a estabilizar y unificar el tipo de cambio mediante un aumento en la oferta de dólares en el mercado. Para lograr esto, eliminará todas las restricciones a las exportaciones y buscará atraer inversión extranjera.

Control de la inflación

En relación al control de la inflación, Ballivián admitió que habrá un reajuste inicial de precios como resultado de sus reformas. Sin embargo, aseguró que “si se establecen condiciones para la libre competencia, el mercado garantizará que la inflación sea baja después del reajuste inicial”.

Autonomías y pacto fiscal

Sobre el tema de autonomías y pacto fiscal, Ballivián propuso un enfoque más amplio que contemple autonomías regionales. Afirmó: “Las autonomías deben ir más allá de los límites departamentales. Se debe abrir la posibilidad de autonomías regionales, como en el Chaco o el Norte amazónico”.

Reforma judicial

En cuanto a la reforma judicial, consideró que es un “imperativo” que debe ser acordado entre todas las fuerzas políticas. Propuso eliminar el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y reemplazarlo por una sala constitucional dentro del Tribunal Supremo de Justicia. También abogó por un sistema basado en méritos para la elección de jueces.

Diálogo nacional y acceso a la información

Ballivián concluyó su exposición indicando que promoverá un diálogo nacional sobre estos temas y enviará las conclusiones a referéndum nacional. Además, mencionó su intención de presentar un proyecto de ley sobre acceso a la información pública en los primeros 30 días de su gestión.

Finalmente, expresó su disposición para continuar el diálogo con Cainco sobre otros temas relevantes para el país, como la protección del medioambiente y la seguridad ciudadana.

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En las últimas jornadas, diversos actores políticos y judiciales coincidieron en que la elección de las autoridades judiciales debe realizarse mediante voto popular y no a través de un sistema meritocrático, como se hacía anteriormente.

Críticas al sistema actual

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, comentó que, aunque este sistema de elección judicial en Bolivia fue implementado con la intención de aumentar la transparencia y la participación ciudadana, ha resultado ser ineficaz. Ajpi señaló que este enfoque ha conducido a un mal manejo y a la desinstitucionalización del poder judicial.

Ajpi también expresó que, a pesar de que la idea era que el pueblo boliviano eligiera a sus autoridades judiciales, el proceso actual ha sido peor que el anterior. En las elecciones recientes, la ciudadanía no conocía a los candidatos, lo que impidió que se mejorara el Órgano Judicial.

Esperanzas de mejora

El parlamentario lamentó la situación actual del sistema judicial y manifestó su esperanza de que en el futuro se puedan implementar mejoras en el proceso de elección de candidatos.

Propuestas para el futuro

Por su parte, el diputado de la misma bancada, Renan Cabezas, afirmó que el pueblo boliviano debe seguir eligiendo a sus magistrados, pero es necesario mejorar muchos aspectos del proceso electoral.

Cabezas enfatizó que los candidatos al Órgano Judicial deben hacer campaña, ser conocidos y presentar propuestas claras. Además, subrayó que los magistrados deben contar con algún tipo de protección contra el chantaje y la subordinación por parte del Ejecutivo.

Asimismo, planteó que el pueblo boliviano debería tener la facultad de destituir a los magistrados si es necesario, mediante mecanismos que no generen inestabilidad judicial.

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El informe, titulado “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia”, consta de 222 páginas y alerta sobre las amenazas que representa la narrativa derivada de la crisis electoral de 2019 para la cohesión del tejido social.

Polarización política y división postelectoral

La crisis postelectoral de 2019 generó una división en Bolivia entre quienes consideran que hubo un golpe de Estado y quienes afirman que existió un fraude electoral. Ambas narrativas siguen en discusión y se han convertido en la causa más visible de la polarización política en el país.

La CIDH destaca que esta polarización puede revertirse mediante acciones concretas desde el nivel más alto del Estado y la participación de las autoridades y sectores de la sociedad. Se sugiere la implementación de una mesa de diálogo nacional para promover visiones conjuntas, prevenir la violencia y la discriminación étnico-racial, y contribuir a la gobernabilidad democrática.

Desconfianza en el sistema judicial

En cuanto a la justicia, la CIDH señala que el sistema judicial en Bolivia necesita transformaciones estructurales urgentes, ya que la mayoría de la población desconfía profundamente de esta instancia. El sistema penal es percibido como una herramienta al servicio de intereses políticos, independientemente del partido en el poder.

A pesar de esto, la Comisión destaca que existe un consenso incipiente entre distintas fuerzas políticas y sociales sobre la necesidad de una reforma al sistema de justicia. Se insta a aprovechar esta oportunidad y los momentos históricos que vive el país para impulsar reformas judiciales.

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La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, enfatizó la importancia de que la Asamblea Legislativa demuestre estar a la altura para llevar a cabo este proceso y cumplir con el compromiso de cambiar la cuestionada justicia en el país. Manifestó que el único camino para lograr ese objetivo es realizar una preselección a cargo de la Asamblea, sin utilizar decretos, prórrogas o leyes cortas para nombrar a otras personas.

Ajustes necesarios para llegar a un consenso

Aseguró que los plazos todavía pueden ajustarse, pero es importante que los legisladores muestren voluntad y realicen todos los ajustes necesarios para llegar a un consenso.

“Tengo esperanza en que se apruebe una ley porque no podemos poner en riesgo nuestra democracia. Hoy 21 de agosto recordamos el golpe de Estado de Banzer; por lo tanto, no podemos perder esta democracia que hemos recuperado con tanto esfuerzo”, declaró Salame.

Lamentan falta de respuesta clara sobre elecciones judiciales

Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Israel Huaytari, lamentó la falta de respuesta clara por parte de las tres fuerzas políticas respecto a las elecciones judiciales. Según su criterio, ya están retrasados y es muy probable que surjan otras deficiencias.

Necesidad de considerar una agenda de reformas

El diputado de CC, Rodrigo Paz, manifestó la necesidad de considerar al menos una agenda de reformas tomando en cuenta el escenario actual. Mantener a los actuales magistrados generaría graves repercusiones en la relación entre la sociedad y la justicia, advirtió.

Además, señaló que este hecho podría influir directamente en la desestabilización del Gobierno, sumándose a las actuales crisis económicas, políticas y sociales que vive el país.

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Mediante una resolución, las “Bartolinas” plantearon buscar mecanismos constitucionales para legalizar la cadena perpetua, la sumatoria de penas y ampliar más de 30 años las sanciones penales.

Además, sugirieron debatir y normar la castración química para los violadores. Asimismo, pidieron implementar trabajos forzados para los reos con sentencias ejecutoriadas.

De esa manera, la Confederación propuso una reforma estructural de la Justicia, con sanciones ejemplificadoras para los Infractores, según reporte de la red Erbol.

Plantearon también sanciones “duras”, como la cancelación de títulos profesionales y la prohibición al ejercicio para los jueces, fiscales y abogados que premeditadamente cometan actos de corrupción, o con artimañas que favorezcan a criminales confesos.

Con la finalidad de atender los casos de violencia, las mujeres de dicho sector pidieron también destinar recursos económicos específicos para el cumplimiento obligatorio por los Gobiernos Autónomos Municipales y Departamentales.

Respecto a los reos sentenciados, pidieron que una vez cumplida la mitad de la pena, obligatoriamente deban iniciar con sesiones psicológicas de rehabilitación e inserción social.

La Confederación de Mujeres finalizó exigiendo ser parte de la Comisión especial que revisa los casos de feminicidios, cuyos autores hayan sido liberados.

/MDCB

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